Carolina Maricruz Vásquez Rodríguez

Expediente 496/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 1 actuación registrada, la última del 29 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
496/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
29/04/2022

Partes del expediente

  • Carolina Maricruz Vásquez Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL.1098/2021.MESA-1 Sentencia. Visto para resolver el juicio de amparo número 1098/2021; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, remitido en la misma fecha, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, Ernestina Clemente Ramos, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acuerdo de siete de abril de dos mil diecisiete, por el que decretó oficiosamente la prescripción del laudo y, como consecuencia, el archivo del asunto, dictado en el expediente laboral 204/2008, atribuido a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14,16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Se registra demanda de amparo. Mediante proveído de quince de octubre de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda de amparo, se requirió el informe justificado de la responsable, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se citó a las partes para la audiencia constitucional. Tercero. Emplazamiento. Por acuerdo de seis de enero de dos mil veintidós se ordenó emplazar a este juicio de amparo, en su carácter de tercero interesado, al Ayuntamiento Constitucional de Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Cuarto. Audiencia constitucional. Y, previo trámite del procedimiento, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza laboral, y el auto que se reclama se atribuye a una autoridad residente en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que de la demanda de amparo y constancias de autos se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa y por el que se realizará el análisis relativo, es: El acuerdo de siete de abril de dos mil diecisiete, por el que se decretó oficiosamente la prescripción del laudo y, como consecuencia, el archivo del asunto, dictado en el expediente laboral 204/2008, atribuido a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca. Tercero. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, con residencia en Ciudad Administrativa, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, omitió rendir su informe justificado, pese haber quedado notificada el ocho de noviembre de dos mil veintiuno de la petición respectiva. En esas condiciones, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado. Cuarto. Análisis del asunto. La parte quejosa expresó sus respectivos conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos, sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar. Conceptos de violación. En el primer concepto de violación la quejosa refiere que se vulneran los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la responsable no observó lo dispuesto por el precepto 95 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, porque tenía la obligación de llevar a cabo los actos necesarios para que se cumpliera con el laudo, por lo que no puede actualizarse la prescripción, como lo hizo, e invoca la jurisprudencia de rubro: "EJECUCION DE LAUDO. CONFORME A LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, UNA VEZ SOLICITADA POR EL INTERESADO ES INNECESARIO SU IMPULSO EN LAS SUBSECUENTES ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO HASTA SU CONCLUSIÓN". En el segundo concepto de violación refiere la quejosa que la Junta responsable se encuentra impedida para analizar oficiosamente la prescripción de la acción del laudo y se apoya en la jurisprudencia de epígrafe "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA SOLICITAR LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ESTÀN IMPEDIDAS PARA ANALIZARLA DE OFICIO", por lo que, dice, se conculcó el derecho fundamental de administración de justicia. Que ello así es porque el artículo 69 de la Ley del Servicio Civil que invoca la responsable en la resolución reclamada, no es aplicable en el caso concreto, toda vez que se refiere a las acciones que nazcan con motivo del derecho sustantivo de los trabajadores, como el despido, incumplimiento de una obligación, entre otros, pero la omisión de promover no afecta la acción que se intentó y que concluyó con laudo favorable, encontrándose la responsable obligada a proveer de forma oficiosa para que se cumpla, ni los artículos 69 al 73 de la ley referida, prevén específicamente la ejecución de los laudos. Antecedentes del asunto. De las constancias originales remitidas por la autoridad responsable, a petición de este órgano jurisdiccional, con valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se aprecia que los antecedentes del asunto son: 1. Ernestina Clemente Ramos promovió demanda laboral ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Istmo, con residencia en Tehuantepec, Oaxaca, reclamando del presidente municipal de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, y otras, la reinstalación en su centro laboral y diversas prestaciones (fojas 3 y 4 del tomo anexo I). 2. Por acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil ocho la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje con sede en Tehuantepec, Oaxaca, ordenó formar el expediente 196/2008 y se declaró legalmente incompetente para conocer y resolver el conflicto laboral que le fue planteado, por lo que declinó competencia a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca (foja 9 del tomo anexo I). 