Carmita Velázquez Morales

Expediente 1077/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1077/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
24/12/2019

Partes del expediente

  • Carmita Velázquez Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, suscrito por los quejosos ****, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del auto dictado el once de diciembre del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en turno, con sede en Cancún, Quintana Roo, por conducto de la empresa de mensajería que presta sus servicios a este Juzgado de Distrito el original del escrito de agravios, así como una copia de este último, a fin de que de considerarlo necesario el Tribunal de Alzada corra traslado al agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. Asimismo, ríndase el informe relativo a la materia de la queja, en la que se manifieste a la Superioridad que es cierto el acto impugnado, toda vez que este Juzgado Federal, el once de diciembre de dos mil diecinueve en autos del juicio de amparo en el que se actúa, dictó un acuerdo en el que desechó de plano la demanda de amparo promovida por ***. También, deberá acompañarse al citado informe copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio, en el que obra el acuerdo impugnado. Por lo antes expuesto, una vez que se notifique por lista el presente proveído, sin previo acuerdo, intégrense las constancias que este Juzgado estimó para la substanciación del recurso, a fin que sean remitidas a la Superioridad que conocerá del asunto.

  2. Principal

    (AVISO-CITATORIO)Se tiene por recibido el oficio de cuenta firmado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, mediante el cual comunica a este órgano jurisdiccional el contenido del proveído de tres de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo directo 674/2019 de su estadística, del cual se advierte que la Superioridad declaró su incompetencia legal para conocer de la demanda de amparo. Al oficio de mérito se acompañan las constancias siguientes: Original del juicio de amparo directo 674/2019; Juicio ejecutivo mercantil 27/2013 del índice del Juzgado Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo (un tomo). Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, del contenido del original del juicio de amparo directo 674/2019, se desprende que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, ello, con fundamento en el artículo 45 de la Ley Amparo. En ese orden, en términos del artículo 45 invocado este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, se avoca al conocimiento del juicio de amparo promovido por ***, contra un acto que atribuyen al Juez Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo; regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 1077/2019. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Por tanto, es necesario precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Cabe destacar que el presente estudio se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda, atento a las siguientes consideraciones. Los promoventes señalaron como acto reclamado el siguiente: El procedimiento de ejecución efectuado en el juicio ejecutivo mercantil 27/2013, del índice del Juzgado Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo. Precisado lo anterior, el suscrito juzgador considera que con relación al acto reclamado en este juicio de derechos fundamentales, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación al 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En efecto, los preceptos mencionados son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.)XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; De los preceptos normativos reproducidos, en lo que interesa, se obtiene que el juicio constitucional es improcedente cuando se actualice alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo o, en su caso, que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución General de la República o de la propia legislación. Bajo esa premisa, se debe acotar que el artículo 107 de la citada legislación regula diversos supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, entre las que destaca la posibilidad de acudir al juicio constitucional reclamando actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Asimismo, la norma precitada prevé que el juicio biinstancial será procedente contra actos dictados después de concluido el juicio, ello, con la finalidad de proteger a las partes del juicio natural cuando la resolución se haya elevado a cosa juzgada. A su vez dichos actos se pueden dividir en: a) Actos que gozan de autonomía con relación a la ejecución de la sentencia; y b) Actos dictados en ejecución de la misma. Por lo que hace a la primera clase de actos, son aquellos que cuentan con autonomía a la cosa juzgada cuya finalidad no recae en su directo e inmediato cumplimiento, tales como la interlocutoria dictada en el incidente de liquidación de sentencia o las medidas de apremio que tienen por objeto vencer la contumacia de una de las partes. En cuanto a los segundos actos, son los que tienen como fin dar cumplimiento a la cosa juzgada. En este supuesto el amparo procede hasta la "última resolución" dictada en la etapa de ejecución de la sentencia en la que para el caso de ser impugnada, la quejosa podrá hacer valer las violaciones procesales que estime convenientes. Lo anterior, se explica en el siguiente mapa conceptual: Por otra parte, debe decirse que dentro de la ejecución forzosa de una sentencia, la Ley de Amparo distingue una regla general y una particular de procedencia del juicio biinstancial. La regla general prevé que el amparo procede únicamente cuando se impugne la "última resolución" emitida en el procedimiento de ejecución, y que ésta debe entenderse como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien la que ordena el archivo definitivo del expediente. Se tiene como ejemplo de lo anterior, a la resolución dictada en un procedimiento ejecutivo en los juicios de arrendamiento inmobiliario cuando no haya sido posible realizar la desocupación forzosa del inmueble. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 19/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 34, Tomo XIV, Julio de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Civil, con número de registro 189344, del rubro y texto: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.