Carolina Gaspar Ramírez
Expediente 961/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 961/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Carolina Gaspar Ramírez
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, dos de octubre de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el acuerdo de trece de septiembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. VALORACION DEL EXPEDIENTE Y SU DESTINO Ésta se realiza en términos del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que los artículos que se invocan en este apartado corresponden al acuerdo general citado. En virtud de que la información de este asunto no se ha determinado como reservada, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 14, se procede a la valoración documental del presente expediente, en los términos siguientes: Expediente principal. Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15; por tanto, se declara que: Es DESTRUIBLE de conformidad con el diverso 20, fracción IV, porque se desechó la demanda; por ende, el presente expediente se conservará en este juzgado (archivo de trámite) por el término de tres años, contados a partir del hoy y, una vez concluido este plazo, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 20, párrafo antepenúltimo. Sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo, pues no los exhibió ANOTACIONES EN LA CÁRATULA Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del citado acuerdo, y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en su totalidad. SIN OPOSICION DE DATOS PERSONALES Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Puebla, Puebla, trece de septiembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ******************** por derecho propio y en representación de su hijo adolescente de identidad reservada de iniciales********************, contra los actos de la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número ********************. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del análisis de la demanda se advierte que la quejosa reclama en esta vía lo siguiente: "PRIMER ACTO RECLAMADO.- La resolución de fecha dieciocho de agosto del año en curso dictado por la abogada ********************, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución, de la región judicial C entro con sede en Puebla, Puebla, por medio de la cual resuelve la queja y el recurso de revocación promovido por el investigado ********************, específicamente en la parte conducente: "... II.- Es de REVOCARSE Y SE REVOCA el auto de fecha quince de agosto de dos mil veintitrés.. " SEGUNDO ACTO RECLAMADO.- La resolución de fecha dieciocho de agosto del año en curso dictado por la abogada ********************, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución, de la región judicial Centro con sede en Puebla, Puebla, por medio de la cual resuelve la queja y el recurso de revocación promovido por el investigado ********************, específicamente en la parte conducente: "... IV.- Por ende, se dejan sin efecto la audiencia de fecha veintiocho de agosto del dos mil veintitrés a fin de no vulnerar disposición constitucional alguna en perjuicio de ninguna de las partes..." TERCER ACTO RECLAMADO. - La resolución de fecha dieciocho de agosto del año en curso dictado por la abogada ********************, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución, de la región judicial Centro con sede en Puebla, Puebla, por medio de la cual resuelve la queja y el recurso de revocación promovido por el investigado ********************, específicamente en la parte conducente: "... IV.- Por ende, se dejan sin efecto la audiencia de fecha veintiocho de agosto del dos mil veintitrés a fin de no vulnerar disposición constitucional alguna en perjuicio de ninguna de las partes..." De lo anterior, y del análisis integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado lo constituye la determinación de dieciocho de agosto del año en curso, dictada por la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, dentro de la causa penal ********************, mediante la cual resolvió la queja y el recurso de revocación, ambos promovidos por ********************, en contra del auto de quince de agosto de dos mil veintitrés. Cabe destacar, que como antecedente de tal determinación la quejosa refirió que el cuatro de agosto de este año ******************** presentó ocurso en carácter de víctima -carácter que no ha tenido en la carpeta de investigación ni en la carpeta judicial administrativa-, solicitando audiencia de control previo contra actos del agente del Ministerio Público, específicamente el auto de veinte de julio de este año; y que el quince de agosto siguiente la jueza, respecto a tal petición, la acordó como improcedente por ser el recurso que prevé el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puede impugnar la victima u ofendido y no así el indiciado (sic, antecedentes 5 y 6) Ahora bien, en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b) constitucional, ésta última interpretada a contrario sentido, preceptos que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... "III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... "b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan..." Como punto de partida, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su numeral 107, fracción III, inciso b), señala que el amparo indirecto es procedente contra actos fuera de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Por su parte, la Ley de Amparo define las características de los "actos de imposible reparación", a saber: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; ..." Es decir, el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia establece una regla de carácter general, que consiste