Carolina Sánchez Murias

Expediente 324/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 15 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
324/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
29/11/2017

Partes del expediente

  • Carolina Sánchez Murias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones secretariales con las que se da cuenta, y atendiendo al estado procesal de autos, de los que se advierte que feneció el plazo de quince días conferido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto al proveído de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete , por el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que hayan hecho valer medio de impugnación alguno; en esa tesitura, toda vez que el presente expediente se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo definitivo del presente expediente judicial.

  2. Principal

    CITATORIO. Chetumal, Quintana Roo, veinticinco de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, de los cuales se advierte que la Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta ciudad, con residencia en esta ciudad, informó el cumplimiento al fallo protector; por lo que, en acuerdo de diez de octubre del presente año, se dio vista a las partes por el término de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Ahora, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, feneció el plazo de tres días concedido a las partes para que realizaran manifestación alguna en relación al cumplimiento dado a la sentencia de amparo que dio las responsables, por lo que procede pronunciarse de oficio al respecto, para lo cual se tiene consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, marzo de 2000, tomo XI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En ese contexto, se hace relación de los antecedentes correspondientes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo: El seis de septiembre de dos mil diecisiete, se dictó sentencia definitiva, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Carolina Sánchez Murias, en representación de su menor nieta *****, para que la Jueza Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, realice lo siguiente: "Deje insubsistente la diligencia de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, llevada a cabo en el juicio civil ordinario de pérdida de custodia 416/2016, de su índice, únicamente en lo relativo a la entrega de la menor *****; Reanude la diligencia en el momento inmediato posterior a las manifestaciones de la infante y de la agente del Ministerio Público de su adscripción y, previo a la entrega de la menor a su madre, con plenitud de jurisdicción y de manera fundada y motivada, se pronuncie respecto de tales exposiciones, lo que deberá realizar atendiendo al interés superior de la infante. En el entendido que, a fin de no alterar la estabilidad emocional de la menor *****, resulta innecesaria su presencia en dicha actuación; sin embargo, en caso de estimar que dicha infante debe comparecer nuevamente, resulta de imperiosa necesidad la presencia de personal del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, así como de la representación social de su adscripción. Concesión que se hace extensiva al Director del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, ya que sus actos no se reclaman por vicios propios, sino en vía de consecuencia." En proveído de dos de octubre de dos mil diecisiete, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el presente juicio, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo a las autoridades responsables. Por oficio 3616/2017 de seis de octubre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable Jueza Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo remitió copia certificada del auto de tres de octubre del año en curso, dictado dentro del expediente 416/2016, de su índice, en el que se advierte que deja insubsistente la diligencia de diecisiete de mayo del año actual, y señala fecha y hora para que tenga verificativo la reanudación de la diligencia de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete; así como las constancia de notificación a las partes de tal juicio; y la audiencia de seis de octubre de dos mil diecisiete, en la cual se llevó a cabo la reanudación de la diversa audiencia de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, de la que se advierte que tomó en consideración las manifestaciones de la menor quejosa y Fiscal del Ministerio Público de su adscripción, sin la presencia de ésta. Documentales a las que se le otorga valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fue expedida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones recién expuestas la jurisprudencia 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Quinta Época, que prevé: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, como en la sentencia de amparo se precisaron los efectos con los que la autoridad responsable podría restituir a la promovente de los derechos fundamentales violados, en términos del numeral 77 de la Ley de Amparo, de la documental aportada por la Jueza Familiar responsable se advierte que dentro del expediente 416/20016, el tres de octubre del año en curso, dictó un acuerdo en el que dejó insubsistente la diligencia de diecisiete de mayo del año actual y señaló fecha y hora para que tenga verificativo la reanudación de la diligencia de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete; notificando a las partes de tal auto. Luego, el seis de octubre de dos mil diecisiete, la Juez responsable llevó a cabo la reanudación de la audiencia de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, de la que se advierte que sin la presencia de la infante y atendiendo al interés del menor, tomó en consideración las manifestaciones realizadas por ésta y Fiscal del Ministerio Público de su adscripción, pronunciándose de manera y fundada respecto a dichos señalamientos, acto se reclamó en este expediente. En ese contexto, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo al satisfacer sus efectos y, con ello, restituyendo a la parte quejosa en el derecho fundamental contemplado en artículo 17 constitucional, que le había sido vulnerado. Luego, este órgano jurisdiccional estima que la autoridad responsable siguió los lineamientos establecidos en el fallo protector y, por tal motivo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la ley de la materia. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que la parte quejosa, manifestara su inconformidad con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, en el sentido de que no contempló el interés superior de la menor *****, y fue entregada a la aquí tercera interesada Olga Cecilia Flores Mak, ello en función de que la juez responsable hizo entrega a esta última de la referida infante con base en las manifestaciones de la diversas menores ***** y *****; la prueba psicológica de la menor quejosa; el informe pericial en el que se estableció que los progenitores son aptos para tener la custodia de los menores y los estudios socioeconómicos realizados a Olga Cecilia Flores Mak, circunstancias que fueron ponderadas por la autoridad judicial responsable en atención al interés superior de la menor, de ahí que no tenga razón la quejosa. Ahora, respecto a las manifestaciones en relación a lo siguiente: "ya que por encima de las formalidades del proceso se encuentra lo que más le conviene a la menor, esta autoridad es conocedora de las pruebas que obra en el informe justificado y podrá advertir que la responsable al referirse que otorgó la custodia provisional a la madre de las menores dentro de los autos del expediente 501/2015, es esa fecha la quejosa tenía en su poder a la menor de referencia ya que fue sustraída de mi custodia siendo las 14.00 horas del día 25 de marzo del año 2016, como se advierte del hecho marcado con el número 8 de la demanda inicial dentro de los autos del expediente 416/2016 y del expediente 501/2015 el cual es anterior y fueron acumulados y cabe resaltar que de este último expediente no es parte la quejosa, en donde la tercera interesada Olga Cecilia Flores Mak, demando la custodia en contra del progenitor a sabiendas que las quejosa tenía a su menor hija es que demando (...)". Lo transcrito son argumentos inatendibles, toda vez que dichos señalamientos son encaminados a controvertir situaciones que no tienen relación con el cumplimiento de la ejecutoria, pues la concesión del amparo fue para que reanudara la diligencia en el momento inmediato posterior a las manifestaciones de la infante y de la Agente del Ministerio Público de su adscripción y, previo a la entrega de la menor a su madre, con plenitud de jurisdicción y de manera fundada y motivada, se pronunciara respecto de tales exposiciones, atendiendo al interés superior de la infante, lo que ya aconteció. Máxime que la sentencia de amparo de ninguna manera se estableció que la citada menor debía ser entregada a alguna persona en particular, sino que, se insiste, únicamente se tomara en consideración las manifestaciones de la menor quejosa y de la Fiscal del Ministerio Público a fin establecer con quien debía de permanecer la referida infante, y se resolviera, con libertad de jurisdicción, lo que en derecho correspondía. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a las partes por el término de quince días a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el párrafo cuarto del numeral 196 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    CITATORIO y AVISOS. Chetumal, Quintana Roo, diez de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta signado por la Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta ciudad, mediante el cual, informa lo conducente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en ese asunto; lo que hace del conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En ese orden, dése vista a las partes por el término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno, se resolverá respecto al cumplimiento de la ejecutoria con los datos aportados por la autoridad responsable; lo anterior, de conformidad con el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2ª./J.9/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366, Octubre 2001, tomo XIV, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. Del contenido de las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con relación al sistema legal sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras aquél no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a saber: que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitirá resolución en términos de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con los que se cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario de Circuito o el Tribunal Colegiado de Circuito, dictarán un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidan si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirán el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelven que la sentencia de amparo se cumplió, deberán ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito, del Tribunal Unitario de Circuito o del Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar; en este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia." Asimismo, la tesis de jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Marzo 2000, tomo XI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."

  4. Principal

    Visto el contenido de la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo que el artículo 86 de la Ley de Amparo concede para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el seis de septiembre de dos mil dieciséis, en el presente juicio sin que las partes hayan hecho valer dicho medio de impugnación; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA EJECUTORIADA, para todos los efectos legales. Así, toda vez que en la aludida sentencia, por un parte se sobreseyó y por la otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que se le notifique el presente proveído, cumpla con la sentencia de amparo. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa para iniciar el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto y su consignación. En la inteligencia que de acuerdo con el artículo 193, segundo y tercer párrafo, de la legislación en consulta, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo, así como si las autoridades responsables demuestran y hacen del conocimiento de este Juzgado, con la debida oportunidad, que la ejecutoria concesoria de amparo está en vías de cumplimiento o justifican la causa del retraso, este órgano de control constitucional podrá ampliar el plazo por una sola ocasión, subsistiendo desde luego, los apercibimientos decretados con antelación y a que se contrae el citado artículo 192 de la Ley de la materia.

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