Carolina Tlahuancapan Hernandez

Expediente 680/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
680/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
20/02/2023

Partes del expediente

  • Carolina Tlahuancapan Hernandez
  • Sala Regional Acapulco del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veinte de febrero de dos mil veintitrés. Visto; acorde a la certificación secretarial de cuenta y al estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de veintitrés de enero del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que NO AMPARA a la quejosa Carolina Tlahuancapan Hernández, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; déjese por separado el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo de que se trata. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), y penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el expediente principal es susceptible de depuración una vez que transcurra el término de tres años a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, con excepción del escrito inicial de demanda, en su caso, resoluciones recurridas, así como la sentencia definitiva y la ejecutoria correspondiente. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de noventa días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir del presente proveído, se procederá a su depuración y hecho que sea, habrá de solicitarse su transferencia a la dirección antes mencionada para su depósito. Asimismo, en relación al original del cuaderno incidental que deriva del presente asunto, en términos del artículo 21, inciso c) del invocado cuerpo normativo, se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que en la especie se negó la suspensión provisional y definitiva; en consecuencia, transcurrido el periodo de conservación de tres años descrito en líneas precedentes, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción previa formulación del acta y relación correspondiente. Respecto del duplicado del incidente de suspensión, es DESTRUIBLE de conformidad con lo dispuesto en el numeral 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General precisado, se ordena que dentro del término de treinta días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de seis meses, contado a partir del presente proveído, se proceda a su destrucción, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del cuaderno. Por otra parte, se destaca que a juicio de la suscrita, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental por la cual deba conservarse. Agréguese copia simple del presente proveído a los cuadernos del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo de que se trata. Finalmente, resulta innecesario que continúe en resguardo de este órgano jurisdiccional el duplicado del expediente TJA/SRA/I/267/2022, remitido por la Magistrada de la Sala Regional Acapulco del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; por tanto, devuélvase el citado expediente, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Lo proveyó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Incidental

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veinte de febrero de dos mil veintitrés. Visto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2; agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, la copia simple del proveído de esta misma fecha dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno incidental, tal y como esta ordenado en dicho auto. Ahora bien, en relación al original del cuaderno incidental que deriva del presente, en términos del artículo 21, inciso c) del invocado cuerpo normativo, es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que en la especie se negó la suspensión provisional y definitiva; en consecuencia, transcurrido el periodo de conservación de tres años descrito en líneas precedentes, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción previa formulación del acta y relación correspondiente. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión respectivo; con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo aludido, se declara que es susceptible de destrucción. Atento a lo ordenado en el artículo 35 del referido acuerdo, hágase las anotaciones respectivas en las carátulas del incidente de suspensión en que se actúa. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; a veintitrés de enero de dos mil veintitrés VISTOS; los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 680/2022-VI, promovido por ****, por derecho propio, contra actos de la Magistrada de la Sala Regional Acapulco I, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, el diecinueve de julio de dos mil veintidós, remitido al día hábil siguiente por razón de turno a este órgano de justicia federal Carolina Tlahuancapan Hernández, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y el acto que se precisan a continuación: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: * Sala Regional Acapulco I del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. IV. ACTOS RECLAMADOS.- a).- El acuerdo de 7 de junio de 2022, dictado en el juicio de nulidad TJA/SRA/I/267/2022, por la Magistrada de la Sala Regional Acapulco I del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el que acepta la competencia para conocer de mi demanda de nulidad. La parte quejosa citó como derechos humanos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante acuerdo de veintiuno de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, misma que se registró en el Libro de Gobierno correspondiente con el número 680/2022-VI; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Además, en términos del artículo 5º, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, se tuvo como terceros interesados al Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública y Secretario de Finanzas y Administración, ambos del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, quienes fueron emplazados como se desprende de las constancias respectivas. El dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil trece, toda vez que los actos que se reclaman tendrán ejecución dentro de la demarcación territorial en la que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.2 TERCERO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." En esa tesitura, del análisis al escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama de la Sala Regional Acapulco I, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el acto siguiente: *El proveído de siete de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente TJA/SRA/267/2022, mediante el cual, aceptó la 2 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. competencia que declinó en su favor, el Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal Superior de Justicia Administrativa del Estado, para conocer del expediente TJA/SRCH/049/2022. CUARTO. Oportunidad de la demanda. La demanda de amparo se presentó de manera oportuna, toda vez que el acuerdo impugnado se notificó a la parte quejosa el veintiocho de junio de dos mil veintidós (foja 103 del tomo de pruebas). De ahí que, el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del treinta de junio al veinte de julio de dos mil veintidós, sin considerar en dicho cómputo los días dos, tres, nueve, diez, dieciséis y diecisiete de julio del año en cita, por ser sábados y domingos, inhábiles en términos de lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el periodo vacacional de la autoridad responsable que comprendió del dieciocho al veintinueve de julio del año en cita, como se desprende de la página oficial de internet de la autoridad responsable visible en la dirección electrónica "www.tjaguerrero.org.mx/calendario-2022". Por tanto, la demanda se depositó oportunamente el diecinueve de julio de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Acapulco, esto es, dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. QUINTO. Existencia del acto reclamado. Conforme a la técnica que rige al juicio de amparo, el tribunal que conozca, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo que es así, entre otros motivos, porque al no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razón de orden lógico, ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causal de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tiene plena certeza de que los actos reclamados resultan ciertos, lo que se reitera, conducirá al análisis de alguna causa de