Carolina Huesca Espinoza de los Monteros
Expediente 641/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 641/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 20/05/2016
Partes del expediente
- Carolina Huesca Espinoza de los Monteros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto lo de cuenta; se tiene que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de doce de mayo de dos mil dieciséis, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado el Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y el Director de Ingresos adscrito a dicha Secretaría, en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, por lo que este tribunal resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en autos. En principio debe precisarse que por sentencia de seis de abril de dos mil dieciséis, este Juzgado de Distrito determinó conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en los términos siguientes: "[.] Se precisa que los efectos de la protección federal son para que: I.- Se desincorpore de la parte quejosa, la obligación tributaria prevista en los artículos 90 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, publicada el veintiuno de julio de dos mil catorce, cuya última reforma se publicó el veinte de diciembre último, para que no se le apliquen las normas declaradas inconstitucionales durante el lapso de su vigencia. II.- Como consecuencia de lo anterior, que al determinarse el derecho que por servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, deba pagar la parte quejosa con motivo del acto de compraventa de inmuebles y constitución de garantías reales sobre inmuebles, que erogó el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, contenido en los recibos con número de operación 2016/493914 y 2016/493913, expedidos por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Querétaro, se aplique la cantidad mínima que prevé el artículo 110 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, publicada en el en el Periódico del Estado de Querétaro, el veintiuno de julio de dos mil catorce cuya última reforma se publicó el veinte de diciembre último, y, se restituya a la parte quejosa el numerario excedente de la cantidad que hubiese pagado por la aplicación de los artículos declarados inconstitucionales. [.]" (Folio 69 Por auto de veintiséis de abril del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió al Director de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, así como a su superior jerárquico Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para que dieran cumplimiento al fallo protector en el plazo de diez días. (Folios 83 a 85) Mediante oficio PF/DAF/05020/2016, recepcionado en este juzgado el once de mayo último, el Procurador Fiscal del Estado de Querétaro, en relación con la ejecutoria de amparo dictada en autos, informó que se encuentra a disposición de la quejosa en las instalaciones de la autoridad el cheque número 0336667, por la cantidad de $21,382.00 (VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), expedido a nombre de la quejosa Carolina Huesca Espinoza de los Monteros, por concepto de devolución del pago que efectuó por derechos registrales; asimismo informa que los artículos 90 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro vigente, se desincorporaron de su esfera jurídica. (Folios 94 a 96) En ese contexto, este juzgador federal estima que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, ya que el Procurador Fiscal del Estado de Querétaro, justificó haber desincorporado de la esfera jurídica de la impetrante del amparo los artículos declarados inconstitucionales, restituyéndola en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, así también, emitió el cheque número 0336667, por la cantidad de $21,382.00 (VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), expedido a nombre de la quejosa Carolina Huesca Espinoza de los Monteros, por concepto de devolución del pago que efectuó por derechos registrales; lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Sin que obste para emitir el presente pronunciamiento, el hecho de que no obre constancia en autos que revele que la parte quejosa ya acudió a recoger el monto líquido precitado, toda vez que la presente calificación no puede estar supeditada a la voluntad de la promovente de acudir o no a recibir el numerario aludido, pues los efectos del fallo protector obligan a que la autoridad fiscal ponga a su disposición de la parte quejosa el monto descrito en la sentencia, actuación que por su parte ya satisfizo la autoridad exactora de manera que es carga del peticionario acudir cuando lo estime conveniente a recoger dicho monto, sin que este Juzgado Federal pueda ejercer medios coactivos para tal efecto, pues se está frente a la esfera de derechos dispositivos del gobernado. Hágase del conocimiento de la parte quejosa el contenido de este proveído; y, dése vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social corresponda. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente en términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos...II