en que tratándose de actos emanados de un procedimiento, el juicio de derechos fundamentales sólo es procedente contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Asimismo, el texto constitucional citado establece una regla de carácter general, que consiste en que precisa cuando se trata de actos emanados de un procedimiento, el juicio de derechos fundamentales sólo será procedente contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos cuya afectación sea de imposible reparación. Para ello, debe precisarse qué se entiende "actos de imposible reparación", los que se pueden resumir en dos características, a saber: ? Que produzcan una afectación material a los derechos del quejoso, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, ? Que esos derechos afectados tengan el carácter de derechos sustantivos, esto es antagónico a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es necesaria -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Esto, pues claramente establece que dicha figura se actualiza cuando los actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, como la vida, libertad, propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En síntesis, para poder determinar si el acto que aquí se reclama constituye un "acto de imposible reparación", se debe establecer si comprende los siguientes requisitos: I. Que pueda implicar por sí mismo una afectación a los derechos sustantivos de la parte quejosa, entendiendo por estos últimos, aquellos derechos ajenos al contenido, construcción y devenir de la litis del proceso penal. Derechos que, a su vez, vistos de manera aislada, no sean meramente procesales sino que sean derechos fundamentales relacionados con la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones del imputado; y, II. Que la afectación sea material, es decir, que sea real y actual; inminente; en oposición a especulativa y contingente. Como se indicó, el acto reclamado es la resolución dictada el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés por la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla; tal determinación, según se indica en la demanda, se emitió en los siguientes términos: "...II.- Es de REVOCARSE Y SE REVOCA el auto de fecha quince de agosto de dos mil veintitrés. III.- Analizando el escrito de fecha tres de agosto de dos mil veintitrés y recibido por la unidad de atención al público el día cuatro de agosto de la presente anualidad de la que se desprende que se señale día y hora para la audiencia de control previo dígasele al recurrente invocado que se le concede un término de tres días contados a partir de la presente notificación para los efectos de que establezca perfectamente en qué consisten la omisiones a que se refiere en su escrito antes invocado lo anterior para los efectos de que se le pueda correr traslado al abogado ********************agente del Ministerio Publico ********************(sic) adscrito a la unidad especializada en Investigación de delitos contra la familia concediéndole el mismo término de tres días para que pueda pronunciarse bajo los principios generales que rigen en el sistema acusatorio adversarial y pueda señalarse día y hora de audiencia correspondiente en la que deberán comparecer todas las partes procesales Ministerio Público, asesor jurídico víctima defensor del investigado e investigado y pueda generarse debate en audiencia oral y publica bajo el apercibimiento que de no hacerlo en los términos Indicados se declarara sin materia el presente control judicial previo de conformidad con lo que establece el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. IV.-Por ende, se dejan sin efecto la audiencia de fecha veintiocho de agosto del dos mil veintitrés a fin de no vulnerar disposición constitucional alguna en perjuicio de ninguna de las partes.. " Al analizar tal determinación, es evidente que no afecta de manera directa e inmediata derechos fundamentales reclamables en el juicio de amparo indirecto, pues no genera una afectación material a derechos sustantivos, sino únicamente una afectación jurídica de naturaleza formal, la cual puede o no trascender, pues pueden ser reparados en la determinación que se emita en la audiencia que, posiblemente, se fije una vez que se satisfagan los actos indicados a cargo del aquí tercero interesado y el agente del Ministerio Público; determinación que, en caso de legar a afectar algún derecho sustantivo de la quejosa, ello la facultaría para reclamar la actuación de la autoridad judicial, así como las actuaciones que le sirvieron de antecedente y que estime transgredan las normas del procedimiento. Se afirma lo anterior, porque si bien la jueza responsable al revocar el auto recurrido, y analizar el escrito del tercero interesado en cuanto a su petición de señalar día y hora para la audiencia de control previo, le concedió el plazo de tres días para establecer en qué consistieron las omisiones a que se refirió en el escrito de tres de agosto de este año, ello, a fin de correr traslado al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Familia, para que en un plazo similar -tres días- que pueda pronunciarse bajo los principios generales que rigen en el sistema acusatorio adversarial y pueda señalarse día y hora de audiencia correspondiente. No obstante, de ello no se sigue alguna afectación inmediata a la vida, libertad, propiedades o posesiones de la parte quejosa, en tanto que la celebración de tal audiencia de control previo está sujeta a la realización de los actos indicados, de manera que si el tercero interesado no lleva a cabo los que le conciernen, no se estará en aptitud de correr traslado al agente del Ministerio Público con las omisiones que podría atribuirle, ni, por ende, de señalar fecha para su desahogo; finalmente, puede