Carolina Trujillo Uscanga
Expediente 754/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 754/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Carolina Trujillo Uscanga
Actuaciones
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE LA RESOLUCIÓN QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Del estado de autos y advirtiéndose de la certificación de cuenta que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido el auto de diez de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo con que se formó el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 2º, de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la renombrada Ley, archívese este asunto como totalmente concluido. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Finalmente, como existen documentos exhibidos por la promovente; en consecuencia, de conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I, y Décimo primero, párrafo último, Capítulo Tercero del referido Acuerdo General, dese vista a la promovente, a fin de que acuda al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos exhibidos en el expediente, apercibida que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con las actuaciones relativas al presente juicio de amparo.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, LA RESOLUCIÓN QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, diez de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el escrito de cuenta, signado por Carolina Trujillo Uscanga, promovente en este asunto, así como las copias del mismo; atento a su contenido, téngase a la misma cumpliendo con el requerimiento efectuado en proveído de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, precisando la autoridad a la que reclama el emplazamiento impugnado e informando en relación a la etapa procesal en la que se encuentra el juicio ejecutivo mercantil 864/2018, que en el mismo, no se ha dictado sentencia; por lo que, enseguida se provee: DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe analizar ante todo el escrito inicial de demanda y que, en caso de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. Además, el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, con independencia de que las hayan invocado las partes, o no, dada su naturaleza de orden público y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza. De la demanda de amparo se desprende que la solicitante del amparo señala, como acto reclamado destacado, el siguiente: ".LA INDEBIDA NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO A JUICIO efectuado en contra de mi finado padre ANTONIO TRUJILLO RAMÓN quien en esa fecha ya era fallecido precisamente por la C. LIC. CONCEPCIÓN A. AGUILAR ACTUARIA ADSCRITA A LA CENTRAL DE ACTUARIOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE VERACRUZ, VER. Dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil de número de expediente 864/2018-VI del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de este Distrito Judicial de Veracruz, Ver, promovido indebidamente por los C.C. LUIS FELIPE DE JESÚS CHI BALAM Y/O ROSARIO JESÚS GONZALEZ BALDERAS EN SU CARÁCTER DE ENDOSATARIOS EN PROCURACIÓN DE NARCISO ELVIRA DELGADO en contra de mi finado PADRE ANTONIO TRUJILLO RAMÓN QUIEN YA ES FINADO y todas las subsecuentes actuaciones judiciales derivadas de este ilegal emplazamiento a juicio." Asimismo, del contexto integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se advierte que la promovente del amparo, es albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de su padre Antonio Trujillo Ramón, demandado en el juicio ejecutivo mercantil 864/2018, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz y que en dicho juicio aún no se ha dictado sentencia. De lo antes expuesto, se desprende que, la aquí promovente del amparo, es representante de la sucesión a bienes del finado demandado, al ser la albacea designada en la misma, y por tanto, está facultada para comparecer en los juicios en los que se requiera la intervención de Antonio Trujillo Ramón, en defensa de los bienes de dicha sucesión, como se advierte de las copias certificadas del juicio sucesorio intestamentario 498/2018 del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar. Una vez precisado el acto que se impugna en esta vía, debe decirse que, no ha lugar a dar trámite a la demanda de amparo, puesto que habrá de desecharse de plano, al advertirse la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, cuya observancia es de oficio, atenta su naturaleza de orden público. El suscrito estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que impone el acatamiento al principio de definitividad en el juicio de garantías, tratándose de resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; numeral que establece lo siguiente: "Artículo. 