Carolina Luna Degante

Expediente 213/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
213/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
14/05/2021

Partes del expediente

  • Carolina Luna Degante

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Tribunal Colegiado acepta competencia. Agréguese el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, a través del cual informa que por auto de once de mayo del año que transcurre, dictado en el juicio de amparo directo 187/2021, de su índice, aceptó la competencia declinada por este juzgado y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Carolina Luna Degante. Se ordena archivo y destrucción. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación de que el presente cuaderno de antecedentes es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 20, fracción l, inciso a), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de seis meses que dispone el referido artículo 20. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior (seis meses), dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente cuaderno de antecedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Superioridad informa. Agréguese el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual acusa recibo del oficio 8303/2021, a través del cual le fue remitido el expediente original del juicio de amparo 213/2021; asimismo, informa que reservó proveer lo conducente respecto a la competencia declinada por este juzgado hasta en tanto la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, desahogue el requerimiento que le fue formulado en proveído de veintiuno de abril actual dentro del juicio de amparo directo 187/2021, de su estadística, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, trece de abril de dos mil veintiuno. Desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por Carolina Luna Degante, a través del cual desahoga la prevención formulada por auto de veintitrés de marzo del año que transcurre. Acto reclamado. Ahora, a fin de normar el procedimiento y clarificar el presente juicio de amparo, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte como acto reclamado la resolución de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, dictada en autos del toca de apelación 176/2020, del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en la cual se revocó la diversa resolución emitida por el Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo el once de febrero de dos mil veinte, dictada en el juicio ordinario civil de cumplimiento de contrato de mutuo sin garantía 45/2018. Se declina competencia a Tribunal Colegiado En principio, es necesario destacar que la competencia es un presupuesto procesal básico para ejercer jurisdicción, que por su trascendencia implica una cuestión de orden público, por tanto, es de estudio previo al pronunciamiento sobre el fondo de la demanda de amparo. Debe mencionarse que del contenido del artículo 107 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afectan personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, los cuales serán del conocimiento del Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Al respecto, resulta oportuno transcribir el contenido del precepto citado: "Articulo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Sentado lo anterior, se obtiene que el acto reclamado por la promovente, no encuadra en ninguno de los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, pues es una resolución que puso fin al juicio ordinario civil de cumplimiento de contrato de mutuo sin garantía 45/2018; por consiguiente, se considera que el competente legalmente para conocer de la demanda de amparo es el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, respectivo, pues de conformidad con el artículo 37, fracción I, inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dichos órganos jurisdiccionales son los competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra resoluciones que ponen fin al juicio. En efecto, la sentencia reclamada de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, en el toca de apelación 176/2020, del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, constituye una resolución que pone fin a la vía promovida; de ahí que en su contra es procedente el juicio de amparo directo en términos de los artículos 34, 47, 170 y 176 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley." (.)" "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes." La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley." De conformidad con lo dispuesto en las normas legales antes transcritas, procede el amparo directo, del cual conocerá el Tribunal Colegiado que corresponda, contra sentencias definitivas o laudos y contra las resoluciones que sin decidir el fondo del juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso o medio de defensa ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas; entendiéndose por las primeras, aquellas que decidan el juicio en lo principal y, por las segundas, las que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido. Apoya a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, página 466, de rubro y texto siguientes: "RESOLUCION QUE PONE FIN AL JUICIO. SU SIGNIFICADO CONFORME A LAS REFORMAS DE LA LEY DE AMPARO. Es verdad que con anterioridad a las reformas que fueron efectuadas a la Constitución Federal, Ley de Amparo y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que entraron en vigor a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se establecía que sólo correspondía conocer a la Suprema Corte de Justicia o a los Tribunales Colegiados de Circuito según su respectiva competencia de los juicios de amparo promovidos contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometiera durante el procedimiento o en la sentencia misma, sin embargo, a raíz de dichas reformas se incluyó una nueva facultad de competencia exclusiva de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer, además de las sentencias definitivas o laudos, también de resoluciones que pongan fin al juicio, ahora bien, la palabra "resolución" empleada por el legislador en la nueva figura de competencia, "resoluciones que pongan fin al juicio", no fue empleada como sinónimo de sentencia definitiva, por el contrario, se refirió a aquellas resoluciones que sin tener tal naturaleza ponen también fin al juicio, esto es, que puede tratarse de un simple auto o de una resolución interlocutoria. Lo común tanto a los autos definitivos como a las sentencias interlocutorias que ponen fin al juicio para efectos del caso que nos ocupa, estriba en que deben impedir o paralizar definitivamente la prosecución de éste, dándolo así por concluido. Tanto la doctrina como el legislador coinciden en que por resolución que pone fin al juicio debe entenderse, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por terminado y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario en su contra por lo que pueden ser modificadas o revocadas, por tanto indispensable es la reunión de todas estas características para que puedan ser consideradas como tales. De