Carolina Itandehui Sarate Félix

Expediente 120/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 11 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
120/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
31/03/2022

Partes del expediente

  • Carolina Itandehui Sarate Félix

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    PRAL.120/2022 MESA 5 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, *** S E N T E N C I A Visto para resolver el juicio de amparo 120/2022; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. ***, mediante demanda depositada el veintisiete de enero de este año en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional el veintiocho siguiente, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto de la directora del Instituto Libre de Comercio y Administración A.C. (ILCA); que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Derechos fundamentales que estima vulnerados. La quejosa considera transgredido el derecho fundamental previsto en los artículos 1°, 3°, 4°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, para evidenciar la inconstitucionalidad del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. a) Mediante acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintidós se radicó la demanda de amparo bajo el registro 120/2022 y se previno a la parte quejosa para que cumpliera la demanda de amparo en los términos ahí precisados. b) El dieciséis de febrero de este año, al cumplir la parte quejosa con la prevención formulada, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103 fracción I y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; ya que el acto reclamado versa sobre la materia administrativa y se atribuye a una autoridad con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lugar donde ejerce jurisdicción este Juzgado, en términos de los Acuerdos Generales 45/2016 y 46/2016, que reforman el diverso 3/2013. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado, que se advierta del análisis integral de la demanda de amparo; así, se precisa que la quejosa *** reclama de la directora del Instituto Libre de Comercio y Administración A.C. (ILCA), con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca: La retención de sus certificados de educación primaria y educación secundaria, así como de las boletas de calificaciones del primero, segundo, tercero y cuarto semestres de educación media superior. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La directora del Instituto Libre de Comercio y Administración A.C. (ILCA), al rendir informe justificado negó la existencia del acto reclamado, pues refirió lo siguiente: ".se niega que se haya retenido a la quejosa los documentos a que se refiere en el acto que reclama, ya que la quejosa jamás ha solicitado la devolución ni de manera verbal o por escrito de sus documentos que refiere en su escrito de demanda de amparo.". Al respecto, debe destacarse que el acto imputado a la responsable constituye un acto negativo, pues refiere la quejosa que elevó peticiones verbales a la autoridad responsable y obtuvo respuesta en sentido contrario a su pretensión -porque, dice, la autoridad le negó sus documentos-, de modo que la carga probatoria de que existe el acto recae en la quejosa, lo que presupone que la parte solicitante del amparo incitó a la autoridad a ejercer su actividad; por lo tanto, le corresponde a la impetrante del amparo acreditar la petición verbal que afirma que realizó para que le devolvieran sus documentos; por consecuencia, una vez acreditada dicha petición, a la autoridad le correspondería acreditar que no incurrió en esa negativa. Sostiene lo anterior por las razones que le asisten, la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito, perteneciente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, la cual se localiza en la página 449, que dice: "ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. DIFERENCIA ENTRE. La esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de autoridad a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Por ende contrario a lo afirmado por el recurrente debe decirse que los actos cuya existencia fue negada por las autoridades responsables, no tienen el carácter de negativos como lo pretende el inconforme, pues no consisten en un rehusar a hacer algo por parte de las autoridades responsables en favor de lo solicitado por el gobernado, de ahí que la carga de la prueba correspondía al quejoso, es decir que éste tenía el deber de acreditar la existencia de los actos reclamados, conforme con la máxima de derecho que señala que "El que afirma debe probar.". Dicho lo anterior, debe decirse que de la interpretación sistemática de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, se