Carmina Flores Zacapa
Expediente 1129/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1129/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Carmina Flores Zacapa
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno; consecuentemente, se declara que dicho auto que tuvo por desechada la demanda de amparo ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; el presente expediente carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas dicho artículo, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. En virtud de lo anterior y toda vez que no obran en autos documentos originales, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, procédase a la destrucción de este expediente. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número ***. Atento a ello, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente. En el caso particular, los promoventes señalan como acto reclamado, la omisión de dar contestación a su escrito presentado ante la responsable el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno; atento a lo cual, en el caso, se estima se actualiza la causal de improcedencia prevista. "***" Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. De ahí que es quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual y colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos, y con ello se producirá una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Como puede advertirse, los anteriores conceptos implican la idea de que el acto reclamado, por regla, debe existir al momento de la presentación de la demanda de amparo u omisión reclamada, pues solo en ese caso se estaría frente a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica concreta, susceptible de generar una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, cuyo remedio se persigue mediante el juicio de amparo. Ahora bien, como quedó precisado, en la especie las quejosas señalan como omisión reclamada, la falta de contestación al escrito presentado ante a responsable el dieciocho de octubre del año que transcurre, razón por la cual a la fecha en que presentaron la demanda de amparo (veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno), no se tiene certeza de que la autoridad responsable haya atendido dicho derecho de petición. Del precepto invocado se advierte que la Constitución del Estado de Tlaxcala, prevé que el término para la contestación al derecho de petición es de treinta días hábiles, lo cual resulta relevante para evidenciar que la autoridad responsable a la fecha de presentación de la demanda no ha incurrido en la omisión reclamada. Esto es, la petición cuya respuesta reclama la parte quejosa, se realizó mediante escrito de dieciocho de octubre del año en curso y la demanda de amparo que nos ocupa fue presentada el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno; por lo que han trascurrido veintisiete días hábiles, para que la autoridad responsable diera respuesta a su solicitud, lo anterior es así, pues dicho termino empezó a transcurrir el diecinueve de octubre del actual, y fenece el dos de diciembre de este año, descontando de dicho cómputo los días sábados y domingos, así como el uno, dos y quince de noviembre del actual, por haber sido inhábiles. Lo expuesto anteriormente demuestra que las peticionarias de amparo no han sufrido afectación real y actual a su derecho de petición, pues la autoridad señalada como responsable se encuentra en aptitud de dar contestación a su escrito dentro del plazo previsto en la Constitución local. Consecuentemente, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia, lo procedente es DESECHAR LA PRESENTE DEMANDA de derechos fundamentales. Por otra parte, se tiene como domicilio de las quejosas el que señalan en su escrito de cuenta para oír y recibir notificaciones; y como autorizado en términos amplios a ***, por contar con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a la diversa persona que refieren, por no contar con dicho registro. Por otro lado, del ocurso inicial se advierten como datos de contacto el correo electrónico *** y el número de teléfono ***; por lo que se tienen por señalados los medios electrónicos a efecto de entablar comunicaciones no procesales. El presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio.
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