CAROLINA GUERRERO ORTIZ y Otros.
Expediente 1330/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1330/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- CAROLINA GUERRERO ORTIZ y Otros.
- Carolina Guerrero Ortiz
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Anotaciones carátula Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ******...****, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, fórmese expediente electrónico e impreso (éste último con las promociones físicas que presenten las partes, así como con las actuaciones que resulten indispensables para el impulso del asunto), regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1330/2022. Desechamiento de la demanda Antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El precepto transcrito, establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal, no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultarán indudablemente improcedentes. Así, la norma transcrita impone al Juez de Distrito la obligación de estudiar el libelo de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia desecharla de plano, para lo cual en principio deben tomarse en consideración únicamente los hechos y las circunstancias narrados en el propio ocurso y en los anexos que se acompañen. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." El proceder anterior tiene como base lo previsto por el artículo 17 constitucional que consagra el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre será improcedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse la improcedencia de una cuestión de orden público debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar qué supuestos legales que regulan a esa institución jurídica se actualizan en el presente sumario. Bajo la premisa contenida en el artículo anterior, es pertinente examinar si en la especie existe alguna causal de improcedencia, que por ser manifiesta e indudable, permita de plano su desechamiento. En este sentido, del análisis integral del escrito de demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Junta de Arbitraje para los Empleados al servicio de los Poderes del Estado, lo siguiente: ".El acuerdo dictado en la Audiencia de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, sobre la negativa de actualizar los salarios caídos en el expediente laboral número *****..****." En este tenor, el suscrito estima que en la especie, respecto del citado acto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Mientras que el diverso 107, fracción IV, establece lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)" En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política o de la propia Ley de Amparo. La fracción XXIII debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas previstas en algunos preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 107 fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Precisa que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Aclara que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos precisados. En efecto, en ambos párrafos de la disposición 107, fracción IV, apuntada, el legislador dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. En apoyo a lo anterior se invoca, la jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en e Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Abril de 2001, página 31, registro 190035, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Y, la jurisprudencia 1a./J. 28/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 60, con número de registro 164639, del rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. En ese orden de ideas, el artículo 107 fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, establece una regla general de procedencia del juicio de amparo, consistente en que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio. Sin embargo, tratándose de actos en ejecución de sentencia, éstos puede reclamarse a través del amparo indirecto, únicamente de acuerdo con lo siguiente: A. Que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente, esto es, contra aquella resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, u ordena el archivo definitivo del expediente; o, tratándose del procedimiento de remate, aquella resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados (regla específica); B. Cuando el acto reclamado genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia (regla específica). Precisado lo anterior, en el caso concreto, la causa de improcedencia se actualiza por lo siguiente: De los hechos del caso narrados, bajo protesta de decir verdad, por la quejosa en su escrito inicial de demanda y sus anexos, se advierte: Que en el expediente laboral ******...