Carolina Nieves Arias
Expediente 492/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 492/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Carolina Nieves Arias
- Leobardo Nieves Arias
Actuaciones
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, tres de mayo de dos mil veintitrés. Desistimiento del juicio de amparo. Agréguese a los autos el escrito signado por los directos quejosos ********************, mediante el cual se desisten del presente juicio de amparo; asimismo, la diligencia de dos de mayo de dos mil veintitrés, mediante la cual los quejosos se desistes del presente juicio de amparo; se provee: Al respecto, se estima conveniente formular las siguientes precisiones en torno a la figura jurídica del desistimiento. En materia de amparo, el desistimiento de la demanda se encuentra catalogado como una causa de sobreseimiento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio." Como puede observarse, el desistimiento en el juicio de amparo se encuentra catalogado como una causal de sobreseimiento, siempre y cuando el quejoso ratifique el escrito en el que lo solicite, por lo que el desistimiento de la demanda de amparo implica, entre otras consecuencias, dar por terminado el juicio y retrotraer la situación legal al estado en que se encontraban las cosas antes de iniciar el procedimiento constitucional; por lo tanto, para que el juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad tanto en la intención del promovente, como en la resolución que se debe dictar al respecto, para decretar el sobreseimiento a que se refiere el antes citado artículo 63, fracción I, de la ley de la materia, resulta indispensable que el escrito de desistimiento presentado por el quejoso sea ratificado por éste ante la presencia judicial o funcionario con fe pública, pues de otra manera, debe continuarse con el procedimiento del juicio. En efecto, el ordenar la ratificación del quejoso de su escrito de desistimiento no constituye una mera formalidad del juzgador de amparo, sino que tiene como finalidad, por una parte, el de cerciorarse de la identidad del que se desiste; y por otra, saber si dicho quejoso preserva su propósito inicial de dar por concluido el procedimiento que inició, todo ello con la finalidad de evitar al promovente los graves perjuicios que puede traer como consecuencia el sobreseimiento del juicio de amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 295, del tomo XXIV, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a agosto de dos mil seis, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal, se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decreté el sobreseimiento cuando 'se tenga por desistido al agraviado en términos de ley', para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande a ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que se desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." En el caso, se tiene que ********************, comparecieron personalmente en las instalaciones de este juzgado federal el dos de mayo de este año, a fin desistirse del presente juicio, por así convenir a sus intereses legales, tal como se consta con la diligencia de ratificación de contenido que obra agregada en autos, lo cual genera la certeza y seguridad suficiente de que la parte promovente desea dar por concluido el procedimiento constitucional que inició. En consecuencia, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio en términos del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional DIEZ HORAS DEL VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Autorizada. Finalmente, se tiene como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, en razón de que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Miriam Atonal Sánchez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Incidental
ÚNICO. Se declara sin materia la suspensión definitiva a ********************, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por ********************quien se ostenta como asesor jurídico de los directos quejosos********************, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en auto de veinte de abril de dos mil veintitrés. Se admite demanda de amparo. En atención a que la demanda satisface los requisitos que establecen los numerales 108 y 110 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por ********************quien se ostenta como asesor jurídico particular de********************, contra actos del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Atención Integral, Región Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Requerimiento de informe justificado con apercibimiento. Pídase a la autoridad responsable informe justificado que deberá rendir dentro del término de quince días legalmente computado y requiérasele para que dentro del término concedido, remita copia debidamente legible de todas y cada una de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el término que se le otorgó, se presumirá cierto el acto reclamado en términos de lo dispuesto por los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo y se le impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. En la inteligencia de que la copia de la demanda de amparo se adjuntará al oficio en el que se les notifique la apertura del incidente de suspensión. Se requiere certificación respecto de defensora particular. Por otra parte, en términos del artículo 14 de la Ley de Amparo, solicítese atentamente al Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Atención Integral, Región Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que en el mismo término informen si en la carpeta de investigación ******************** ********************tiene el carácter de asesor jurídico de los directos quejosos********************, y de ser así, remita la certificación correspondiente, o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para ello. Causas de sobreseimiento. De igual forma, se hace del conocimiento de las partes que deberán informar a este órgano jurisdiccional cuando surjan causas de improcedencia o sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten de acuerdo con lo establecido por el artículo 64 de la ley de la materia, con el apercibimiento que de no cumplir, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización de conformidad con lo dispuesto en el artículo señalado en la parte final del párrafo que antecede. Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS DEL VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Incidente de suspensión. Ahora bien, en atención a que se solicita la suspensión de los actos reclamados, con copia de la demanda, fórmese por separado y por duplicado el incidente de suspensión. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación. Dese la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 5° de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, practíquense todas las notificaciones que se generen en el presente juicio a la mencionada representante social por vía electrónica, a través del usuario precisado en los oficios que fueron recibidos y acordados en el cuaderno de varios 2/2023, de este Juzgado de Distrito, así también, se tiene informando el correo electrónico a fin de entablar comunicación no procesal. Tercero interesado. Asimismo, resérvese proveer lo relativo al emplazamiento de terceros interesados, hasta que conste en autos el expediente generador del acto reclamado. De las notificaciones a las autoridades responsable. Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese y electrónicamente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.AIHH*
- Incidental
En Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Se ordena apertura de incidente. Como se ordenó en el expediente principal del presente juicio de amparo, con copia del escrito de demanda fórmese por duplicado el incidente de suspensión número 492/2023-II, promovido por********************, por derecho propio, contra actos del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Atención Integral, Región Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Se requieren informes previos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda; en el entendido que se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyan, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permita establecer el monto de las garantías correspondientes. Consecuencias de no rendir informe previo. En términos del artículo 142 de la Ley de Amparo, se previene a las autoridades responsables que la falta de informe previo hará presumir cierto el acto reclamado para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva; asimismo, se les apercibe que en caso de no hacerlo, se les impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. Requerimiento a las autoridades responsables. Desde este momento, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 143 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término señalado con antelación (cuarenta y ocho horas), remitan a este órgano jurisdiccional copia certificada de los documentos necesarios para resolver sobre la suspensión definitiva, es decir, aquéllos que justifiquen lo expresado en el informe previo que rindan. De las notificaciones a las autoridades responsables. Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS. Audiencia incidental. Se señalan las DIEZ HORAS CON TRES MINUTOS DEL TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Acto reclamado. En el caso, la parte disconforme reclama: La determinación de quince abril de dos mil veintitrés, dictad en la carpeta de investigación ********************, en la que se determinó no ha lugar a realizar la cremación de quien en vida llevó el nombre de ********************. Efecto para el que se pide la suspensión. La parte quejosa solicita la suspensión para el efecto de que: Atento a lo anterior, en la presente determinación se resolverá la procedencia de la suspensión únicamente en los términos en que fue solicitada; por similitud se cita la jurisprudencia del rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS". Consideración previa. Ahora bien, con el propósito de proveer lo conducente respecto de la suspensión provisional de los actos reclamados, debe precisarse que el Juez de Distrito está obligado a pronunciarse sobre dicha medida cautelar en los términos solicitados por la parte quejosa y por los actos que haya controvertido en la instancia constitucional; de modo tal que si la inconforme solicita la providencia cautelar sobre las consecuencias de los actos reclamados, el órgano jurisdiccional debe pronunciarse respecto de éstas. Cobra aplicación a la consideración vertida, la jurisprudencia P./J. 4/2019 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página catorce de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 63, Décima Época, Registro 2019200 cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." Así, con el propósito de determinar la procedencia o improcedencia de la medida cautelar solicitada, es menester tener en cuenta el artículo 128 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para la concesión de dicha medida, cuyo contenido, dice: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Del citado precepto legal se advierte que para conceder la suspensión provisional se requiere: a) que la solicite el quejoso; y b) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Al respecto, conviene precisar que el primero de los requisitos, prevé la demostración del interés jurídico, en el caso, el promovente manifiesta bajo protesta de decir verdad que acudió ante el Agente del Ministerio Público a aceptar y protestar el cargo de asesor jurídico. Por tanto, para efectos del presente incidente, se tiene por acreditado el interés jurídico para obtener la suspensión de los actos que reclama. Asimismo, se toma en cuenta que la parte quejosa solicitó expresamente la suspensión provisional, que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen las disposiciones de orden público y, que en caso de ejecutarse los actos reclamados, se ocasionarían al disconforme daños y perjuicios de difícil reparación. Se afirma lo anterior, porque como se señaló en términos de la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, uno de los requisitos para conceder la medida cautelar es que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y el artículo 129 de dicha legislación establece, entre otros casos, cuándo se siguen esos perjuicios o se contravienen disposiciones de orden público, cuyo contenido dice: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social". Sobre el particular, debe decirse que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de orden público deben entenderse las plasmadas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En vinculación con los razonamientos de mérito, se considera que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Se concede suspensión provisional. En la especie, con fundamento en el artículo 150 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional, a fin de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, que la autoridad responsable no ordene la inhumación del cuerpo de quien en vida llevó el nombre de ********************; asimismo, realice todos los actos tendentes a la conservación del mismo. Ello, hasta en tanto se notifica a la autoridad responsable la suspensión definitiva que se dicte en el juicio del cual deriva el presente incidente. Finalmente, debe indicarse al Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Atención Integral, Región Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, que la presente concesión de suspensión provisional, no limita ni paraliza las investigaciones que se requieran y se realicen en la carpeta investigación ********************, de su índice; esto es, si a la fecha ya no existen diligencias pendientes que involucren el cuerpo de quien en vida llevó el nombre de ********************, la presente suspensión no impide su entrega a los familiares solicitantes; ni obstaculiza la facultad de la autoridad responsable para que, de estimarlo procedente, autorice la cremación solicitada por los quejosos. Uso de medios electrónicos. Por otro lado, atento a la diversa solicitud que realizan las quejosas, se autoriza el empleo de medios electrónicos, en términos de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Por su aplicación, se cita en apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada I.3o.C.725 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Novena Época, con el texto siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA" Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por contar con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales y, únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************, por así haberlo solicitado. Consulta y notificación de expediente electrónico. Asimismo, con fundamento en los artículos 3 y 30 fracción II, de la Ley de Amparo, artículos 77 y 78, y considerando Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza la consulta y notificación del expediente electrónico a través del usuario ******************** toda vez que se encuentra registrado, en la inteligencia de que el Actuario de la adscripción deberá realizar las notificaciones por la vía electrónica. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos, sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Publicación de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
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