3. La Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado emitió proveído el veintiséis de noviembre de dos mil ocho en el que ordenó formar el expediente 204/2008, aceptó la competencia declinada y requirió a la actora para que cumpliera con la prevención ahí formulada, a fin de proveer sobre la admisión de la demanda laboral (foja 11 del tomo anexo I). 4. Previo cumplimiento por la parte actora, mediante acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil nueve se admitió a trámite la demanda laboral únicamente respecto del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, por lo que ordenó su emplazamiento como demandada (foja 24 del tomo anexo I). 5. Previo trámite del procedimiento, mediante laudo emitido el ocho de febrero de dos mil once la Junta responsable declaró que las partes acreditaron parcialmente sus acciones, por lo que condenó al demandado a la reinstalación, pago de salarios caídos, salarios retenidos y aguinaldo, reclamados por la actora, y la absolvió del pago de séptimos días, días festivos y horas extras, dejando a salvo los derechos de la actora respecto del pago de gastos y servicios médicos para que los hiciera valer en la vía y forma correspondiente (fojas 94 a 100 del tomo anexo I). 6. El veintinueve de agosto de dos mil once la Junta requirió a la demandada cumpliera con el laudo (foja 104 del tomo anexo I). 7. Por resolución de siete de abril de dos mil diecisiete la Junta responsable decretó la prescripción del laudo de fecha dieciocho de febrero de dos mil once y ordenó el archivo del expediente (fojas 139 y 140 del tomo anexo I). 8. Mediante escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, la actora promovió incidente de nulidad de notificaciones respecto de la notificación realizada de la determinación de siete de abril de dos mil diecisiete (foja 143 y 144 del tomo anexo I). 9. Por acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno se tuvo a la actora promoviendo de forma extemporánea el incidente de nulidad de notificaciones (foja 148 y 149 del tomo anexo I). 10. En proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno (foja 173 del tomo anexo), se dejó sin efecto esa resolución, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo 446/2021, por este órgano jurisdiccional (fojas 160 a 164 del tomo anexo I), y declaró procedente esa incidencia de nulidad de notificaciones, por lo que ordenó la notificación del auto de siete de abril de dos mil diecisiete. 11. El siete de octubre de dos mil veintiuno quedó notificada la parte actora de la determinación de siete de abril de dos mil diecisiete, por la que se declaró la prescripción del laudo (foja 174 del tomo anexo I). Resolución reclamada. La responsable determinó que: - Desde el catorce de noviembre de dos mil trece en que se presentó escrito por parte del apoderado legal de la actora para que se realizaran gestiones y se diera cumplimiento al laudo, no se ha presentado promoción alguna de su parte insistiendo en que se requiriera el cumplimiento del laudo, por lo que habían transcurrido más de tres años. - La actora debió promover lo procedente dentro del término de un año a que se refiere el artículo 69 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, de lo contrario, se declararía prescrita. - Invocó los preceptos 69, 70 y 71 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Honorable Ayuntamiento del municipio de Oaxaca de Juárez. - De la interpretación sistemática de esos preceptos legales aparece que la ejecución del laudo se declarará prescrita en un año. - Aunque el artículo 95 de esa ley establece que los laudos deben ser cumplidos desde luego, encargándose la Junta en vigilar ese cumplimiento, pero que ello debe ser correlativo con la obligación de la interesada en que se continúe con la acción de ejecución, lo cual debe realizarse dentro del término de un año, como lo señala el numeral 69 de la referida legislación, u operaría la prescripción para ejecutar el laudo, de estimar lo contrario, se tornaría indefinido esa ejecución. - Se apoyó en las jurisprudencias de rubros: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DEL LAUDO BUROCRATICO CORRESPONDE AL EJECUTANTE SU INICIO Y PROSECUCIÒN EN TÈRMINOS DEL ARTÌCULO 151 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO" Y "LAUDOS. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE EJECUCIÓN". - Doctrinariamente dijo que la prescripción es un medio de liberarse de obligaciones al cumplir cierto tiempo fijado por la ley, por lo que si en el caso habían transcurrido tres años, computado desde el catorce de noviembre de dos mil trece, en que fue presentado el escrito del apoderado legal de la actora solicitando el cumplimiento del laudo, sin insistir en ello, por lo que dijo no había interrumpido la prescripción negativa. - Declaró la prescripción del laudo de fecha ocho de febrero de dos mil once, porque habían transcurrido tres años sin que la actora insistiera en la petición de que se cumpliera con el laudo para interrumpir la prescripción. - Ordenó el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido. Esa resolución vulnera en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental de acceso a la justicia en su vertiente de ejecución del laudo, previsto en el artículo 17 constitucional. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Así, tal precepto fija el derecho a la tutela jurisdiccional, la que comprende tres etapas, a las que atañen tres derechos: I. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; II. Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, III. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Así, ese precepto constitucional, en esta última etapa, acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, por lo que las leyes locales y federales deben establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatorio el mismo. Lo anterior así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia: "Época: Décima Época Registro: 2015591 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 24 de noviembre de 2017 10:35 h Materia(s): (Constitucional) Tesis: 1a./J. 103/2017 (10a.) DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales". Por otra parte, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), ratificado por el Estado Mexicano el tres de febrero de mil novecientos ochenta y uno, relativo a la protección judicial, señala que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la Convención. Así también, establece el compromiso de los Estados Partes a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decida, entre otros, a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso; de lo que se advierte que el Estado Mexicano ha reconocido el acceso a la justicia como un derecho fundamental. Sin embargo, para que se concrete en la esfera jurídica de los gobernados, debe manifestarse en sus dos aspectos complementarios: uno, formal y, otro, material. En este último aspecto, el material, se refiere a la obligación de la autoridad de hacer cumplir sus resoluciones y, especialmente, cuando se trata de una sentencia definitiva o laudo que ha sido favorable a los intereses de alguna de las partes. De ahí que no sea posible sostener que se respeta el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, aunque se dé respuesta al justiciable en los términos de ley, si no se atiende al aspecto material o subgarantía de "ejecución de resoluciones" o de "justicia cumplida", que otorga a los gobernados el derecho a que los fallos dictados por las autoridades jurisdiccionales se notifiquen y cumplan cabalmente, pues, de estimar lo contrario, la prerrogativa constitucional y convencional de acceso a la justicia tendría sólo carácter adjetivo o procesal. Es aplicable al respecto la tesis de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2018637 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: 1a. CCXXXIX/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 284 Tipo: Aislada DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. En el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende tres etapas, a las que corresponden determinados derechos: (i) una previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; (ii) una judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y (iii) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. Ahora bien, el derecho a la ejecución de sentencias, como parte de la última etapa, es relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido. Lo anterior se advierte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, y Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú, en los que se consideró que "la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia", sino que se requiere, además, que el Estado consagre normativamente recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice la efectividad de esos medios. Posteriormente en los casos Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) Vs. Perú, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Furlan y Familiares Vs. Argentina, y del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó que "la efectividad de las sentencias depende de su ejecución", de modo que ésta se establece como un componente fundamental de la protección efectiva de los derechos declarados o reconocidos". Análisis del asunto. Ahora, los numerales 69, 70, 71 y 95, de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, que invocó la responsable en la resolución reclamada, señalan: "Artículo 69.- Las acciones que nazcan de esta Ley, del nombramiento otorgado a favor de los empleados al servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca y de los acuerdos que fijen las condiciones generales de trabajo, prescribirán en un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes": "Artículo 70.- Prescribirán en un mes: I.- Las acciones para pedir la revocación de la aceptación de un nombramiento hecho por error, contando el término a partir del momento en que el error sea conocido. II.- Las acciones de los funcionarios para suspender a los empleados por causas justificadas y para disciplinar las faltas de éstos, contando el plazo desde el momento en que sean conocidas las faltas. III.- Las acciones de los empleados para volver a ocupar el puesto que hayan dejado por accidente o por enfermedad, contando el plazo a partir de la fecha en que estén en aptitud de volver al trabajo. IV.- Las acciones de los empleados para reclamar separación injustificada, a partir del momento en que les sea notificadas dicha separación". "Articulo 71.- Prescribirán en dos años: I.- Las acciones de los empleados para reclamar indemnizaciones por incapacidades provenientes de riesgos profesionales realizados. II.