Carmen Shirley Mines Mayorga

Expediente 2121/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2121/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
18/04/2023

Partes del expediente

  • Carmen Shirley Mines Mayorga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial a que se refiere la razón de cuenta que antecede, de la cual se advierte que la parte quejosa no se inconformó contra auto de quince de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual se declara cumplida en su totalidad la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; en tales condiciones, con apoyo en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme; en consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; atendiendo a la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b, el presente juicio de amparo es susceptible de depuración. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Juez Tercero Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Puebla las constancias remitidas en apoyo a su informe justificado, identificadas como "anexo I".

  2. Principal

    . . . con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida en su totalidad la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, sin que se advierta que la responsable haya incurrido en exceso o defecto; por lo que se ordena el archivo del expediente, una vez que adquiera firmeza el presente proveído. Por otra parte, se precisa que la fecha del cumplimiento por parte de la autoridad responsable es el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés; lo que se hizo del conocimiento de esta autoridad de amparo el veintiocho siguiente, fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable da cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; lo anterior, con el objeto de registrar dicha información en los libros de gobierno y SISE (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes).

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y anexo, de la Jueza Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, por el cual, remite copia certificada de la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente * de su índice, en la que se informa que la resolución relativa a la declaración de herederos, inventarios y avalúos dentro de la sucesión intestamentaria de referencia, se emitió el doce de marzo de dos mil doce, no obstante, ya que al advertir que la inconformidad de la aquí quejosa es la falta de resolución a la ampliación de inventarios y avalúos que presentó en dicho procedimiento, es que, procedió a dictar la resolución correspondiente a dicha ampliación en acatamiento a la ejecutoria de amparo. De lo anterior, este órgano toma conocimiento para todos los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, dado que la autoridad responsable procedió a emitir la resolución que se encontraba pendiente en el procedimiento de origen, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con el oficio y demás constancias que obran en autos, para que se imponga de su contenido y en su caso manifieste lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito; apercibiéndola que de omitir hacer manifestación alguna dentro del plazo de tres días, se resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las mismas.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Mónica Reverie Barcena Acuña; en atención a su contenido, dígase que no ha lugar a acordar de conformidad su petición de suspender la convivencia virtual supervisada ordenada por el Juez responsable, en auto de once de enero de dos mil veintitrés, dictada en el expediente *** de su índice, toda vez que los efectos del presente amparo quedaron precisados mediante proveído de uno de diciembre de dos mil veinte, en acatamiento a la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito al resolver el amparo en revisión ***, en los siguientes términos... Por tanto, actuar en el sentido que lo solicita la ocursante, se traduciría en que este órgano de control constitucional impida que se materialicen los efectos transcritos que atentaría con lo previsto en el numeral 192 de la Ley de Amparo. En efecto, la quejosa pide que se suspenda la convivencia virtual supervisada ordenada por el Juez responsable, entre el tercero interesado y el directo quejoso de iniciales ***, en auto de once de enero de dos mil veintitrés, dictada en el juicio familiar de origen; sin embargo, pierde de vista que esos efectos fueron precisados, como se evidenció, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito al resolver el amparo en revisión ***. Esto es, al tratarse de cosa juzgada, es inviable que se modifiquen y/o impida que se colmen con tales extremos... Sin embargo, dígase a la quejosa que se dejan expeditos sus derechos para que los haga valer ante la autoridad responsable en la vía y forma que estime convenientes, por tratarse del rector en el procedimiento de origen. En la inteligencia que el Juez responsable deberá atender puntualmente a lo referido por el infante y que se aprecia del video contenido en el disco compacto que se le remite, pues se reitera, los extremos del fallo protector conminan a que tome en consideración: - El tipo de relación existente entre los contendientes (y el infante); -Los orígenes del conflicto familiar; - La disponibilidad y personalidad de sus progenitores; - El tiempo que el menor ha convivido con cada uno de sus ascendientes; - Las necesidades específicas del infante, así como cualquier otro factor que permita determinar el régimen de convivencia más benéfico para el mencionado niño. Sobre todo si de la reproducción al video que contiene el disco compacto que se anexó al ocurso de cuenta, se advierte que el infante refiere no querer vivir si tiene que ver a su progenitor. En el caso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para tomar decisiones respecto a la guarda y custodia -y en general respecto a las convivencias de los infantes con sus padres-, debe utilizarse un estándar de riesgo, según el cual, debe tomarse la decisión que genere la menor probabilidad de que los infantes sufran daños, como acontece en la especie con las manifestaciones del infante. En efecto, -en diversos precedentes- la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que de conformidad con el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, basta que el juzgador verifique un potencial riesgo en la esfera del infante sin que sea necesario que se actualice un daño. Es decir, no se requiere que la circunstancia a ponderar genere un daño, sino que basta con que la misma "aumente el riesgo" de que los bienes o derechos del menor se vean afectados o aumente las posibilidades de que ocurra el evento. Asimismo, en dichos precedentes se ha sostenido que el principio de interés superior ordena a todas las autoridades estatales que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas "reforzadas" o "agravadas", y que los intereses de los niños deben protegerse con mayor intensidad. En estas condiciones, no es necesario que la circunstancia a ponderar genere un daño, sino que basta con que la misma "aumente el riesgo" de que los bienes o derechos de los menores se vean afectados... Así, en concordancia con lo anterior, en el amparo directo en revisión ***, se estableció que la directriz del riesgo se ha estimado adecuada en la mayoría de las contiendas que involucran los derechos de los infantes, tales como en los juicios de guarda y custodia y régimen de visitas y convivencia, entre otros. Es importante precisar que conforme a lo establecido en el mismo precedente, si bien es cierto que en los juicios de guarda y custodia se debe de ponderar la decisión a partir de una situación de riesgo real y no de la verificación de un daño generado, dicha evaluación no debe estar basada en prejuicios, estigmatizaciones o consideraciones generalizadas sobre las características de los padres. Entonces, el Juez responsable deberá analizar las manifestaciones que formuló el infante y el material probatorio que obre en las actuaciones del juicio de origen para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo y, en su caso, exponga de manera fundada y motivada la imposibilidad material y/o jurídica para cumplir con esta... En ese sentido, con fundamento en lo previsto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez responsable para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada de la decisión que adopte acorde a las manifestaciones del infante -debiendo tomar como base el estándar de riesgo que se expresó en párrafos que anteceden-. En la inteligencia de que subsisten los apercibimientos decretados en proveído de uno de diciembre de dos mil veinte, en caso de incumplimiento.

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