Carolina Juana López López
Expediente 799/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 799/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Carolina Juana López López
Actuaciones
- Principal
MESA VI B Vistos los autos y el cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el veinticinco de junio del presente año (fojas 23 y 24), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que las partes no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente.
- Principal
MESA VI B Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Ahora bien, en la especie, del análisis integral de la demanda se conoce que esencialmente la quejosa Carolina Juárez López López reclamó de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, la falta de emisión de laudo en el juicio laboral 440/2012 de su índice, en el plazo previsto por la ley aplicable. Luego, la junta responsable en su informe de ley, aceptó la existencia de la omisión reclamada, pues refirió que a la presentación de la demanda de amparo origen de este asunto (cuatro de junio de dos mil quince), no se había pronunciado resolución en forma de laudo en el expediente 440/2012 de su índice, empero, el veintidós de junio actual, se resolvió lo conducente; y para justificar su dicho remitió copia certificada de la determinación de mérito, misma que reviste el carácter de documento público con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º. Lo anterior pone de manifiesto que, en el caso, sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía individual violada, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. En este tenor, se determina que, en el caso, han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que la junta responsable el veintidós de junio de dos mil quince, pronunció laudo en el expediente laboral 440/2012 radicado a su cargo; de ahí que, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Tiene aplicación, la jurisprudencia 2ª./J.59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: CESASIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, al actualizarse en forma notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio a la quejosa ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del siete de julio del dos mil quince (foja 8 vuelta); hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA III A Visto el estado de autos se advierte que se encontraba señalada para las nueve horas con veinte minutos del cinco de junio de esta anualidad la audiencia constitucional (foja 326); no obstante ello, atento al oficio SEPLE./GEN./014/4193/2015, de tres de los corrientes, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, residente en el Distrito Federal, fue comunicado que en sesión ordinaria celebrada en esa propia fecha, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por unanimidad de votos, acordó suspender las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en el Estado de Oaxaca, con sede en la ciudad del mismo nombre; lo anterior atendiendo a los posibles ataques a instalaciones que pudieran suscitarse en el margen de la jornada electoral que se llevó a cabo el siete del actual; motivo por el cual, la fecha señalada para que tuviera verificativo la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de amparo, no se llevó a cabo. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio 151/2015, signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de Tlaxiaco, Oaxaca, por medio del cual, en atención al requerimiento formulado el siete de mayo pasado, remite las documentales que en el mismo le fueron solicitadas. Sin que obste a lo anterior, el hecho que el citado oficio se hubiere recibido vía fax. Al efecto, de la lectura de la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa reclama en su doble carácter de ordenadoras y ejecutoras al Responsable de la Fiscalía de la Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, y al Agente del Ministerio Público de la Mesa Dos Adscrita a la Fiscalía de Juicio Oral de la Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, en esencia, la denegación en la impartición de justicia en el legajo de investigación 199/TX.X/2013, en virtud de que desde el veintiuno de marzo de dos mil trece, dada la comparecencia de la víctima, se inició el legajo de investigación en su contra y de otra persona, como probables responsables en la comisión de los delitos de abuso de confianza, retención y demás delitos que se lleguen a configurar. Al efecto, al momento de rendir su informe justificado el Agente del Ministerio Público de la Mesa Dos de la Fiscalía Local de Tlaxiaco, Oaxaca (fojas 22 y 23), negó la existencia del acto reclamado, en virtud de que mediante proveído de ocho de abril de la pasada anualidad en el legajo de investigación 199/T.X.X/2013, con fundamento en lo dispuesto en el ordinal 217 del Código Procesal Penal vigente en la Región se ordenó Archivo Temporal del legajo de investigación, en virtud de que no era posible determinar sobre el ejercicio o no de la acción penal en la referida carpeta de investigación, atento a que existían diligencias pendientes por desahogarse así como diversas probanzas que agregar al legajo de investigación para su debida integración, mismas que dada su naturaleza corresponden exhibirse por la parte querellante, quien fue citada por la autoridad ministerial con la finalidad de presentar testigos que corroboren su dicho, así como como para acreditar la propiedad y solvencia económica de la suma de dinero respecto de la cual argumenta que fue objeto de disposición para sí por parte de la imputada, sin que obre tampoco en la indagatoria el dictamen pericial contable correspondiente que determine el monto de la disposición para sí en perjuicio de la víctima que efectuó la imputada; motivo por el cual con dichos medios de prueba no es factible determinar el ejercicio o no de la acción penal; por tanto, dadas las manifestaciones vertidas por la aludida autoridad responsable, y ya que hasta el momento de la presentación de la demanda de amparo (06 de marzo de 2014), la autoridad llevadora del legajo de investigación no determinaba lo relativo a la judicialización del aludido legajo; en tales condiciones, su negativa se desvirtúa y se tiene por cierto el acto que se le atribuye. Ahora, de las constancias descritas con anterioridad, se advierte que en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable una causa de improcedencia que impone sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Así también, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que cuando durante el juicio sobreviene una causa de improcedencia manifiesta e indudable, de tal manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial Precisado lo anterior, en el caso concreto, la quejosa reclama el retardo en la impartición de justicia que se traduce en que hasta el momento de la presentación de la demanda de amparo, el Agente del Ministerio Público de la Mesa Dos de la Fiscalía Local de Tlaxiaco, Oaxaca, no determinaba la judicialización o no del legajo de investigación 199/T.X./2013 de su estadística. Ahora, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que por auto de veintiuno de marzo de dos mil trece, se tuvo por iniciado el legajo de investigación en contra de María Nicolás Nicolás y Elena Sofía Nicolás Nicolás, como probables responsables en la comisión de los delitos de abuso de confianza, retención y demás delitos que se lleguen a configurar, cometidos en perjuicio de Antonia Nicolás Jiménez, asignándole el número 199/T.X.X/2013, en dicha indagatoria obran los siguientes medios de convicción: 1.- Comparecencia y declaración Ministerial de Antonia Nicolás Jiménez, con perito intérprete de veintiuno de marzo de dos mil trece (fojas 32 y 33). 2.- Comparecencia y declaración Ministerial de la denunciante Antonia Nicolás Jiménez con perito Intérprete, de diez de abril de dos mil trece (foja 39). 3.- Diligencia de ampliación de la denuncia de Antonia Nicolás Jiménez con perito intérprete, de veinte de junio de dos mil trece (fojas 41 y 42). 4.- Declaración Ministerial del testigo de cargo Timoteo Fabio Nicolás Ruiz, el veinte de junio de dos mil trece (foja 43). 5.- Declaración Ministerial del testigo de cargo Timoteo Serafín Hernández Rivera, el veinte de junio de dos mil trece (foja 45). 6.- Proveído de seis de enero de dos mil catorce, en el que la autoridad ministerial ordenó realizar una búsqueda minuciosa en los libros de gobierno que se llevan en la oficina ministerial a efecto de verificar si existe legajo de investigación contra María Sofía Nicolás Nicolás y Elena Sofía Nicolás Nicolás (foja 48). 7.- Diligencia de intervención de María Sofía Nicolás Nicolás, mediante el cual ratifica su escrito de intervención dentro del legajo de investigación (fojas 50 y 51). 8.- Auto de cuatro de abril de dos mil catorce, mediante el cual se ordenó girar citatorio a Antonia Nicolás Nicolás, a fin de que compareciera ante la autoridad ministerial, a efecto de que acreditara el dinero que dice en su denuncia que fue sacado de la Cooperativa Simbacrem, sin su autorización por parte de las imputadas, además con la finalidad de que presentara testigos que corroboraran su dicho respecto a los hechos denunciados y aportara mayores datos a la investigación ministerial, señalándose para dicho fin las diez horas con treinta minutos del siete de abril de dos mil catorce (foja 57). 9.