- Las acciones de las personas que dependieron económicamente de los empleados muertos con motivo de un riesgo profesional realizado, para reclamar la indemnización correspondiente. Los plazos para deducir las acciones a que se refieren las fracciones anteriores, correrán respectivamente: desde el momento en que se determine la naturaleza de la incapacidad, de la enfermedad contraída o desde la fecha de la muerte del empleado". "Articulo 95. Las resoluciones dictadas por la Junta de Arbitraje, no admitirán recurso alguno y serán cumplidas desde luego por las autoridades correspondientes, encargándose la Junta de vigilar su cumplimiento. El Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de Finanzas del Estado y el Municipio, se atendrá a ellas para ordenar el pago de sueldos, indemnizaciones y demás que se deriven de las mismas resoluciones. Para los efectos de este artículo, la Junta de Arbitraje, una vez pronunciada la resolución, la pondrá en conocimiento de todas las personas y autoridades interesadas. Se notificará al Titular del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Presidente Municipal, para los efectos del artículo sexto de la Ley de Bienes Pertenecientes al Estado de Oaxaca y 43 fracción LXV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca". De la interpretación de esos preceptos legales se advierte que en el artículo 69 se establece como regla general que las acciones que nazcan de esa ley, del nombramiento otorgado a favor de los empleados al servicio del Ayuntamiento y de los acuerdos que fijen las condiciones generales de trabajo, prescribirán en un año, con excepción de los casos previstos en los artículos 70 y 71 que señala que las acciones para pedir la revocación de la aceptación de un nombramiento hecho por error, las acciones de los funcionarios para suspender a los empleados por causas justificadas, las acciones de los empleados para volver a ocupar el puesto que hayan dejado por accidente o por enfermedad y las acciones de los empleados para reclamar separación injustificada, pues en esos casos prescribirán en un mes. Las acciones de los empleados para reclamar indemnizaciones por incapacidades provenientes de riesgos profesionales realizados; las acciones de las personas que dependieron económicamente de los empleados muertos con motivo de un riesgo profesional realizado, para reclamar la indemnización correspondiente y los plazos para deducir las acciones a que se refieren las fracciones anteriores, correrán desde el momento en que se termine la naturaleza de la incapacidad, de la enfermedad contraída o desde la fecha de la muerte del empleado, prescribirán en dos años. Mientras que el artículo 95 de la referida legislación se prevé que las resoluciones dictadas por la Junta de Arbitraje no admitirán recurso alguno y serán cumplidas desde luego en su caso por el Ayuntamiento, encargándose la Junta de vigilar su cumplimiento. De ahí que los referidos preceptos en que se apoyó la responsable en la resolución reclamada, ninguno prevé la prescripción de la acción de cumplimiento de laudo. Ello es así, porque el legislador estatal de forma alguna contempló en esa ley el supuesto de prescripción de las acciones para solicitar la ejecución de los laudos, contrariamente, lo que previó es que las Juntas de Arbitraje tienen la obligación de cumplir con la ejecución del laudo, con la intención de proteger los derechos de los trabajadores al servicio del Ayuntamiento, de ahí que en el procedimiento burocrático municipal, es la autoridad laboral quien tiene la obligación de dictar las medidas necesarias para lograr que se cumpla con el laudo, teniendo la obligación de vigilar el cumplimiento de sus determinaciones. Por ello, de manera alguna puede actualizarse la prescripción de las actuaciones, pues su impulso corresponde a la autoridad laboral, en tanto que el interés o desinterés de la parte que venció no limita su actuación en la realización de los actos necesarios para impulsar el procedimiento hasta lograr la ejecución del laudo, incluso, requiriendo a la parte beneficiada; lo que no se traduce en que no sea necesaria la intervención del ejecutante, sino que de no mostrar interés para instar el procedimiento de ejecución, es la autoridad laboral que debe actuar, pero no como lo hizo la responsable, en declarar la prescripción del laudo, porque, se reitera, no está contemplada en la legislación que invocó la responsable en la resolución reclamada. Por otra parte, también resulta contrario a derecho el que la autoridad responsable estableciera que si los artículos 70 y 71 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez no contemplan la prescripción de la acción de ejecución de laudo se actualice, entonces, la regla general a que se refiere el artículo 69 de esa legislación, porque de acuerdo con el numeral 95, la autoridad laboral tiene la obligación de vigilar el cumplimiento de los laudos que dicte, lo que hace imprescriptible su ejecución. Tampoco tiene aplicación los criterios que se citaron en la resolución que se le reclama a la autoridad responsable laboral, que dicen: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2010031 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Laboral Tesis: PC.I.L. J/9 L (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II , página 845 Tipo: Jurisprudencia PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO BUROCRÁTICO. CORRESPONDE AL EJECUTANTE SU INICIO Y PROSECUCIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. El citado numeral de la Ley Federal Burocrática, dispone que cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, requiera a la demandada el cumplimiento de la resolución, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa hasta por mil pesos, en términos del artículo 148 del referido ordenamiento laboral; de ahí que no sólo corresponda a la ejecutante la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, sino que también, se encuentra obligada a intervenir en la prosecución de ese procedimiento hasta su conclusión, al resultar necesaria su asociación con el Actuario comisionado por el Tribunal burocrático, cuantas veces sean necesarias, a efecto de requerir el cumplimiento del laudo. Además de que estimar lo contrario, implicaría desconocer