aprecia que el contenido del informe justificado no es determinante de la inexistencia o existencia del acto reclamado, toda vez que las partes, a través de los medios de prueba reconocidos por la ley, pueden demostrar lo contrario; por ende, la certeza de la existencia del acto reclamado con base en la manifestación que realiza la responsable en su informe de ley, puede ser desvirtuada con elementos de convicción fehacientes, por lo que las partes tienen hasta la hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional para acreditar que sí existe el acto reclamado, así como su inconstitucionalidad. Sin embargo, la parte quejosa no aportó prueba alguna de haber efectuado una solicitud verbal a la autoridad responsable; pues con la copia simple que exhibió con su escrito de demanda, únicamente se puede apreciar que, al parecer, presentó diversas evaluaciones correspondientes a la segunda unidad como alumna del primer semestre de la Preparatoria del Instituto Libre de Comercio y Administración (ILCA), mas no acredita la negativa de la responsable de entregarle sus documentos, consistente en certificados de educación primaria y educación secundaria, así como de las boletas de calificaciones del primero, segundo, tercero y cuarto semestres de educación media superior. En efecto, la prueba documental exhibida con la demanda de amparo no reviste el valor probatorio necesario para demostrar la existencia del acto reclamado, debido a que no está robustecida con otro elemento probatorio del que se desprenda que solicitó en forma verbal a la autoridad responsable que le devolvieran sus documentos. Apoya lo anterior, la tesis 2a. CXLI/97, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 197269, del tenor siguiente: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última.". También apoya lo expuesto, la jurisprudencia 308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro 394509, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados.". No se inadvierte que la parte quejosa formuló su libelo constitucional bajo protesta de decir verdad; sin embargo, tal aseveración no desvirtúa la causa de sobreseimiento que en el caso concreto se actualiza, puesto que dicha protesta, si bien constituye una testificación espontánea que se hace para adquirir o conservar un derecho o preservarse de un daño que pudiera sobrevenir, en el que, quien la hace se obliga a declarar con verdad acerca de los hechos que relata, no basta para tener por acreditadas las conductas autoritarias reclamadas, ya que tal protesta sólo es un requisito de la demanda establecido en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo y no tiene el carácter de medio de prueba; pues para que surtiera eficacia convictiva, debió apoyarse en algún otro medio de convicción que la hiciera verosímil, habida consideración de que lo en ella afirma es en su beneficio. En esas condiciones, ante la inexistencia no desvirtuada del acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia 284, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". TERCERO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73 y 74, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *** contra la retención de los documentos que atribuye a la directora del Instituto Libre de Comercio y Administración A.C. (ILCA), en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al último considerando de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    pral.120/2022 mesa 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil veintidós. Informe justificado. Incorpórese a los autos el oficio de cuenta, firmado por la directora del Instituto Libre de Comercio y Administración A.C. (ILCA), mediante el cual rinde informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus derechos convenga. 2. Delegados y domicilio. Con fundamento en el numeral 9° de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad responsable a las personas que menciona en el informe, y en términos del numeral 28, fracción I, de la Ley de Amparo, por señalado el domicilio que indica para recibir notificaciones. 3. Diferimiento de la audiencia constitucional. A fin de dar margen a que la parte quejosa se imponga del contenido del informe agregado en esta fecha, con la anticipación mínima a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional agendada para este día, y se señalan, para su verificativo, las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. 4. Forma de notificación. Efectúese la notificación de este proveído por medio de lista a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, sin necesidad de que se envíen oficios relativos, al tratarse de una determinación de mero trámite. Notifíquese. .

