Casto Arias Albarran
Expediente 1704/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1704/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 07/12/2016
Partes del expediente
- Casto Arias Albarran
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
IV. Toluca, Estado de México; siete de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, a través del cual se desechó la demanda de amparo intentada, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, el estado procesal del presente asunto evidencia que la parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Toluca, Estado de México, dentro del plazo otorgado en auto de diez de noviembre de dos mil dieciséis; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento con el cual se le conminó y con fundamento en el artículo 26, fracción III, 27, fracción II, y 29, de la ley de la materia, practíquensele ésta y las subsecuentes notificaciones, aun las que deban ser de carácter personal, por medio de lista que se fija en lugar visible de este juzgado. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya Garcia, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
IV. Toluca, Estado de México; uno de diciembre de dos mil dieciséis. Por recibido el oficio de cuenta mediante el cual el Juez de Control del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, devuelve el exhorto 1225/2016 (orden 1225/2016), del índice estadístico de este Juzgado, donde se encomendó notificar al quejoso Casto Arias Albarrán la determinación de veintidós de noviembre pasado. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2° de la ley de la materia, agréguese a sus autos el oficio y anexo de referencia, sin realizar mayor proveído, toda vez que el veinticinco de noviembre pasado se tuvo por notificado al quejoso de dicha determinación (foja 111). Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya García que autoriza, firma y da fe.
- Principal
IV. Toluca, Estado de México; veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. Por recibido el oficio de cuenta mediante el cual la Jueza de Control del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, devuelve el exhorto 1188/2016 (orden 1188/2016), del índice estadístico de este Juzgado, donde se encomendó notificar al quejoso Casto Arias Albarrán la determinación de diez de noviembre pasado. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2° de la ley de la materia, agréguese a sus autos el oficio y anexo de referencia, sin realizar mayor proveído, toda vez que el catorce de noviembre pasado se tuvo por notificado al quejoso de dicha determinación (foja 21). Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya García que autoriza, firma y da fe.
- Principal
IV. Toluca, Estado de México; veintidós de noviembre de dos mil dieciséis. Por recibido el escrito suscrito por Casto Arias Albarrán, mediante el cual desahoga la prevención formulada mediante auto de diez de noviembre pasado (fojas 9 a 14), es decir formuló bajo protesta de decir verdad una narración de hechos y abstenciones. En consecuencia, téngase por cumplido el requerimiento formulado y sin efectos el apercibimiento respectivo. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se aplica, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente destacar que en la especie el acto reclamado en el presente asunto, consiste esencialmente en: La omisión del Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de Tenango del Valle, Estado de México, a solicitar la audiencia de imputación ante el Juez de Control, así como la negativa de girar oficio correspondiente a la policía ministerial a efecto a que se avoque a realizar la inspección ministerial en el terreno donde ocurrieron los hechos. Establecido lo anterior, el suscrito advierte que respecto del acto materia de estudio en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 150, fracción XIV, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Art. 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: . VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." "Artículo 150. En todo procedimiento penal, la víctima o el ofendido, de manera enunciativa más no limitativa, tienen los derechos siguientes: . VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." De lo transcrito tenemos que los citados preceptos legales establecen que la improcedencia puede resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en el caso acontece, pues acorde con el diverso 20, apartado C, fracción VII, de la carta magna, las decisiones del agente del Ministerio Público, entre ellas, la omisión del Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de Tenango del Valle, Estado de México, a solicitar la audiencia de imputación ante el Juez de Control, así como la negativa de girar oficio correspondiente a la policía ministerial a efecto a que se avoque a realizar la inspección ministerial en el terreno donde ocurrieron los hechos, son susceptibles de ser impugnadas ante el juez de control, quien podrá analizar si dicha situación es legal o en su caso, ordenar la investigación y continuar con la persecución penal. Dicho en otras palabras, el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que se debe impugnar ante la autoridad judicial, entre otras determinaciones, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como aquella en la que se determina el no ejercicio de la acción penal. A su vez, el artículo 150, fracción XIV, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, contempla como derechos de la víctima u ofendido, el impugnar ante el Juez de Control las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión condicional del proceso a prueba, cuando no esté satisfecha la reparación del daño. En esas condiciones, se considera que la parte quejosa debió impugnar el acto reclamado de que se duele, a saber, la omisión del Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de Tenango del Valle, Estado de México, a solicitar la audiencia de imputación ante el Juez de Control, así como la negativa de girar oficio correspondiente a la policía ministerial a efecto a que se avoque a realizar la inspección ministerial en el terreno donde ocurrieron los hechos, que refiere ha incurrido la autoridad responsable en la investigación del hecho delictuoso denunciado ante la autoridad judicial correspondiente, en el caso, ante el juez de control. En ese orden, sería la resolución del juez de control que decida en definitiva sobre el no ejercicio de la acción penal y de las omisiones atribuidas a los agentes del Ministerio Público en la investigación de los hechos delictuosos, la que podría combatirse en el juicio de amparo indirecto. Lo anterior es así, en razón de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente. Ahora bien, este Juzgado de Distrito no soslaya que el presente caso no se ajusta a las hipótesis que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, esto es, no se trata de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, lo que en la especie no acontece, al impugnarse actos atribuidos al agente del