Carolina Gonzalez Ramos

Expediente 991/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
991/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • Carolina Gonzalez Ramos
  • Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Robo de Vehículo En el Estado de Puebla

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, diez de octubre de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Y SU DESTINO Ésta se realiza en términos del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que los artículos que se invocan en este apartado corresponden al acuerdo general citado. En virtud de que la información de este asunto no se ha determinado como reservada, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 20, fracción II, se procede a la valoración documental del presente expediente, en los términos siguientes. Expediente principal. Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado, por lo tanto se declara que: Es DESTRUIBLE de conformidad con el diverso 20, fracción IV, porque se desechó la demanda; por ende, el presente expediente se conservará en este juzgado (archivo de trámite) por el término de tres años, contados a partir del hoy y, una vez concluido este plazo, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 20, párrafo antepenúltimo. ANOTACIONES EN LA CARÁTULA Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del citado acuerdo, y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en su totalidad. SIN OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. SE DEJAN DOCUMENTOS A DISPOSICIÓN DEL QUEJOSO. Finalmente, hágase saber a la parte quejosa que quedan a su disposición las documentales (factura ******************** de fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciséis y contrato de compra-venta privado), que anexo a su escrito de demanda. Por lo que, en conformidad con lo previsto por el artículo 20, párrafo segundo, del citado acuerdo, requiérasele para que en el término de NOVENTA DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlos; apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y personalmente a la quejosa.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, diez de octubre de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Y SU DESTINO Ésta se realiza en términos del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que los artículos que se invocan en este apartado corresponden al acuerdo general citado. En virtud de que la información de este asunto no se ha determinado como reservada, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 20, fracción II, se procede a la valoración documental del presente expediente, en los términos siguientes. Expediente principal. Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado, por lo tanto se declara que: Es DESTRUIBLE de conformidad con el diverso 20, fracción IV, porque se desechó la demanda; por ende, el presente expediente se conservará en este juzgado (archivo de trámite) por el término de tres años, contados a partir del hoy y, una vez concluido este plazo, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 20, párrafo antepenúltimo. ANOTACIONES EN LA CARÁTULA Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del citado acuerdo, y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en su totalidad. SIN OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. SE DEJAN DOCUMENTOS A DISPOSICIÓN DEL QUEJOSO. Finalmente, hágase saber a la parte quejosa que quedan a su disposición las documentales (factura ******************** de fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciséis y contrato de compra-venta privado), que anexo a su escrito de demanda. Por lo que, en conformidad con lo previsto por el artículo 20, párrafo segundo, del citado acuerdo, requiérasele para que en el término de NOVENTA DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlos; apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y personalmente a la quejosa.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ++++, contra los actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Robo de Vehículo en el Estado de Puebla. Fórmese el amparo correspondiente y regístrese con el número 991/2023. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de garantías, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Bajo esa tesitura, del análisis integral de la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa reclama a la responsable lo siguiente: "Lo constituye la ilegal retención de mi camioneta marca +++++ de las de su índice. Además, también lo constituye la ilegal detención de mi camioneta que me impuso, hecha por la autoridad señalada como responsable." En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (...)" Del numeral transcrito se observa que, el juicio de amparo resulta improcedente respecto de los actos contra los cuales no se promueva la demanda de garantías dentro del plazo previsto en la ley. Al respecto, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo de manera textual establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Aunado a lo anterior, en el artículo 18 de la Ley de Amparo, se establece que los plazos a que se refiere el artículo 17 del mismo ordenamiento legal, es decir, el plazo para la presentación de la demanda de amparo es el genérico de quince días, contados a partir del día siguiente: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o, 3) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Ahora bien, de una recta interpretación de artículo 18 de la Ley de Amparo, se desprende que los supuestos antes precisados son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Entonces, tomando en consideración lo citado en líneas que anteceden y dado que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos, esto es, quince días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, se tiene que la demanda de amparo que se provee es improcedente por no haberse presentado dentro del plazo que impone la ley. Al respecto, cabe destacar que la promovente de amparo manifiesta, bajo protesta de decir verdad, entre otras cosas lo siguiente: - "SEGUNDO.