***, promovido por la aquí quejosa, se dicó el laudo correspondiente el ocho de abril de dos mil diecinueve. Por auto de fecha veinte de junio de dos mil diecinueve, la Junta de Arbitraje, ordenó girar exhorto al Juez Mixto de Primera Instancia del Municipio de Huautla de Jiménez, Oaxaca, para que requiriera al Ayuntamiento demandado, cumpliera con el laudo de ocho de abril de dos mil diecinueve y su aclaración de dieciséis de ese mismo mes y año. La diligencia de requerimiento de pago por conducto del actuario de la Junta de Arbitraje, se llevó a cabo las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, con el Síndico Procurador del Ayuntamiento demandado, sin que el Ayuntamiento efectuara pago alguno. Por auto de fecha trece de octubre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable, acordó diversos escritos que ordenó agregar en ese expediente y, por lo que respecta a la promoción de la parte actora, señaló: "[.] Por otro lado, respecto a la solicitud de requerir al Ayuntamiento demandado, la actualización de los salarios caidos, al respecto, debe decirse que en el laudo ocho de abril de dos mil diecinueve y su aclaración de dieciséis del mismo mes y año, fue cuantificada la condena liquida, sin que se haya ordenado la actualización de dicha prestación o la apertura del incidente de liquidación. Asimismo, que tales determinaciones le fueron notificadas a la parte actora el diez y treinta de abril de dos mil diecinueve, como consta en las razones actuariales correspondientes (fojas 246 y 250), y que tiene fuerza de cosa juzgada, pues las actuaciones en un proceso, causan estado formal por el transcurso del tiempo y el no ejercicio de recurso alguno, como en el caso acontece. En ese sentido, destaca que a la fecha han transcurrido dos años, dos meses y cinco días a partir de la notificación del laudo; y dos años, un mes y catorce días, cuatro días (sic), a partir de la notificación de la aclaración del mismo a la parte actora, por lo que es inconcuso que se trata de un acto consentido, debiendo reputarse como tal, aquel que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hace una simple manifestación de inconformidad, como en el caso acontece, no produce efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar dicha determinación, lo que se traduce en consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz. A mayor abundamiento, son actos consentidos tácitamente aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo y por tanto, si el peticionario solicita una cuestión que entraña una relación de un acto o determinación diverso que conoció oportunamente y omitió controvertir dentro del término legal mediante el juicio de garantías, dicho proveído también debe considerarse como un acto consentido tácitamente pues, de estimar lo contrario, bastarla que el quejoso hiciera una solicitud para reactivar los plazos procesales para la interposición de una demanda de amparo, lo cual atentarla contra los principios de seguridad y certeza jurídica. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 95 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, no ha lugar a calcular la actualización de salarios caldos [...]" Por escrito de 26 de septiembre de 2022, la quejosa solicitó se hicieran efectivas las multas indicadas al demandado, ordenado por auto de uno de ese propio mes y año, así como la actualización de pago de salarios caídos calculados del 09 de abril de 2019, al 26 de septiembre de 2022, más los que se sigan generando hasta el pago total del laudo. Por otra parte, mediante diversa audiencia de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se llevó a cabo, sin la asistencia del demandado. La Junta acordó la promoción de 26 de septiembre de la presente anualidad, en los siguientes términos: "[...] Respecto de la solicitud de actualizar la condena de salarios caídos, se le dice al actor, que se deberá estar a lo ya proveído por acuerdo de tres (sic trece) de octubre de dos mil veintiuno [...]" Por otra parte, se requirió al AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA Y A SU TESORERO MUNICIPAL, para que incluyan en su PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO DOS MIL VEINTITRÉS, la cantidad total que adeudan a la actora de $****..**** asimismo, se señalaron las diez treinta horas del diez de noviembre en curso, para celebrar pláticas tendientes a dar cumplimiento total al laudo. Acuerdo anterior que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Relatado lo anterior, como se adelantó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia sujeta a análisis, toda vez que si bien el acto reclamado (acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintidós) se trata de una actuación emitida después de concluido el juicio laboral de origen (regla general), no se actualiza alguna de las dos hipótesis específicas de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos después de concluido un juicio, porque: A. En el caso, aunque se reclama un proveído dictado en un procedimiento de ejecución de sentencia, no se trata de la última resolución emitida en ese procedimiento, ya que de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de los anexos remitidos, se advierte que el auto que se reclama no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, ni declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En efecto, si bien es cierto del acuerdo reclamado se advierte que la Junta responsable estimó negar la actualización de los salarios caídos en el expediente ******..******, toda vez que, en el laudo respectivo fue cuantificada la condena líquida, sin que se haya ordenado la actualización de dicha prestación o la apertura del incidente de liquidación, cierto es también que en esa audiencia requirió al AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA Y A SU TESORERO MUNICIPAL, para que incluyan en su PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO DOS MIL VEINTITRÉS, la cantidad total que adeudan a la actora de $ *****...