la figura de la prescripción contenida en el numeral 114, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal, y si bien es cierto que en términos del artículo 150 de la ley burocrática, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la inmediata y eficaz ejecución de sus laudos, también es verdad que esa obligación es correlativa con la parte interesada en el sentido de que ésta tiene a su vez la obligación de manifestar su voluntad de continuar con la acción de ejecución ejercida, lo cual debe realizar dentro del término de dos años, ya que de no hacerlo, su falta de interés daría lugar, en su caso, a que opere la prescripción de la acción para ejecutar el laudo, pues razonar en sentido contrario implicaría que dicha ejecución se tornara indefinida, lo que contravendría el principio de certeza jurídica que prevé el artículo 14 constitucional. "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 192369 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Laboral Tesis: 2a./J. 9/2000 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Febrero de 2000, página 130 Tipo: Jurisprudencia LAUDOS. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE EJECUCIÓN. De lo dispuesto por los artículos 519, fracción III y 521 de la Ley Federal del Trabajo deriva que prescriben en dos años, contados a partir del día siguiente al en que hubiese quedado notificado el laudo, las acciones para solicitar su ejecución y que la prescripción se interrumpe por la sola presentación de cualquier promoción ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Por su parte, los diversos preceptos 945 y 950 de la invocada ley disponen que los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación y que, transcurrido este término, el presidente de la Junta, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo. De estos preceptos legales se advierte que es requisito indispensable para dictar auto de requerimiento y embargo o de ejecución de laudo, el que la parte que obtuvo lo solicite expresamente, lo cual debe hacer dentro del término de dos años que señala el citado artículo 519, fracción III, de la ley en comento, so pena de que su acción se declare prescrita en atención a que dicha promoción, solicitando la ejecución del laudo o el dictado del auto de requerimiento y embargo, únicamente tiene por efecto interrumpir la prescripción, inutilizando el tiempo transcurrido antes de la interrupción, pero en forma alguna puede tenerlo en el sentido de que con su dictado la prescripción no vuelva nuevamente a correr a partir de éste o después del acto interruptivo; por tanto, es necesario solicitar, antes de que transcurra el término fatal, auto de ejecución, lo cual debe hacerse cada vez que sea necesario, pues, de no interpretarse en ese sentido se contravendría la garantía de certeza jurídica tutelada por el artículo 14 de la Carta Magna, la cual debe prevalecer sobre el interés particular". Porque en esas jurisprudencias se abordó el tema de la prescripción de las acciones para solicitar la ejecución del laudo, con base en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Ley Federal del Trabajo, en las que sí se contempla tal figura jurídica; sin embargo, en la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez no se prevé la prescripción de la ejecución del laudo. Y es correcto que la responsable estableciera que doctrinariamente se define a la prescripción como el medio de liberarse de obligaciones al cumplirse cierto tiempo fijado por la ley; pero, en el caso, la ley que rige la materia del acto reclamado no prevé el tiempo que debe transcurrir para que prescriba la acción para ejecutarse el laudo. Por tal motivo, si se decretó la prescripción del laudo de ocho de febrero de dos mil once y, como consecuencia, se ordenó el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido, ello vulneró en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental de acceso a la justicia, en su vertiente de ejecución del laudo, previsto por el artículo 17 constitucional, resultando, por tanto, fundados los conceptos de violación que, al respecto, vertió la parte quejosa, por lo que procede concederle el amparo y protección de la Justicia Federal. Al respecto, se invoca la ejecutoria emitida el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en el amparo en revisión principal 36/2020, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Tercer Circuito. Quinto. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la protección federal son para que la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, dejen sin efecto el acuerdo de siete de abril de dos mil diecisiete, por el que decretó oficiosamente la prescripción del laudo y, como consecuencia, el archivo del asunto, dictado en el expediente laboral 204/2008. Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1, 77, 119 y relativos de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. La Justicia Federal ampara y protege a Ernestina Clemente Ramos, contra el acuerdo de siete de abril de dos mil diecisiete, por el que se decretó oficiosamente la prescripción del laudo y, como consecuencia, el archivo del asunto, dictado en el expediente laboral 204/2008, atribuido a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, en términos y para los efectos precisados en los considerandos cuarto y quinto de esta sentencia. Segundo. Dése cumplimiento al considerando último de este fallo y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hoy veintinueve de abril de dos mil veintidós, fecha en la que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

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