Carolina Gallegos Villanueva
Expediente 639/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 639/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Carolina Gallegos Villanueva
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCION QUE DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que transcurrió el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido el auto de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, a través del cual se desechó la demanda de amparo con que se formó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 2º ibídem, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico...este expediente debe considerarse DESTRUIBLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el Artículo 21, inciso b) del citado acuerdo, pues se trata de un asunto en el que desechó la demanda de amparo.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: Boca del Río, Veracruz, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 41189/2021, signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en Xalapa, a través del cual, remite sin diligenciar el exhorto 370/2021-III-E, orden 570/2021, de este índice, por las razones que expone. En consecuencia, dese de baja la aludida comunicación oficial en el libro de gobierno relativo; sin que haya lugar a acusar de recibo la misma, cuenta habida que fue remitida a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el cual genera en automático el acuse correspondiente. Por otra parte, tomando en cuenta que no fue posible lograr la notificación a la quejosa Carolina Gallegos Villanueva, del contenido de la determinación de veintitrés de agosto de la presente anualidad, por el que se desechó de plano la demanda con que se formó el presente juicio; procédase a realizar dicha notificación, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hasta en tanto la citada parte quejosa, señale domicilio dentro de la residencia en que éste juzgado federal ejerce jurisdicción. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE, SE NOTIFICA POR LISTA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTITRÉS DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EL CUAL, EN LO QUE IMPORTA, DICE: "Boca del Río, Veracruz, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio 14640/2021 de diez de agosto del presente año, signado por el Secretario del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, al que anexa el juicio de amparo 616/2021 del índice de dicho órgano jurisdiccional, formado con motivo de la demanda promovida por Carolina Gallegos Villanueva, contra actos de los Magistrados de la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, con sede en Xalapa, Veracruz y otra autoridad; fórmese juicio y regístrese con el número 639/2021- III, que le correspondió en el libro de gobierno respectivo. SE ACEPTA COMPETENCIA Ahora, tomando en consideración que por proveído de diez de agosto de dos mil veintiuno, el Juez Décimo Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, declaró su incompetencia legal para conocer de la demanda de amparo por los motivos expuestos en el citado auto de incompetencia; por tanto, al reclamarse actos que han de tener ejecución en la ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz, lugar donde el suscrito ejerce jurisdicción territorial, este Juzgado de Distrito acepta la competencia planteada para conocer del asunto y se avoca a proveer lo conducente respecto del mismo; acúsese recibo al Juzgado de Distrito referido. DESECHAMIENTO Ahora, con independencia de cualesquiera otras consideraciones, el suscrito provee lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano dicha demanda de amparo. En primer término, cabe señalar que de la lectura integral al escrito de demanda de amparo, se advierte que la promovente, señala como acto reclamado en la presente instancia constitucional, el siguiente: La resolución de veintinueve de junio del año en curso dictada en el toca 782/2021, por medio de la cual los Magistrados de la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, con sede en Xalapa, Veracruz, declararon fundada la excepción de incompetencia opuesta por Antonio Ramos Villegas, demandado en el expediente civil 08/2020 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Minatitlán, Veracruz, declarándola fundada por lo que ordenaron la remisión del mencionado expediente al Juzgado Segundo de Primera Instancia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, para que conociera del juicio en comento, en el cual, la parte actora es la aquí promovente del amparo. Precisado lo anterior, se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y." El segundo de los preceptos legales establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Sin embargo, la amplitud de dicho artículo, en cuanto a los supuestos que prevé, no puede interpretarse en el sentido de que una cuestión de competencia pueda impugnarse en amparo indirecto en relación con cada una de las determinaciones que van pronunciando las autoridades involucradas. Lo anterior es así, habida cuenta que una impugnación podría afectar a la otra, lo que tendría como consecuencia que se desplazara el sistema legal previsto en la ley de la materia para dilucidar tales cuestiones, siendo que el juicio de amparo reviste un carácter excepcional y no debe sustituir a los procedimientos ordinarios, ya que tiene como propósito primordial proteger los derechos fundamentales