**** asimismo, señaló las diez treinta horas del diez de noviembre en curso, para celebrar pláticas tendientes a dar cumplimiento total al laudo, por lo tanto, el acuerdo aquí reclamado no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. En ese sentido, la quejosa podrá promover demanda de amparo una vez dictada la última resolución en el procedimiento de ejecución pudiendo entonces reclamar las violaciones cometidas durante dicho procedimiento, incluida la resolución que en esta instancia reclama. De ahí, que el auto reclamado no constituya la última resolución en el juicio laboral de origen. En ese contexto, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, porque se considera que el acuerdo reclamado, a criterio de este juzgador, es impugnable en el amparo que se intente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, puesto que será hasta dicho momento que se actualice como violación procesal a ese procedimiento de ejecución, si es que el sentido de dicha resolución final es adverso al ejecutado. En ese sentido, la irreparabilidad del acto atiende a las consecuencias jurídicas que origina y no a las manifestaciones que se hagan de que con ello se atenta contra ciertos derechos fundamentales y que se causa daño irreparable, como lo argumenta la parte quejosa, porque de permitirlo así, se dejaría al libre albedrío la promoción indiscriminada del juicio de amparo, basándose en la sola manifestación del gobernado de que se trata de actos de imposible reparación, lo que desde luego desnaturalizaría la acción constitucional. Así, se destaca que no se actualiza alguna de las hipótesis bajo las cuales excepcionalmente el acto reclamado sería reclamable en amparo indirecto de forma inmediata, pues aun y cuando se estimara que el acto reclamado pudiera estimarse de imposible reparación, éste se encuentra plenamente vinculado con el procedimiento de ejecución y por ende, como se precisó, no es ajeno a la cosa juzgada en el juicio natural; ni se le puede considerar que tengan autonomía propia y que no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Bajo ese contexto, como se adelantó, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV -interpretado a contrario sensu-, ambos de la Ley de Amparo, pues el juicio de amparo se promueve contra actos en ejecución de sentencia, y no se está en algún supuesto de excepción a la regla de que el juicio de amparo procede únicamente contra la última resolución dictada en ejecución de sentencia (que es cuando, de ser el caso, se podrían alegar las violaciones procesales que aquí se combaten). En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda, y por autorizado para recibir notificaciones e imponerse de los autos, sin las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Héctor Alavés Méndez, por así solicitarlo expresamente. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.
- Principal
POR LISTA: MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ******...****, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, fórmese expediente electrónico e impreso (éste último con las promociones físicas que presenten las partes, así como con las actuaciones que resulten indispensables para el impulso del asunto), regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1330/2022. Desechamiento de la demanda Antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El precepto transcrito, establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal, no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultarán indudablemente improcedentes. Así, la norma transcrita impone al Juez de Distrito la obligación de estudiar el libelo de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia desecharla de plano, para lo cual en principio deben tomarse en consideración únicamente los hechos y las circunstancias narrados en el propio ocurso y en los anexos que se acompañen. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." El proceder anterior tiene como base lo previsto por el artículo 17 constitucional que consagra el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre será improcedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse la improcedencia de una cuestión de orden público debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar qué supuestos legales que regulan a esa institución jurídica se actualizan en el presente sumario. Bajo la premisa contenida en el artículo anterior, es pertinente examinar si en la especie existe alguna causal de improcedencia, que por ser manifiesta e indudable, permita de plano su desechamiento. En este sentido, del análisis integral del escrito de demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Junta de Arbitraje para los Empleados al servicio de los Poderes del Estado, lo siguiente: ".El acuerdo dictado en la Audiencia de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, sobre la negativa de actualizar los salarios caídos en el expediente laboral número *****..