Casimiro Hernández del Águila
Expediente 1193/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 20 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1193/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 20/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Casimiro Hernández del Águila
Actuaciones
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***********, por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador de Santiago de Querétaro y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 1193/2019-V. El suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto a los requisitos establecidos en la fracción II del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracciones II y III de la ley de la materia, como se verá a continuación: A) La fracción II del artículo 108 de la legislación en consulta establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad;." Como se advierte de la trascripción anterior, el quejoso tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional el nombre y domicilio del tercero interesado, y en caso de que los desconozca, deberá manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. En el caso concreto, el promovente del amparo en el capítulo atinente al nombre y domicilio del tercero interesado, señaló únicamente "desconozco su domicilio"; empero, soslayó indicar su nombre, o bien, manifestar bajo protesta de decir verdad que lo desconoce, así como su domicilio; y es que según el numeral trascrito es un requisito que debe satisfacerse en el escrito de demanda a fin de que el juzgador se encuentre en posibilidad de proveer sobre su admisión. B) La fracción III del aludido numeral 108 de la Ley de Amparo estatuye: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "III. La autoridad o autoridades responsables." Del precepto transcrito se desprende la obligación que tiene la parte quejosa de señalar en su libelo constitucional a las autoridades responsables, las cuales fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, por lo que es indispensable que haga correctamente su designación, para que estén en posibilidades de defender los actos que se tachan de inconstitucionales y evitar, si es que tienen facultades para ejecutarlos, los lleven adelante argumentando no haber sido señaladas como responsables en la demanda respectiva. Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, señala que es autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; razón por la que es imprescindible que ante un acto concreto y específico se determine con claridad la autoridad que lo emite. En el caso concreto, el promovente señaló en su demanda de amparo como autoridades responsables, a las siguientes: Agente del Ministerio Público Investigador en Santiago de Querétaro. Agente de Investigación Criminal en el Estado de Querétaro. Sin embargo, dicho señalamiento es ambiguo, toda vez que de los antecedentes del acto reclamado se advierte que el reporte de robo que señala como acto reclamado se realizó ante una Agencia del Ministerio Público del Estado de Querétaro, con residencia en el Márquez, lo cual imposibilita a este órgano jurisdiccional llamarlos a juicio ante la vaguedad de su designación, al no precisar la residencia de las mismas, ni qué Agencia del Ministerio Público, ni cuál Agente de Investigación, ante la diversidad de agencias y agentes que se localizan en aquella ciudad y, como consecuencia, dejarlos en estado de indefensión. Por ello, es imprescindible que el promovente determine con claridad a las autoridades que estima emitieron el acto reclamado, sin que pueda ser factible hacer el señalamiento o designación que hizo, porque, como se dijo, las responsables no estarían en aptitud de hacer defensa de los actos que se les endilgan. Además, admitir la demanda de amparo de la manera en que se propone, implicaría permitir que se trastoque el principio de economía procesal y el de administración de justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 constitucional, ya que habría que esperar hasta que se devuelva la correspondencia por no estar bien denominada la autoridad, se dé vista al promovente por el término de tres días para que manifieste, aclare o corrija lo que a su representación convenga, y que en caso de no cumplir, se tenga por no señalada a la autoridad. Por otro lado, no se advierte que el quejoso haya señalado autoridad ejecutora alguna residente dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, la cual tendría que ejecutar el acto reclamado, dado que el solicitante del amparo manifiesta que tiene su residencia en esta ciudad. Situación que resulta necesaria dado que se deben señalar autoridades ejecutoras con domicilio dentro de la competencia del suscrito juez, ya que de lo contrario el solo domicilio en el cual el promovente exprese reside, es insuficiente para justificar la competencia. Por ello, es imprescindible que la parte quejosa, ante actos concretos y específicos como la privación de la libertad o la detención del vehículo que aduce es de su propiedad, determine a las autoridades que estima pretendan ejecutarlo. Conclusivamente, ante las irregularidades incurridas por el amparista, lo procedente conforme al mencionado artículo 108, fracciones II y III, en relación con el 114, ambos de la Ley de Amparo, es prevenirlo para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes: Señale como tercero interesado a la persona que tenga el carácter de víctima u ofendido en la carpeta de investigación de origen; indique el domicilio dónde pueda ser emplazado, o bien, manifieste bajo protesta de decir verdad que los desconoce. Precise cuáles agentes del Ministerio Público Investigador, enuncia como responsables, así como su residencia. Indique el nombre y residencia del Agente de Investigación Criminal, con sede en Querétaro, que pretende señalar como autoridad responsable. Señale a la o las autoridades ejecutoras con residencia dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, que pretenden llevar a cabo el acto reclamado, y exhiba una copia más de la demanda para cada una, a fin de llamarlas al presente juicio. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del artículo 114, último párrafo, de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y autorizando en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que menciona al no contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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