Carolina Espinosa Aquino
Expediente 909/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 909/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/10/2020
Partes del expediente
- Carolina Espinosa Aquino
Actuaciones
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 27 DE OCTUBRE DE 2020, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veinte. Causa estado desechamiento. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte promovente no recurrió el auto del siete de octubre de dos mil veinte, por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del presente año, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Toda vez que en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, dese vista para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recogerlos, previa copia certificada que de éstos se deje en autos, apercibida que de no hacerlo podrá ser destruido junto con el expediente; en el entendido que deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigente, y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veinte. Causa estado desechamiento. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte promovente no recurrió el auto del siete de octubre de dos mil veinte, por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del presente año, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Toda vez que en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, dese vista para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recogerlos, previa copia certificada que de éstos se deje en autos, apercibida que de no hacerlo podrá ser destruido junto con el expediente; en el entendido que deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigente, y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de octubre de dos mil veinte. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 909/2020-II; asimismo, se advierten los siguientes datos: *** Desechamiento. Del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que es procedente desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Ahora, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la omisión de entregar la escritura pública *** y su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad del distrito judicial de San Pedro Cholula, de oficio se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de "autoridad" que violen derechos humanos de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior pone de manifiesto que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de garantías, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de garantías, contra leyes o actos de autoridad. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso. De conformidad con lo anterior es factible aseverar que el concepto de autoridad debe concebirse, esencialmente, por exclusión de los actos de particulares, puesto que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad, no así respecto de los realizados entre gobernados, por lo que resulta necesario establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho realiza de las relativas relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Es corolario de todo lo anterior que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como base que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto puede advertirse como notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En síntesis, será considerada autoridad para efectos del juicio de amparo, la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella y, los particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de los gobernados en los términos mencionados y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto, no se soslaya que la Ley de Amparo actualmente prevé la posibilidad de incluir a los particulares con la calidad de autoridades responsables; sin embargo, de modo alguno implicó que todos los actos que realicen aquéllos se consideren actos de autoridad, por mucho que sus facultades deriven de una norma general, pues para que así lo sean deben equipararse o ser equivalentes a los que realizan los órganos del Estado en sus funciones de supra a subordinación frente a los gobernados, es decir, que sean unilaterales y obligatorios, con independencia de que el propio ente que los emita pueda lograr su cumplimiento coactivo. Con base en lo expuesto, procede ahora determinar si el acto reclamado al Notario Público Número cinco del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla colma tales requisitos, lo que haría procedente su impugnación a través del juicio de amparo. Para lo anterior, conviene traer a colación las consideraciones vertidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/2007-PS, en la que si bien analizó el supuesto relativo a cuando un tercero extraño reclama el trámite de una sucesión que se tramita ante Notario Público, lo cierto es que también analizó la naturaleza jurídica y funciones de dicho fedatario y concluyó que no puede tener la calidad de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, lo que resulta ilustrativa para el presente caso en que se reclama la actuación -omisión- de un Notario Público. En efecto, el Máximo Tribunal del País estableció que el Notario Público no es un funcionario o servidor público sino que, conforme con el sistema jurídico mexicano, la institución del notariado es sui géneris ya que, por un lado, se encomienda para su desempeño a particulares, licenciados en derecho, mediante la expedición de la patente respectiva, después de haber presentado los exámenes de oposición correspondientes; que por otro lado, se trata de una función de orden público, toda vez que el notario actúa por delegación del Estado, con el objeto de satisfacer necesidades de interés social como lo son la autenticidad, certeza y seguridad jurídica de los actos y hechos jurídicos, por tanto, es un servicio público regulado por el Estado, de ahí la obligación del notario para actuar y prestar sus servicios