improcedencia y de no actualizarse alguna, es posible estudiar el asunto de fondo. Apoya esta consideración la jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO.", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número, 76, Abril de 1994, Octava Época, página sesenta y ocho. La Magistrada de la Sala Regional Acapulco I, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, reconoció, la existencia del acto reclamado, de modo que ello constituye una confesión de conformidad con el artículo 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Lo anterior, pues así lo aceptó expresamente la referida autoridad al rendir su informe justificado, por lo que debe acogerse positivamente la manifestación de su existencia. Al respecto, encuentra aplicación el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.", visible en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Quinta Época, Materia Común, página ochocientos treinta. Pero además, la certeza del acto se desprende del duplicado del expediente TJA/SRA/I/267/2022, remitido como complemento al informe justificado, en el que obra el proveído de siete de junio de dos mil veintidós, de cuyo contenido se aprecia que dicho ente autoritario emitió el proveído que se le atribuye. En ese tenor, como a las constancias remitidas por la autoridad responsable, le reviste el carácter de documentales públicas con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo segundo; y concatenación con la aceptación expresa de la autoridad responsable, es decir, concluir que el acto reclamado en esta instancia constitucional es cierto. Al respecto, se cita la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.", visible en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Materia Común, Tomo VI, página ciento cincuenta y tres. SEXTO. Causales de improcedencia. En la especie, no existe causal de improcedencia que haya hecho valer alguna de las partes o que de oficio observe este Juzgado Federal, atento al imperativo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, por lo que se procede a examinar la constitucionalidad del acto reclamado. SÉPTIMO. Antecedentes. A fin de tener un panorama claro del asunto, conviene tomar en consideración que de las constancias que aportó junto con su informe justificado la responsable, se aprecia que: i) Por escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil veintidós, ante la Sala Regional Chilpancingo, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Carolina Tlahuancapan Hernández, demandó la nulidad lisa y llana de resolución de seis de noviembre de dos mil diecinueve, emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal del Estado de Guerrero, entre otras pretensiones (fojas 1 a 23 del tomo I de pruebas). ii) Mediante acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintidós, el Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, declaró carecer de competencia por razón de territorio, en relación con la demanda intentada por la aquí quejosa, proveído que en lo que aquí interesa, es del tenor siguiente: "Chilpancingo, Guerrero, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de fecha cinco de abril de dos mil veintidós, y anexos, presentados en esta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el día dieciocho de abril del año en curso, suscrito por la C. CAROLINA TLAHUANCAPAN HERNÁNDEZ, quien promueve por propio derecho, contra actos y autoridades que se precisan en la demanda con que da cuenta la Secretaría, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 3, 4, 26, 28 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 467; 1, 3, 4, 5, 45, 49, 51, 52, 57 y 58 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763; así como en lo dispuesto por el artículo 6 del Reglamento Interno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, regístrese en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número TJA/SRCH/049/2022, que por orden legal le corresponde y fórmese expediente por duplicado; ahora bien y toda vez que del análisis de la demanda se desprende que en el capítulo "CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN inciso a) refiere: "Toda vez que, para cumplir con el requisito de circunstanciación, era necesario que el notificador asentara en el acta relativa datos que objetivamente permitan concluir que practicó la diligencia en mi domicilio residencial en el inmueble ubicado en calle Francisco I Mdro Número 4, de la colonia 20 de noviembre de la ciudad de Acapulco, Guerrero (...)" por lo que de acuerdo al artículo 49 del código de la materia, el cual establece que la demanda deberá formularse directamente ante la Sala Regional correspondiente al domicilio particular del actor, que en el presente caso se entiende que es el ubicado en Acapulco, Guerrero, máxime que de la presente demanda no se desprende que su domicilio particular se ubique en la sede de esta Sala Regional, no obstante, que en el escrito de cuenta señalan domicilio procesal para oír y recibir notificaciones en esta ciudad capital, para efectos de presentación de demandas, debe tomarse en cuenta el domicilio particular donde viven, radiquen o tengan el principal asiento de sus actividades o negocios, por lo tanto, en congruencia con lo dispuesto por el artículo 20 fracción del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, y en razón de que la Ciudad de Acapulco, pertenece a la jurisdicción de la Salas Regionales Acapulco I y II, con fundamento en el artículo 172 del código de la materia, esta Sala regional se declara incompetente por razón de territorio para conocer del presente asunto, y se ordena remitir la demanda a la Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, que es a juicio de esta Sala la legalmente competente; .", (foja 47 del tomo de pruebas). iii) En proveído de siete de junio de dos mil veintidós, la Magistrada de la Sala Regional Acapulco I, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, aceptó la competencia declinada a su favor, al tenor siguiente; "Acapulco, Guerrero, a siete de junio de dos mil veintidós. Por recibido en esta fecha el oficio número 0498/2022, del treinta de mayo de dos mil veintidós, signado por el ciudadano licenciado VÍCTOR ARELLANO APARICIO Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, por el que remite el expediente número TJA/SRCH/049/2022 y se declara incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda promovida por la ciudadana CAROLINA TLAHUANCAPAN HERNÁNDEZ y el escrito de fecha veintiséis de mayo de dos mil veintidós, al respecto la Sala acuerda: Con fundamento en el artículo 173 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 763, se acepta la competencia de la demanda propuesta y con apoyo en el artículo 20 fracción I del Reglamento Interior de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero; Artículos 1, 3, 4, 5, 6, 45, 47, 49, 51, 52, 57, 58 y demás relativos y aplicables del Código de la materia, y los artículos 27, 28 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa número 467, se admite la demanda, regístrese en el libro de gobierno bajo el número TJA/SRA/1/267/2022, que por turno le corresponde, fórmese expediente por duplicado y con las copias simples de la demanda córrase traslado a las autoridades denominadas CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICÍA ESTATAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO Y SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, para que la contesten dentro del término de diez días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de este proveído, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se les tendrá por confesados los hechos planteados en la demanda, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 64 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 763, por ofrecidas las pruebas, precisando que son exhibidas en copias fotostáticas, las que no surtirán efecto alguno, si antes de que se dicte sentencia en el presente asunto, no las exhibe con los requisitos necesarios; pruebas sobre las que se proveerán en la audiencia de ley; En relación al escrito de la ciudadana CAROLINA TLAHUANCAPAN HERNÁNDEZ, con fundamento en el artículo 47 del Código de la materia, por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Quebrada número 39, segundo piso, despacho 6, centro de esta Ciudad y Puerto, por autorizados a la licenciada JANET GARIBAY HERNÁNDEZ y licenciados RONY OSVALDO OZUNA ÁVILA, ALBERTINO CASTRO SANTIAGO Y CARLOS OMAR GONZALEZ RODRÍGUEZ, y por señalado como medio de contacto el correo electrónico osvald_ onemaster@hotmail.com.