Carolina Hernández Ramos

Expediente 766/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
766/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
07/12/2017

Partes del expediente

  • Carolina Hernández Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el testimonio de la resolución dictada en la queja laboral 106/2017; acúsese recibo, y por cuanto de la ejecutoria de que se trata, se advierte que el Tribunal revisor en su único punto resolutivo determino que es infundada la queja interpuesta por la parte quejosa Carolina Hernández Ramos, en contra del auto dictado el siete de junio de dos mil diecisiete, dictado por el este Juzgador, en el presente juicio de amparo; consecuentemente, hágase lo anterior del conocimiento de la quejosa para los fines legales a que hubiere lugar, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos....iv

  2. Principal

    Visto; agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta, remitido por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito, del cual se desprende que acusa recibo del diverso oficio 14631/2017, con el que le fue remitido el informe justificado relativo a la queja interpuesta por la quejosa, en contra del auto que desechó su demanda de amparo, mismo que admitió bajo el número de queja administrativa 106/2017, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes.....IV

  3. Principal

    Visto; agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda, el escrito de cuenta, signado por la quejosa *******, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto dictado el siete de junio de dos mil diecisiete, en el presente juicio, en el cual se DESECHO DE PLANO su demanda de amparo; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece; ríndase el informe justificado sobre la materia de la queja en el sentido de que es cierto el acto reclamado, pero no las violaciones que aduce; remitiéndole para tal efecto el original del escrito de queja, copia del mismo, así como las copias necesarias para la substanciación del recurso interpuesto.....IV

