Carmina Quan Kiu Alonso
Expediente 1384/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1384/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/08/2022
Partes del expediente
- Carmina Quan Kiu Alonso
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio procedente del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, mediante el cual informa que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo del que derivo este cuaderno de antecedentes, con motivo de la incompetencia planteada por la suscrita, el cual registró como amparo * de su estadística. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expedientillo, como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, de conformidad con el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente cuaderno es susceptible de destrucción.
- Principal
Con la demanda de amparo que promueve * por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Cédula II-2, en el Estado de Puebla; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 1384/2022-II. En principio, se estima necesario precisar que las cuestiones de competencia son de orden público y oficioso pronunciamiento, pues constituyen un presupuesto procesal, para que la actuación del juzgador en el desarrollo de la función que genéricamente le corresponde, sea válida y eficaz. De tal modo que la competencia es el conjunto de facultades con que el orden jurídico inviste a una autoridad para desplegar sus atribuciones y cuyos criterios delimitadores son los siguientes: 1. Materia. Es el criterio que se instaura en virtud de la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio; o por razón de la naturaleza de la causa, es decir, de las cuestiones jurídicas que constituyen la materia litigiosa de carácter penal. 2. Territorio. Éste es el ámbito espacial dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional. 3. Grado. Se refiere a cada cognición del litigio por un juzgador. En relación al criterio de la materia se hace referencia a los asuntos según cada especialización, y así se indican los concernientes a los jueces federales penales (artículos 51 a 55 ter); jueces de distrito de amparo en materia penal (artículo 56); jueces de distrito en materia administrativa (artículo 57); jueces de distrito civiles federales (artículo 58); jueces de distrito mercantiles federales (artículo 59); jueces de distrito de amparo en materia civil (artículo 60) y jueces de distrito en materia de trabajo (artículo 61). En la especie, del estudio integral efectuado a la demanda de amparo, se desprende que lo que reclama la parte quejosa es: La omisión y/o negativa de la autoridad responsable de devolver el vehículo * asegurada en la carpeta de investigación * Establecido lo anterior, este juzgador considera carecer de competencia legal para conocer del acto que se reclama del Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Cédula II-2, en el Estado de Puebla. Para evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto lo que dispone el artículo 48 de la Ley de Amparo: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." El precepto antes transcrito, establece como se actuará al considerarse carecer de competencia para conocer de una demanda de amparo. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio del Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación, domicilio y competencia de los once Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince, los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, que cambian de denominación y especialización a partir del uno de junio de dos mil quince, conservarán los asuntos turnados, radicados, en trámite, pendientes de resolución y en archivo, de su anterior denominación, no previstos en el reparto dispuesto por los artículos 16, 17 y 18 de ese Acuerdo y continuarán con su competencia originaria para la atención de los mismos. Sin embargo, en términos de los diversos 5 y 6 del propio ordenamiento, a partir del uno de junio de dos mil quince este órgano constitucional únicamente conocerá de los asuntos a que se refieren los artículos 57 a 61 de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, al haberse presentado la demanda de amparo el veintiocho de julio de dos mil veintidós, es decir, con posterioridad al uno de junio de igual año en que se realizó el aludido cambio de denominación y especialización, debe estimarse que este órgano de control constitucional carece de competencia para conocer de un asunto de los previstos en el numeral 56 de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es decir, un acto u omisión de naturaleza penal. De tal forma que al reclamar la parte quejosa del Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Cédula II-2, en el Estado de Puebla, la omisión y/o negativa de la autoridad responsable de devolver el vehículo * asegurada en la carpeta de investigación * debe estimarse que tal acto es de naturaleza penal y consecuentemente este juzgado federal resulta legalmente incompetente para conocer de aquélla. En tales condiciones, con fundamento en el último de los numerales invocados y el diverso 48 de la Ley de Amparo, previa formación del cuaderno de antecedentes, remítase la demanda promovida por * con sus respectivas copias a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en Puebla, para que por su conducto se sirva remitirlo al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en Puebla, en turno, a quien se estima competente para conocer del acto reclamado al Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Cédula II-2, en el Estado de Puebla, para que si así lo considera procedente, se avoque al conocimiento del asunto, solicitando el acuse de recibo. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión, ya que no se advierte que se actualice alguno de los supuestos que prevé el referido artículo 48 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que indica en su demanda, por autorizados en términos amplios del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a * puesto de la certificación se desprende que cuenta con registro de cédula profesional ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, se advierte que la promovente señaló domicilio para oír y recibir notificaciones; sin embargo, también solicitó se llevaran a cabo éstas por vía electrónica; por tanto, a fin de evitar dobles notificaciones y dada la actual contingencia, con fundamento en el artículo 55 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la notificación electrónica de las resoluciones emitidas en el presente juicio, ello en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, ello a través del usuario * En otro orden, se acuerda favorable darle acceso a la consulta del expediente electrónico, de conformidad a lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; en virtud de que * usuario * con correo electrónico * cuenta con registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como se advierte de la certificación secretarial. En otro orden, con apoyo en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, como lo solicita la promovente, se autoriza la transición al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, así como 3 fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se comisiona al Secretario que integre la presente en el expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 2, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, se ordena al Secretario, a los Oficiales Administrativos correspondientes de mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a su debida integración del expediente impreso a más tardar el quince de octubre de dos mil veinte. En el entendido que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las cuáles son: Copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan; copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Sin embargo, es criterio de esta juzgadora que se digitalicen las pruebas, poderes, valores, garantías diversas así como las constancias que sirvan de justificación al acto reclamado remitidas por las autoridades responsables, para el efecto de una debida integración del expediente electrónico. Conforme lo dispuesto en los artículos 9, 11, fracción VI, 113, fracciones I y III, y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; hágase saber a las partes que los datos considerados como confidenciales habrán de salvaguardarse en cualquier caso, a efecto de evitar su publicidad. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinario de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberá de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a la autoridad responsable a que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente.
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