ocurrir que, aun celebrándola, su resultado no resulte favorable a las pretensiones del tercero interesado, de manera que todos los actos que implicaron su preparación y celebración resulten inocuos al no trascender a un derecho humano tutelado constitucionalmente en favor de la promovente. Así mismo, de la parte conducente de la transcripción del acto reclamado se advierte que la responsable -una vez que el tercero interesado y el agente del Ministerio Público satisfagan lo requerido en el plazo que les concedió- señalará día y hora para la audiencia a la cual deben comparecer todas las partes procesales; de tal manera, de llegar a actualizarse tales supuestos, la parte quejosa estará en condiciones de acudir a la misma y alegar a lo que a su interés convenga, por sí, o mediante su asesor victimal, pues es tal la calidad con la que se ostenta en la demanda, respecto a los hechos de violencia familiar y lesiones dolosas en su agravio y del adolescente que representa; con lo cual se salvaguarda su derecho a intervenir en ese acto. Finalmente, no se soslaya que la jueza responsable dejó sin efecto la audiencia de formulación de imputación en contra de ********************, la cual estaba señalada para el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés; no obstante, esa circunstancia tampoco importa una afectación inmediata a los derechos fundamentales de la parte quejosa que le permita promover este medio de defensa extraordinario, pues se trata de una cuestión de carácter adjetivo o procesal, en la medida en que esa determinación se emitió en vía de consecuencia al resolver el recurso de revocación y, según se asentó, a fin de no vulnerar alguna disposición constitucional en perjuicio de alguna de las partes; de manera que la sola insubsistencia de la fecha indicada no hace procedente el juicio de amparo, en la medida en que, salvadas las circunstancias que generaron la emisión del acto reclamado, de ser procedente, se estará en aptitud de solicitar nuevamente que se fije data para la formulación de imputación. En ese sentido, es indudable que el acto en cuestión no afecta de manera actual, directa e inmediata, derechos humanos reclamables en el juicio de amparo indirecto, pues no genera una afectación material a algún derecho sustantivo de la parte quejosa, que sea necesario abordar inmediatamente en este medio de defensa extraordinario. En consecuencia, por ser manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, y 113 Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y por autorizada a la profesionista que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien tiene registrada su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. NOTIFICACIONES VÍA CORREO ELECTRÓNICO No ha lugar a tener para oír y recibir notificaciones personales el correo electrónico personal que refiere en su demanda de amparo, en virtud que el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, no autoriza la comunicación por ese medio, e impone a las partes el tránsito hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. SE NIEGA AUTORIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Tampoco ha lugar a acordar favorablemente su solicitud de toma de fotografías en virtud de que el artículo 263, fracción II, último párrafo, del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO exhorta a las partes, para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, y así solicitar el acceso al expediente electrónico, lo que les permitirá consultar y descargar en su equipo de cómputo las constancias que obran en el mismo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EN EL DOMICILIO SEÑALADO.
- Principal
Puebla, Puebla, trece de septiembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ******************** por derecho propio y en representación de su hijo adolescente de identidad reservada de iniciales********************, contra los actos de la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número ********************. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del análisis de la demanda se advierte que la quejosa reclama en esta vía lo siguiente: "PRIMER ACTO RECLAMADO.- La resolución de fecha dieciocho de agosto del año en curso dictado por la abogada ********************, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución, de la región judicial C entro con sede en Puebla, Puebla, por medio de la cual resuelve la queja y el recurso de revocación promovido por el investigado ********************, específicamente en la parte conducente: "... II.- Es de REVOCARSE Y SE REVOCA el auto de fecha quince de agosto de dos mil veintitrés.. " SEGUNDO ACTO RECLAMADO.- La resolución de fecha dieciocho de agosto del año en curso dictado por la abogada ********************, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución, de la región judicial Centro con sede en Puebla, Puebla, por medio de la cual resuelve la queja y el recurso de revocación promovido por el investigado ********************, específicamente en la parte conducente: "... IV.- Por ende, se dejan sin efecto la audiencia de fecha veintiocho de agosto del dos mil veintitrés a fin de no vulnerar disposición constitucional alguna en perjuicio de ninguna de las partes..." TERCER ACTO RECLAMADO. - La resolución de fecha dieciocho de agosto del año en curso dictado por la abogada ********************, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución, de la región judicial Centro con sede en Puebla, Puebla, por medio de la cual resuelve la queja y el recurso de revocación promovido por el investigado ********************, específicamente en la parte conducente: "... IV.