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta, signado por el Procurador Fiscal del Estado de Querétaro, mediante el cual en relación con la ejecutoria de amparo dictada en autos, informa que se encuentra a disposición de la quejosa en las instalaciones de la autoridad el cheque número 0336667, por la cantidad de $21,382.00 (VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), e informa que los artículos 90 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro vigente, se desincorporaron de su esfera jurídica; en esa virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dése vista por el término de tres días contados a partir de la notificación de este auto a la parte quejosa para que manifieste lo que a sus intereses convenga; en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el plazo indicado, se entenderá que esta conforme, y este Tribunal procederá a analizar en forma oficiosa lo relativo al cumplimiento de la sentencia, sin que sea necesario notificar de manera personal la resolución que adopte este juzgado por ser obligación del justiciable atender el asunto promovido y no ubicarse tal supuesto en las hipótesis previstas en el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de la promovente, que dicha cantidad deberá ser cobrada en un término no mayor a un mes, según lo dispuesto por el artículo 181 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por lo que de inmediato deberá acudir ante la autoridad exactora a recoger el cheque respectivo, acompañando identificación oficial y copia. Igualmente infórmese a la parte quejosa, que al resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos, se determinará que el presente asunto es susceptible de depuración y que carece de relevancia documental, motivo por el cual se conservará tres años en el archivo reciente de este Órgano Jurisdiccional y una vez transcurridos cinco años de archivo, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, la parte quejosa deberá comparecer ante este Órgano Jurisdiccional dentro del término de noventa días a partir del auto que tenga por cumplida la sentencia a fin de recoger los documentos originales que haya aportado al procedimiento, bajo apercibimiento que de no hacerlo dichos documentos se destruirán. Finalmente, en caso de que posteriormente se reciban promociones que provengan de la autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, mediante las cuales informe sobre los actos que secunden a los que les correspondía realizar, se ordena que se agreguen al sumario sin necesidad de dictar diverso acuerdo que el presente, dejando sólo certificación en autos de que se hace así de acuerdo con lo aquí determinado...II
- Principal
Querétaro, Querétaro, veintiséis de abril de dos mil dieciséis. Vistos; por cuanto de la certificación que antecede se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada por este Juzgado, en la que por una parte se sobreseyó el presente juicio de amparo y por otra se le concedió el amparo y la protección de la justicia federal a ******************** por lo que con apoyo en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2° de la ley reglamentaria invocada, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, del presente sumario, se aprecia que la demanda de amparo que nos ocupa, fue promovida por ********************, sin embargo de la lectura integral de la sentencia dictada por este juzgado, en fecha seis de abril de dos mil dieciséis, se aprecia en el primer y segundo resolutivo: ".PRIMERO.- Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************." "SEGUNDO.- La justicia de la unión ampara y protege a ********************."; de ahí que, este Juzgado federal procede a realizar en forma oficiosa la aclaración de sentencia, dado que la misma causó ejecutoria el día de hoy, conforme a lo acordado en el párrafo que antecede; por lo tanto, acorde con lo establecido en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, en el que se otorga a los tribunales la facultad para subsanar las omisiones que se adviertan, así como los diversos artículos 223 a 226 del citado ordenamiento legal, que regulan la institución de la aclaración de sentencia, se establece que la supletoriedad opera de conformidad con el artículo 2° de la Ley de Amparo aplicable, aun cuando tal institución no se encuentra prevista en ésta, siempre que sea indispensable aclarar conceptos ambiguos, oscuros o contradictorios, subsanar alguna omisión o bien corregir algún error, sin alterar la sustancia de lo decidido pues dicha aclaración no contradice en los principios del proceso de amparo, por lo contrario, es congruente con éstos y los complementa. Al mismo tiempo que un hecho y un acto jurídico, la sentencia es un documento, elemento material indispensable para el derecho evolucionado para reflejar su existencia y sus efectos hacia el mundo jurídico, esto es, para que esa sentencia sea perceptible y conocida se requiere la existencia de una forma mediante la cual se representa y refleja la voluntad del Juzgador. La concurrencia de los dos elementos, plenitud de la voluntad del Juez e integridad del documento, es indispensable para que exista la sentencia; de lo anterior, se colige que, como acto jurídico la sentencia es inmutable, pero como documento puede corregirse el error que se haya cometido en el documento. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia número 490, publicada en el Apéndice al Semanario judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que puede verse en la página 325, que dice: "SENTENCIA. INMUTABILIDAD DE LA, COMO ACTO JURÍDICO Y NO COMO DOCUMENTO. La sentencia puede ser considerada como un acto jurídico de decisión y como documento. La sentencia, acto jurídico, consiste en la declaración que hace el juzgador respecto a determinada solución, en tanto que la sentencia documento constituye tan sólo la representación de ese acto jurídico, de tal manera que la sentencia documento es sólo la prueba de la resolución, no su sustancia jurídica. De ahí que el principio de la inmutabilidad de la sentencia sea aplicable única y exclusivamente a la sentencia como acto jurídico de decisión y no al documento que la representa. Consecuentemente, siendo un deber del tribunal sentenciador velar por la exacta concordancia entre la sentencia documento y la sentencia acto jurídico, en cumplimiento de tal deber debe corregirse el error que se haya cometido en la sentencia documento, para que ésta concuerde con el acto jurídico decisorio correspondiente." En tales circunstancias, conviene puntualizar que la aclaración sólo procede tratándose de sentencias ejecutorias, como en el caso acontece, de ahí entonces que, de oficio, este Juzgado de Distrito se avoca a corregir el error del documento para hacerlo coincidente con la ejecutoria de amparo como acto jurídico, de acuerdo a lo siguiente. De ahí entonces que, de conformidad con el artículo 58, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la ley de la materia y 223 a 226 del mismo ordenamiento legal, se procede aclarar la sentencia de amparo que nos ocupa, para que en lo subsecuente, en el primer y segundo resolutivo diga: ".PRIMERO.- Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************." "SEGUNDO.- La justicia de la unión ampara y protege a ********************."; lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes para los fines legales a que haya lugar. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 94/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 6, cuyo texto es: "ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SÓLO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS. La aclaración de sentencias es una institución procesal que, sin reunir las características de un recurso, tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos, y si bien es cierto que la Ley de Amparo no la establece expresamente en el juicio de garantías, su empleo es de tal modo necesario que esta Suprema Corte deduce su existencia de lo establecido en la Constitución y en la jurisprudencia, y sus características de las peculiaridades del juicio de amparo. De aquélla, se toma en consideración que su artículo 17 eleva a la categoría de garantía individual el derecho de las personas a que se les administre justicia por los tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, siendo obvio que estos atributos no se logran con sentencias que, por inexistencia de la institución procesal aclaratoria, tuvieran que conservar palabras y concepciones oscuras, confusas o contradictorias. Por otra parte, ya esta Suprema Corte ha establecido (tesis jurisprudencial 490, compilación de 1995, Tomo VI, página 325) que la sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento, que éste es la representación del acto decisorio, que el principio de inmutabilidad sólo es atribuible a éste y que, por tanto, en caso de discrepancia, el Juez debe corregir los errores del documento para que concuerde con la sentencia acto jurídico. De lo anterior se infiere que por la importancia y trascendencia de las ejecutorias de amparo, el Juez o tribunal que las dictó puede, válidamente, aclararlas de oficio y bajo su estricta responsabilidad, máxime si el error material puede impedir su ejecución, pues de nada sirve al gobernado alcanzar un fallo que proteja sus derechos si, finalmente, por un error de naturaleza material, no podrá ser cumplido. Sin embargo, la aclaración sólo procede tratándose de sentencias ejecutorias, pues las resoluciones no definitivas son impugnables por las partes mediante los recursos que establece la Ley de Amparo." Bajo ese contexto, con fundamento en el propio artículo 192 de la Ley de Amparo; requiérase al Director de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y al Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; para que, dentro del término de DIEZ DÍAS contado a partir del en que reciban la presente notificación, cumplan con la sentencia ejecutoria de amparo pronunciada en autos; y en su caso, su superior jerárquico obligue a su inferior a acatar dicho fallo protector. En la inteligencia de que la devolución del numerario respectivo la deberá hacer la propia autoridad, debiendo remitir dentro del término otorgado, copia certificada del título de crédito que ponga a disposición de la parte quejosa, con la leyenda "no negociable" o "para abono en cuenta" en términos de los artículos 25 y 198 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; por lo tanto la autoridad DEBERÁ ABSTENERSE de remitir a este Juzgado el cheque que por concepto de devolución deba realizar. Apercibidos que, de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá en forma individual una multa de CIEN DÍAS de salario mínimo vigente en la zona del Distrito Federal, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo; y se remitirá el expediente a la Superioridad, para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, acorde a lo dispuesto en el párrafo segundo y tercero del numeral 192 en relación con el 194, ambos de la Ley de Amparo en cita. En el entendido de que el incumplimiento a lo expuesto en el párrafo anterior, ameritará la imposición de los apercibimientos decretados. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo invocada, la jurisprudencia número 9/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo XIV, Octubre de 2001, Página 366, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA". Hágase saber a la autoridad que el título de crédito que en su momento ponga a disposición, deberá ser entregado a la parte quejosa, o bien a su autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, la licenciada********************y con las debidas salvedades, a los diversos autorizados ********************, debiendo remitir las constancias relativas a la entrega del título de crédito. Asimismo indíquese a la parte quejosa que a la brevedad acuda ante las oficinas de la autoridad exactora a recibir el cheque respectivo, debiendo llevar copia de identificación oficial. Es necesario establecer que el cumplimiento de la presente resolución no implica anular en forma general la norma inconstitucional, atento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por lo que la Legislatura y Gobernador, ambos con residencia en esta ciudad; quedan exentos de cumplimiento alguno de este fallo, atento al principio de relatividad de las sentencias de amparo; pues como se advierte de la sentencia respectiva, los efectos del amparo tienen influencia únicamente sobre los actos de aplicación dirigidos a la parte quejosa y que en concreto, corresponden a la Secretaría mencionada, que fue la que efectuó directamente el cobro.
- Principal
PRIMERO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR. . .SEGUNDO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A. . .II
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