- El día diez de enero del año en curso, fui ilegalmente detenida del libre tránsito y circulación, por elementos de la policía estatal, supuestamente por la comisión del delito de posesión de un vehículo robado, sin embargo, manifiesto bajo protesta de decir verdad que la quejosa no cometí el delito que se alguno, por lo que considero a todas luces ilegal la detención y retención de mi camioneta marca ++++" - "CUARTO.- En ese orden de ideas me di a la tarea de rastrear mi camioneta y cuando obtuve información y datos sobre dónde se encontraba, acudí en fecha veintitrés de enero del año en curso a acreditar propiedad exhibiendo el original del contrato de compraventa junto con la factura, sin embargo la autoridad responsable argumentó que no era posible realizarme la devolución de mi camioneta ya que estaban imposibilitados, ahora bien manifiesto a esta autoridad BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO CUENTA CON REPORTE DE ROBO, ya que en la plataforma, aparece sin reporte de robo, por lo que solicito me sea devuelta ya que han causado un perjuicio patrimonial a la quejosa." Tales manifestaciones constituyen una confesión que hace prueba plena en términos de los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, en conformidad con su artículo 2°, pues se trata de hechos propios aseverados en el escrito de demanda por la propia quejosa, respecto a la fecha en la cual se le detuvo el vehículo que defiende en esta vía y la diversa en la cual se le indico que no era posible devolvérselo; por ende, son susceptibles de tomarse en consideración. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Bajo ese contexto, queda de manifiesto la quejosa reclama tanto la detención del vehículo de su propiedad marca K+++++++ mismo que se ejecutó el diez de enero de dos mil veintitrés, como la determinación de veintitrés de enero del año en curso, a través de la cual la autoridad responsable le informó que no era posible realizar la devolución del citado vehículo. De ahí que la demanda resulta extemporánea, tomando en consideración que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio constitucional transcurrió en exceso, en virtud de que, como se dijo, la quejosa tuvo conocimiento de los actos que aquí reclama, al menos, desde el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, data en la cual la autoridad responsable le hizo saber que no era posible devolverle su vehículo, por lo que a la fecha de presentación de la demanda que dio origen al expediente en que se actúa (veintidós de septiembre de dos mil veintitrés) excede el término señalado por el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo, por haber transcurrido entre una fecha y otra más de quince días hábiles. Esto, pues si la quejosa ++++++tuvo conocimiento del acto reclamado en veintitrés de enero de dos mil veintitrés, el plazo en cuestión comenzó a transcurrir el veinticuatro siguiente y feneció el catorce de febrero del año en curso, sin contar los días veintiocho y veintinueve de enero así como cuatro, cinco, seis, once y doce de febrero todos de dos mil veintitrés, por ser inhábiles, en términos de lo dispuesto por el artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 19 de la Ley de Amparo; consintiendo tales actos, pues en evidente que desde entonces estaba en condiciones de reclamarlos en esta vía, esto es, tanto la detención del vehículo como la decisión de la responsable de no devolvérselo. Así, atento al cómputo antes realizado, se estima procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se provee al ser notoria e indudable la causal de improcedencia que se observa; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, 18, 22 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ana Gabriela Pérez Flores, quien tiene registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Así mismo, téngase en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la ley en cita, a las diversas personas que refiere en la misma, esto es, únicamente para imponerse de autos, oír y recibir notificaciones de su parte. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese personalmente a la quejosa.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ++++, contra los actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Robo de Vehículo en el Estado de Puebla. Fórmese el amparo correspondiente y regístrese con el número 991/2023. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de garantías, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Bajo esa tesitura, del análisis integral de la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa reclama a la responsable lo siguiente: "Lo constituye la ilegal retención de mi camioneta marca +++++ de las de su índice. Además, también lo constituye la ilegal detención de mi camioneta que me impuso, hecha por la autoridad señalada como responsable." En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (...)" Del numeral transcrito se observa que, el juicio de amparo resulta improcedente respecto de los actos contra los cuales no se promueva la demanda de garantías dentro del plazo previsto en la ley. Al respecto, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo de manera textual establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Aunado a lo anterior, en el artículo 18 de la Ley de Amparo, se establece que los plazos a que se refiere el artículo 17 del mismo ordenamiento legal, es decir, el plazo para la presentación de la demanda de amparo es el genérico de quince días, contados a partir del día siguiente: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o, 3) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Ahora bien, de una recta interpretación de artículo 18 de la Ley de Amparo, se desprende que los supuestos antes precisados son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Entonces, tomando en consideración lo citado en líneas que anteceden y dado que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos, esto es, quince días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, se tiene que la demanda de amparo que se provee es improcedente por no haberse presentado dentro del plazo que impone la ley. Al respecto, cabe destacar que la promovente de amparo manifiesta, bajo protesta de decir verdad, entre otras cosas lo siguiente: - "SEGUNDO.- El día diez de enero del año en curso, fui ilegalmente detenida del libre tránsito y circulación, por elementos de la policía estatal, supuestamente por la comisión del delito de posesión de un vehículo robado, sin embargo, manifiesto bajo protesta de decir verdad que la quejosa no cometí el delito que se alguno, por lo que considero a todas luces ilegal la detención y retención de mi camioneta marca ++++" - "CUARTO.- En ese orden de ideas me di a la tarea de rastrear mi camioneta y cuando obtuve información y datos sobre dónde se encontraba, acudí en fecha veintitrés de enero del año en curso a acreditar propiedad exhibiendo el original del contrato de compraventa junto con la factura, sin embargo la autoridad responsable argumentó que no era posible realizarme la devolución de mi camioneta ya que estaban imposibilitados, ahora bien manifiesto a esta autoridad BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO CUENTA CON REPORTE DE ROBO, ya que en la plataforma, aparece sin reporte de robo, por lo que solicito me sea devuelta ya que han causado un perjuicio patrimonial a la quejosa." Tales manifestaciones constituyen una confesión que hace prueba plena en términos de los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, en conformidad con su artículo 2°, pues se trata de hechos propios aseverados en el escrito de demanda por la propia quejosa, respecto a la fecha en la cual se le detuvo el vehículo que defiende en esta vía y la diversa en la cual se le indico que no era posible devolvérselo; por ende, son susceptibles de tomarse en consideración. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Bajo ese contexto, queda de manifiesto la quejosa reclama tanto la detención del vehículo de su propiedad marca K+++++++ mismo que se ejecutó el diez de enero de dos mil veintitrés, como la determinación de veintitrés de enero del año en curso, a través de la cual la autoridad responsable le informó que no era posible realizar la devolución del citado vehículo. De ahí que la demanda resulta extemporánea, tomando en consideración que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio constitucional transcurrió en exceso, en virtud de que, como se dijo, la quejosa tuvo conocimiento de los actos que aquí reclama, al menos, desde el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, data en la cual la autoridad responsable le hizo saber que no era posible devolverle su vehículo, por lo que a la fecha de presentación de la demanda que dio origen al expediente en que se actúa (veintidós de septiembre de dos mil veintitrés) excede el término señalado por el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo, por haber transcurrido entre una fecha y otra más de quince días hábiles. Esto, pues si la quejosa ++++++tuvo conocimiento del acto reclamado en veintitrés de enero de dos mil veintitrés, el plazo en cuestión comenzó a transcurrir el veinticuatro siguiente y feneció el catorce de febrero del año en curso, sin contar los días veintiocho y veintinueve de enero así como cuatro, cinco, seis, once y doce de febrero todos de dos mil veintitrés, por ser inhábiles, en términos de lo dispuesto por el artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 19 de la Ley de Amparo; consintiendo tales actos, pues en evidente que desde entonces estaba en condiciones de reclamarlos en esta vía, esto es, tanto la detención del vehículo como la decisión de la responsable de no devolvérselo. Así, atento al cómputo antes realizado, se estima procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se provee al ser notoria e indudable la causal de improcedencia que se observa; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, 18, 22 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ana Gabriela Pérez Flores, quien tiene registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Así mismo, téngase en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la ley en cita, a las diversas personas que refiere en la misma, esto es, únicamente para imponerse de autos, oír y recibir notificaciones de su parte. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese personalmente a la quejosa.

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