cuando sea requerido. Determinó que el Notario es un particular que por disposición de ley, por un acto de delegación del Estado, recibe la fe pública, que es originalmente un atributo del propio aparato gubernamental por virtud de su imperio, y es ejercida a través de los órganos estatales y del mismo notario; incluso, que la propia legislación notarial ha establecido la incompatibilidad del ejercicio notarial con cargos públicos o de elección popular, lo que corrobora que no se trata de un empleado o funcionario público; de ahí que, si se considera que el notario público no puede reputarse como un servidor público, sino que es un particular que actúa mediante la patente que el Estado le otorga para dar fe pública de los actos e instrumentos que ante él se realicen, no puede decirse, por tanto, que sus actos son por mandato de ley. Además, debido a que la función notarial no es compatible con el desempeño de cargos públicos, y su actuar está condicionado a que los particulares soliciten sus servicios, entonces no existe una relación de supra a subordinación en su actuación, aunado a que a través de sus actos no se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular, por lo que sus actos no pueden considerarse como actos de autoridad. De las consideraciones anteriores, entre otras, derivó la jurisprudencia 1ª./J. 99/2008, localizable a página 199, tomo XXIX, febrero de 2009, novena época, materia civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTARIOS PÚBLICOS. CUANDO UN TERCERO EXTRAÑO RECLAMA EL TRÁMITE DE UNA SUCESIÓN LLEVADA ANTE ELLOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y NUEVO LEÓN). *** La conclusión alcanzada en ese criterio fue reiterada por la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 364/2016, en sesión del veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, en la que nuevamente analizó si el notario público puede o no tener la calidad de autoridad responsable, a la luz de la Ley de Amparo vigente, en la que se introdujo la posibilidad de combatir actos de particulares. En la ejecutoria relativa, sostuvo esencialmente que el criterio actual para determinar si un particular tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, se basa no sólo en el atributo de la fuerza pública o del imperio, pues también se toma en cuenta que con fundamento en una norma legal se puedan emitir actos unilaterales a través de los cuales se creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir ante los órganos judiciales ni del consentimiento del afectado, así como del tipo de relación jurídica que existen entre los sujetos en conflicto. Asimismo, sostuvo que para otorgarle a algún particular el carácter de autoridad responsable, tiene que darse necesariamente la relación de supra a subordinación, pues tratándose de relaciones de coordinación o de supraordinación, los sujetos se ubican en un plano de igualdad, lo cual constituye la nota distintiva para determinar que en esos casos se está ante una autoridad para efectos del juicio de amparo. Por ello, las características que deben revestir los actos realizados por los particulares con calidad de autoridad son los siguientes: Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute, o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas. Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Bajo tales premisas, sostuvo que a pesar de que la actuación de los Notarios Públicos se encuentra regulada por una ley y que auxilian al poder judicial en la tramitación de procedimientos sucesorios, no puede decirse que afectan la esfera jurídica de los gobernados pues dichas actuaciones se limitan al ámbito declarativo, es decir, no tiene por efecto constituir derechos y obligaciones a cargo de los particulares en atención a que su función se limita a las siguientes premisas: Dar fe pública de la situación jurídica generada a partir de la muerte del causante de la sucesión; y los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y el albacea, respecto de los bienes materia de la sucesión, ya sea entre ellos o con terceras personas. No emiten unilateralmente resoluciones que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones. No establece nuevas situaciones jurídicas. Dichas consideraciones quedaron plasmadas en la jurisprudencia 41/2019, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se encuentra pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES. *** Las premisas señaladas sirven para determinar si el presente juicio de amparo es procedente o no contra el Notario Público Número Cinco del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, a quien se le atribuye la omisión de entregar la escritura pública *** y su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad del distrito judicial de San Pedro Cholula. Se afirma lo anterior, ya que el citado Notario no es un funcionario, a pesar de que su función es de orden público, lo cierto es que el acto que se le atribuye -omisión de autorizar y entregar la escritura pública-, deriva de la función primordial que desempeña dicha fedataria consistente en otorgar autenticidad, certeza y seguridad jurídica de actos y hechos jurídicos; por tanto, no puede considerarse que le revista la calidad de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Por otra parte, tampoco puede considerarse que se trate de un particular que actúa como autoridad, ya que si bien la función que realiza se encuentra delegada por el Estado y, por ende, regulada en la Ley del Notariado, lo cierto es, que por sí misma, la actuación de la Notario Público no tiene por finalidad dictar, ordenar, ejecutar, o tratar de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, en contra o en perjuicio del quejoso, pues la falta de autorización y entrega de la escritura pública de donación, incluso su falta de inscripción en el Registro Público, son actos que se encuentran estrechamente vinculados al ámbito de los servicios notariales que presta y que le fueron contratados -protocolización del acto traslativo de dominio-. En efecto, el hecho de que sus funciones se encuentren determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones de fe pública, no implica que pueda equiparase a una autoridad para el juicio de amparo, pues se insiste, su actuación como fedataria se encuentra condicionada precisamente a la petición de la parte interesada, quien contrató sus servicios notariales para la protocolización de un contrato traslativo de dominio, en tanto que la norma no prevé disposiciones que obliguen a la quejosa a contratar los servicios de fe pública con un determinado Notario, lo que evidencia la neutralidad de la norma relativa, y como consecuencia, que la función notarial no pueda equipararse a la de una autoridad. Consideraciones similares fueron expuestas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 327/2017, en la sesión del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en la que analizó actos vinculados con la prestación del servicio público de educación, pues sostuvo que a pesar de que la educación se trata de un derecho social con jerarquía constitucional, el cual se delega a particulares, cuando una norma es neutra en cuanto a determinada actividad -desarrollada por el particular-, no puede equipararse a una autoridad, tal como se desprende de la transcripción de las consideraciones conducentes: "Pues bien, como se observa, la educación es un derecho social de jerarquía constitucional, el cual se garantiza a través del servicio público de educación, siendo obligatorio en el nivel básico. Para satisfacer este derecho, se dispone que el Estado -a través de sus distintos niveles de gobierno- debe prestar directamente este servicio respetando determinados principios y condiciones previstas en el artículo 3° de la Constitución Federal. Por tanto se trata de un servicio público reglado. Sin embargo, lo relevante para el análisis de este primer acto señalado como reclamado es que los particulares tienen una prerrogativa constitucional para participar en la prestación de dicho servicio público, mediante la obtención de una autorización estatal, que los habilita para ello y los integra al sistema educativo nacional, pero siendo silencioso respecto a la etapa en las que ofrecen ese servicio al mercado y las condiciones de contratación de sus servicios con los particulares, lo que evidencia la neutralidad de la Constitución respecto de este punto. Por tanto, aunque la oferta de sus servicios y la posible demanda del mismo por parte de las personas requiera necesariamente de la obtención de una autorización oficial, ésta se determine contractualmente de acuerdo a las reglas del mercado, por lo que, por regla general, no cabe reconocer a los particulares como equivalentes a las autoridades." Por ello, no puede considerarse que los actos que se le atribuyen al Notario Público número cinco de Huejotzingo, puedan equipararse a los de una autoridad para el juicio de amparo. No resultan obstáculo a la conclusión alcanzada en el presente asunto, los criterios aislados contenidos en las tesis IV.2o.A.40K (10a.) y II.2o.C.9 K (10a.), esta última invocada por la quejosa, las cuales establecen: "DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE DESECHARLA DE PLANO, POR LA ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, CON MOTIVO DE QUE EL JUICIO SE PROMUEVA CONTRA ACTOS DE UN NOTARIO PÚBLICO Y DE SU SUPLENTE. *** "NOTARIO PÚBLICO. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO OMITE ENTREGAR LA ESCRITURA CORRESPONDIENTE A LA PARTE INTERESADA DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL. *** Se afirma lo anterior, pues más allá de tratarse de criterios aislados que no resultan vinculantes para este Juzgado, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, lo cierto es que tales criterios se emitieron antes de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera las contradicciones de tesis 364/2016 y 327/2017, en la cuales, en la primera, reiteró que los Notarios Públicos no tienen la calidad de autoridad para los efectos del juicio de amparo, a la luz de la Ley de Amparo vigente, y en la segunda, estableció los pasos a seguir para determinar cuándo puede equipararse la actividad de un particular, a la de una autoridad. En efecto, en la tesis IV.2o.A.40 K (10a.), expresamente se sostuvo que no debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida contra actos de un Notario, pues aun cuando existen diversas tesis aisladas y jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que se sostuvo que los notarios públicos no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, éstas fueron emitidas con anterioridad a la Ley de Amparo vigente, que en su artículo 5, fracción II, establece la procedencia de juicio contra particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, por lo que consideró que podrían resultar contradictorias con su texto y, por ende, inaplicables No obstante, como se adelantó, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 364/2016, analizó la institución jurídica del Notario Público a la luz de la Ley de Amparo vigente, y expresamente señaló que comparte el criterio adoptado anteriormente en el sentido de que dichos fedatarios no son autoridades responsables, tal como se evidencia con la transcripción conducente: "33. Ahora bien, esta Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 3/2007-PS, concluyó que los notarios públicos no eran autoridad para los efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 11 de la abrogada Ley de Amparo,(13) al estimar que, únicamente, actuaban como simples fedatarios de los actos o hechos que para su protocolización le someten los particulares, de manera que entre éstos y el particular no existe una relación de supra a subordinación, en tanto que la actividad del fedatario no es un acto unilateral que pueda prescindir del consentimiento de los gobernados, pues son ellos quienes la solicitan. 34. Dicho criterio quedó plasmado en la tesis de jurisprudencia de rubro: "NOTARIOS PÚBLICOS. CUANDO UN TERCERO EXTRAÑO RECLAMA EL TRÁMITE DE UNA SUCESIÓN LLEVADA ANTE ELLOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y NUEVO LEÓN).". A pesar de que se comparte el criterio, se considera necesaria una nueva argumentación en virtud de la promulgación de la Ley de Amparo en abril de 2013, en particular lo relativo a los nuevos lineamientos para determinar los supuestos en que los particulares se equiparan a la autoridad para efectos del juicio de amparo. 35. En ese sentido, la presente contradicción de tesis debe resolverse con una nueva reflexión a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que trajo como consecuencia las modificaciones de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal con el objeto de fortalecer el juicio de amparo, a partir de la eliminación de tecnicismos y formalismos extremos que han dificultado su accesibilidad y, en consecuencia, su ámbito de protección." Por otra parte, en la tesis II.2o.C.9 K (10a.) se sostuvo esencialmente que el notario público es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando omite entregar la escritura correspondiente, ya que se trata de un organismo descentralizado por colaboración; sin embargo, tal concepción se aparta de lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 364/2016, en la que reiteró que la institución del Notario es totalmente sui generis en el sistema jurídico mexicano, pues se trata de un particular que desempeña una función de orden público que le fue delegada por el Estado, así como en la diversa contradicción de tesis 327/2017, en la que sostuvo que la sola realización de una actividad concesionada -como la prestación del servicio de educación-, por sí misma, no podría equipararse a un acto de autoridad, sino solo en los casos en que la norma posicione al particular en una situación diferenciada para generar un acto con el potencial de actualizar una violación a un derecho humano, lo que no ocurre en el presente caso, en el que la protocolización de un contrato traslativo de dominio, y en su caso, la omisión de entregarlo, se tratan de actos relativos al propio servicio notarial contratado. En esas condiciones, se colige que tesis aisladas de referencia resultan inaplicables al presente caso, pues contravienen la conclusión alcanzada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la institución del Notario Público, y a los actos de particulares que puedan equipararse a los de autoridad. En relatadas circunstancias, al no revestirle el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo de conformidad con lo establecido con los numerales 1º, fracción I, y 5, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda por cuanto hace al Notario Público Número Cinco del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, y el acto que se le atribuye. Finalmente, no sobra señalar que la presente determinación no implica dejar en un estado de indefensión a la parte quejosa, pues cuenta con diversas vías legales para hacer notar tal omisión, entre ellas, la queja administrativa que se promueva ante la Dirección de Notarías, dependiente de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla. Documentos. Como lo solicita, devuélvanse los documentos exhibidos por la quejosa, previa copia que quede agregada en autos para constancia, en la inteligencia para que su devolución deberá atender a lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, a fin de generar su cita. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Autorizados. Se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a los profesionistas que señala, toda vez que no se encuentran debidamente registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Correo electrónico. Finalmente, se toma conocimiento del correo electrónico jare-lopez@hotmail.com que proporciona a fin de establecer una mejor comunicación -no procesal- entre las partes. Canal de comunicación Asimismo, para el caso en que la parte quejosa pretenda continuar con algún trámite, se le requiere para que señale un número telefónico para tener un canal de comunicación, acorde con el referido Acuerdo General 21/2020. Exhorto para tramitar el juicio en línea. Igualmente de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 22 y el diverso 284 del referido Acuerdo General, y tomando en cuenta que la propagación del virus SARS-CoV-2 ha hecho necesario que el eje rector para el desarrollo de las actividades jurisdiccionales se haga preferentemente a través de medios digitales, se exhorta a las partes para que, de ser posible, y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, manifiesten si es su deseo continuar con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Cabe destacar que, para tal efecto, es menester que observen lo siguiente: Para acceder a los servicios que se presentan en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, es forzoso que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación o bien, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL") y se registren en el sistema. Para registrarse en el citado portal los usuarios deberán indicar su NOMBRE, CORREO ELECTRÓNICO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN, crear un nombre de usuario, una contraseña y vincular al registro su firma electrónica, el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. La consulta del expediente electrónico depende de que la propia parte formule manifestaciones en ese sentido. En términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, para la solicitud de notificación electrónica se deberá realizar la manifestación expresa para que se les practiquen notificaciones de esa naturaleza, en virtud de que la sola presentación de promociones o recursos en forma electrónica, no implica solicitud ni autorización alguna para recibirlas de esta forma, pues para dicho efecto es necesario que las partes lo soliciten, según se desprende del artículo 15, inciso a), del Acuerdo General Conjunto 1/2013 y el diverso artículo 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 en alusión. Lo anterior, a fin de que se encuentren en aptitud de presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. En el entendido que las solicitudes anteriores subsistirán hasta en tanto no sean atendidas. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis y cuatro de mayo de dos mil quince, respectivamente. *** Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, siete de octubre de dos mil veinte. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 909/2020-II; asimismo, se advierten los siguientes datos: *** Desechamiento. Del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que es procedente desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Ahora, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la omisión de entregar la escritura pública *** y su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad del distrito judicial de San Pedro Cholula, de oficio se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de "autoridad" que violen derechos humanos de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior pone de manifiesto que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de garantías, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de garantías, contra leyes o actos de autoridad. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso. De conformidad con lo anterior es factible aseverar que el concepto de autoridad debe concebirse, esencialmente, por exclusión de los actos de particulares, puesto que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad, no así respecto de los realizados entre gobernados, por lo que resulta necesario establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho realiza de las relativas relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Es corolario de todo lo anterior que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como base que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto puede advertirse como notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En síntesis, será considerada autoridad para efectos del juicio de amparo, la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella y, los particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de los gobernados en los términos mencionados y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto, no se soslaya que la Ley de Amparo actualmente prevé la posibilidad de incluir a los particulares con la calidad de autoridades responsables; sin embargo, de modo alguno implicó que todos los actos que realicen aquéllos se consideren actos de autoridad, por mucho que sus facultades deriven de una norma general, pues para que así lo sean deben equipararse o ser equivalentes a los que realizan los órganos del Estado en sus funciones de supra a subordinación frente a los gobernados, es decir, que sean unilaterales y obligatorios, con independencia de que el propio ente que los emita pueda lograr su cumplimiento coactivo. Con base en lo expuesto, procede ahora determinar si el acto reclamado al Notario Público Número cinco del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla colma tales requisitos, lo que haría procedente su impugnación a través del juicio de amparo. Para lo anterior, conviene traer a colación las consideraciones vertidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/2007-PS, en la que si bien analizó el supuesto relativo a cuando un tercero extraño reclama el trámite de una sucesión que se tramita ante Notario Público, lo cierto es que también analizó la naturaleza jurídica y funciones de dicho fedatario y concluyó que no puede tener la calidad de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, lo que resulta ilustrativa para el presente caso en que se reclama la actuación -omisión- de un Notario Público. En efecto, el Máximo Tribunal del País estableció que el Notario Público no es un funcionario o servidor público sino que, conforme con el sistema jurídico mexicano, la institución del notariado es sui géneris ya que, por un lado, se encomienda para su desempeño a particulares, licenciados en derecho, mediante la expedición de la patente respectiva, después de haber presentado los exámenes de oposición correspondientes; que por otro lado, se trata de una función de orden público, toda vez que el notario actúa por delegación del Estado, con el objeto de satisfacer necesidades de interés social como lo son la autenticidad, certeza y seguridad jurídica de los actos y hechos jurídicos, por tanto, es un servicio público regulado por el Estado, de ahí la obligación del notario para actuar y prestar sus servicios cuando sea requerido. Determinó que el Notario es un particular que por disposición de ley, por un acto de delegación del Estado, recibe la fe pública, que es originalmente un atributo del propio aparato gubernamental por virtud de su imperio, y es ejercida a través de los órganos estatales y del mismo notario; incluso, que la propia legislación notarial ha establecido la incompatibilidad del ejercicio notarial con cargos públicos o de elección popular, lo que corrobora que no se trata de un empleado o funcionario público; de ahí que, si se considera que el notario público no puede reputarse como un servidor público, sino que es un particular que actúa mediante la patente que el Estado le otorga para dar fe pública de los actos e instrumentos que ante él se realicen, no puede decirse, por tanto, que sus actos son por mandato de ley. Además, debido a que la función notarial no es compatible con el desempeño de cargos públicos, y su actuar está condicionado a que los particulares soliciten sus servicios, entonces no existe una relación de supra a subordinación en su actuación, aunado a que a través de sus actos no se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular, por lo que sus actos no pueden considerarse como actos de autoridad. De las consideraciones anteriores, entre otras, derivó la jurisprudencia 1ª./J. 99/2008, localizable a página 199, tomo XXIX, febrero de 2009, novena época, materia civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTARIOS PÚBLICOS. CUANDO UN TERCERO EXTRAÑO RECLAMA EL TRÁMITE DE UNA SUCESIÓN LLEVADA ANTE ELLOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y NUEVO LEÓN). *** La conclusión alcanzada en ese criterio fue reiterada por la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 364/2016, en sesión del veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, en la que nuevamente analizó si el notario público puede o no tener la calidad de autoridad responsable, a la luz de la Ley de Amparo vigente, en la que se introdujo la posibilidad de combatir actos de particulares. En la ejecutoria relativa, sostuvo esencialmente que el criterio actual para determinar si un particular tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, se basa no sólo en el atributo de la fuerza pública o del imperio, pues también se toma en cuenta que con fundamento en una norma legal se puedan emitir actos unilaterales a través de los cuales se creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir ante los órganos judiciales ni del consentimiento del afectado, así como del tipo de relación jurídica que existen entre los sujetos en conflicto. Asimismo, sostuvo que para otorgarle a algún particular el carácter de autoridad responsable, tiene que darse necesariamente la relación de supra a subordinación, pues tratándose de relaciones de coordinación o de supraordinación, los sujetos se ubican en un plano de igualdad, lo cual constituye la nota distintiva para determinar que en esos casos se está ante una autoridad para efectos del juicio de amparo. Por ello, las características que deben revestir los actos realizados por los particulares con calidad de autoridad son los siguientes: Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute, o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas. Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Bajo tales premisas, sostuvo que a pesar de que la actuación de los Notarios Públicos se encuentra regulada por una ley y que auxilian al poder judicial en la tramitación de procedimientos sucesorios, no puede decirse que afectan la esfera jurídica de los gobernados pues dichas actuaciones se limitan al ámbito declarativo, es decir, no tiene por efecto constituir derechos y obligaciones a cargo de los particulares en atención a que su función se limita a las siguientes premisas: Dar fe pública de la situación jurídica generada a partir de la muerte del causante de la sucesión; y los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y el albacea, respecto de los bienes materia de la sucesión, ya sea entre ellos o con terceras personas. No emiten unilateralmente resoluciones que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones. No establece nuevas situaciones jurídicas. Dichas consideraciones quedaron plasmadas en la jurisprudencia 41/2019, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se encuentra pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES. *** Las premisas señaladas sirven para determinar si el presente juicio de amparo es procedente o no contra el Notario Público Número Cinco del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, a quien se le atribuye la omisión de entregar la escritura pública *** y su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad del distrito judicial de San Pedro Cholula. Se afirma lo anterior, ya que el citado Notario no es un funcionario, a pesar de que su función es de orden público, lo cierto es que el acto que se le atribuye -omisión de autorizar y entregar la escritura pública-, deriva de la función primordial que desempeña dicha fedataria consistente en otorgar autenticidad, certeza y seguridad jurídica de actos y hechos jurídicos; por tanto, no puede considerarse que le revista la calidad de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Por otra parte, tampoco puede considerarse que se trate de un particular que actúa como autoridad, ya que si bien la función que realiza se encuentra delegada por el Estado y, por ende, regulada en la Ley del Notariado, lo cierto es, que por sí misma, la actuación de la Notario Público no tiene por finalidad dictar, ordenar, ejecutar, o tratar de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, en contra o en perjuicio del quejoso, pues la falta de autorización y entrega de la escritura pública de donación, incluso su falta de inscripción en el Registro Público, son actos que se encuentran estrechamente vinculados al ámbito de los servicios notariales que presta y que le fueron contratados -protocolización del acto traslativo de dominio-. En efecto, el hecho de que sus funciones se encuentren determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones de fe pública, no implica que pueda equiparase a una autoridad para el juicio de amparo, pues se insiste, su actuación como fedataria se encuentra condicionada precisamente a la petición de la parte interesada, quien contrató sus servicios notariales para la protocolización de un contrato traslativo de dominio, en tanto que la norma no prevé disposiciones que obliguen a la quejosa a contratar los servicios de fe pública con un determinado Notario, lo que evidencia la neutralidad de la norma relativa, y como consecuencia, que la función notarial no pueda equipararse a la de una autoridad. Consideraciones similares fueron expuestas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 327/2017, en la sesión del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en la que analizó actos vinculados con la prestación del servicio público de educación, pues sostuvo que a pesar de que la educación se trata de un derecho social con jerarquía constitucional, el cual se delega a particulares, cuando una norma es neutra en cuanto a determinada actividad -desarrollada por el particular-, no puede equipararse a una autoridad, tal como se desprende de la transcripción de las consideraciones conducentes: "Pues bien, como se observa, la educación es un derecho social de jerarquía constitucional, el cual se garantiza a través del servicio público de educación, siendo obligatorio en el nivel básico. Para satisfacer este derecho, se dispone que el Estado -a través de sus distintos niveles de gobierno- debe prestar directamente este servicio respetando determinados principios y condiciones previstas en el artículo 3° de la Constitución Federal. Por tanto se trata de un servicio público reglado. Sin embargo, lo relevante para el análisis de este primer acto señalado como reclamado es que los particulares tienen una prerrogativa constitucional para participar en la prestación de dicho servicio público, mediante la obtención de una autorización estatal, que los habilita para ello y los integra al sistema educativo nacional, pero siendo silencioso respecto a la etapa en las que ofrecen ese servicio al mercado y las condiciones de contratación de sus servicios con los particulares, lo que evidencia la neutralidad de la Constitución respecto de este punto. Por tanto, aunque la oferta de sus servicios y la posible demanda del mismo por parte de las personas requiera necesariamente de la obtención de una autorización oficial, ésta se determine contractualmente de acuerdo a las reglas del mercado, por lo que, por regla general, no cabe reconocer a los particulares como equivalentes a las autoridades." Por ello, no puede considerarse que los actos que se le atribuyen al Notario Público número cinco de Huejotzingo, puedan equipararse a los de una autoridad para el juicio de amparo. No resultan obstáculo a la conclusión alcanzada en el presente asunto, los criterios aislados contenidos en las tesis IV.2o.A.40K (10a.) y II.2o.C.9 K (10a.), esta última invocada por la quejosa, las cuales establecen: "DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE DESECHARLA DE PLANO, POR LA ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, CON MOTIVO DE QUE EL JUICIO SE PROMUEVA CONTRA ACTOS DE UN NOTARIO PÚBLICO Y DE SU SUPLENTE. *** "NOTARIO PÚBLICO. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO OMITE ENTREGAR LA ESCRITURA CORRESPONDIENTE A LA PARTE INTERESADA DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL. *** Se afirma lo anterior, pues más allá de tratarse de criterios aislados que no resultan vinculantes para este Juzgado, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, lo cierto es que tales criterios se emitieron antes de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera las contradicciones de tesis 364/2016 y 327/2017, en la cuales, en la primera, reiteró que los Notarios Públicos no tienen la calidad de autoridad para los efectos del juicio de amparo, a la luz de la Ley de Amparo vigente, y en la segunda, estableció los pasos a seguir para determinar cuándo puede equipararse la actividad de un particular, a la de una autoridad. En efecto, en la tesis IV.2o.A.40 K (10a.), expresamente se sostuvo que no debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida contra actos de un Notario, pues aun cuando existen diversas tesis aisladas y jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que se sostuvo que los notarios públicos no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, éstas fueron emitidas con anterioridad a la Ley de Amparo vigente, que en su artículo 5, fracción II, establece la procedencia de juicio contra particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, por lo que consideró que podrían resultar contradictorias con su texto y, por ende, inaplicables No obstante, como se adelantó, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 364/2016, analizó la institución jurídica del Notario Público a la luz de la Ley de Amparo vigente, y expresamente señaló que comparte el criterio adoptado anteriormente en el sentido de que dichos fedatarios no son autoridades responsables, tal como se evidencia con la transcripción conducente: "33. Ahora bien, esta Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 3/2007-PS, concluyó que los notarios públicos no eran autoridad para los efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 11 de la abrogada Ley de Amparo,(13) al estimar que, únicamente, actuaban como simples fedatarios de los actos o hechos que para su protocolización le someten los particulares, de manera que entre éstos y el particular no existe una relación de supra a subordinación, en tanto que la actividad del fedatario no es un acto unilateral que pueda prescindir del consentimiento de los gobernados, pues son ellos quienes la solicitan. 34. Dicho criterio quedó plasmado en la tesis de jurisprudencia de rubro: "NOTARIOS PÚBLICOS. CUANDO UN TERCERO EXTRAÑO RECLAMA EL TRÁMITE DE UNA SUCESIÓN LLEVADA ANTE ELLOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y NUEVO LEÓN).". A pesar de que se comparte el criterio, se considera necesaria una nueva argumentación en virtud de la promulgación de la Ley de Amparo en abril de 2013, en particular lo relativo a los nuevos lineamientos para determinar los supuestos en que los particulares se equiparan a la autoridad para efectos del juicio de amparo. 35. En ese sentido, la presente contradicción de tesis debe resolverse con una nueva reflexión a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que trajo como consecuencia las modificaciones de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal con el objeto de fortalecer el juicio de amparo, a partir de la eliminación de tecnicismos y formalismos extremos que han dificultado su accesibilidad y, en consecuencia, su ámbito de protección." Por otra parte, en la tesis II.2o.C.9 K (10a.) se sostuvo esencialmente que el notario público es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando omite entregar la escritura correspondiente, ya que se trata de un organismo descentralizado por colaboración; sin embargo, tal concepción se aparta de lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 364/2016, en la que reiteró que la institución del Notario es totalmente sui generis en el sistema jurídico mexicano, pues se trata de un particular que desempeña una función de orden público que le fue delegada por el Estado, así como en la diversa contradicción de tesis 327/2017, en la que sostuvo que la sola realización de una actividad concesionada -como la prestación del servicio de educación-, por sí misma, no podría equipararse a un acto de autoridad, sino solo en los casos en que la norma posicione al particular en una situación diferenciada para generar un acto con el potencial de actualizar una violación a un derecho humano, lo que no ocurre en el presente caso, en el que la protocolización de un contrato traslativo de dominio, y en su caso, la omisión de entregarlo, se tratan de actos relativos al propio servicio notarial contratado. En esas condiciones, se colige que tesis aisladas de referencia resultan inaplicables al presente caso, pues contravienen la conclusión alcanzada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la institución del Notario Público, y a los actos de particulares que puedan equipararse a los de autoridad. En relatadas circunstancias, al no revestirle el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo de conformidad con lo establecido con los numerales 1º, fracción I, y 5, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda por cuanto hace al Notario Público Número Cinco del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, y el acto que se le atribuye. Finalmente, no sobra señalar que la presente determinación no implica dejar en un estado de indefensión a la parte quejosa, pues cuenta con diversas vías legales para hacer notar tal omisión, entre ellas, la queja administrativa que se promueva ante la Dirección de Notarías, dependiente de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla. Documentos. Como lo solicita, devuélvanse los documentos exhibidos por la quejosa, previa copia que quede agregada en autos para constancia, en la inteligencia para que su devolución deberá atender a lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, a fin de generar su cita. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Autorizados. Se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a los profesionistas que señala, toda vez que no se encuentran debidamente registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Correo electrónico. Finalmente, se toma conocimiento del correo electrónico jare-lopez@hotmail.com que proporciona a fin de establecer una mejor comunicación -no procesal- entre las partes. Canal de comunicación Asimismo, para el caso en que la parte quejosa pretenda continuar con algún trámite, se le requiere para que señale un número telefónico para tener un canal de comunicación, acorde con el referido Acuerdo General 21/2020. Exhorto para tramitar el juicio en línea. Igualmente de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 22 y el diverso 284 del referido Acuerdo General, y tomando en cuenta que la propagación del virus SARS-CoV-2 ha hecho necesario que el eje rector para el desarrollo de las actividades jurisdiccionales se haga preferentemente a través de medios digitales, se exhorta a las partes para que, de ser posible, y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, manifiesten si es su deseo continuar con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Cabe destacar que, para tal efecto, es menester que observen lo siguiente: Para acceder a los servicios que se presentan en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, es forzoso que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación o bien, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL") y se registren en el sistema. Para registrarse en el citado portal los usuarios deberán indicar su NOMBRE, CORREO ELECTRÓNICO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN, crear un nombre de usuario, una contraseña y vincular al registro su firma electrónica, el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. La consulta del expediente electrónico depende de que la propia parte formule manifestaciones en ese sentido. En términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, para la solicitud de notificación electrónica se deberá realizar la manifestación expresa para que se les practiquen notificaciones de esa naturaleza, en virtud de que la sola presentación de promociones o recursos en forma electrónica, no implica solicitud ni autorización alguna para recibirlas de esta forma, pues para dicho efecto es necesario que las partes lo soliciten, según se desprende del artículo 15, inciso a), del Acuerdo General Conjunto 1/2013 y el diverso artículo 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 en alusión. Lo anterior, a fin de que se encuentren en aptitud de presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. En el entendido que las solicitudes anteriores subsistirán hasta en tanto no sean atendidas. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis y cuatro de mayo de dos mil quince, respectivamente. *** Notifíquese personalmente a la parte promovente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 8,646 expedientes
- Carmen Ramírez Márquez1819/2023
- Carmen Rodríguez Pérez179/2021
- Carmen Sánchez Muñoz450/2021
- Carolina Abdala Fonseca555/2022
- Carolina Aguilar Méndez1413/2021
- Carolina Biviano Perez991/2023
- Carolina Garrido Campos481/2021
- Carolina Gaspar Ramirez1567/2023
- Carolina Gaspar Ramirez1983/2023
- Carolina Hernández Flores906/2021
- Carolina López Reyes549/2019
- Carolina Martínez Vázquez138/2018