Carmen Ramírez Márquez
Expediente 1819/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1819/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/11/2023
Partes del expediente
- Carmen Ramírez Márquez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Las autoridades responsables del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su representación, rinden informe justificado en términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Vista con informe. Con el contenido del informe de cuenta dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Pruebas. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a las autoridades responsables oficiantes ofreciendo las pruebas documentales que anexan a su informe, debiendo darse cuenta con ellas en la audiencia constitucional. Delegados. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegados a las personas que señalan las autoridades responsables oficiantes. Se requieren constancias. Por otra parte, visto el oficio de cuenta, se aprecia que la autoridad responsable mediante proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, tuvo por admitida la demanda promovida por la parte aquí quejosa y ordenó emplazar a la parte demandada, Tribunal electoral del Estado de Puebla, al juicio laboral de origen, la cual fue emplazada el veintitrés del presente mes y año, y se le concedió un término de CINCO DÍAS para dar contestación a la demanda instaurada en su contra y ofrezcan pruebas, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término concedido se le tendrá por contestada en sentido afirmativo y por perdido su derecho a ofrecer pruebas. Ahora, debe tenerse presente que los actos reclamados en este asunto consisten en la omisión de admitir la demanda y ordenar emplazar a la demandada; y, la omisión de llevar a cabo el desahogo de la audiencia de ley en el expediente D-47/2023. Por tal motivo, de conformidad con el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada del auto que haya recaído al desahogo o incumplimiento dado por el Tribunal electoral del Estado de Puebla al proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, e informe si señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley en el citado expediente laboral. En el entendido de que deberá cuidar que se encuentren legibles y completas. Se apercibe a la referida autoridad que de no dar cumplimiento en el plazo señalado a lo requerido en el presente acuerdo, se le impondrá una multa de 50 a 1000 veces la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 124, del Volumen 187-192, Cuarta Parte, Séptima Época, del rubro siguiente: "DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. El artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles da gran amplitud al Juez para realizar cualquier diligencia o admitir pruebas para mejor proveer, sin limitación temporal, con las solas restricciones de que no se practiquen diligencias o se admitan pruebas que sean contrarias a la ley." Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guarda el expediente y la certificación secretarial de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy; sin embargo, no está en aptitud de celebrarse, toda vez que se encuentra transcurriendo el plazo concedido a las autoridades responsables para que rindan su informe justificado. Lo anterior, toda vez que el auto admisorio de veintiséis de octubre de dos mil veintitrés les fue notificado el treinta de octubre siguiente. En tal sentido, con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, procede diferir la audiencia constitucional. Se señalan para su celebración las trece horas con veinte minutos del catorce de diciembre de dos mil veintitrés. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiséis de octubre de dos mil veintitrés. Autoridad solicita prórroga. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, [ISSSTEP], por conducto de su representación, informa -en lo que interesa- lo siguiente: El expediente pensionario a nombre de la quejosa Inocencia Lazcano Lira, ha sido integrado y será sometido a consideración de la Junta Directiva el veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, lo cual acredita a través de las documentales que exhibe para tal efecto. En ese sentido, la autoridad oficiante solicita un término de diez días posteriores a la celebración de la Junta, a fin de dar cumplimiento al fallo protector. No ha lugar prórroga. Ahora, cabe precisar que el artículo 192 de la ley de la materia establece que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas; asimismo, que el órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad, debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Sin embargo, en el caso concreto, las autoridades responsables solicitan que posterior a la fecha señalada para que el expediente pensionario de la parte quejosa sea dictaminado y programado para revisión de la junta de comisarios -veintisiete de octubre de dos mil veintitrés- se les concedan diez días más, a fin de dar cabal cumplimiento al fallo protector; prórroga que se estima injustificada. En efecto, si bien el artículo 28 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, establece que la junta directiva del referido instituto sesionará por lo menos una vez cada dos meses en forma ordinaria, también establece que podrá sesionar de manera extraordinaria cuantas veces sea necesario, tal como se evidencia a continuación: ..... En ese contexto, indíquese a las autoridades señaladas como responsables que no procede acordar de conformidad su petición, por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que una vez que se lleve a cabo la sesión programada para el veintisiete del mes y año que transcurre, de manera inmediata informen su resultado. Se determina lo anterior, en atención a que las autoridades responsables señalan una fecha lejana para sesionar el expediente pensionario de la parte quejosa, y no obstante a ello, solicitan una prórroga para cumplimentar la sentencia dictada en autos, lo cual contraviene el procedimiento de ejecución de una sentencia de amparo, pues de manera general la ley prevé el plazo genérico de tres días para que se cumplan la sentencias de amparo, el cual tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. Sin embargo, el presente asunto no se encuentra en alguno de los supuestos mencionados para ampliar el plazo con el que cuenta la autoridad responsable para cumplir el fallo protector, máxime que desde la sentencia se estableció el plazo ampliado para cumplir con el fallo de diez días hábiles. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: .... Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a lo requerido en párrafos anteriores, así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puesto y su consignación. Reitera domicilio y correo electrónico. En relación al domicilio y correo electrónico que proporcionan, indíquese que deberán estarse a lo acordado en proveído de fecha siete de marzo de dos mil veintitrés, en el cual se proveyó al respecto. Autorización de consulta y notificación vía electrónica a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. En términos de lo acordado el nueve de octubre de dos mil veintitrés, en el cuaderno de varios 1/2023, de este Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se otorga al usuario "MromanoMP", que pertenece a Martha Angélica Romano Saldaña, la autorización a efecto de que pueda tener acceso a las actuaciones del presente juicio de amparo, en la vía electrónica, así como para que, a partir de esta fecha, se le notifiquen electrónicamente los acuerdos que ameriten ser personales a través del módulo dispuesto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
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