esta forma participan así dichas resoluciones de algunas de las características que contienen también las sentencias definitivas." Desde esta perspectiva, es evidente que contra la resolución reclamada (de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, dictada en autos del toca de apelación 176/2020, del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala), es procedente el juicio de amparo en la vía directa, pues da por concluido el juicio ordinario civil de cumplimiento de contrato de mutuo sin garantía 45/2018, independientemente de las violaciones procesales alegadas; consecuentemente, se estima que corresponde conocer de la demanda de amparo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, por ser el órgano que se considera tiene competencia para ese efecto, en términos del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Apoya a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, página 466, de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. ES LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y NO LA DE LA VIOLACIÓN PROCESAL ALEGADA, LA QUE DETERMINA SU PROCEDENCIA. Conforme al artículo 158 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo directo sólo es procedente en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio, por lo que si en el caso se reclama en esa vía un acto dictado dentro del juicio o en la fase de ejecución, es inconcuso que no encuadra en alguna de esas hipótesis, al no tratarse de una sentencia que resuelva el juicio en lo principal, o lo dé por concluido, lo que establece la improcedencia del juicio de amparo uniinstancial. No es obstáculo para concluir de ese modo, que el quejoso haga valer una violación procesal prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo, ya que a ese respecto no debe perderse de vista que lo que determina la procedencia del juicio de amparo directo no es la naturaleza de la violación alegada, sino la del acto reclamado, pues acorde con los artículos 44, 46 y 158 de la invocada ley reglamentaria, para la procedencia de ese juicio es menester que se trate de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de los cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas; y aunque el numeral 159 aluda a las violaciones procesales que pueden impugnarse en la vía directa, en términos del último párrafo del citado artículo 158, dichas violaciones procesales sólo podrían ser impugnadas en el amparo directo que al respecto se promueva contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio." (Jurisprudencia XIV.C.A. J/22, del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 1253, Tomo XXX, Agosto de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Consecuentemente, bajo la línea argumentativa expuesta se concluye que el acto reclamado por Carolina Luna Degante, es impugnable en amparo directo, en términos del artículo 170, de la Ley de Amparo, no así en amparo indirecto según el artículo 107, de la ley de la materia; de ahí que en el caso, el suscrito se declara legalmente incompetente para resolver sobre la resolución impugnada. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10ª.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 95, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título y contenido es: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Por tanto, remítase de inmediato el presente expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, para que se pronuncie respecto de si acepta o no el conocimiento del mismo, solicitando atentamente el acuse de recibo respectivo. Fórmese cuaderno de antecedentes, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de enero de dos mil veinte. Parte quejosa pretende desahogar prevención. Agréguese el escrito signado por Carolina Luna Degante, en su carácter de quejosa, mediante el cual pretende desahogar la prevención formulada en proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. No se tiene por cumplida prevención. En atención a lo anterior, visto el contenido del escrito y anexos de cuenta, no se tiene cumplimentada la prevención del auto de referencia, toda vez que en el citado proveído, se requirió a la promovente, para que bajo protesta de decir verdad manifestara lo siguiente: Indique las circunstancias de modo, tiempo y lugar que dieron lugar al acto reclamado, es decir, de manera cronológica deberá narrar los antecedentes que dieron origen al mismo, desde el inicio del juicio civil 45/2018, del índice del Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, hasta le sentencia dictada en el toca de apelación 176/2020, del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala; Precise las consideraciones torales que dieron sustento a la resolución reclamada dictada en el toca de apelación, en específico las relativas a la revocación de la sentencia dictada en el juicio de origen ; y, Cite en su totalidad los resolutivos de la sentencia dictada en el toca de apelación antes señalado. Sin embargo, del escrito aclaratorio que se provee, la parte quejosa nuevamente omitió realizar tales manifestaciones bajo protesta de decir verdad; además de que aun cuando remitió copia de la sentencia definitiva de once de febrero de dos mil veinte, dictada dentro del expediente 45/2018 por el Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, así como la resolución del toca de apelación 176/2020 pronunciada por la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, las mismas son copias simples. Aunado a lo anterior, se hace la observación de que en dicho proveído se le requirió para que al momento de desahogar la prevención exhibiera las copias necesarias del escrito aclaratorio, para estar en aptitud de correr traslado a cada una de las partes, lo cual tampoco aconteció. En consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que dé cumplimiento en su totalidad a lo ordenado en el auto de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. En el entendido que el plazo concedido en el referido acuerdo dictado el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno -cinco días- para que la parte quejosa de cumplimiento al requerimiento formulado en el mismo, se interrumpe por una sola vez, reanudándose al día siguiente en que surta efectos la notificación practicada del presente acuerdo. Por tanto, se hace saber a la parte quejosa que una vez que se notifique el presente acuerdo se reanudará el cómputo del tiempo con el que cuenta para que dé cumplimiento total al requerimiento de que se trata, SUBSISTIENDO EL APERCIBIMIENTO SEÑALADO EN EL AUTO DE VEINTITRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 106/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 133 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, Novena Época, que señala: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." De igual forma, es aplicable la tesis número III.2o.A.38 K, visible en la página 1323, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XXI, Abril de 2005, Novena Época, que a la letra señala: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA."

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