****." En este tenor, el suscrito estima que en la especie, respecto del citado acto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Mientras que el diverso 107, fracción IV, establece lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)" En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política o de la propia Ley de Amparo. La fracción XXIII debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas previstas en algunos preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 107 fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Precisa que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Aclara que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos precisados. En efecto, en ambos párrafos de la disposición 107, fracción IV, apuntada, el legislador dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. En apoyo a lo anterior se invoca, la jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en e Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Abril de 2001, página 31, registro 190035, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Y, la jurisprudencia 1a./J. 28/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 60, con número de registro 164639, del rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. En ese orden de ideas, el artículo 107 fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, establece una regla general de procedencia del juicio de amparo, consistente en que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio. Sin embargo, tratándose de actos en ejecución de sentencia, éstos puede reclamarse a través del amparo indirecto, únicamente de acuerdo con lo siguiente: A. Que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente, esto es, contra aquella resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, u ordena el archivo definitivo del expediente; o, tratándose del procedimiento de remate, aquella resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados (regla específica); B. Cuando el acto reclamado genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia (regla específica). Precisado lo anterior, en el caso concreto, la causa de improcedencia se actualiza por lo siguiente: De los hechos del caso narrados, bajo protesta de decir verdad, por la quejosa en su escrito inicial de demanda y sus anexos, se advierte: Que en el expediente laboral ******...***, promovido por la aquí quejosa, se dicó el laudo correspondiente el ocho de abril de dos mil diecinueve. Por auto de fecha veinte de junio de dos mil diecinueve, la Junta de Arbitraje, ordenó girar exhorto al Juez Mixto de Primera Instancia del Municipio de Huautla de Jiménez, Oaxaca, para que requiriera al Ayuntamiento demandado, cumpliera con el laudo de ocho de abril de dos mil diecinueve y su aclaración de dieciséis de ese mismo mes y año. La diligencia de requerimiento de pago por conducto del actuario de la Junta de Arbitraje, se llevó a cabo las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, con el Síndico Procurador del Ayuntamiento demandado, sin que el Ayuntamiento efectuara pago alguno. Por auto de fecha trece de octubre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable, acordó diversos escritos que ordenó agregar en ese expediente y, por lo que respecta a la promoción de la parte actora, señaló: "[.] Por otro lado, respecto a la solicitud de requerir al Ayuntamiento demandado, la actualización de los salarios caidos, al respecto, debe decirse que en el laudo ocho de abril de dos mil diecinueve y su aclaración de dieciséis del mismo mes y año, fue cuantificada la condena liquida, sin que se haya ordenado la actualización de dicha prestación o la apertura del incidente de liquidación. Asimismo, que tales determinaciones le fueron notificadas a la parte actora el diez y treinta de abril de dos mil diecinueve, como consta en las razones actuariales correspondientes (fojas 246 y 250), y que tiene fuerza de cosa juzgada, pues las actuaciones en un proceso, causan estado formal por el transcurso del tiempo y el no ejercicio de recurso alguno, como en el caso acontece. En ese sentido, destaca que a la fecha han transcurrido dos años, dos meses y cinco días a partir de la notificación del laudo; y dos años, un mes y catorce días, cuatro días (sic), a partir de la notificación de la aclaración del mismo a la parte actora, por lo que es inconcuso que se trata de un acto consentido, debiendo reputarse como tal, aquel que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hace una simple manifestación de inconformidad, como en el caso acontece, no produce efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar dicha determinación, lo que se traduce en consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz. A mayor abundamiento, son actos consentidos tácitamente aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo y por tanto, si el peticionario solicita una cuestión que entraña una relación de un acto o determinación diverso que conoció oportunamente y omitió controvertir dentro del término legal mediante el juicio de garantías, dicho proveído también debe considerarse como un acto consentido tácitamente pues, de estimar lo contrario, bastarla que el quejoso hiciera una solicitud para reactivar los plazos procesales para la interposición de una demanda de amparo, lo cual atentarla contra los principios de seguridad y certeza jurídica. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 95 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, no ha lugar a calcular la actualización de salarios caldos [...]" Por escrito de 26 de septiembre de 2022, la quejosa solicitó se hicieran efectivas las multas indicadas al demandado, ordenado por auto de uno de ese propio mes y año, así como la actualización de pago de salarios caídos calculados del 09 de abril de 2019, al 26 de septiembre de 2022, más los que se sigan generando hasta el pago total del laudo. Por otra parte, mediante diversa audiencia de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se llevó a cabo, sin la asistencia del demandado. La Junta acordó la promoción de 26 de septiembre de la presente anualidad, en los siguientes términos: "[...] Respecto de la solicitud de actualizar la condena de salarios caídos, se le dice al actor, que se deberá estar a lo ya proveído por acuerdo de tres (sic trece) de octubre de dos mil veintiuno [...]" Por otra parte, se requirió al AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA Y A SU TESORERO MUNICIPAL, para que incluyan en su PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO DOS MIL VEINTITRÉS, la cantidad total que adeudan a la actora de $****..**** asimismo, se señalaron las diez treinta horas del diez de noviembre en curso, para celebrar pláticas tendientes a dar cumplimiento total al laudo. Acuerdo anterior que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Relatado lo anterior, como se adelantó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia sujeta a análisis, toda vez que si bien el acto reclamado (acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintidós) se trata de una actuación emitida después de concluido el juicio laboral de origen (regla general), no se actualiza alguna de las dos hipótesis específicas de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos después de concluido un juicio, porque: A. En el caso, aunque se reclama un proveído dictado en un procedimiento de ejecución de sentencia, no se trata de la última resolución emitida en ese procedimiento, ya que de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de los anexos remitidos, se advierte que el auto que se reclama no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, ni declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En efecto, si bien es cierto del acuerdo reclamado se advierte que la Junta responsable estimó negar la actualización de los salarios caídos en el expediente ******..******, toda vez que, en el laudo respectivo fue cuantificada la condena líquida, sin que se haya ordenado la actualización de dicha prestación o la apertura del incidente de liquidación, cierto es también que en esa audiencia requirió al AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA Y A SU TESORERO MUNICIPAL, para que incluyan en su PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO DOS MIL VEINTITRÉS, la cantidad total que adeudan a la actora de $ *****...**** asimismo, señaló las diez treinta horas del diez de noviembre en curso, para celebrar pláticas tendientes a dar cumplimiento total al laudo, por lo tanto, el acuerdo aquí reclamado no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. En ese sentido, la quejosa podrá promover demanda de amparo una vez dictada la última resolución en el procedimiento de ejecución pudiendo entonces reclamar las violaciones cometidas durante dicho procedimiento, incluida la resolución que en esta instancia reclama. De ahí, que el auto reclamado no constituya la última resolución en el juicio laboral de origen. En ese contexto, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, porque se considera que el acuerdo reclamado, a criterio de este juzgador, es impugnable en el amparo que se intente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, puesto que será hasta dicho momento que se actualice como violación procesal a ese procedimiento de ejecución, si es que el sentido de dicha resolución final es adverso al ejecutado. En ese sentido, la irreparabilidad del acto atiende a las consecuencias jurídicas que origina y no a las manifestaciones que se hagan de que con ello se atenta contra ciertos derechos fundamentales y que se causa daño irreparable, como lo argumenta la parte quejosa, porque de permitirlo así, se dejaría al libre albedrío la promoción indiscriminada del juicio de amparo, basándose en la sola manifestación del gobernado de que se trata de actos de imposible reparación, lo que desde luego desnaturalizaría la acción constitucional. Así, se destaca que no se actualiza alguna de las hipótesis bajo las cuales excepcionalmente el acto reclamado sería reclamable en amparo indirecto de forma inmediata, pues aun y cuando se estimara que el acto reclamado pudiera estimarse de imposible reparación, éste se encuentra plenamente vinculado con el procedimiento de ejecución y por ende, como se precisó, no es ajeno a la cosa juzgada en el juicio natural; ni se le puede considerar que tengan autonomía propia y que no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Bajo ese contexto, como se adelantó, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV -interpretado a contrario sensu-, ambos de la Ley de Amparo, pues el juicio de amparo se promueve contra actos en ejecución de sentencia, y no se está en algún supuesto de excepción a la regla de que el juicio de amparo procede únicamente contra la última resolución dictada en ejecución de sentencia (que es cuando, de ser el caso, se podrían alegar las violaciones procesales que aquí se combaten). En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda, y por autorizado para recibir notificaciones e imponerse de los autos, sin las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Héctor Alavés Méndez, por así solicitarlo expresamente. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.
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