- NOTIFIQUESE EN TÉRMINOS DE LEY. (.)," (foja 98 del tomo de pruebas). El anterior proveído es el acto reclamado en la presente instancia constitucional. OCTAVO. Estudio de los conceptos de violación. Al no existir causal de improcedencia que las partes hagan valer o que se advierta de oficio, procede el estudio de los conceptos de violación y para ello, no es necesario trascribirlos, al no existir obligación legal de hacerlo, como así se estableció en la jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página ochocientos treinta. La parte quejosa hace valer los conceptos de violación siguientes: Que el auto de siete de junio de dos mil veintidós, emitido por la Magistrada responsable, transgredió en su perjuicio los derechos fundamentales establecidos en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque debió conocer del asunto el Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo, dado que fue quien inicialmente previno de la demanda de nulidad. Que es competente por razón de territorio, el juzgador del lugar en el que se empezó a ejecutar el acto reclamado. Que el artículo 17 Constitucional, tutela la pronta impartición de justicia, y en casos como el que aquí combate, ante la falta de datos que hagan aplicable otra regla específica, es posible, incluso por igualdad de razones, acudir al criterio de prevención inicial, como forma alternativa de resolver el conflicto, por lo que debe designarse al Tribunal que previno para conocer del asunto a fin de evitar la gestión de conflictos competenciales innecesarios que redundan en perjuicio de la pronta y expedita administración de justicia. Que la resolución impugnada emitida por el Consejo de Honor y Justicia, fue ejecutada a través de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado y de la Dirección General de Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quienes tienen su residencia oficial en las oficinas del poder ejecutivo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero. Los conceptos de violación propuestos son infundados, por las consideraciones siguientes. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece a favor de los particulares el derecho de acceso a la jurisdicción, el cual dispone: "Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." En ese sentido, aun cuando todos los órganos dotados de jurisdicción están expeditos para administrar justicia, cada uno de ellos tiene atribuidas, de manera precisa, una serie de facultades que le permiten avocarse tan sólo a determinado tipo de negocios, circunstancia que procesalmente lo convierte en el órgano jurisdiccional competente en un caso concreto. De esta forma surge la denominada competencia objetiva, entendida como el límite y medida de la jurisdicción. Ahora, los presupuestos procesales hacen referencia a todas las condiciones formales previas a las que está obligado el órgano con funciones materialmente jurisdiccionales para resolver las controversias mediante la voluntad de la ley. De entre los presupuestos procesales del órgano jurisdiccional se tiene a la jurisdicción y a la competencia, a su vez, clasificada por territorio, materia, cuantía, grado y turno. De ahí que la jurisdicción abarca un concepto más global relativo a la impartición de justicia y, por su parte, la competencia obedece a razones más específicas de distribución de la tarea de juzgamiento entre los diversos órganos judiciales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado las figuras anteriores como competencia constitucional y jurisdiccional, señalando que, por la primera, debe entenderse la capacidad que, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos de la Carta Federal, corresponde a un tribunal de determinado fuero, para juzgar sobre determinadas materias; y por competencia jurisdiccional, la capacidad de un órgano, parte integrante de un tribunal, para conocer, con exclusión de los demás órganos que dependen de ese tribunal, y de tribunales del mismo fuero, de un asunto determinado. En otras palabras, estableció que la competencia constitucional es la capacidad exclusiva de los tribunales de un determinado fuero, para conocer un asunto; mientras que en la competencia jurisdiccional, los diversos órganos que integran los tribunales de ese fuero tienen capacidad para conocer del negocio y, sólo por razones de técnica jurídica, se divide entre ellos la competencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 237027, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIAS CONSTITUCIONAL Y JURISDICCIONAL. Las facultades que un poder legislativo tiene para legislar, se entienden tácitamente concedidas al Poder Judicial respectivo para juzgar, de la aplicación de las leyes expedidas por ese poder y la medida de la competencia constitucional de un determinado tribunal, se determina, en principio, por la competencia legislativa de su correspondiente Poder Legislativo. Por eso resulta evidente la diferencia entre competencia constitucional y jurisdiccional, puesto que si un cierto Poder Judicial no tiene competencia constitucional para determinado asunto, todos los órganos jurisdiccionales que lo componen también carecen de ella; en cambio, si ese Poder Judicial tiene la competencia constitucional, la tendrán absolutamente todos los órganos que lo componen. Ahora, independientemente de la competencia constitucional, un órgano determinado de cierto poder judicial puede no tener competencia jurisdiccional para algún caso, que corresponda a otro órgano de ese mismo Poder Judicial. Asimismo, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 236906, de rubro y texto siguientes "COMPETENCIA CONSTITUCIONAL Y JURISDICCIONAL. DIFERENCIAS. Existen precedentes en esta Suprema Corte señalando como diferencia entre la competencia constitucional y la jurisdiccional, que aquélla es la capacidad de un tribunal de determinado fuero para juzgar de ciertas materias y la jurisdiccional es también la capacidad de un determinado órgano perteneciente a un tribunal, para intervenir en ciertos asuntos en forma exclusiva, y así, la carencia de la primera tiene por consecuencia que ningún órgano del tribunal puede intervenir, y la segunda, que el asunto debe juzgarse, no por el órgano jurisdiccionalmente incompetente, sino por el que está capacitado para ello, perteneciente al mismo tribunal." Por otra parte, el artículo 16 constitucional dispone: "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo". De ahí que la competencia es parte del derecho fundamental de legalidad, por lo que debe estar señalada en la ley, constituyendo así la suma de facultades que la ley da a determinada autoridad para ejercer ciertas atribuciones. Tomando en cuenta lo anterior y trasladándolo al derecho procesal, la competencia es la suma de facultades que la ley da al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios. De manera tal que el órgano encargado de administrar justicia, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional; sin embargo, no puede ejercerla para resolver cualquier tipo de conflictos, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en los que es legalmente competente. Apoya a lo anterior, la tesis de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 322480, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA, NATURALEZA DE LA. La materia de competencia es de índole procesal y por tanto, es de orden público y debe recibir aplicación inmediata en los asuntos de trámite, sin que ello signifique retroactividad en perjuicio de la persona interesada". Asimismo, la tesis de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo LXX, página 3814, del texto siguiente: "COMPETENCIA JURISDICCIONAL. Es principio elemental en derecho procesal, que la jurisdicción la da la ley y no las partes, de suerte que, colocada en la categoría de presupuesto de procedimiento, adquiere la entidad de una institución de derecho público, y por ello tanto los códigos de procedimientos civiles del Distrito y Territorios Federales, como las leyes procesales de los Estados y aun la misma Ley Federal del Trabajo, consignan la prevención de que en cualquier estado del procedimiento, pueda declararse la incompetencia, para el efecto de que el litigio o el conflicto, se decidan por las autoridades a quienes correspondan". Los