Carolina Eugenia Sepulveda Mendoza
Expediente 31/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 31/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Carolina Eugenia Sepulveda Mendoza
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 31/2022-I Puebla, Puebla, nueve de febrero de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se observa que la quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintiséis de enero de dos mil veintidós, en el cual se tuvo no presentada la demanda de amparo. Entonces, con fundamento en los artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que se tuvo por no presentada la demanda de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (Archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la quejosa, porque ningún derecho procesal tienen por ejercer dado que ha quedado firme el proveído por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Aunado a que si desearan conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 31/2022-I Puebla, Puebla, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Demanda no presentada. Visto el estado procesal del presente juicio, se advierte que el plazo de cinco días otorgado a la quejosa en proveído de trece de enero de dos mil veintidós, transcurrió del dieciocho al veinticuatro de enero del presente año, como se desprende de la certificación secretarial previa. Además, ese plazo transcurrió sin que la quejosa desahogara la prevención contenida en el proveído inicial, de trece de enero de dos mil veintidós. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en ese acuerdo, y se declara no presentada la demanda que originó el presente juicio de tutela constitucional. Anotaciones internas. Se ordena hacer las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno de este juzgado, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese; de manera personal a la quejosa (por medio de lista) y cúmplase
- Principal
JUICIO DE AMPARO 31/2022-I Puebla, Puebla, trece de enero de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo que promueve * por derecho propio, contra actos del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Exhortación para tramitación del juicio en línea. Debido a la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2, que ha generado una contingencia sanitaria en todo el país, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad les permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39, del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico; pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Prevención. De la lectura integral1 que se hizo a la demanda de protección, llevó a encontrar irregularidades en la precisión del acto reclamado y los antecedentes relativos a éste, motivo por el cual debe requerirse la aclaración respectiva Sobre todo porque las imprecisiones detectadas, habrán de impedir la pronta integración del juicio, en detrimento de la justicia expedita que debe asegurarse a la quejosa -si el juicio fuera admitido-. Para demostrar lo anterior, en primer lugar, se destaca que la promovente señaló como actos reclamados (entre otros) una orden de presentación librada en su contra, por los jueces de control señalados como responsables, dado que ese acto encontraría una causal de improcedencia. Es así, pues una orden de presentación como la que reclama la quejosa, no puede ser emitida por los jueces de control indicados en la demanda, porque éstos, en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, no tienen facultades jurídicas para librar una orden de presentación. De tal manera que la restricción de la libertad de la parte quejosa únicamente se da con la diversa orden de aprehensión de una autoridad judicial, la detención en flagrancia, así como con motivo de la imposición de la prisión preventiva o la pena de prisión decretadas por una autoridad judicial, y que constituyen sucesos distintos a los actos reclamados. Sobre todo porque la regulación de la orden de comparecencia y presentación, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual contempla las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control, a saber: "Artículo 141.- Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo hay cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I.- Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II.- Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III.- Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela." De ahí que en caso de insistir en reclamar la orden de presentación, podría dar lugar la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXIII del numeral 61 con el primer párrafo del artículo 20 y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, y 16, de la Constitución Federal, también aplicado a contrario sensu. De ahí, la improcedencia que podría sobrevenir, motivo por el cual, es necesario que la quejosa aclare los actos que desea combatir, pues este órgano jurisdiccional no tiene facultades para perfeccionarlos. Por otra parte, con independencia de los actos precisados en ese capítulo, consistentes en diversas órdenes dictadas en su contra, así como la ejecución de las mismas. En el capítulo de conceptos de violación, se desprenden diversas manifestaciones realizadas por la quejosa, en particular en que refiere que desde el seis de marzo del año en curso, se encuentra privada ilegalmente de su libertad sin que exista orden judicial para ello, que desde esa fecha se encuentran los elementos de la policía transitando a los alrededores de su domicilio, lo que ha provocado a la quejosa un mal estado de salud mental. Además, alude que dichos elementos de la policía le han referido que van a inmovilizar sus cuentas bancarias, incautar sus bienes y pues al no salir de su domicilio, ha estado incomunicada, no ha podido ir a trabajar, salir por dinero para comprar cosas para poder subsistir, pues solo ha tomado agua en esos días, lo que ella considera transgrede su dignidad humana como persona y su derecho a la salud. Lo sintetizado con anterioridad, revela una contradicción en los hechos relacionados con los actos combatidos, pues en primer término, en el capítulo que intituló antecedentes señaló que el nueve de enero del año en curso, tuvo conocimiento de que policías ministeriales, pretendían ejecutar una posible orden de presentación librada en su contra. Pero después manifiesta que desde el día sábado seis de marzo del año en curso, y actualmente nos encontramos en el primer mes de este año (enero), lo cual genera incertidumbre. Se colige la ambigüedad del acto reclamado, pues como se ve, éste no queda claro y por ende, no se puede delimitar la litis constitucional ni tampoco establecer en forma concreta de los actos reclamados sobre