- Por ende, se dejan sin efecto la audiencia de fecha veintiocho de agosto del dos mil veintitrés a fin de no vulnerar disposición constitucional alguna en perjuicio de ninguna de las partes..." De lo anterior, y del análisis integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado lo constituye la determinación de dieciocho de agosto del año en curso, dictada por la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, dentro de la causa penal ********************, mediante la cual resolvió la queja y el recurso de revocación, ambos promovidos por ********************, en contra del auto de quince de agosto de dos mil veintitrés. Cabe destacar, que como antecedente de tal determinación la quejosa refirió que el cuatro de agosto de este año ******************** presentó ocurso en carácter de víctima -carácter que no ha tenido en la carpeta de investigación ni en la carpeta judicial administrativa-, solicitando audiencia de control previo contra actos del agente del Ministerio Público, específicamente el auto de veinte de julio de este año; y que el quince de agosto siguiente la jueza, respecto a tal petición, la acordó como improcedente por ser el recurso que prevé el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puede impugnar la victima u ofendido y no así el indiciado (sic, antecedentes 5 y 6) Ahora bien, en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b) constitucional, ésta última interpretada a contrario sentido, preceptos que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... "III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... "b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan..." Como punto de partida, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su numeral 107, fracción III, inciso b), señala que el amparo indirecto es procedente contra actos fuera de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Por su parte, la Ley de Amparo define las características de los "actos de imposible reparación", a saber: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; ..." Es decir, el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia establece una regla de carácter general, que consiste en que tratándose de actos emanados de un procedimiento, el juicio de derechos fundamentales sólo es procedente contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Asimismo, el texto constitucional citado establece una regla de carácter general, que consiste en que precisa cuando se trata de actos emanados de un procedimiento, el juicio de derechos fundamentales sólo será procedente contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos cuya afectación sea de imposible reparación. Para ello, debe precisarse qué se entiende "actos de imposible reparación", los que se pueden resumir en dos características, a saber: ? Que produzcan una afectación material a los derechos del quejoso, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, ? Que esos derechos afectados tengan el carácter de derechos sustantivos, esto es antagónico a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es necesaria -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Esto, pues claramente establece que dicha figura se actualiza cuando los actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, como la vida, libertad, propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En síntesis, para poder determinar si el acto que aquí se reclama constituye un "acto de imposible reparación", se debe establecer si comprende los siguientes requisitos: I. Que pueda implicar por sí mismo una afectación a los derechos sustantivos de la parte quejosa, entendiendo por estos últimos, aquellos derechos ajenos al contenido, construcción y devenir de la litis del proceso penal. Derechos que, a su vez, vistos de manera aislada, no sean meramente procesales sino que sean derechos fundamentales relacionados con la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones del imputado; y, II. Que la afectación sea material, es decir, que sea real y actual; inminente; en oposición a especulativa y contingente. Como se indicó, el acto reclamado es la resolución dictada el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés por la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla; tal determinación, según se indica en la demanda, se emitió en los siguientes términos: "...II.- Es de REVOCARSE Y SE REVOCA el auto de fecha quince de agosto de dos mil veintitrés. III.- Analizando el escrito de fecha tres de agosto de dos mil veintitrés y recibido por la unidad de atención al público el día cuatro de agosto de la presente anualidad de la que se desprende que se señale día y hora para la audiencia de control previo dígasele al recurrente invocado que se le concede un término de tres días contados a partir de la presente notificación para los efectos de que establezca perfectamente en qué consisten la omisiones a que se refiere en su escrito antes invocado lo anterior para los efectos de que se le pueda correr traslado al abogado ********************agente del Ministerio Publico ********************(sic) adscrito a la unidad especializada en Investigación de delitos contra la familia concediéndole el mismo término de tres días para que pueda pronunciarse bajo los principios generales que rigen en el sistema acusatorio adversarial y pueda señalarse día y hora de audiencia correspondiente en la que deberán comparecer todas las partes procesales Ministerio Público, asesor jurídico víctima defensor del investigado e investigado y pueda generarse debate en audiencia oral y publica bajo el apercibimiento que de no hacerlo en los términos Indicados se declarara sin materia el presente control judicial previo de conformidad con lo que establece el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. IV.