Carolina Rayo Álvarez
Expediente 495/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 23 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 495/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 07/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Carolina Rayo Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Incidental
Acapulco de Juárez, Guerrero; siete de abril de dos mil veintiuno. Visto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°; agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, la copia simple del proveído de esta misma fecha dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno incidental, tal y como esta ordenado en dicho auto. Ahora bien, en relación al original del cuaderno incidental que deriva del presente, en términos del artículo 21, inciso C) del invocado cuerpo normativo, es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que en la especie se NEGÓ la suspensión provisional y definitiva; en consecuencia, transcurrido el periodo de conservación de tres años descrito en líneas precedentes, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción previa formulación del acta y relación correspondiente. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión respectivo; con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo aludido, se declara que es susceptible de destrucción. Atento a lo ordenado en el artículo 35 del referido acuerdo, hágase las anotaciones respectivas en las carátulas del incidente de suspensión en que se actúa. Cúmplase.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; siete de abril de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial de cuenta y del estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de quince de febrero del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro CESAR BARAJAS GARCÍA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a3.ef 25/09/21 13:15:57 de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; déjese por separado el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo de que se trata. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en los artículos 21, inciso a), y 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, tanto el expediente principal, como el duplicado del incidente de suspensión correspondiente al presente juicio de amparo, son susceptibles de destrucción; por tanto, el duplicado una vez que transcurra el término de seis meses y el expediente principal, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo. Este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. En relación al original del cuaderno incidental que deriva del presente, en términos del artículo 21, inciso C) del ?????? invocado cuerpo normativo, es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que en la especie se NEGÓ la suspensión provisional y definitiva; en consecuencia, transcurrido el periodo de conservación de tres años descrito en líneas precedentes, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción previa formulación del acta y relación correspondiente. Agréguese copia simple del presente proveído a los cuadernos del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo de que se trata. Notifíquese.
- Principal
AVISO. SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA DEL 15 DE FEBRERO DE 2021, QUE DICE: ... V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 495/2020, promovido por ****, por propio derecho, contra el acto que reclama de los Agentes del Ministerio Público de la Agencia del Fuero Común Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, con residencia en esta ciudad; y otras. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, ***, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: AUTORIDADES RESPONSABLES: Ordenadoras 1. EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR, DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN ESPECIALIZADO, EN DELITOS SEXUALES Y VIOLENCIA FAMILIAR. 2. EL AGENTE AUXILIAR DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN ESPECIALIZADO, EN DELITOS SEXUALES Y VIOLENCIA FAMILIAR. Ejecutoras 1. PRESIDENTA DEL PATRONO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF ACAPULCO). 2. TITULAR RESPONSABLE DE LA CASA HOGAR DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO "VILLA DE LAS NIÑAS." ACTOS RECLAMADOS: A.- DE LA ORDENADORA SE RECLAMA: LA ILEGAL ORDEN DADA, A LA AUTORIDAD EJECUTORA PARA ENTREGAR A MI MENOR HIJA KIMBERLY NICOLE PORTILLO RAYO, AL SEÑOR JOSE LUIS PORTILLO GUTIERREZ, CUYA FECHA DESCONOZCO Y LOS DEMÁS EFECTOS QUE PRODUZCAN O PUEDAN PRODUCIR ESA ILEGAL ACTUACIÓN, PUESTO QUE JAMÁS SE ME NOTIFICO TAL SITUACION. SOLO ME ENTERE POR QUE JOSE LUIS PORTILLO GUTIERREZ, PADRE BIOLOGICO DE MI HIJA, EL DÍA DE AYER JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, LO ENCONTRE EN LA CALLE Y ME DIJO QUE YA LE HABÍAN ENTREGADO A MI HIJA Y QUE LA TENIA EN SU DOMICILIO PARTICULAR. POR ELLO MANIFIESTO QUE LAS RESPONSABLES NUNCA ME NOTIFICARON, QUE ENTREGARIAN A MI HIJA A JOSE LUIS PORTILLO GUTIERREZ, AUN CUANDO SABEN QUE SOY LA MADRE DICHA MENOR, POR QUE TIENEN MI DIRECCION Y MI TELÉFONO, YA QUE SE LOS PROPORCIONE El DIA DOS DE MARZO DEL ACTUAL, POR QUE SIN QUE SE MANDARA A LLAMAR LA RESPONSABLE ORDENADORA, ACUDI ANTE ELLA A SOLICITAR ME ENTREGARA A MI MENOR HIJA KIMBERLY NICOLE PORTILLO RAYO, YA QUE CON FECHA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2020, MI MADRE LA SENORA MA. DEL REFUGIO ÁLVAREZ CHAVEZ ME QUITO A MI HIJA CON ELEMENTOS DE LA