Carolina de la Rosa Pérez
Expediente 41/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 41/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Carolina de la Rosa Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días, sin que las partes hubieran recurrido la determinación de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés; consecuentemente, se declara que dicha resolución que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. El presente expediente carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas dicho artículo, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Por otra parte, una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Asimismo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción por haberse sobreseído en el juicio de amparo.
- Principal
Se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos y representante legal de la Delegación Estatal en Tlaxcala incluyendo al Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tlaxcala del Instituto Mexicano del Seguro Social; en atención a su contenido, téngasele rindiendo su informe justificado; con su contenido y anexo dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Asimismo, se tiene como domicilio de la referida autoridad responsable el que indica, por ser el de su oficina principal; y, se tienen como delegados a las personas que designa. Téngase como prueba de la autoridad oficiante la copia certificada de las constancias que anexa al oficio que se provee, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Por otra parte, se tiene a la autoridad oficiante señalando como correo electrónico *** y número de teléfono ***, a efecto de entablar comunicaciones no procesales. Ahora bien, del anexo del informe justificado, se desprende que la Jefa del Departamento de Pensiones Subdelegacional, del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Tlaxcala, mediante oficio número ***, dio contestación al escrito presentado por la quejosa el dos de septiembre de dos mil veintidós, cuya omisión de respuesta constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Sin embargo, no es el procedente dar vista a la parte quejosa para que, precise si es su deseo señalar como nuevo acto reclamado el referido oficio número ***, de cinco de septiembre de dos mil veintidós, signado por la Jefa del Departamento de Pensiones Subdelegacional, del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Tlaxcala. Lo anterior, porque en el caso particular el acto omisivo reclamado deriva de un procedimiento administrativo, en el que la quejosa *** solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social, una pensión de cesantía en edad avanzada; por lo que, en su caso, dicho acto debe analizarse bajo la óptica del derecho fundamental de justicia pronta y expedita previsto en en el artículo 17 constitucional, no así 8°. En efecto, la garantía consagrada en el artículo 8° constitucional se refiere, de manera general, al derecho que tienen los gobernados de recibir una respuesta de cualquier autoridad, a una petición que formulen por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Por su parte, el segundo párrafo del artículo 17 constitucional establece específicamente la garantía de acceso a la impartición de justicia, según la cual, los particulares deben observar los requisitos, formas y procedimientos que establezcan las leyes, para de esa manera obtener un pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional, que resuelva sobre las pretensiones planteadas. Lo anterior lleva a concluir que el derecho a recibir una respuesta de la autoridad judicial, tiene una regulación especial desde el punto de vista constitucional, que se distingue de la regulación general relacionada con el derecho a obtener una respuesta de cualquier autoridad. Por ello, cuando un particular promueve ante una instancia jurisdiccional alguna acción, procedimiento o medio de defensa y no encuentra respuesta, la garantía que pudiera encontrarse en riesgo de ser vulnerada, es la relacionada con el derecho de acceso a la justicia regulada, especialmente, en el artículo 17 constitucional y no la diversa garantía general consagrada en el diverso artículo 8°. Así, la vista para que la quejosa amplíe su demanda de amparo rige cuando se está en la hipótesis prevista en el artículo 8° constitucional (derecho de petición), pero no para el 17 (acto en juicio y de prontitud o acceso a la justicia). En esa tesitura, como se dijo, no es dable requerir a la quejosa para que amplíe su demanda en cuanto a la respuesta recaída a su petición de pensión por cesantía en edad avanzada, precisamente porque en el caso particular la garantía que pudiera encontrarse en riesgo de ser vulnerada, es la relacionada con el derecho de acceso a la justicia regulada, prevista en el artículo 17 constitucional, no así la consagrada en el diverso numeral 8°. A mayor abundamiento, el tema relacionado con la pensión de cesantía por edad avanzada, el asegurado o beneficiario debe acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo; por lo que, respecto de dicha respuesta, en el supuesto de que la quejosa ampliara su demanda, no se llegaría a ningún fin práctico que, de una u otra manera, beneficiara a la parte quejosa o que le permitiera albergar una posibilidad de obtener fallo favorable; pues, de manera notoria, se actualizaría la causa de improcedencia prevista la fracción XXIII del numeral 61, en relación con los diversos 1, fracción I; y 5, fracción II, todos de la ley de la materia, por no ser un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Por lo que, a nada práctico conduciría requerir a la quejosa para que amplíe su demanda respecto de un acto reclamado por el que no es procedente el juicio de amparo indirecto.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días concedido en acuerdo de doce de enero del año en curso, a la autoridad responsable para rendir su informe justificado. En consecuencia, a fin de no violar las reglas procedimentales que rigen el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar, se fijan las DOCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración.
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