-Por ende, se dejan sin efecto la audiencia de fecha veintiocho de agosto del dos mil veintitrés a fin de no vulnerar disposición constitucional alguna en perjuicio de ninguna de las partes.. " Al analizar tal determinación, es evidente que no afecta de manera directa e inmediata derechos fundamentales reclamables en el juicio de amparo indirecto, pues no genera una afectación material a derechos sustantivos, sino únicamente una afectación jurídica de naturaleza formal, la cual puede o no trascender, pues pueden ser reparados en la determinación que se emita en la audiencia que, posiblemente, se fije una vez que se satisfagan los actos indicados a cargo del aquí tercero interesado y el agente del Ministerio Público; determinación que, en caso de legar a afectar algún derecho sustantivo de la quejosa, ello la facultaría para reclamar la actuación de la autoridad judicial, así como las actuaciones que le sirvieron de antecedente y que estime transgredan las normas del procedimiento. Se afirma lo anterior, porque si bien la jueza responsable al revocar el auto recurrido, y analizar el escrito del tercero interesado en cuanto a su petición de señalar día y hora para la audiencia de control previo, le concedió el plazo de tres días para establecer en qué consistieron las omisiones a que se refirió en el escrito de tres de agosto de este año, ello, a fin de correr traslado al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Familia, para que en un plazo similar -tres días- que pueda pronunciarse bajo los principios generales que rigen en el sistema acusatorio adversarial y pueda señalarse día y hora de audiencia correspondiente. No obstante, de ello no se sigue alguna afectación inmediata a la vida, libertad, propiedades o posesiones de la parte quejosa, en tanto que la celebración de tal audiencia de control previo está sujeta a la realización de los actos indicados, de manera que si el tercero interesado no lleva a cabo los que le conciernen, no se estará en aptitud de correr traslado al agente del Ministerio Público con las omisiones que podría atribuirle, ni, por ende, de señalar fecha para su desahogo; finalmente, puede ocurrir que, aun celebrándola, su resultado no resulte favorable a las pretensiones del tercero interesado, de manera que todos los actos que implicaron su preparación y celebración resulten inocuos al no trascender a un derecho humano tutelado constitucionalmente en favor de la promovente. Así mismo, de la parte conducente de la transcripción del acto reclamado se advierte que la responsable -una vez que el tercero interesado y el agente del Ministerio Público satisfagan lo requerido en el plazo que les concedió- señalará día y hora para la audiencia a la cual deben comparecer todas las partes procesales; de tal manera, de llegar a actualizarse tales supuestos, la parte quejosa estará en condiciones de acudir a la misma y alegar a lo que a su interés convenga, por sí, o mediante su asesor victimal, pues es tal la calidad con la que se ostenta en la demanda, respecto a los hechos de violencia familiar y lesiones dolosas en su agravio y del adolescente que representa; con lo cual se salvaguarda su derecho a intervenir en ese acto. Finalmente, no se soslaya que la jueza responsable dejó sin efecto la audiencia de formulación de imputación en contra de ********************, la cual estaba señalada para el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés; no obstante, esa circunstancia tampoco importa una afectación inmediata a los derechos fundamentales de la parte quejosa que le permita promover este medio de defensa extraordinario, pues se trata de una cuestión de carácter adjetivo o procesal, en la medida en que esa determinación se emitió en vía de consecuencia al resolver el recurso de revocación y, según se asentó, a fin de no vulnerar alguna disposición constitucional en perjuicio de alguna de las partes; de manera que la sola insubsistencia de la fecha indicada no hace procedente el juicio de amparo, en la medida en que, salvadas las circunstancias que generaron la emisión del acto reclamado, de ser procedente, se estará en aptitud de solicitar nuevamente que se fije data para la formulación de imputación. En ese sentido, es indudable que el acto en cuestión no afecta de manera actual, directa e inmediata, derechos humanos reclamables en el juicio de amparo indirecto, pues no genera una afectación material a algún derecho sustantivo de la parte quejosa, que sea necesario abordar inmediatamente en este medio de defensa extraordinario. En consecuencia, por ser manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, y 113 Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y por autorizada a la profesionista que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien tiene registrada su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. NOTIFICACIONES VÍA CORREO ELECTRÓNICO No ha lugar a tener para oír y recibir notificaciones personales el correo electrónico personal que refiere en su demanda de amparo, en virtud que el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, no autoriza la comunicación por ese medio, e impone a las partes el tránsito hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. SE NIEGA AUTORIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Tampoco ha lugar a acordar favorablemente su solicitud de toma de fotografías en virtud de que el artículo 263, fracción II, último párrafo, del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO exhorta a las partes, para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, y así solicitar el acceso al expediente electrónico, lo que les permitirá consultar y descargar en su equipo de cómputo las constancias que obran en el mismo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EN EL DOMICILIO SEÑALADO.
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