de los gobernados. Esto es, en la cuestión de competencia por declinatoria, cuando la autoridad correspondiente considera que, efectivamente, no es competente el que está conociendo del asunto, emitirá una declaratoria, y en el caso de la inhibitoria, si la autoridad o tribunal que no está conociendo del asunto estima que sí es competente, solicitará a la que conozca de aquel que se inhiba. No obstante, la declaratoria o la solicitud en uno u otro caso no constituyen aún determinaciones susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, ya que ello se estaría supeditando a un acto cuya afectación no se ha materializado, porque las decisiones mediante las cuales una autoridad declina competencia a favor de otra, o requiere a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no tiene como consecuencia forzosa la aceptación de la competencia, sea por declinatoria o inhibitoria, porque bien podría darse el caso de que se rechace aquélla y será hasta en ese momento cuando se produzca una afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. Esto es, será hasta ese momento cuando la incidencia en los derechos de los gobernados cobre una especial relevancia, con independencia de que la incompetencia sea por razón de la vía, del fuero, de la materia o del territorio, ya que si bien alguna de ellas podría traer como consecuencia que un procedimiento o juicio se tramite no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde; la afectación personal y directa que representa una cuestión competencial, en los términos indicados, se produce precisamente cuando tales actos en los que se determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, sean aquellos en los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria) y no antes. En consecuencia, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta, o bien, la rechace y no antes, pues dicho precepto y fracción antes apuntados no debe interrumpir ni sustituir los procedimientos legales ordinarios para la sustanciación de las cuestiones de competencia, por lo que se debe entender que el vocablo "determinen" utilizado en la citada fracción, se refiere a la resolución que establezca en definitiva el conocimiento del asunto de origen, decisión con la que concluye el procedimiento competencial tanto por inhibitoria como por declinatoria, contra la cual procederá el juicio de amparo indirecto, con la salvedad de que la decisión concluyente sea en sentido negativo, ya que en ese supuesto se generaría un conflicto competencial, el cual tiene una tramitación especial. Es pertinente precisa que el máximo tribunal de justicia de nuestro país, concluyó que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. Así las cosas, la tramitación de la excepción de incompetencia por declinatoria en el juicio ordinario civil de origen por parte de la demandada, en la que la sala responsable declaró como competente a un diverso Juez civil, indudablemente le quita el carácter de definitiva a la decisión reclamada constitucionalmente; pues como quedó advertido, los actos definitivos susceptibles de impugnarse en sede constitucional, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria). Por tanto, la resolución que emita la autoridad responsable en un juicio donde declara fundada la excepción de incompetencia por declinatoria y envía la demanda a un juez civil, no puede considerarse como definitiva para efectos de ser impugnada en el juicio de amparo indirecto. Siendo que en estos casos, la resolución definitiva será aquella que acepta la competencia declinada y no en la que se emite, por tanto, resulta improcedente el amparo indirecto promovido contra esta última al no producir una afectación personal y directa en la esfera de derechos del interesado, conforme al artículo 107, fracción VIII, aplicado a contrario sensu, en relación con el 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo. Lo que pone de relieve que la resolución reclamada, en la manera en la que se encuentra redactada, carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del presente juicio; esto es, se trata de un acto de aquellos que no tiene una ejecución de imposible reparación. Dicho de otra manera, no es un acto que de una manera inmediata, lesione el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la sentencia final que se pronuncie en éste o bien haga imposible la prosecución del procedimiento. En consecuencia, la resolución reclamada de ninguna manera es impugnable a través del amparo indirecto, pues si bien se trata de una resolución que resuelve una cuestión de competencia, en contra de la cual sí procedería el juicio de amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, también lo es que para que haga procedente dicho juicio de amparo indirecto, necesita ser un acto definitivo; entendido éste, como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta, porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia señalada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, respecto a la resolución que constituye el acto reclamado, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Carolina Gallegos Villanueva.
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Cúmplase.
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....Notifíquese por exhorto a la quejosa y por oficio al Juzgado Décimo Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa.
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