artículos 3, 49, y 173, Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 763, y el diverso 28, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero Número 467, prevén en ese orden, lo siguiente: "Artículo 3. Las salas del Tribunal conocerán de los asuntos que les señale la Ley Orgánica. La competencia por razón del territorio será fijada por la Sala Superior del Tribunal. (.) Artículo 49. La demanda deberá formularse por escrito y presentarse directamente ante la Sala Regional correspondiente al domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por correo certificado con acuse de recibo cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá hacerse dentro de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que se reclame, o el día en que se tenga conocimiento del mismo o se ostente sabedor del mismo, con las excepciones siguientes: (.) Artículo 173. Recibido el expediente por la sala requerida, decidirá de plano dentro de los tres días hábiles siguientes si acepta o no su competencia; si la acepta, notificará su resolución a la requirente, a las partes y a la Sala Superior; el mismo procedimiento seguirá en caso de no aceptarla y remitirá los autos a la Sala Superior. Artículo 28. Las Salas Regionales conocerán por razón del territorio de los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades demandadas." De las porciones normativas trascritas se advierte, que las Salas conocerán de los asuntos que les señala la Ley Orgánica, la competencia por razón del territorio será fijada por la Sala Superior del Tribunal; asimismo, que la demanda deberá formularse por escrito y presentarse directamente ante la Sala Regional correspondiente al domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por correo certificado con acuse de recibo cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede de la Sala; y, recibido el expediente por la Sala requerida, decidirá de plano dentro de los tres días hábiles siguientes si acepta o no su competencia, si la acepta, notificara su resolución a la requirente, a las partes y a la Sala Superior, mismo procedimiento se seguirá en caso de no aceptarla. Asimismo, el artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, establece que las Salas Regionales conocerán por razón de territorio de los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades demandadas En el caso, la autoridad responsable en el auto reclamado de siete de junio de dos mil veintidós, sustancialmente, con sustento, entre otros en los preceptos citados, aceptó la competencia que le fue declinada por el Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el expediente TJA/SRCH/049/2022, de ese índice, por advertir, en los conceptos de impugnación de la demanda presentada Carolina Tlahuancapan Hernández, que su domicilio residencial era el ubicado en calle "Francisco I Mdro Número 4, de la colonia 20 de noviembre de la ciudad de Acapulco, Guerrero", y destacó que de conformidad con el artículo 49 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 763, la demanda debía formularse directamente ante la Sala Regional correspondiente al domicilio particular del actor, concluyendo que era el que proporcionó la propia actora ubicado en Acapulco, Guerrero. Determinación que se estima apegada a derecho. Ello, toda vez que del análisis de las constancias que obran en autos, se desprende que la aquí quejosa, en el escrito de demanda, mediante la cual impugnó la resolución de seis de diciembre de dos mil diecinueve, emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, en los conceptos de impugnación, Primero, inciso a), segundo párrafo, manifestó lo siguiente: "(.) Toda vez que, para cumplir con el requisito de circunstanciación, era necesario que el notificador asentara en el acta relativa datos que objetivamente permitan concluir que práctico la diligencia en mi domicilio residencial en el inmueble ubicado en calle Francisco I Madro Número 4, de la colonia 20 de noviembre, de la ciudad de Acapulco, Guerrero,.", (foja 3 del tomo de pruebas). Con base en ello, se considera correcta la determinación de la Sala regional responsable, que aceptó la competencia que le fue declinada, por su homologo, con residencia en la ciudad de Chilpancingo, aplicó correctamente lo establecido en el artículo 49 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en la parte que expresamente señala que la demanda deberá formularse por escrito y presentarse ante la Sala Regional correspondiente al domicilio del actor. En efecto, en principio, debe decirse que la competencia es un presupuesto procesal que tiene el carácter de orden público, porque las leyes procesales expresamente ordenan cuál es la competencia para conocer de cada acción, y es una condición necesaria para la regularidad del desarrollo del proceso, y es insubsanable, ya que sin ella no puede dictarse válidamente sentencia de fondo sobre la pretensión litigiosa. Y, en el caso, la autoridad responsable advirtió de las manifestaciones que realizó la actora en el escrito inicial de demanda, que su domicilio particular, se encontraba en la ciudad de Acapulco, de ahí que ante disposición expresa del artículo 49 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, aceptó la competencia declinada en su favor por su homólogo de la Sala Regional Chilpancingo. De ahí que, contrario a lo que argumenta la parte quejosa, ante la falta de datos que hagan aplicable otra regla específica, fue correcto que se declinara competencia a la autoridad responsable y que ésta la aceptara en cumplimiento a la disposición expresa que existe en la legislación administrativa local, en la que se dispone que la competencia por razón de territorio se determina con base en el domicilio particular del actor. En esa línea, se insiste, se comparten los razonamientos expuestos por la Sala responsable, dado que en el escrito de demanda, mediante la cual la -aquí quejosa-impugnó la resolución de seis de diciembre de dos mil diecinueve, emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, en los conceptos de impugnación, Primero, inciso a), segundo párrafo, manifestó que se practicó una diligencia en su domicilio residencial, en el inmueble ubicado en calle Francisco I Madero Número 4, de la colonia 20 de noviembre, de esta ciudad (foja 3 del tomo de pruebas). Orienta a lo anterior, por las razones jurídicas que al contiene la tesis I.7o.A.511 A, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro digital 172808, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL HECHO DE QUE UN PARTICULAR ACUDA VOLUNTARIAMENTE CON UNA SOLICITUD ANTE ALGUNA QUE CAREZCA DE ELLA, NO IMPLICA SUMISIÓN TÁCITA, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. En asuntos de naturaleza administrativa rige el principio de legalidad según el cual el poder público únicamente puede actuar de conformidad con las facultades que específicamente tiene encomendadas y, por tanto, el fundamento de la competencia por territorio constituye un elemento esencial del acto de autoridad cuyo incumplimiento puede ser impugnado por los particulares en el momento en que les produzca algún agravio. En esa tesitura, cuando el particular acude voluntariamente ante una autoridad administrativa que no corresponde al ámbito territorial de su domicilio para que resuelva una petición, instancia o recurso, no se actualiza la figura jurídica de la sumisión tácita regulada por el artículo 23 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que de ser así, se crearía un estado de inseguridad jurídica para el particular porque en esa hipótesis se convalidarían actos viciados en su origen al provenir de autoridades incompetentes o que no tengan adecuadamente fundada su competencia territorial, con lo cual se contravendría el artículo 16 constitucional." Dadas las razones expuestas, se corrobora que la resolución reclamada cumple con el requisito formal de fundamentación, motivación y congruencia, toda vez que la Sala responsable citó los dispositivos jurídicos que le sirvieron de apoyo, refirió las circunstancias propias del caso, consideradas para establecer la adecuación de los preceptos legales al caso concreto, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo, como en el caso ocurrió, los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado. En consecuencia, al no advertirse violación manifiesta de los artículos 1, 14, 16 y 17, constitucionales en contra de la solicitante del amparo, que