  4. Principal

    REGISTRO DE EXPEDIENTE V I S T A la demanda de garantías promovida por *****, por su propio derecho, contra actos del Ayuntamiento del Municipio de Peñamiller, Querétaro y otra autoridad, con fundamento en el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 766/2017-IV, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, como se advierte del análisis integral de la demanda que nos ocupa, que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano. DESECHAMIENTO En primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por un medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." ACTO RECLAMADO Asimismo, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso impugna: La notificación del oficio 0588/2017 de fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, a través del cual le informan su cambio del área de adscripción de la Delegación Municipal de San Miguel Palmas, a la cabecera municipal, en la Presidencia Municipal de Peñaniller. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO En el mes de abril de dos tres, la aquí quejosa ingreso a laborar a la Presidencia Municipal de Peñamiller, adscrita la Delegación Municipal de San Miguel Palmas, como encarga del grupo de la tercera edad en San Miguel Palmas. Mediante oficio 0588/2017, de quince de mayo de dos mil diecisiete, le fue notificado que a partir del miércoles diecisiete de mayo, deberá presentarse en las instalaciones de Presidencia Municipal para realizar sus actividades de trabajado, quedando a disposición del Encargado de Servicios Municipales en el Municipio. Siendo precisamente tal determinación la que hace consistir como acto reclamado. La aquí quejosa mediante escrito de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, dirigido al Oficial Mayor del Ayuntamiento del Municipio de Peñamiller, planteo su inconformidad ante dicho cambio de adscripción, exponiendo los perjuicios e incertidumbre que esto le causa, sin que a la fecha dicha autoridad haya emitido respuesta la escrito en comento Así, de la transcripción del acto reclamado y de los antecedentes que señaló la parte quejosa este órgano jurisdiccional estima que en el caso es procedente desechar la demanda de amparo que nos ocupa, toda vez que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos que se reclaman no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, los artículos 5, fracción II y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: ...XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De la interpretación de los preceptos legales antes mencionados se advierte que el juicio de amparo procede contra leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales; sin embargo, cabe precisar que no cualquier acto que provenga de autoridad es susceptible de ser reclamado en dicho medio de defensa extraordinario, sino sólo aquel acto positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley), que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto estricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. Siendo estos últimos elementos los que determinan que el juicio de amparo sea procedente en contra de los actos que se atribuyen a las autoridades, por lo que se estima conveniente hacer las siguientes precisiones: El acto de autoridad es unilateral porque para su existencia y eficacia no requiere del concurso o colaboración del particular frente al cual se ejercita. Es imperativo, porque supedita la voluntad de dicho particular, frente a éste, y es coercitivo porque puede constreñir, forzar al gobernado para hacerse respetar. Asimismo, este Juzgador considera pertinente establecer las diferencias que existen cuando se presentan las relaciones jurídicas entre la autoridad y los gobernados, esto es, en el ámbito de supra a subordinación, de coordinación y de supra ordenación, determinando lo siguiente: Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan, por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. Finalmente, las relaciones jurídicas de supra ordenación son las que se entablan entre los órganos del Estado. En el caso concreto, la parte promovente reclama esencialmente el hecho de que en fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, le fue notificado el oficio 0588/2017, a través del cual le informan su cambio del área de adscripción de la Delegación Municipal de San Miguel Palmas, a la cabecera municipal, en la Presidencia Municipal de Peñaniller, sin embargo, tal determinación no es considerada como "acto de autoridad", para efectos del juicio de amparo. En efecto, en el caso, se está en presencia de un acto de naturaleza netamente laboral al existir un conflicto entre el trabajador y el patrón, por ende, dicha actuación de las responsables no está revestida de imperio frente al particular, porque el acto reclamado carece de las características previstas en el invocado artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, de ahí entonces que a las autoridades, aquí señaladas como responsables no pueda tenérseles con tal carácter para efectos del amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis que sustento el SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, visible en la foja 157 del Tomo VI, Segunda Parte 1 Julio-Diciembre, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "ESTADO COMO PATRON Y COMO AUTORIDAD, PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO). La relación laboral burocrática puede darse perfectamente entre el trabajador y el Estado como patrón, y todos los conflictos que en esa relación existan, deben dirimirse ante el tribunal de arbitraje, porque el estado patrón actúa en un plano de relación laboral, despojado de imperium. En cambio, cuando el propio Estado actúa en una relación de supra a subordinación respecto a sus trabajadores, en forma unilateral con imperium y coercibilidad, fincando una responsabilidad administrativa a un servidor público, ello es un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo pues es el Estado como autoridad y una supuesta responsabilidad del servidor público, la que se dirime." Como se ve, del criterio anotado, cuando existe una relación laboral, entre el trabajador y en este caso, el Municipio como patrón, todos los conflictos que en esa relación existan, deben dirimirse ante el tribunal de arbitraje, porque el municipio patrón actúa en un plano de relación laboral, despojado de imperium, es decir, no despliega actos de autoridad, sino que emite actos de naturaleza laboral susceptibles de ser controvertidos ante la Junta laboral respectiva, lo que evidencia aún más que no actúa en una relación de supra a subordinación, sino de coordinación. Así, el juicio de amparo es procedente únicamente cuando el gobernado es quien acude a esta vía por violación a sus derechos fundamentales por autoridades que en uso de sus facultades, emiten, promulguen, ejecuten, extinguen o modifiquen de forma unilateral actos lesivos de su esfera jurídica a través de la afectación de su interés jurídico o de su interés legítimo; es decir, tales actos sólo ocurren en una relación de supra a subordinación, lo que en el caso concreto no acontece. Resulta aplicable la tesis número I.6º. T. J/28, con registro 2011343, sustentada por el SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO, visible en la página 1956 del Libro 29, Abril de 2016, Tomo III de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo texto se transcribe a continuación: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." Así como la diversa I.6o.T. J/28 (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1956, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de suprasubordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." Ahora, por lo que respecta al diverso acto reclamado relativo a que formuló petición ante la sede laboral, en su carácter de trabajadora y en el que aduce no se le dio respuesta alguna, de igual manera, se actualiza la causal de improcedencia aquí analizada. Se estima así, porque no cualquier acto que provenga de autoridad es susceptible de ser reclamado en dicho medio de defensa extraordinario, sino sólo aquel acto positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley), que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto estricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. Siendo estos últimos elementos los que determinan que el juicio de amparo sea procedente en contra de los actos que se atribuyen a las autoridades, por lo que se estima conveniente hacer las siguientes precisiones: De la lectura integral de la demanda, se advierte que la ahora quejosa, se encuentra en una relación jurídica de supra a subordinación en la que se manifiestan las garantías individuales, al colocarse el gobernado como titular de las mismas frente a los actos unilaterales de la autoridad, como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio. Así, tenemos que el derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Carta Magna anteriormente transcrito, cuyo titular es el gobernado en general, significa la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe serle dado a conocer en breve término. Por ende, el derecho de pedir surgió, por tanto, como la potestad de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstos intervengan para hacer cumplir la ley, con la correlativa obligación de las autoridades de dictar un acuerdo escrito a la solicitud o petición que el gobernado les eleve. Por lo tanto, la naturaleza de la relación existente entre el gobernado y el servidor público es preponderante para la existencia del derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Carta Magna, en la medida en que es necesario que la relación jurídica entablada sea de supra a subordinación para que la autoridad esté obligada a dar contestación a la petición que le formule el gobernado y proceda el juicio de amparo ante la omisión relativa de la autoridad, como medio de salvaguarda de las garantías individuales. En consecuencia, se concluye que el Municipio de Peñamiller, Querétaro, tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando omite responder una solicitud que se le formula con fundamento en el artículo 8o. constitucional, únicamente cuando actúa en su carácter de organismo autónomo, pues con dicha omisión se lesionan las garantías individuales del particular solicitante, específicamente la prevista en el artículo constitucional suprarreferido. Sin embargo, ahora, en contra de la omisión atribuida al Municipio de Peñammiller, Querétaro, de responder a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, por parte de la quejosa, en su carácter de trabajador NO procede el juicio de garantías, pues no se trata de un acto de autoridad para efectos del amparo, ya que el referido municipio actúa en su carácter de patrón, de ahí que no está investido de imperio. Se estima así, ya que se trata de una relación de coordinación, la cual, como ya se dijo, es la entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia por contradicción número 2ª./J 211/2009, con registro 165782, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el a foja 303, del Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que cumple con la función del Estado de prestar el servicio público de seguridad social, y que además de tener la función de autoridad fiscal autónoma tiene el carácter de ente asegurador. Ahora bien, contra la omisión atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social, de responder a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su carácter de asegurador, no procede el juicio de garantías pues no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del amparo, pues la relación que existe entre el asegurado y el Instituto en comento en dicho supuesto es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que en esta hipótesis, el juicio de amparo será improcedente." En tales condiciones, el juicio de amparo es procedente únicamente cuando el gobernado es quien acude a esta vía por violación a sus derechos fundamentales por autoridades que en uso de sus facultades, emiten, promulguen, ejecuten, extinguen o modifiquen de forma unilateral actos lesivos de su esfera jurídica a través de la afectación de su interés jurídico o de su interés legítimo; empero, tales actos sólo ocurren en una relación de supra a subordinación, lo que en el caso concreto no acontece. Resulta aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1945 del Tomo XCVIII del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y texto se transcriben a continuación: "ACTOS DE AUTORIDAD. Por actos de autoridad sólo deben entenderse los que realiza un órgano del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones propias de orden público y que, por lo tanto, están revestidos de imperio y obligatoriedad; y no aquellos que derivan de una relación contractual, como sucede en el caso en que un servicio público está encomendado al Estado, pues tal relación contractual, de obligar al Estado, no deriva de una intervención del mismo en el ejercicio de sus atribuciones propias de orden público, sino de las que corresponden como persona moral de derecho privado, frente a los particulares". De igual forma, se indica que en el caso no se actualiza la hipótesis relativa a considerar al Municipio de Peñamiller, como un particular en su calidad de autoridad responsable, en razón de que ello sólo ocurre cuando se realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es que por sí y ante sí creen, modifiquen o extingan una situación jurídica determinada en forma unilateral y obligatoria en ejercicio de la potestad administrativa, lo cual no sucede en el caso porque la determinación de determinar el cambio o no de adscripción de la impetrante, será definitiva hasta que una autoridad laboral así lo determine, y no por virtud de una respuesta o no del citado Municipio. Así, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diversos 5, fracción II, del mismo ordenamiento jurídico en consulta, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la presente demanda de amparo, promovida por CAROLINA HERNÁNDEZ RAMOS, en términos del diverso 113 de la propia ley. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Finalmente, se indica que la hipótesis de inejercitabilidad del presente juicio de amparo es insuperable, pues si se tramitara el asunto ello no cambiaría la naturaleza jurídica que rige entre la peticionaria del amparo y el Municipio de Peñamiller, Querétaro; de ahí que sea en este momento y no con posterioridad, en perjuicio del gobernado, que se hace la determinación de desechar la demanda promovida DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en los artículos 304 y 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica; como autorizados de su parte, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona en su ocurso, por así haberlo solicitado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En otro aspecto, en el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 73 fracción II en relación con el 120 ambos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Estas promociones exclusivamente son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Y, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal...IV NOTIFIQUESE PERSONALMENTE

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