Ministerio Público, en demérito de la obligación constitucional que le atañe conforme al artículo 21 de la Carta Magna; por lo que de la misma manera tampoco se ajusta a los supuestos de la fracción XX del referido precepto legal, donde se dispone que es improcedente el juicio de amparo indirecto contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la ley de la materia y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo. Empero, el propio precepto 61, en su fracción XXIII, establece que la improcedencia puede resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en el caso acontece, pues se reitera, acorde con el artículo 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, se establece que las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión condicional del proceso a prueba, cuando no esté satisfecha la reparación del daño; son susceptibles de ser impugnadas ante la autoridad judicial, en la que se podrá determinar lo referente a dichos actos cometidos en la investigación de los delitos, o en su caso, ordenar la investigación y continuar con la persecución penal. La prerrogativa que constitucionalmente se otorga al pasivo del delito, no es opcional, sino que se le reconoce ese derecho fundamental para el efecto de que pueda intervenir directamente en la etapa procesal correspondiente e interponer los recursos en los términos que establezca la ley, ello se advierte de la exposición de motivos, que dio origen a la redacción actual del precepto constitucional citado, en que, entre otras cosas se dijo: "El Apartado C del artículo 20 constitucional confiere ahora nuevos derechos a las víctimas u ofendidos de los delitos. Fundamentalmente, una participación más activa en el proceso mediante la introducción de novedosas figuras. En esta reforma se conservan importantes derechos que ya han sido reconocidos con anterioridad." "Se establece una nueva dimensión constitucional de la coadyuvancia para los efectos de que la víctima pueda intervenir directamente en el juicio e interponer los recursos en los términos que establezca la ley. " "Esta figura se incorpora ahora como una nueva garantía constitucional, con el objeto de que exista la posibilidad para las víctimas de defender directamente sus intereses. Ello no significa por supuesto que el Ministerio Público no esté obligado a dar un efectivo servicio de calidad a las víctimas y a representar sus intereses." "Además de lo anteriormente indicado, se amplía el alcance del derecho a impugnar las resoluciones de no ejercicio de la acción penal para los efectos de que comprenda todas las formas en que ello puede suceder, es decir, cuando se trate del desistimiento y de la reserva. Diversos criterios jurisprudenciales ya preveían esos extremos, los cuales ahora se reconocen expresamente en la Constitución." Como se advierte, se incorporó la posibilidad para los pasivos del delito, de defender directamente sus intereses, esto es, se amplió el alcance del derecho a impugnar no solo las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, sino también de manera relevante su derecho fundamental a impugnar ante el órgano jurisdiccional las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos; lo que igualmente se encuentra tutelado en el artículo 150, fracción XIV, del Código de Procedimiento Penales para el Estado de México. Es por ello, que al incorporarse en la Constitución este derecho para la víctima u ofendido, de poder interponer los recursos o medios de impugnación, se buscó que contaran con una defensa de sus derechos ante la potestad ordinaria, que no se contemplaba con anterioridad, acudiéndose directamente al amparo, produciéndose, inclusive su abuso. En esas condiciones, de lo expuesto se advierte que la quejosa debió agotar el recurso que la propia Constitución consigna a su favor en términos de lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, en relación con el precepto 150, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, y al no haberlo hecho opera en su perjuicio el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Máxime que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que exima a la recurrente de la interposición de los medios de impugnación contemplados para la legislación procesal penal, esto es, no se está en un caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se advierte que se aleguen violaciones directas a la Constitución. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso el diverso 20, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en el artículo 113 de la propia codificación legal, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Casto Arias Albarrán, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de Tenango del Valle, por notoriamente improcedente. Cabe mencionar que similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por unanimidad de votos, al resolver el amparo en revisión 279/2015 y la queja 43/2016, formados con motivo de los juicios de amparo indirecto 1149/2015 y 269/2016, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. Ahora, y a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, en términos de los artículos 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envíese atento exhorto al Juez de Control del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, para que en auxilio de las labores de este juzgado, inclusive en días y horas inhábiles, notifique la presente determinación al promovente Casto Arias Albarrán, o a su autorizado José Luis Ernesto Pérez Reyes, en el domicilio ubicado en calle Álvaro Obregón número quinientos tres (503), San Miguel Balderas, Tenango del Valle. En el entendido que para el desahogo de la diligencia encomendada la autoridad correspondiente deberá atender a las disposiciones previstas en la Ley de Amparo y no a la legislación local que la rija. Además, dicha autoridad deberá acusar recibo vía telegráfica dentro del plazo de veinticuatro horas, así como diligenciar la presente encomienda y remitir las constancias respectivas en el plazo de cuarenta y ocho horas, apercibida que en caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de mil pesos, moneda nacional, de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia publicada con la clave 2a./J. 24/2004 visible en la página 321 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2004, Tomo XIX, Novena Época, Materia Común, con el rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE ORDENA ACLARARLA DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE, AUN CUANDO EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES SE ENCUENTRE FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL CONOCIMIENTO." No obstante lo anterior, para el caso de que el quejoso o alguno de sus autorizados se presente en el local que ocupa este juzgado de distrito, se comisiona al actuario adscrito para llevar a cabo la notificación personal respectiva. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Victor Manuel Rendon Sosa que autoriza, firma y da fe.
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