  3. Incidental

    INC.120/2022 MESA 5 AUDIENCIA INCIDENTAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con quince minutos del dos de marzo de dos mil veintidós, *** R E S U L T A N D O: PRIMERO. Radicación. Mediante auto de dieciséis de febrero de este año, en cumplimiento al proveído de esa fecha dictado en el juicio de amparo principal 120/2022, se formó el incidente de suspensión solicitado por ***, contra el acto y autoridad que se precisarán en la etapa considerativa. SEGUNDO. Medida cautelar. En el referido auto se decretó la suspensión provisional del acto reclamado, se solicitó informe previo a la autoridad responsable, y se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia incidental, la cual, previo diferimiento, se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para conocer y resolver de la suspensión de los actos reclamados, en términos de los artículos 103 y 107, fracción X, de la Constitución Federal; 125 a 158 de la Ley de Amparo; 49, 50 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación a los Acuerdos Generales 45/2016 y 46/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforman el diverso 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de la suspensión de un acto reclamado en materia administrativa, atribuido a una autoridad residente en un lugar donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión de acto reclamado. Con el objeto de proveer en relación a la suspensión solicitada, en términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama de la directora del Instituto Libre de Comercio y Administración A.C. (ILCA): La retención de sus certificados de educación primaria y educación secundaria, así como de las boletas de calificaciones del primero, segundo, tercero y cuarto semestres de educación media superior. Y solicita la suspensión definitiva del acto reclamado para un efecto restitutorio, consistente que la autoridad le entregue los documentos que, afirma, tiene retenidos. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. Al rendir informe previo, la autoridad responsable directora del Instituto Libre de Comercio y Administración A.C. (ILCA), negó la existencia del acto reclamado; sin que la quejosa haya desvirtuado tal aseveración. Es así, pues la prueba documental exhibida con la demanda de amparo no reviste el valor probatorio necesario para demostrar la existencia del acto reclamado a la autoridad responsable, pues es una documental en copia simple, de la que no se advierte información concreta que permita desvirtuar la negativa, pues solo se aprecia que, al parecer, la quejosa fue evaluada como alumna en el Instituto Libre de Comercio y Administración A.C., porque la copia simple es de una relación de "evaluaciones correspondientes a la segunda unidad", a nombre de la quejosa, relativa al primer semestre, expedida por la institución académica señalada como autoridad responsable. Pero, se insiste, tal documental no está robustecida con otro elemento probatorio que permita aseverar que existe el acto reclamado. Ello, debido a que, en el caso, el reclamo de la parte quejosa constituye un acto positivo, porque atribuye a la responsable la negativa verbal de devolverle documentos académicos, entonces correspondía a dicha impetrante la carga probatoria de demostrar que, en efecto, la autoridad responsable incurrió en esa conducta. En consecuencia, ante la inexistencia no desvirtuada del acto reclamado, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada, porque no existe materia sobre la cual recaiga. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al año dos mil, tomo VI, común, página 286, del epígrafe y contenido siguientes: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". CUARTO. Archivo del expediente. Toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en sentido contrario), 18 y 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Destino del original (destruible). Comuníquese a las partes que, por haberse negado la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, independientemente de la concesión de la suspensión provisional, el original de este expediente será DESTRUIBLE una vez que transcurran tres años, en términos del artículo 21, inciso c), del mencionado acuerdo general, en relación con las especificaciones previstas en el "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal"; por lo cual, una vez cumplido ese término, dentro de los treinta días siguientes, se destruirá el expediente. Destino del duplicado (destruible). En tanto que, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a), del mismo acuerdo general, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dicta esta interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión dentro de los treinta días siguientes. En el entendido que, en su oportunidad, deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, que verifique a) que en la carátula de cada cuaderno de este incidente de suspensión obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. En mérito a lo expuesto y fundado legalmente; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega a la quejosa *** la suspensión definitiva de los actos reclamados a la directora del Instituto Libre de Comercio y Administración A.C. (ILCA), en términos del considerando tercero de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se ordena dar cumplimiento con lo dispuesto en el considerando último de esta resolución. Notifíquese.

  4. Incidental

    INC.120/2022 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Informe previo. Incorpórese a los autos el escrito firmado por la directora del Instituto Libre de Comercio y Administración A.C. (ILCA), con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual rinde informe previo; con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y, de ser el caso, efectúen las manifestaciones que a su derecho convenga. Delegados y domicilio para notificaciones. Con fundamento en el numeral 9° de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad oficiante a las personas que menciona en el informe previo, y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 28, fracción I, de dicho ordenamiento legal, por señalado el domicilio que indica para recibir notificaciones. Notifíquese.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano