Carmen Olayo Sánchez

Expediente 918/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
918/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
11/09/2023

Partes del expediente

  • Carmen Olayo Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de treinta de agosto de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Asunto concluido. En términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -en adelante sólo Acuerdo General-; el presente expediente constituye un asunto concluido, pues el auto por el que se desechó la demanda, causó estado. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12 del Acuerdo General; se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. Además, en términos del ordinal 20, fracción IV, del Acuerdo General, se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto donde se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Devolución de documentos a la quejosa. Se pone a disposición de la parte quejosa las documentales que adjuntó a su demanda de amparo, porque son copias certificadas; las cuales deberá recoger dentro del plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente en el cual surta efectos la notificación de este proveído. Ello, con credencial oficial vigente con fotografía y una copia simple de la misma. Se le apercibe que de no comparecer en el plazo señalado, las documentales que adjuntó a su demanda, serán destruidas. Lo anterior, con fundamento en el artículo 19, del referido Acuerdo General. Sin cuaderno de suspensión. No ha lugar a emitir pronunciamiento, pues como la demanda de amparo se desechó, no se abrió el incidente. Carátula del juicio de amparo. Se instruye a la secretaria encargada de la conclusión de este expediente que, a través de sus oficiales judiciales, realice las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a la declaración de que causó estado el auto dictado y al archivo del presente asunto como concluido. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en el libro electrónico. Escrito de la parte quejosa Por último, se recibe al expediente el escrito signado por la quejosa xxxx, a través del cual solicita le sean devueltas las copias certificadas que anexó a su escrito de demanda. Sin embargo, resulta innecesario realizar mayor pronunciamiento al respecto, ya que en este auto, se declaró que el proveído por el que se desechó la demanda ha quedado firme y, a su vez, se ordenó poner a disposición de la quejosa las documentales de referencia, tal y como puede apreciarse en lo narrado en este auto. Notifíquese; por lista a la parte quejosa y cúmplase.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda amparo signada por la quejosa XXXX, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Titular Adscrito a la Fiscalía en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, con sede en Tecamachalco, Puebla y otras autoridades responsables. Demanda firmada. Se considera que la quejosa firmó la demanda, porque estampó su huella digital y un símbolo gráfico a manera de firma, como se desprende de la última página de la demanda. Además, la lectura integral que se hizo a la solicitud de amparo, permitió descartar la hipótesis de "firma a ruego", pues ninguna persona suscribió la demanda a ruego de aquélla. De ahí que se estime que la quejosa firmó la demanda, pues la huella digital y el símbolo gráfico que estampó junto esta, revelan su voluntad de ejercer la acción de tutela en forma personal. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el presente caso, se observa que la demanda recibida debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Por consiguiente, se arriba a la convicción de que los actos reclamados en la demanda, convergen a la figura de la orden de presentación atribuida a autoridades ministeriales, que actúan bajo las reglas del sistema penal acusatorio previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, debe indicarse que una orden de presentación instruida por autoridades ministeriales, no implica la restricción de la libertad para la quejosa, aun cuando vaya dirigida a éste, pues dicha restricción únicamente se genera con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen figuras jurídicas distintas a la presentación. Asimismo, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la presentación de un imputado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque la orden de presentación solamente se libra para el imputado con el propósito de que comparezca ante el fiscal investigador. En otras palabras, la orden de presentación jamás genera la obligación de que declare, pues al encontrarse ante el Ministerio Público, siempre puede el imputado manifestar su voluntad de abstenerse de declarar. Además, con la orden de presentación, lejos de coartarse algún derecho al imputado, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, porque al requerirle que se presente a ser entrevistado en la carpeta de investigación, aquel puede conocer el nombre de su acusador, así como de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Incluso, se le da la oportunidad al imputado de exponer lo que a su derecho corresponda, y obtener todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la carpeta de investigación, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo anterior resulta patente que una orden de presentación no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, dado que en realidad corresponde a un acto de investigación legítimo, porque todo ciudadano está obligado a comparecer ante el Ministerio Público que integre una carpeta de investigación, sin que ello implique una afectación a la libertad personal porque de considerarlo así, se llegaría al extremo de entorpecer la obligación de investigar los hechos con apariencia de delitos que es de orden público. Más aún, de considerar que la presentación para recabar entrevista puede ser un acto ilegal, se contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad en que el Ministerio Público cumpla su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Luego, es válido afirmar que la orden reclamada por la quejosa, encuentra una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual se obtiene de relacionar la fracción XXIII del numeral 61, con el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu, y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Máxime que la regulación de la orden de presentación, traducida en un acto de investigación de la autoridad ministerial, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual contempla las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de controL. Es más, de la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes citado, es posible establecer que la presentación de la persona investigada en la carpeta, incluso ante un juez, donde habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte la libertad personal del gobernado, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del Ministerio Público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva. ncluso, en la referida audiencia podrá el imputado ser o no vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. De modo que la circunstancia de que conforme a la fracción II del artículo 141, del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer la quejosa sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, tampoco es suficiente para estimar que la orden de presentación afecte la libertad personal, dado que esa comparecencia forzosa constituye un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el imputado no asista, sin justificación, y el agente del Ministerio Público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. Por consiguiente, los actos reclamados en la demanda consistentes en la orden de presentación y la ejecución de la misma, constituyen actos fuera de juicio que no afectan la libertad personal de la quejosa, conforme al artículo 107, fracción IV, también a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Por tanto, de conformidad con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu, 61, fracción XXIII, 107, fracción IV, primer párrafo, también a contrario sensu, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por la quejosa XXXX, por propio derecho, conforme a las razones expuestas con antelación.

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