actualizara la suplencia de la queja, es inconcuso que se satisfizo lo establecido en jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 815374, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN." De ahí que los conceptos de violación analizados son infundados. Finalmente, debe resaltarse, que si bien es cierto los artículos 1° y 17 constitucionales consagran el principio pro persona y el derecho humano de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita) también lo es que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Primera Sala, lo ha definido como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso se ejecute dicha decisión. Consideraciones jurídicas, que se encuentran contenidas en la Jurisprudencia 1a./J. 42/2007, sustentada por la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 172759, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES." Sin embargo, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver las cuestiones planteadas por los gobernados de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno al principio pro persona puede ser constitutivo de "derechos" alegados a dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2004748, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES." En las condiciones expuestas, ante lo infundado de los conceptos de violación planteados por *****, se impone negar el amparo y la protección que de la Justicia de la Unión solicitó. Por lo expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, 74, 75 y 217, de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la unión no ampara ni protege a *****, contra el acto que reclama de la de la Magistrada de la Sala Regional Acapulco I, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, consistente en el proveído de siete de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente TJA/SRA/I/267/2022, por los motivos precisados en el considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, hasta el día de hoy veintitrés de enero de dos mil veintitrés, día en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistida por Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; a veintitrés de enero de dos mil veintitrés V I S T O S; los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 680/2022-VI, promovido por ****, por derecho propio, contra actos de la Magistrada de la Sala Regional Acapulco I, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, el diecinueve de julio de dos mil veintidós, remitido al día hábil siguiente por razón de turno a este órgano de justicia federal Carolina Tlahuancapan Hernández, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y el acto que se precisan a continuación: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: * Sala Regional Acapulco I del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. IV. ACTOS RECLAMADOS.- a).- El acuerdo de 7 de junio de 2022, dictado en el juicio de nulidad TJA/SRA/I/267/2022, por la Magistrada de la Sala Regional Acapulco I del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el que acepta la competencia para conocer de mi demanda de nulidad. La parte quejosa citó como derechos humanos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante acuerdo de veintiuno de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, misma que se registró en el Libro de Gobierno correspondiente con el número 680/2022-VI; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Además, en términos del artículo 5º, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, se tuvo como terceros interesados al Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública y Secretario de Finanzas y Administración, ambos del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, quienes fueron emplazados como se desprende de las constancias respectivas. El dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil trece, toda vez que los actos que se reclaman tendrán ejecución dentro de la demarcación territorial en la que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.2 TERCERO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." En esa tesitura, del análisis al escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama de la Sala Regional Acapulco I, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el acto siguiente: *El proveído de siete de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente TJA/SRA/267/2022, mediante el cual, aceptó la 2 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. competencia que declinó en su favor, el Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal Superior de Justicia Administrativa del Estado, para conocer del expediente TJA/SRCH/049/2022. CUARTO. Oportunidad de la demanda. La demanda de amparo se presentó de manera oportuna, toda vez que el acuerdo impugnado se notificó a la parte quejosa el veintiocho de junio de dos mil veintidós (foja 103 del tomo de pruebas). De ahí que, el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del treinta de junio al veinte de julio de dos mil veintidós, sin considerar en dicho cómputo los días dos, tres, nueve, diez, dieciséis y diecisiete de julio del año en cita, por ser sábados y domingos, inhábiles en términos de lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el periodo vacacional de la autoridad responsable que comprendió del dieciocho al veintinueve de julio del año en cita, como se desprende de la página oficial de internet de la autoridad responsable visible en la dirección electrónica "www.tjaguerrero.org.mx/calendario-2022". Por tanto, la demanda se depositó oportunamente el diecinueve de julio de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Acapulco, esto es, dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. QUINTO. Existencia del acto reclamado. Conforme a la técnica que rige al juicio de amparo, el tribunal que conozca, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo que es así, entre otros motivos, porque al no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razón de orden lógico, ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causal de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tiene plena certeza de que los actos reclamados resultan ciertos, lo que se reitera, conducirá al análisis de alguna causa de improcedencia y de no actualizarse alguna, es posible estudiar el asunto de fondo. Apoya esta consideración la jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO.", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número, 76, Abril de 1994, Octava Época, página sesenta y ocho. La Magistrada de la Sala Regional Acapulco I, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, reconoció, la existencia del acto reclamado, de modo que ello constituye una confesión de conformidad con el artículo 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Lo anterior, pues así lo aceptó expresamente la referida autoridad al rendir su informe justificado, por lo que debe acogerse positivamente la manifestación de su existencia. Al respecto, encuentra aplicación el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.", visible en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Quinta Época, Materia Común, página ochocientos treinta. Pero además, la certeza del acto se desprende del duplicado del expediente TJA/SRA/I/267/2022, remitido como complemento al informe justificado, en el que obra el proveído de siete de junio de dos mil veintidós, de cuyo contenido se aprecia que dicho ente autoritario emitió el proveído que se le atribuye. En ese tenor, como a las constancias remitidas por la autoridad responsable, le reviste el carácter de documentales públicas con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo segundo; y concatenación con la aceptación expresa de la autoridad responsable, es decir, concluir que el acto reclamado en esta instancia constitucional es cierto. Al respecto, se cita la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.", visible en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Materia Común, Tomo VI, página ciento cincuenta y tres. SEXTO. Causales de improcedencia. En la especie, no existe causal de improcedencia que haya hecho valer alguna de las partes o que de oficio observe este Juzgado Federal, atento al imperativo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, por lo que se procede a examinar la constitucionalidad del acto reclamado. SÉPTIMO. Antecedentes. A fin de tener un panorama claro del asunto, conviene