POLICIA MINISTERIAL, ARGUMENTANDO QUE ELLA TENIA LA GUARDA Y CUSTODIA DE MI HIJA KIMBERLY NICOLE PORTILLO RAYO. POR ELLO REITERO A SU SENORÍA, QUE RECIBI DOCUMENTACIÓN ALGUNA POR LA CUAL SE ME HAYA LLAMADO LEGALMENTE AL JUICIO, PARA LA ENTREGA DE MI MENOR HIJA, POR LO QUE UNA VEZ QUE LA ORDENADORA RINDA SU INFORME PREVIO Y/O JUSTIFICADO ESTARE EN APTITUD DE SENALAR LA FECHA DE ESA ILEGAL RESOLUCION. ANTE ESTA SITUACIÓN SE LE RUEGA A SU SEÑORÍA QUE A PARTIR DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA, SE LE ORDENE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE ME PERMITA IMPONERME DE LOS AUTOS, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE PREPARAR LAS PRUEBAS Y ACREDITAR LOS ACTOS RECLAMADOS, ESTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 121 DE LA LEY DE AMPARO, Y SIN COSTO ALGUNO SE ME EXPIDA COPIA CERTIFICADA DE LOS MISMOS. SE RECLAMA CUALQUIER OTRO ACTO QUE CONSTE EN EL EXPEDIENTE REFERIDO, ASÍ COMO LOS EFECTOS QUE PRODUZCAN O PUDIEREN PRODUCIR LOS ACTOS RECLAMADOS. B.- DE LA EJECUTORA SE RECLAMA: El CUMPLIMIENTO DADO A LA ORDEN DE LA EJECUTORA, PARA ENTREGAR A MI MENOR HIJA KIMBERLY NICOLE PORTILLO RAYO, AL SEÑOR JOSE LUIS PORTILLO GUTIERREZ, Y TODOS LOS DEMÁS EFECTOS QUE PRODUZCAN O PUEDAN PRODUCIR ESA ILEGAL ACTUACIÓN". En cumplimiento a un requerimiento, mediante escrito presentado en este juzgado el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, la quejosa amplió su demanda, al señalar, en la parte que interesa, lo siguiente: "QUE SÍ ES MI DESEO, AMPLIAR LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO CITADA AL RUBRO, Y SEÑALO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE A SOFÍA MANZANAREZ PINEDA, PROCURADORA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO (DIF MUNICIPAL ACAPULCO); Y COMO ACTO RECLAMADO EL MEMORANDUM NÚMERO 6180, MEDIANTE EL CUAL INGRESÓ AL ALBERGUE INFANTIL "VILLA DE LAS NIÑAS", A MI HIJA KIMBERLY NICOLÉ PORTILLO RAYO; ASÍ COMO EL DIVERSO MEMORANDUM 7140 EN EL QUE SE ORDENA EL TRASLADO DE LA MENOR HIJA ANTES MENCIONADA, DE LA QUE SE COLIGE: (.) 5.- LA ENTREGA FÍSICA DE LA MENOR AL SR *****." SEGUNDO. Tramitación del juicio. Mediante auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual, quedó registrada con el número 495/2020; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que diferida en varias ocasiones, se llevó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, y 107 fracción IV, todos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a autoridades que residen dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.1 TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. En esa tesitura, del análisis al escrito inicial de demanda, así como de la ampliación que de ésta se hizo, se advierte que la parte quejosa reclama los actos siguientes: I. La orden y entrega de la menor de identidad reservada con iniciales K.N.P.R., a su progenitor ****; II. El memorandum número 6180, mediante el cual ingresó al albergue infantil "Villa de las Niñas", la menor de identidad reservada con iniciales ****; y, III. El memorandum número 7140, en el que se ordena el traslado de la menor a efecto de ser entregada al aquí tercero interesado****. CUARTO. Certeza de los actos. Por razón de método, en toda sentencia de amparo sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo el asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio sea procedente. Tiene aplicación, la Jurisprudencia número 10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, abril de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Es cierto el acto que se atribuye a los Agentes del Ministerio Público del Fuero Común Especializados en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, así como a la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Municipal Acapulco, todos con residencia en esta ciudad, toda vez que así lo aceptaron al rendir su informe con justificación; manifestación que no deviene aislada, sino que se corrobora con las documentales públicas que allegaron, mismas que merecen pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, de donde se desprende la existencia de los actos reclamados. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, visible a página 206, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Finalmente, la Presidenta del Patronato del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF ACAPULCO), y Coordinadora del Albergue Infantil "Villa de las Niñas" del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Acapulco de Juárez, Guerrero (DIF Municipal Acapulco), residentes en este puerto, negaron los actos reclamados; sin embargo, la segunda de ellas, vierte diversas manifestaciones que evidencian su existencia, pues refiere que el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, recibió el memorándum 7140, suscrito por la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a través del cual se le solicitó presentar a la menor de identidad reservada de iniciales K. N. P. R., a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con la finalidad de ser entregada a su progenitor José Luis Portillo Gutiérrez; por tanto, se tienen por ciertos los actos que se les reprochan. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIV, Julio de 1994, correspondiente a la Octava Época, cuyo rubro es: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." QUINTO. Causales de improcedencia. Una vez que ha sido demostrada la certeza de los actos reclamados, previo al estudio de la materia de fondo, se procede al examen de las causales de improcedencia alegadas por las partes o que pudiesen apreciarse en forma oficiosa, por tratarse de una cuestión de orden público cuyo estudio es preferente, según lo dispone el artículo 62, de la Ley de Amparo, así como la Jurisprudencia 5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 222780, cuyo rubro señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." En ese entendido, de manera oficiosa, este juzgador advierte que en relación al acto reclamado enunciado con el número II, consistente en el memorandum número 6180, mediante el cual ingresó al albergue infantil "Villa de las Niñas", la menor de identidad reservada con iniciales****, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de manera irreparable; (.)". El concepto de "actos consumados de modo irreparable" que conforme a la doctrina debe entenderse como aquellos ejecutados por alguna autoridad, que dejan a la justicia de la unión en imposibilidad física y material para invalidarlos, por lo que no es dable restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado; ante estas características la Ley de Amparo, ha determinado que tratándose de esta clase de actos, el juicio de amparo es improcedente, pues dada la naturaleza de éstos, no podría cumplirse con la finalidad misma del amparo, que es restituirle al impetrante en el pleno goce de sus garantías violadas, volviendo las cosas al estado que guardaban hasta antes de la violación reclamada; como ejemplo de ello podemos citar, la privación de la vida, los golpes, la turtura, la restricción de la libertad de tránsito, de la libertad personal entre otras ilegalidades que, por sus efectos, aún de concederse el amparo en la práctica es imposible restituírsele en su goce al quejoso. Ilustra el tema de actos consumados de modo irreparable, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificable en la página 738, Tomo XXIX, Materia Común, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 337936, que textualmente los define así: "ACTOS IRREPARABLEMENTE CONSUMADOS. Por tales deben entenderse para la procedencia del amparo, aquellos cuyos efectos no es posible legalmente hacer desaparecer, volviendo las cosas a su estado anterior; y si los actos de las autoridades, aun cuando consumados, producen efectos que continúan manifestándose y que no son sino el resultado de aquéllos y que pueden desaparecer por la concesión del amparo, no hay causa para sobreseer." En el caso, el memorandum número 6180, mediante el cual ingresó al albergue infantil "Villa de las Niñas", la menor de identidad reservada con iniciales K.N.P.R, se consumó de manera irreparable; ello, al emitirse y ejecutarse el diverso memorandum 7140, en el cual, se ordenó el traslado o reingreso de la menor a fin de ser entregada al aquí tercero interesado José Luis Portillo Gutiérrez; esto es, la estadía de la que fue objeto la citada menor en el albergue "Villa de la Niñas", quedó consumada de modo irreparable, toda vez que ya se realizaron todos sus efectos y consecuencias; por tanto, ya no se puede restituir a la ahora quejosa al estado en que se encontraba antes de que ello aconteciera. Luego, en relación a los actos enunciados en los números I y III, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, del propio ordenamiento legal, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". El análisis de los preceptos invocados, orienta a materializar la improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. De ahí que sea necesario precisar qué se entiende por "ejecución irreparable", para efectos de la hipótesis legal señalada. La propia Ley de Amparo define qué debe entenderse por actos de imposible reparación, al señalar que son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El nuevo criterio general introducido por el constituyente, es que los actos tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, en modo tal que esa afectación no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata. Hay que recordar que en el caso que se analiza, la parte quejosa reclama la orden y entrega de la menor de identidad reservada (con iniciales ****), a ****; así como el memorandum 7140, por el que se ordena el traslado de la citada menor del albergue (Villa de las Niñas), a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con la finalidad de obedecer una indicación de los Agentes del Ministerio Público ordenadores y entregar a la menor al aludido progenitor; sin embargo, las circunstancias y/o actuaciones que comprenden la carpeta de investigación, autorizan concluir que en el particular, dichas determinaciones no afectan ningún derecho sustantivo que amerite la procedencia del juicio de amparo indirecto. Es así, pues el memorandum número 7140, además de no tener vida jurídica propia, sólo es una consecuencia directa de una orden emitida en una carpeta de investigación, en la que los Agentes del Ministerio Público de la Agencia del Fuero Común Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, autorizaron hacer entrega de la menor de identidad reservada (con iniciales K.N.P.R), a su progenitor José Luís Portillo Gutiérrez, mientras que la decisión de los fiscales, no lesiona derechos sustantivos, sino meramente adjetivos; y por ende, no materializa un acto de imposible reparación para efectos del juicio constitucional. Se explica: De las constancias allegadas al sumario, mismas que, como se