- Finalmente, se aprecia, que por auto de ocho de abril de dos mil catorce, previo análisis de las constancias que integran el legajo de investigación, ordenó el archivo temporal de la carpeta de investigación correspondiente. En efecto, toda vez que del numeral 254 del Código Procesal Penal vigente en la Región en la que reside el fiscal responsable, se conoce que el Ministerio Público tiene la facultad de ordenar el archivo temporal de aquellas investigaciones en fase inicial en las que no se encuentren antecedentes, datos suficientes o elementos de los que se puedan establecer líneas de investigación que permitan realizar diligencias tendentes a esclarecer los hechos que dieron origen a la investigación; bajo tal premisa, es evidente que los efectos del acto reclamado han cesado en virtud de que se ha promovido el acceso a la impartición de la justicia por parte de la autoridad ministerial habida cuenta que fue decretado un archivo temporal del legajo de investigación, decretándose con ello un pronunciamiento por parte de la autoridad ministerial. En consecuencia, como el acto reclamado cesó en sus efectos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, motivo por el cual, procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo, conforme a lo previsto en el diverso numeral 63, fracción V, de la mencionada Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 2a./J. 59/99, que aparece en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Además, es factible también sostener el sobreseimiento del presente asunto, por lo que se refiere a la diversa autoridad responsable Fiscal en Jefe de Tlaxiaco, Oaxaca, en virtud de que al rendir su informe justificado (foja 26), negó la existencia del acto que se le atribuye, motivo por el cual se sobresee por lo que hace a dicha autoridad, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción IV de la ley de la materia. Sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento en cuanto a la audiencia constitucional, por una parte, dada la contingencia generada en la fecha en que tendría verificativo, además que, no ha lugar a decretar nueva fecha y hora en virtud del sentido de la presente determinación. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Finalmente, si bien hasta esa etapa del procedimiento se encuentra pendiente concluir el emplazamiento de la tercera interesa Antonia Nicolás Jiménez, dicha diligencia ya no se estima necesaria, en virtud de que por una parte de autos se aprecia que dicha persona ha fallecido, y por otra dado el sentido de la presente determinación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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POR LISTA: MESA VI B Vista la demanda de amparo promovida por Carolina Juana López López, contra actos de los Integrantes de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, por violación a sus derechos humanos; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 799/2015. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV de la Ley de Amparo, se otorga a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional, la intervención correspondiente por lo que entréguesele una copia simple de la demanda. Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SIETE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, para la celebración de la audiencia constitucional. Solicítese informe justificado a la autoridad responsable el cual deberá rendir dentro del término de quince días hábiles siguientes a que reciba el oficio, para lo cual deberá acompañar, en su caso, copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias para apoyarlo, de no hacerlo en sus términos, de conformidad con el precepto 260, fracción II, en relación con el 238 del ordenamiento invocado, se impondrá a la omisa una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. En términos del artículo 64 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se previene a todas las partes para que comuniquen cuando cesen los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de sobreseimiento, asimismo, informen si en relación con el acto reclamado se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, indiquen el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto, de incumplirlo, en términos del precepto 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. En términos de lo dispuesto en el artículo 5, Fracción III, inciso b, de la Ley de Aparo, se tiene como tercero interesado al Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio en la calle Armenta y López número ochocientos veintiuno colonia Centro de esta ciudad; para que esté en aptitud de comparecer a este juicio, con apoyo en el arábigo 26 fracción II, inciso b) de dicha Ley, emplácesele mediante oficio remitiéndole copia de la demanda. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de la materia, se tienen como pruebas del quejoso, la instrumental pública de actuaciones consistente en todo lo actuado y por actuar en el presente asunto y la presuncional en su doble aspecto; sin perjuicio de ser relacionadas con el valor que la ley les confiere, al momento de celebrarse la audiencia de Ley. Como lo establece el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional.
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