tomar en consideración que de las constancias que aportó junto con su informe justificado la responsable, se aprecia que: i) Por escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil veintidós, ante la Sala Regional Chilpancingo, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Carolina Tlahuancapan Hernández, demandó la nulidad lisa y llana de resolución de seis de noviembre de dos mil diecinueve, emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal del Estado de Guerrero, entre otras pretensiones (fojas 1 a 23 del tomo I de pruebas). ii) Mediante acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintidós, el Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, declaró carecer de competencia por razón de territorio, en relación con la demanda intentada por la aquí quejosa, proveído que en lo que aquí interesa, es del tenor siguiente: "Chilpancingo, Guerrero, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de fecha cinco de abril de dos mil veintidós, y anexos, presentados en esta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el día dieciocho de abril del año en curso, suscrito por la C. CAROLINA TLAHUANCAPAN HERNÁNDEZ, quien promueve por propio derecho, contra actos y autoridades que se precisan en la demanda con que da cuenta la Secretaría, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 3, 4, 26, 28 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 467; 1, 3, 4, 5, 45, 49, 51, 52, 57 y 58 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763; así como en lo dispuesto por el artículo 6 del Reglamento Interno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, regístrese en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número TJA/SRCH/049/2022, que por orden legal le corresponde y fórmese expediente por duplicado; ahora bien y toda vez que del análisis de la demanda se desprende que en el capítulo "CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN inciso a) refiere: "Toda vez que, para cumplir con el requisito de circunstanciación, era necesario que el notificador asentara en el acta relativa datos que objetivamente permitan concluir que practicó la diligencia en mi domicilio residencial en el inmueble ubicado en calle Francisco I Mdro Número 4, de la colonia 20 de noviembre de la ciudad de Acapulco, Guerrero (...)" por lo que de acuerdo al artículo 49 del código de la materia, el cual establece que la demanda deberá formularse directamente ante la Sala Regional correspondiente al domicilio particular del actor, que en el presente caso se entiende que es el ubicado en Acapulco, Guerrero, máxime que de la presente demanda no se desprende que su domicilio particular se ubique en la sede de esta Sala Regional, no obstante, que en el escrito de cuenta señalan domicilio procesal para oír y recibir notificaciones en esta ciudad capital, para efectos de presentación de demandas, debe tomarse en cuenta el domicilio particular donde viven, radiquen o tengan el principal asiento de sus actividades o negocios, por lo tanto, en congruencia con lo dispuesto por el artículo 20 fracción del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, y en razón de que la Ciudad de Acapulco, pertenece a la jurisdicción de la Salas Regionales Acapulco I y II, con fundamento en el artículo 172 del código de la materia, esta Sala regional se declara incompetente por razón de territorio para conocer del presente asunto, y se ordena remitir la demanda a la Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, que es a juicio de esta Sala la legalmente competente; .", (foja 47 del tomo de pruebas). iii) En proveído de siete de junio de dos mil veintidós, la Magistrada de la Sala Regional Acapulco I, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, aceptó la competencia declinada a su favor, al tenor siguiente; "Acapulco, Guerrero, a siete de junio de dos mil veintidós. Por recibido en esta fecha el oficio número 0498/2022, del treinta de mayo de dos mil veintidós, signado por el ciudadano licenciado VÍCTOR ARELLANO APARICIO Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, por el que remite el expediente número TJA/SRCH/049/2022 y se declara incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda promovida por la ciudadana CAROLINA TLAHUANCAPAN HERNÁNDEZ y el escrito de fecha veintiséis de mayo de dos mil veintidós, al respecto la Sala acuerda: Con fundamento en el artículo 173 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 763, se acepta la competencia de la demanda propuesta y con apoyo en el artículo 20 fracción I del Reglamento Interior de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero; Artículos 1, 3, 4, 5, 6, 45, 47, 49, 51, 52, 57, 58 y demás relativos y aplicables del Código de la materia, y los artículos 27, 28 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa número 467, se admite la demanda, regístrese en el libro de gobierno bajo el número TJA/SRA/1/267/2022, que por turno le corresponde, fórmese expediente por duplicado y con las copias simples de la demanda córrase traslado a las autoridades denominadas CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICÍA ESTATAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO Y SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, para que la contesten dentro del término de diez días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de este proveído, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se les tendrá por confesados los hechos planteados en la demanda, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 64 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 763, por ofrecidas las pruebas, precisando que son exhibidas en copias fotostáticas, las que no surtirán efecto alguno, si antes de que se dicte sentencia en el presente asunto, no las exhibe con los requisitos necesarios; pruebas sobre las que se proveerán en la audiencia de ley; En relación al escrito de la ciudadana CAROLINA TLAHUANCAPAN HERNÁNDEZ, con fundamento en el artículo 47 del Código de la materia, por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Quebrada número 39, segundo piso, despacho 6, centro de esta Ciudad y Puerto, por autorizados a la licenciada JANET GARIBAY HERNÁNDEZ y licenciados RONY OSVALDO OZUNA ÁVILA, ALBERTINO CASTRO SANTIAGO Y CARLOS OMAR GONZALEZ RODRÍGUEZ, y por señalado como medio de contacto el correo electrónico osvald_ onemaster@hotmail.com.- NOTIFIQUESE EN TÉRMINOS DE LEY. (.)," (foja 98 del tomo de pruebas). El anterior proveído es el acto reclamado en la presente instancia constitucional. OCTAVO. Estudio de los conceptos de violación. Al no existir causal de improcedencia que las partes hagan valer o que se advierta de oficio, procede el estudio de los conceptos de violación y para ello, no es necesario trascribirlos, al no existir obligación legal de hacerlo, como así se estableció en la jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página ochocientos treinta. La parte quejosa hace valer los conceptos de violación siguientes: Que el auto de siete de junio de dos mil veintidós, emitido por la Magistrada responsable, transgredió en su perjuicio los derechos fundamentales establecidos en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque debió conocer del asunto el Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo, dado que fue quien inicialmente previno de la demanda de nulidad. Que es competente por razón de territorio, el juzgador del lugar en el que se empezó a ejecutar el acto reclamado. Que el artículo 17 Constitucional, tutela la pronta impartición de justicia, y en casos como el que aquí combate, ante la falta de datos que hagan aplicable otra regla específica, es posible, incluso por igualdad de razones, acudir al criterio de prevención inicial, como forma alternativa de resolver el conflicto, por lo que debe designarse al Tribunal que previno para conocer del asunto a fin de evitar la gestión de conflictos competenciales innecesarios que redundan en perjuicio de la pronta y expedita administración de justicia. Que la resolución impugnada emitida por el Consejo de Honor y Justicia, fue ejecutada a través de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado y de la Dirección General de Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quienes tienen su residencia oficial en las oficinas del poder ejecutivo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero. Los conceptos de violación propuestos son infundados, por las consideraciones siguientes. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece a favor de los particulares el derecho de acceso a la jurisdicción, el cual dispone: "Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." En ese sentido, aun cuando todos los órganos dotados de jurisdicción están expeditos para administrar justicia, cada uno de ellos tiene atribuidas, de manera precisa, una serie de facultades que le permiten avocarse tan sólo a determinado tipo de negocios, circunstancia que procesalmente lo convierte en el órgano jurisdiccional competente en un caso concreto. De esta forma surge la denominada competencia objetiva, entendida como el límite y medida de la jurisdicción. Ahora, los presupuestos procesales hacen referencia a todas las condiciones formales previas a las que está obligado el órgano con funciones materialmente jurisdiccionales para resolver las controversias mediante la voluntad de la ley. De entre los presupuestos procesales del órgano jurisdiccional se tiene a la jurisdicción y a la competencia, a su vez, clasificada por territorio, materia, cuantía, grado y turno. De ahí que la jurisdicción abarca un concepto más global relativo a la impartición de justicia y, por su parte, la competencia obedece a razones más específicas de distribución de la tarea de juzgamiento entre los diversos órganos judiciales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado las figuras anteriores como competencia constitucional y jurisdiccional, señalando que, por la primera, debe entenderse la capacidad que, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos de la Carta Federal, corresponde a un tribunal de determinado fuero, para juzgar sobre determinadas materias; y por competencia jurisdiccional, la capacidad de un órgano, parte integrante de un tribunal, para conocer, con exclusión de los demás órganos que dependen de ese tribunal, y de tribunales del mismo fuero, de un asunto determinado. En otras palabras, estableció que la competencia constitucional es la capacidad exclusiva de los tribunales de un determinado fuero, para conocer un asunto; mientras que en la competencia jurisdiccional, los diversos órganos que integran los tribunales de ese fuero tienen capacidad para conocer del negocio y, sólo por razones de técnica jurídica, se divide entre ellos la competencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 237027, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIAS CONSTITUCIONAL Y JURISDICCIONAL. Las facultades que un poder legislativo tiene para legislar, se entienden tácitamente concedidas al Poder Judicial respectivo para juzgar, de la aplicación de las leyes expedidas por ese poder y la medida de la competencia constitucional de un determinado tribunal, se determina, en principio, por la competencia legislativa de su correspondiente Poder Legislativo. Por eso resulta evidente la diferencia entre competencia constitucional y jurisdiccional, puesto que si un cierto Poder Judicial no tiene competencia constitucional para determinado asunto, todos los órganos jurisdiccionales que lo componen también carecen de ella; en cambio, si ese Poder Judicial tiene la competencia constitucional, la tendrán absolutamente todos los órganos que lo componen. Ahora, independientemente de la competencia constitucional, un órgano determinado de cierto poder judicial puede no tener competencia jurisdiccional para algún caso, que corresponda a otro órgano de ese mismo Poder Judicial. Asimismo, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 236906, de rubro y texto siguientes "COMPETENCIA CONSTITUCIONAL Y JURISDICCIONAL. DIFERENCIAS. Existen precedentes en esta Suprema Corte señalando como diferencia entre la competencia constitucional y la jurisdiccional, que aquélla es la capacidad de un tribunal de determinado fuero para juzgar de ciertas materias y la jurisdiccional es también la capacidad de un determinado órgano perteneciente a un tribunal, para intervenir en ciertos asuntos en forma exclusiva, y así, la carencia de la primera tiene por consecuencia que ningún órgano del tribunal puede intervenir, y la segunda, que el asunto debe juzgarse, no por el órgano jurisdiccionalmente incompetente, sino por el que está capacitado para ello, perteneciente al mismo tribunal." Por otra parte, el artículo 16 constitucional dispone: "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo". De ahí que la competencia es parte del derecho fundamental de legalidad, por lo que debe estar señalada en la ley, constituyendo así la suma de facultades que la ley da a determinada autoridad para ejercer ciertas atribuciones. Tomando en cuenta lo anterior y trasladándolo al derecho procesal, la competencia es la suma de facultades que la ley da al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios. De manera tal que el órgano encargado de administrar justicia, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional; sin embargo, no puede ejercerla para resolver cualquier tipo de conflictos, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en los que es legalmente competente. Apoya a lo anterior, la tesis de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 322480, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA, NATURALEZA DE LA. La materia de competencia es de índole procesal y por tanto, es de orden público y debe recibir aplicación inmediata en los asuntos de trámite, sin que ello signifique retroactividad en perjuicio de la persona interesada". Asimismo, la tesis de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo LXX, página 3814, del texto siguiente: "COMPETENCIA JURISDICCIONAL. Es principio elemental en derecho procesal, que la jurisdicción la da la ley y no las partes, de suerte que, colocada en la categoría de presupuesto de procedimiento, adquiere la entidad de una institución de derecho público, y por ello tanto los códigos de procedimientos civiles del Distrito y Territorios Federales, como las leyes procesales de los Estados y aun la misma Ley Federal del Trabajo, consignan la prevención de que en cualquier estado del procedimiento, pueda declararse la incompetencia, para el efecto de que el litigio o el conflicto, se decidan por las autoridades a quienes correspondan". Los artículos 3, 49, y 173, Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 763, y el diverso 28, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero Número 467, prevén en ese orden, lo siguiente: "Artículo 3. Las salas del Tribunal conocerán de los asuntos que les señale la Ley Orgánica. La competencia por razón del territorio será fijada por la Sala Superior del Tribunal. (.) Artículo 49. La demanda deberá formularse por escrito y presentarse directamente ante la Sala Regional correspondiente al domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por correo certificado con acuse de recibo cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá hacerse dentro de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que se reclame, o el día en que se tenga conocimiento del mismo o se ostente sabedor del mismo, con las excepciones siguientes: (.) Artículo 173. Recibido el expediente por la sala requerida, decidirá de plano dentro de los tres días hábiles siguientes si acepta o no su competencia; si la acepta, notificará su resolución a la requirente, a las partes y a la Sala Superior; el mismo procedimiento seguirá en caso de no aceptarla y remitirá los autos a la Sala Superior. Artículo 28. Las Salas Regionales conocerán por razón del territorio de los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades demandadas." De las porciones normativas trascritas se advierte, que las Salas conocerán de los asuntos que les señala la Ley Orgánica, la competencia por razón del territorio será fijada por la Sala Superior del Tribunal; asimismo, que la demanda deberá formularse por escrito y presentarse directamente ante la Sala Regional correspondiente al domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por correo certificado con acuse de recibo cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede de la Sala; y, recibido el expediente por la Sala requerida, decidirá de plano dentro de los tres días hábiles siguientes si acepta o no su competencia, si la acepta, notificara su resolución a la requirente, a las partes y a la Sala Superior, mismo procedimiento se seguirá en caso de no aceptarla. Asimismo, el artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, establece