Carolina Rico Martínez y Otros.

Expediente 741/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
741/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
19/09/2023

Partes del expediente

  • Carolina Rico Martínez y Otros.

Actuaciones

  1. Incidental

    ÚNICO. Se niega a ***************, por su propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales E.G.R, la suspensión definitiva que solicita respecto de los actos reclamados a la autoridad citada en el considerando tercero; por los motivos expuestos en el cuarto considerativo

  2. Incidental

    Agréguese en autos el oficio signado por la Juez de Partido Civil Especializada en Materia Familiar con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe previo, conforme a lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley de Amparo; Dese vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia incidental.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por *************, por su propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales *********, contra actos del Juez de Partido Especializado en Oralidad Familiar de esta ciudad; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 48 y 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado con el número 741/2023-I. Requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de QUINCE DÍAS, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio en el que se le solicita, rinda su informe justificado, al que deberá adjuntar copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias en las que se basó para la emisión del acto reclamado, o en su defecto manifestar el impedimento que tuviere, apercibiéndole que de no hacerlo así, se les podrá imponer una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, prevista en el artículo 258 de la ley reglamentaria en cita, en relación con el diverso 238 de la misma ley, conforme Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. De igual forma, con apoyo en el numeral 117, cuarto párrafo, del mismo ordenamiento legal, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe justificado se presumirá cierto el acto que se le atribuye. Asimismo, requiérase a la parte quejosa y a la autoridad responsable para que, de sobrevenir cualquiera de las causas de improcedencia o sobreseimiento previstas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, lo informen de inmediato y remitan las constancias que lo acrediten; lo anterior con fundamento en el numeral 64 del citado ordenamiento. En términos de lo dispuesto en el artículo 251 de la propia legislación, se hace saber a las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comuniquen a este Juzgado de Distrito, se les podrá imponer una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, en relación con el diverso 238 de la misma Ley. Se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo. Se hace la precisión, que en caso del diferimiento de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, no se girará oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceros interesados, a fin de hacerles saber de nueva cuenta esa circunstancia, en atención de que se considera que esa determinación, acorde a lo previsto en el capítulo de notificaciones de la ley de la materia, específicamente los artículos 29, 30 y 31, no amerita una notificación personal a través de oficio; en tal razón, para el caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia de referencia, podrán consultarlo en la página de internet http.//.dgepj.cjf.gob.mx//internet/acuerdo/acuerdini.asp Por separado tramítese el incidente de suspensión por haberse solicitado, sin que resulte necesaria la formación del duplicado físico del mismo, en términos del artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. En razón de que el fiscal federal adscrito solicitó la autorización del acceso a los expedientes electrónicos en materia de amparo que se llevan en este Juzgado, como se advierte en el cuaderno de varios de la estadística de este órgano jurisdiccional, el cual constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 39, 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene proporcionando el usuario **************, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que ve al llamamiento de la parte tercera interesada, se reserva proveer lo conducente a su señalamiento y emplazamiento, hasta que obre en autos el informe justificado solicitado a las autoridades responsables, para estar en condiciones de advertir que persona le resulta realmente dicho carácter. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Por otra parte, resulta un hecho notorio para el suscrito que en el presente circuito generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este órgano jurisdiccional, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes obstaculizando con ello el manejo físico y estudio de los mismos; y, debido a que el propio artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado a través del funcionario adscrito designado, quien recabará recibo del mismo, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. A fin de evitar lo anteriormente señalado, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que resulta innecesario que informe cada vez que reciban comunicación proveniente de este juzgado, salvo aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado el acuse de recibo. Con fundamento en los artículos 18 y 37 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, así como el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se le autoriza a la quejosa para que se le practiquen electrónicamente las notificaciones que a su parte corresponde; para tal efecto se le tiene proporcionando el usuario ************, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **********, en virtud de que obra su cédula ************, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se le tiene proponiendo como forma especial y expedita de contacto el correo electrónico ********* y número de teléfono ************, a fin de establecer la comunicación respectiva en los casos en que se estime necesario. Respecto a la prueba documental que oferta la parte quejosa, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en atención a su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales, no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En términos del numeral 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se invita a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Federal., divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes, que conforme a lo establecido en el numeral 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las constancias que descargue del expediente electrónico se considerarán como copia certificada cuando incluyan la evidencia criptográfica.