- El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." En tanto que, en la regla específica, se contempla como hipótesis que el juicio constitucional puede promoverse en el procedimiento de remate, siempre y cuando se combata la "última resolución" dictada en dicha etapa. Al efecto, el legislador federal fijó como definición de "última resolución" en la citada fase a la que ordena en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la que ordena la entrega de los bienes rematados, por ser las determinaciones que conforme a la ley se cumple la condena de pago impuesta en la sentencia definitiva. Ello se traduce en un límite a la procedencia del juicio constitucional, pues será hasta que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. De manera que la intención del legislador es restringir la procedencia del amparo indirecto, tratándose de dicha etapa, es evitar que se obstaculice innecesariamente la fase de ejecución de sentencias judiciales, protegiendo, de esta forma, el derecho de acceso a la justicia, pues es hasta tales momentos que tendrán efectos todas las consecuencias del derecho sustantivo determinado a favor de la accionante. Ello puede representarse en el siguiente esquema: Ahora, a fin de estimar actualizada la causal de improcedencia, es preciso relacionar los antecedentes que bajo protesta de decir verdad, narro la quejosa, los cuales son los siguientes: 1. Que es parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil número 27/2013 del índice de la autoridad responsable, en el que se le reclamó el pago de la cantidad de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 moneda nacional). 2. Seguido en sus trámites el juicio, el veintiuno de noviembre de dos mil trece, se dictó sentencia condenatoria. 3. Posteriormente, el veintinueve de mayo de dos mil catorce, se celebró la audiencia de remate en primera almoneda del bien inmueble materia del presentante asunto. 4. Luego, el tres de marzo de dos mil quince, se declaró firme la audiencia señalada y se requirió a los quejosos para que en el término de tres días otorgaran la escritura de venta a favor de la parte actora en el juicio de origen respecto al cincuenta por ciento del bien inmueble, apercibidos que de no hacerlo la Juez responsable lo haría en rebeldía (foja 115). 5. En ese sentido, al no haber entregado la posesión del bien inmueble, se les declaró en rebeldía y se elaboró la escritura pública dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco, de catorce de septiembre de dos mil quince a favor de la parte actora en el juicio mercantil de origen y se procedió a su inscripción en el registro público, por lo que por auto de dos de diciembre de dos mil quince, se les otorgó el término de veinte días para que los quejosos realizaran la entrega del bien inmueble en disputa (foja 138). Así, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, porque el acto reclamado consiste en el procedimiento de ejecución efectuado en el juicio ejecutivo mercantil 27/2013, del índice del Juzgado Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, esto de forma general, sin haber especificado un auto o actuación en concreto que le cause un agravio personal y directo, asimismo, de los antecedentes se aprecia que el tres de marzo de dos mil quince, se requirió a los quejosos para que en el término de tres días otorgaran la escritura de venta a favor de la parte actora en el juicio de origen respecto al cincuenta por ciento del bien inmueble, acuerdo que pudo ser impugnado mediante el juicio de amparo indirecto, por lo que las actuaciones siguientes, no constituyen la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia, pues no son aquéllos en los que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia definitiva o la que declare la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento, aunado, que como ya se dijo, los quejosos señalaron que se duelen del procedimiento de ejecución de manera general. Además, tampoco genera una afectación cierta e inmediata a los derechos sustantivos de la quejosa, pues únicamente son autos encaminados al cumplimiento de la sentencia definitiva. Por tanto, dada la naturaleza del juicio ejecutivo mercantil, los actos reclamados no constituyen la última resolución en el procedimiento de ejecución, pues la juez responsable no ha aprobado o reconocido el cumplimiento total de lo sentenciado o declarado la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni es ajeno a lo ahí resuelto en definitiva. Ilustra lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia 1a./J. 19/2001 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada en párrafos precedentes. En este orden de ideas, el juicio de amparo de que se trata es improcedente en los términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, pues no se combate la última resolución en el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil 27/2013, del índice del Juzgado Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo y porque no son actos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, que afecten de manera directa derechos sustantivos del quejoso. En esas condiciones, se acredita de manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación al 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se analiza. Por otro lado, se les reconoce el carácter de terceros interesados a ***, esta última, por ser la contraparte del quejoso en el juicio de origen, quienes ya se encuentran emplazados al juicio al haberse tramitado en vía directa, no obstante comisiónese a la actuaria de la adscripción para que se apersone en los domicilios que obran en autos del presente asunto, a efecto de que les notifique el presente proveído; asimismo deberá hacerles del conocimiento de la instauración de este juicio y del derecho que tienen de apersonarse al mismo y señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, en el entendido que de no hacerlo, las subsecuentes de carácter personal se realizarán en el domicilio donde se les emplace por ser el único que obre en autos y encontrarse en la demarcación territorial en la que este Juzgado Federal ejerce su jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, del ordenamiento legal en cita. Se ordena aperturar por separado el tomo I de pruebas, respetando el sello, folio y rúbrica del expediente relativo al juicio ejecutivo mercantil 27/2013 del índice del Juzgado Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, agregando únicamente la carátula de este Juzgado de Distrito para su identificación. En consecuencia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su demanda y como autorizado en restringidos del numeral 12 de la ley de la materia a **** por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, código postal 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, código postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf-correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, código postal 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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