que las Salas Regionales conocerán por razón de territorio de los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades demandadas En el caso, la autoridad responsable en el auto reclamado de siete de junio de dos mil veintidós, sustancialmente, con sustento, entre otros en los preceptos citados, aceptó la competencia que le fue declinada por el Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el expediente TJA/SRCH/049/2022, de ese índice, por advertir, en los conceptos de impugnación de la demanda presentada Carolina Tlahuancapan Hernández, que su domicilio residencial era el ubicado en calle "Francisco I Mdro Número 4, de la colonia 20 de noviembre de la ciudad de Acapulco, Guerrero", y destacó que de conformidad con el artículo 49 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 763, la demanda debía formularse directamente ante la Sala Regional correspondiente al domicilio particular del actor, concluyendo que era el que proporcionó la propia actora ubicado en Acapulco, Guerrero. Determinación que se estima apegada a derecho. Ello, toda vez que del análisis de las constancias que obran en autos, se desprende que la aquí quejosa, en el escrito de demanda, mediante la cual impugnó la resolución de seis de diciembre de dos mil diecinueve, emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, en los conceptos de impugnación, Primero, inciso a), segundo párrafo, manifestó lo siguiente: "(.) Toda vez que, para cumplir con el requisito de circunstanciación, era necesario que el notificador asentara en el acta relativa datos que objetivamente permitan concluir que práctico la diligencia en mi domicilio residencial en el inmueble ubicado en calle Francisco I Madro Número 4, de la colonia 20 de noviembre, de la ciudad de Acapulco, Guerrero,.", (foja 3 del tomo de pruebas). Con base en ello, se considera correcta la determinación de la Sala regional responsable, que aceptó la competencia que le fue declinada, por su homologo, con residencia en la ciudad de Chilpancingo, aplicó correctamente lo establecido en el artículo 49 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en la parte que expresamente señala que la demanda deberá formularse por escrito y presentarse ante la Sala Regional correspondiente al domicilio del actor. En efecto, en principio, debe decirse que la competencia es un presupuesto procesal que tiene el carácter de orden público, porque las leyes procesales expresamente ordenan cuál es la competencia para conocer de cada acción, y es una condición necesaria para la regularidad del desarrollo del proceso, y es insubsanable, ya que sin ella no puede dictarse válidamente sentencia de fondo sobre la pretensión litigiosa. Y, en el caso, la autoridad responsable advirtió de las manifestaciones que realizó la actora en el escrito inicial de demanda, que su domicilio particular, se encontraba en la ciudad de Acapulco, de ahí que ante disposición expresa del artículo 49 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, aceptó la competencia declinada en su favor por su homólogo de la Sala Regional Chilpancingo. De ahí que, contrario a lo que argumenta la parte quejosa, ante la falta de datos que hagan aplicable otra regla específica, fue correcto que se declinara competencia a la autoridad responsable y que ésta la aceptara en cumplimiento a la disposición expresa que existe en la legislación administrativa local, en la que se dispone que la competencia por razón de territorio se determina con base en el domicilio particular del actor. En esa línea, se insiste, se comparten los razonamientos expuestos por la Sala responsable, dado que en el escrito de demanda, mediante la cual la -aquí quejosa-impugnó la resolución de seis de diciembre de dos mil diecinueve, emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, en los conceptos de impugnación, Primero, inciso a), segundo párrafo, manifestó que se practicó una diligencia en su domicilio residencial, en el inmueble ubicado en calle Francisco I Madero Número 4, de la colonia 20 de noviembre, de esta ciudad (foja 3 del tomo de pruebas). Orienta a lo anterior, por las razones jurídicas que al contiene la tesis I.7o.A.511 A, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro digital 172808, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL HECHO DE QUE UN PARTICULAR ACUDA VOLUNTARIAMENTE CON UNA SOLICITUD ANTE ALGUNA QUE CAREZCA DE ELLA, NO IMPLICA SUMISIÓN TÁCITA, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. En asuntos de naturaleza administrativa rige el principio de legalidad según el cual el poder público únicamente puede actuar de conformidad con las facultades que específicamente tiene encomendadas y, por tanto, el fundamento de la competencia por territorio constituye un elemento esencial del acto de autoridad cuyo incumplimiento puede ser impugnado por los particulares en el momento en que les produzca algún agravio. En esa tesitura, cuando el particular acude voluntariamente ante una autoridad administrativa que no corresponde al ámbito territorial de su domicilio para que resuelva una petición, instancia o recurso, no se actualiza la figura jurídica de la sumisión tácita regulada por el artículo 23 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que de ser así, se crearía un estado de inseguridad jurídica para el particular porque en esa hipótesis se convalidarían actos viciados en su origen al provenir de autoridades incompetentes o que no tengan adecuadamente fundada su competencia territorial, con lo cual se contravendría el artículo 16 constitucional." Dadas las razones expuestas, se corrobora que la resolución reclamada cumple con el requisito formal de fundamentación, motivación y congruencia, toda vez que la Sala responsable citó los dispositivos jurídicos que le sirvieron de apoyo, refirió las circunstancias propias del caso, consideradas para establecer la adecuación de los preceptos legales al caso concreto, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo, como en el caso ocurrió, los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado. En consecuencia, al no advertirse violación manifiesta de los artículos 1, 14, 16 y 17, constitucionales en contra de la solicitante del amparo, que actualizara la suplencia de la queja, es inconcuso que se satisfizo lo establecido en jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 815374, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN." De ahí que los conceptos de violación analizados son infundados. Finalmente, debe resaltarse, que si bien es cierto los artículos 1° y 17 constitucionales consagran el principio pro persona y el derecho humano de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita) también lo es que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Primera Sala, lo ha definido como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso se ejecute dicha decisión. Consideraciones jurídicas, que se encuentran contenidas en la Jurisprudencia 1a./J. 42/2007, sustentada por la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 172759, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES." Sin embargo, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver las cuestiones planteadas por los gobernados de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno al principio pro persona puede ser constitutivo de "derechos" alegados a dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2004748, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES." En las condiciones expuestas, ante lo infundado de los conceptos de violación planteados por *****, se impone negar el amparo y la protección que de la Justicia de la Unión solicitó. Por lo expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, 74, 75 y 217, de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la unión no ampara ni protege a *****, contra el acto que reclama de la de la Magistrada de la Sala Regional Acapulco I, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, consistente en el proveído de siete de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente TJA/SRA/I/267/2022, por los motivos precisados en el considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, hasta el día de hoy veintitrés de enero de dos mil veintitrés, día en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistida por Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe

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