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; En efecto, resulta evidente que la quejosa Carolina Trujillo Uscanga en su calidad de albacea a bienes del demandado, ya fallecido Antonio Trujillo Ramón, no ha agotado los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rige los actos reclamados prevé para su impugnación; a fin de cumplir con el principio de definitividad del amparo con independencia de que tales medios de defensa no puedan ya hacerse valer. Lo anterior es así, precisamente porque la promovente reclama el ilegal emplazamiento de que fue objeto su fallecido padre, en el juicio ejecutivo mercantil 864/2018 del índice del juzgado responsable; sin embargo, soslayó que, siendo representante de la sucesión a bienes de su finado padre Antonio Trujillo Ramón y al no haberse dictado sentencia todavía, podía obtener la declaración de nulidad de dicha actuación a través del incidente de nulidad previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles que, de acuerdo con el artículo 1054 del Código de Comercio, es la legislación adjetiva aplicable en supletoriedad a la ley propia que rigió el juicio natural; y que a la letra dice: "Artículo 319.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este Capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el procedimiento y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado la resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto." En este sentido, no obstante de que la promovente manifiesta en su ocurso inicial, que su padre falleció en septiembre de dos mil dieciséis y que fue emplazado como demandado en el juicio ejecutivo mercantil 864/2018 cuando ya había muerto, no debe soslayarse que, al ser ella, la representante de la sucesión a bienes del demandado Antonio Trujillo Ramón, debía hacer valer el citado medio de impugnación previsto en la ley ordinaria; máxime que se trata de la legalidad de una notificación, pues a través del incidente de nulidad de actuaciones previsto en el numeral transcrito, toda notificación que la solicitante de amparo considere ilegal, podría ser nulificada, precisamente en razón de que ese es el fin último del citado incidente y, por ende, queda comprendido entre aquellos a los que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley reglamentaria del juicio de garantías. Entonces, si la solicitante de amparo, a pesar de ser representante de la sucesión a bienes del finado Antonio Trujillo Ramón, quien es el demandado en el controvertido natural del que hace derivar el acto reclamado, no agotó dicho medio de impugnación antes de promover este juicio constitucional, resulta evidente que la diligencia de emplazamiento efectuada en el juicio ejecutivo mercantil 864/2018, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, que toralmente reclama en su demanda de amparo, carece de definitividad y, por ende, no puede ser impugnada en la vía constitucional. Sin que sea obstáculo para alcanzar la anterior conclusión, la circunstancia de que la impetrante de garantías, aduzca promover la demanda de amparo, además como albacea de la sucesión a bienes de su padre Antonio Trujillo Ramón, también por propio derecho, en su carácter de heredera; sin embargo, los intereses que como heredera podría tener, son representados, por conducto del albacea designado en el juicio sucesorio, quien en el caso, resulta ser la propia promovente del amparo Carolina Trujillo Uscanga, por lo tanto, se concluye que la ahora quejosa debió interponer, previo al juicio de amparo, el recurso ordinario contra el acto aquí reclamado, en acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio constitucional. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia VI.2º.J/291, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 65, Número 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Civil, de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. AMPARO IMPROCEDENTE. (SUPLETORIEDAD DE LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si el acto reclamado se hizo consistir en la falta de emplazamiento a juicio ejecutivo mercantil y la peticionaria de garantías aduce que tuvo conocimiento de la existencia del juicio natural antes de que se dictara sentencia definitiva en el mismo, teniendo el carácter de parte en éste, es inconcuso que se encontraba obligada a agotar el medio de defensa ordinario consistente en el incidente de nulidad de actuaciones que prevé el artículo 61, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, de aplicación supletoria al Código de Comercio en términos del diverso 1051, pues el juicio de garantías como medio extraordinario de defensa, sólo es procedente en contra de actos definitivos, debiendo entenderse por tales, aquéllos respecto de los que no existe ningún medio ordinario de defensa o recurso que hecho valer pudiera producir la modificación, revocación o anulación del acto." Así como en lo conducente, la jurisprudencia por contradicción 2ª./J. 198/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, enero de 2009, página 698, cuyo rubro y texto es: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo". De igual forma, la jurisprudencia 1935, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 2184, Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1.Común Segunda Parte- TCC Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Novena Época, Materia Civil, cuyo rubro y texto es: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta o ilegalidad de una notificación hecha en un juicio ejecutivo mercantil antes de dictarse sentencia, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto puede ser revocado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado que prevé el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo." Así como la diversa jurisprudencia III.1º.C. J/34, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página mil cuarenta y uno, tomo XVI, noviembre del 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. Si bien es cierto que la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo no habla de agotar precisamente incidentes, sino recursos ordinarios, también lo es que tal fracción se refiere no sólo a recursos sino también a medios ordinarios de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones de que se trate, y en tanto el incidente de nulidad de actuaciones cumple con el último de los objetivos mencionados, pues mediante él puede lograrse la nulificación del acto materia del incidente, es válido su encuadramiento dentro de los medios ordinarios de defensa a que el precepto invocado se refiere." Lo anterior, se considera así, ya que, en el supuesto no concedido de que la quejosa hubiere interpuesto el incidente de nulidad de actuaciones y éste resultare fundado, estaría en aptitud de comparecer al juicio para hacer valer sus excepciones y defensas, así como ofrecer pruebas y formular alegatos; y aun en el caso de que el incidente resultare infundado, estaría en aptitud de impugnar válidamente la sentencia que pusiere fin al procedimiento de origen, a través del recurso correspondiente y, entonces sí, podría hacer valer todas las violaciones procesales que considerare le perjudiquen (incluida la ilegalidad del emplazamiento que aquí impugna); mismas que podría luego impugnar en la vía constitucional, a través del amparo directo que eventualmente promoviere contra la resolución de segunda instancia. Sin que el suscrito pase inadvertido la circunstancia de que, la promovente, al reclamar el emplazamiento a un juicio ejecutivo mercantil, tenga inmerso también el embargo realizado en la diligencia impugnada, ya que, aún, cuando se trata de un acto de imposible reparación, ello, no lo exime de agotar los recursos ordinarios que la ley contempla, antes de acudir al amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Así también, la jurisprudencia 19564, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 1954, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte -TCC Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento XVI, Apéndice 2011, Octava Época, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." Además, no debe soslayarse que en los juicios mercantiles, la nulidad del emplazamiento conlleva la del requerimiento de pago y del embargo, pues aunque son actos jurídicos distintos, se encuentran íntimamente vinculados; de manera que, si la quejosa hubiere impugnado el emplazamiento que reclama en la vía ordinaria, hubiera podido obtener no sólo la nulidad de dicho acto, sino además la del embargo realizado en la propia diligencia. Resulta aplica al caso, la jurisprudencia 771, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 838, Tomo V, Civil Primera Parte-SCJ-Tercera parte Sección- Mercantil Subsección 2. Adjetivo del Apéndice de 2011, Novena Época, Materia Civil, del contenido literal siguiente: "EMPLAZAMIENTO EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES, NULIDAD DEL, COMPRENDE AL REQUERIMIENTO Y EMBARGO PRACTICADOS. Conforme a lo dispuesto en los artículos 1392, 1393, 1394 y 1396 del Código de Comercio, 111 y 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria, el requerimiento de pago y embargo hechos al deudor demandado, necesariamente requieren para su legal existencia de su notificación en la forma establecida en la ley, notificación que no es otra cosa que el emplazamiento a que aluden los preceptos en cita, al cual aquéllos, pese a ser actos jurídicos distintos, se encuentran estrechamente vinculados; luego la nulidad de este último, que entraña la inobservancia del requisito a que se encuentran sujetos los aludidos requerimiento y embargo, lógicamente trasciende a los mismos, sin que sea óbice para ello el hecho de que cronológicamente se hubieran practicado con anterioridad y en forma sucesiva en la misma diligencia, al indicado emplazamiento." En este tenor, es claro, notorio y manifiesto que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al no haber agotado la promovente los recursos ordinarios a su alcance; y, en consecuencia, de conformidad con el artículo 113 de dicho cuerpo legal, debe desecharse la demanda.
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