adelantó, tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se observa que el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, en la carpeta de investigación 12030270101881091219, los Agentes del Ministerio Público del Fuero Común Especializados en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, ordenaron la entrega de la menor de identidad reservada (con iniciales ****), a su progenitor ****; sin embargo, también se lee que en la misma determinación, enfatizaron que dicha medida tiene el carácter de provisional; y que en caso de que una autoridad competente del orden familiar, determine lo contrario, el aquí tercero interesado deberá sujetarse al trámite respectivo, ya que como representación social, no están facultadas para emitir un pronunciamiento sobre la guarda y custodia de la menor. Importa señalar que las autoridades responsables, no emitieron pronunciamiento acerca de quién de los progenitores debe tener de manera definitiva la guardia y custodia de la infante, pues como ahí mismo se precisó, la medida adoptada únicamente tiene carácter provisional, ya que su vigencia está supeditada, en su caso, a lo que determine una autoridad competente en materia familiar; además, si se optó por ordenar el reingreso de la menor del albergue infantil, según se observa del cuerpo del acuerdo, fue debido a un tema de salud por la pandemia que el país atraviesa, así como al riesgo latente de que la menor fuera contagiada; luego, el hecho de que, de momento la balanza se haya inclinado hacia el progenitor, para que sea la persona que de manera momentánea, realice su custodia, no lesiona de manera directa derecho sustantivo alguno de la quejosa, pues además de que ello obedeció ante la duda de que la impetrante aún viva con quien presuntamente abusó sexualmente de su hija, es patente que, como se deduce del acto reclamado, tiene expedito su derecho para acudir ante la autoridad competente (juez familiar) a solicitar que de manera definitiva, le sea otorgada la guarda y custodia de la menor. En ese corolario, si los fiscales responsables, a petición del aquí tercero interesado José Luís Portillo Gutiérrez, decidieron dejar a su menor hija bajo su custodia, pero ello, se insiste, de manera provisional; y condicionado a lo que en su momento, determine un juez familiar, es evidente que, se reitera, la vía bi-instancial es improcedente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio constitucional. La anterior determinación (sobreseimiento), se hace extensiva al acto atribuido a la Presidenta del Patronato del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF ACAPULCO); y Coordinadora del Albergue Infantil "Villa de las Niñas" del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Acapulco de Juárez, Guerrero (DIF Municipal Acapulco), residentes en este puerto, en virtud de que no se reclaman por vicios propios, sino en vía de consecuencia, ello de conformidad con la jurisprudencia 231, publicada en la página 156 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Conviene recordar que en los supuestos en los que se actualice el sobreseimiento del juicio, se impide al Juez analizar los temas de fondo planteados en la litis constitucional, a la luz de la Jurisprudencia 58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 57, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 70, octubre de 1993, cuyo rubro y texto señalan: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, se hace la precisión que no se analizarán las manifestaciones que en vía de alegatos se hicieron valer, ya que éstos no forman parte de la litis, pues constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones. Robustece lo anterior, la Jurisprudencia 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, Tomo 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 205449, Octava Época, de rubro siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 61, fracciones XVI y XXIII, de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por ***, por propio derecho, contra los actos reclamados y las autoridades responsables indicadas en el resultando primero de esta sentencia, de conformidad con el considerando último de la misma. Notifíquese personalmente Así lo resolvió y firma Juan Manuel Acevedo Mejía, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, hasta hoy quince de febrero de dos mil veintiuno, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado, asistido por César Barajas García, Secretario de Juzgado quien da fe.
- Principal
... Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Vista; intégrense a las presentes actuaciones el acta de comparecencia, de veintiuno de enero actual, a través de la cual José David Saavedra García, Asesor Jurídico Federal adscrito al Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Guerrero, aceptó el cargo conferido como representante especial de la menor de identidad reservada ***. En esa tesitura, téngase al profesionista de mérito, aceptado el cargo de representante especial de la menor de identidad reservada ****., para los efectos legales conducentes. Sin que haya lugar a pronunciarse en relación al acceso al expediente electrónico que solicita, en virtud que en auto de dos de octubre de dos mil veinte se acordó lo conducente. Notifíquese. Lo proveyó y firma Juan Manuel Acevedo Mejía, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido de Rafael Ibarra Delgado, Secretario que autoriza. Doy fe....
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