  4. Incidental

    Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con copia simple de la demanda de amparo, se da trámite en un solo tanto el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 741/2023-I, promovido por **************, por su propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales E.G.R., contra actos del Juez de Partido Especializado en Oralidad Familiar de esta ciudad. Con apoyo en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas; apercíbaseles que de no hacerlo así, se le podrá imponer una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción I, del citado ordenamiento legal. En términos del numeral 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las diez horas con cinco minutos del diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional, señalando como acto reclamado: La resolución en audiencia preliminar de cinco de septiembre del presente año, mediante la cual el Juez Especializado en Oralidad Familiar de esta ciudad, dentro del Juicio Oral Familiar **********, otorgó medida de convivencias en favor del tercero interesado **************, con la menor de iniciales E.G.R.; convivencias que habrán de realizarse mediante el sistema de videollamadas. Ahora, a efecto de proveer sobre la suspensión provisional, resulta procedente señalar que la Primera Sala del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, del rubro "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE."; determinó que siempre que esté de por medio, directa o indirectamente, el bienestar de un menor de edad o de un incapaz, los Jueces y Magistrados federales tienen el deber de suplir la deficiencia de la queja en toda su amplitud, atendiendo que el ámbito de esta suplencia se inicia desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, todos los actos que integran el desarrollo del juicio, que es lo que teleológicamente persiguen las normas que se relacionan con dicha temática; sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio de amparo o el recurso de revisión, toda vez que el interés jurídico en las cuestiones que pueden afectar a la familia y principalmente en las concernientes a los menores y a los incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, ya que su voluntad no es suficiente para determinar la situación de los hijos menores; por el contrario, es la sociedad en su conjunto la que tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Lo anterior, debido a que la voluntad del Constituyente y del legislador ordinario, plasmada en los artículos 107, fracción II, párrafo segundo constitucional y 79 fracción II de la Ley de Amparo, como lo ha señalado el Supremo Tribunal Federal, no se centró únicamente en la protección de los derechos de familia, sino también se hizo con el ánimo de tutelar el interés de los menores de edad y de los incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, hasta el grado incluso, de hacer valer todos aquellos conceptos o razones que permitan establecer la verdad y lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz. En ese contexto, y partiendo de la base que los asuntos de menores son de importancia y trascendencia sociales, pues afectan al orden y estabilidad de la familia, cuya organización y desarrollo debe proteger la ley, atendiendo además a que para resolver sobre la medida que nos ocupa, el juzgador de amparo deberá atender a las condiciones específicas de cada caso en particular vigilando, sobre todo, que se respete el principio de interés superior del niño, en concordancia con los requisitos que para la suspensión establece la Ley de Amparo; se procede al análisis de los efectos y consecuencias del acto reclamado consistente en la medida cautelar que ordena las convivencias de la menor de iniciales E.G.R., con su progenitor *************; por tanto, debe decirse que atendiendo a lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, se desprende que para conceder la suspensión de los actos reclamados deben cumplirse los siguientes requisitos: a. Que la suspensión sea solicitada por la parte agraviada. b. Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. c. Que se compruebe la apariencia del buen derecho; que no es otra cosa que el juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante del amparo frente a las violaciones alegadas, de modo que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia definitiva se concederá la protección de la Justicia de la Unión del acto impugnado; y, d. Que de colmarse la exigencia anterior, se sopese el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social con la concesión de la medida. En ese sentido, dado que en el caso no se encuentra acreditado el extremo previsto en el inciso d), del precepto en cita, y que como se ha señalado el artículo 4o. de la Carta Magna consagra el interés superior del niño, el cual también está previsto en la Convención de los Derechos del Niño, y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, este principio es concebido como la institución a través de la cual se procura el desarrollo pleno e integral del infante proporcionándole los cuidados y asistencia necesarios para lograrlo; por tanto, sin prejuzgar sobre la constitucionalidad o no del acto reclamado, y partiendo que en el caso, no hay elementos objetivos que permitan evidenciar que la convivencia de la menor de iniciales E.G.R., con su padre José Refugio Gutiérrez Sánchez, afecte su interés superior, tal como lo establece el artículo 23 de la citada Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dado que no se advierte riesgo alguno en contra de la menor; por tanto, al no concurrir condiciones especiales que pongan de manifiesto la inconveniencia de la menor de iniciales E.G.R., con su padre **************, o que de no concederse la suspensión se perjudique el interés superior del infante; éste órgano jurisdiccional estima que lo procedente es NEGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL QUE SE SOLICITA; máxime, que no debe perderse de vista que la convivencia decretada se estableció mediante el sistema de videollamadas, de ahí que no exista un contacto físico entre la menor y su progenitor. Con fundamento en el arábigo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídase copia certificada de la presente determinación a la parte quejosa, la que puede obtener y recoger en cualquier día y hora hábil, previa identificación y razón que de su entrega se deje en autos. No obstante lo anterior, hágase del conocimiento que conforme a lo establecido en el numeral 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las constancias que descargue del expediente electrónico se considerarán como copia certificada cuando incluyan la evidencia criptográfica.

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