los cuales deberán rendir informes las autoridades señaladas como responsables. Bajo este contexto, resalta una notoria contradicción en los hechos relatados por la quejosa, bajo protesta de decir verdad, al grado de que presentan un escenario de obligatoria aclaración para esclarecer cuáles hechos tienen relación, en verdad, con los actos reclamados. Así, es necesario que explique la contradicción en que incurre al relatar los antecedentes, bajo protesta de decir verdad, porque el escenario que presentaron en la demanda puede implicar la comisión del delito previsto en el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo, por haber expresado hechos falsos en relación con la fecha en que tuvo conocimiento de la orden de aprehensión o comparecencia. Lo cual deberán ponderar con detenimiento la quejosa, para evitar la introducción de hechos novedosos que también pudieran implicar la comisión del delito de marras, o incluso optar por la instauración de un nuevo juicio de amparo en el que narren hechos congruentes, es decir, con una sola fecha de conocimiento. No obstante, la aclaración deben realizarla la quejosa porque la figura de suplencia está limitada a la expresión de conceptos de violación y agravios, motivo por el cual es inviable perfeccionar los actos reclamados, autoridades responsables y antecedentes, dado que esto corresponde a quienes suscriben la demanda en términos del artículo 108, fracciones III, IV y V, de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 108 fracciones IV y V, y 114 fracciones I y IV, de la citada legislación, se requiere a la quejosa para que en el plazo de cinco días al en que surta efectos la notificación de este auto, presente escrito en el cual: Manifieste con la protesta de decir verdad, si desea limitar el señalamiento de actos reclamados a la orden de aprehensión y comparecencia libradas en su contra, por los jueces de control señalados como responsables en la demanda; e indique si desea dejar de tener como acto reclamado la orden de presentación; Explique las contradicciones en que incurrió al relatar los antecedentes, bajo protesta de decir verdad, motivo por el cual deberán indicar los hechos que desee aseverar como ciertos, respecto de la fecha de conocimiento de las órdenes combatidas, sin introducir hechos novedosos porque esto también podría implicar la comisión del delito especial mencionado con antelación -por el cual deben evaluar la pertinencia de optar por la instauración de un nuevo juicio de amparo-. Conviene reiterar a la quejosa un aspecto importante: los antecedentes que narró en la demanda con la protesta de ley, presentan notorias contradicciones, motivo por el cual debe aclararlas como les es requerido, pero sin introducir antecedentes novedosos y tampoco incurrir en nuevas contradicciones frente a las que ya tiene la demanda, porque esto también implicaría la comisión del delito mencionado en líneas previas, que debería informarse al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que les instruya una carpeta de investigación. Ello, por la posible comisión del delito especial previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Apercibimiento. Se le informa que al desahogar el requerimiento formulado a manera de prevención, deberá exhibir copias del escrito aclaratorio para distribuirlas de la siguiente forma: una para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, una para cada autoridad responsable, una para cada tercero interesado que exista en términos del artículo 5 fracción III, de la ley de la materia y dos para el incidente de suspensión. Además, se formula a la quejosa el apercibimiento siguiente: en caso de no cumplir con todos los requerimientos anteriores, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades antes mencionadas), se tendrá por no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se informa a la quejosa que las diferencias que llegaran a detectarse en la firma de su escrito aclaratorio -si lo presenta-, con la firma puesta en la demanda de amparo, podría obligar a disponer un requerimiento para que la ratifique, conforme a los lineamientos aplicables a la situación actual de contingencia sanitaria. Lo anterior, con independencia de que de apreciarse una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas en la diligencia de ratificación, este órgano jurisdiccional pueda ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia para corroborar su autenticidad; ello, en razón de que la voluntad en la promoción del amparo, incide en la procedencia del mismo al ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Sirve de apoyo la jurisprudencia 59/2017, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro 2014436, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Constitucional, Común, Décima Época, de rubro y texto: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES." Domicilio procesal y autorizado. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones, las listas que se publiquen en este juzgado, pues así lo solicitó de manera expresa. Asimismo, se tiene sólo como autorizados para los mismos efectos a, por no estar registradas sus cédulas profesionales en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal; y a, por así haberlo solicitado expresamente. Medios de comunicación extraprocesal con las partes. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toma conocimiento del correo electrónico que proporciona la quejosa en el escrito de demanda. Asimismo, se requiere a las demás partes para que en el plazo de tres días proporcionen un número de teléfono y correo electrónico por medio de los cuales puedan ser contactadas. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho le corresponda, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 20/2021), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o, de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita se programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que, la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica. Autorización para toma de fotografías. Como lo solicita la quejosa y se hace saber a las demás partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 20/2021), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto2 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se instruye a la Oficial Judicial A que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) estén correctos y completos. Integración de la demanda. Por último, debido a las circunstancias de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente, que una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Notifíquese; de manera personal a la quejosa (por lista); y cúmplase.
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