Carmen Villegas Villagrana

Expediente 1766/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1766/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
28/10/2019

Partes del expediente

  • NAZARIO VILLEGAS VILLAGRANA y Otros.
  • Nazario Villegas Villagrana
  • Carmen Villegas Villagrana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEITIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal (fojas 213 y 214), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de tres de octubre del año en curso (foja 215), se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la ley de amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "***". Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el trece de mayo de la presente anualidad (fojas 124 a 143), se determinó por una parte sobreseer y por otra conceder al quejoso ****, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".1. Los artículos 22, fracciones I y XVIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos y por inscripción de crédito hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de *****, por el pago del concepto de inscripción de documento público y el diverso remanente que exceda de la aplicación de $****, por el pago del concepto de inscripción de crédito hipotecario, con sustento en el artículo 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Por otro lado, se hace necesario destacar que no es objeto de devolución la cantidad pagada por concepto de "cancelación de inscripción", toda vez que la misma no derivó de la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales dentro del presente juicio. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa sólo respecto de lo que erogó por los conceptos de inscripción de documento público o privado así como por inscripción de préstamo hipotecario. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Sentencia que causó ejecutoria por ministerio de ley el veintidós de agosto de dos mil diecinueve (foja 190), por lo que se requirió al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de que la acatara. De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consiste en desincorporar de la esfera jurídica del quejoso los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el dos de octubre del presente año (fojas 213 y 214), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector; es decir, el uno de octubre de dos mil diecinueve, entregó al aquí quejoso, la cantidad de diecisiete mil novecientos cuarenta pesos con cuarenta y cinco centavos, lo cual acreditó con la copia de la transferencia bancaria que obra a foja doscientos catorce. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veinticinco de enero del año en curso y que el uno de octubre de la presente anualidad se tuvo a la autoridad responsable realizando la devolución por el monto de dicho recibo, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de diciembre de dos mil dieciocho al mes de agosto del presente año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de agosto del año en que se actúa entre el índice para el mes de diciembre del año próximo pasado (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de agosto del año en curso fue de**y para el mes de diciembre de dos mil dieciocho fue de **, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: ****. Ahora, dado que al monto de ****), al cual se le resta las cuotas mínima a pagar de $****), así como la cantidad de $****) correspondiente al concepto de "cancelación de inscripción" más los impuestos adicionales; por tanto, nos da como resultado la cantidad de $**), al multiplicar el aludido factor anterior por la cantidad anterior, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de *****, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de ***** En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de $***); sin embargo, éste reintegró la diversa de **, es decir, un excedente a favor de la parte agraviada por la cantidad de ***). Pese a esto, se estima que la concesión otorgada al quejoso se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por éste por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización y, si bien, al peticionario se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad que entregó de mas, en los términos que la leyes determinen. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Lo que se corrobora con las manifestaciones efectuadas por la parte quejosa (foja 217). Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio por un parte se sobreseyó y por otra se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa el amparo; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Tepic, Nayarit, siendo las nueve horas con tres minutos del treinta de septiembre de dos mil diecinueve, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 2603/2018, promovido por Claudia Vega Castañeda, por su propio derecho y en representación de su menor hijo identificado con las iniciales C.E.T.V., la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, quien actúa asistida del secretario Ecsar Edgardo Alarcón Dimas que autoriza y da fe, con fundamento en el ordinal 124 de la Ley de Amparo, declaró abierta la audiencia constitucional fijada para este día y hora, sin la asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario procede a efectuar una relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan las siguientes: a) Escrito inicial de demanda (fojas 2 a 11); b) Ocurso aclaratorio y documental que adjuntó (foja 22 a 25). c) Informes justificados rendidos por la Sala de Jurisdicción Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, por conducto de la Magistrada Presidente, el Jefe del Departamento del Recursos Humanos, el Secretario de Administración y el Jefe del Departamento de Recursos Financieros, todos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, residentes en esta ciudad (fojas 56 a 57, 30 a 32, 49 a 50 y 51 a 53); d) Pruebas documentales que remitieron la Sala de Jurisdicción Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, y el Jefe del Departamento del Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, las cuales en relación con la primera obran en tres legajos por separado y por lo que ve a diversa obra de la foja treinta y tres a cuarenta y ocho); e) Libelo presentado por la quejosa Claudia Vega Castañeda, a través del cual formula ampliación de demanda (fojas 60 a 63); f) Informe justificado rendido por el Jefe de Departamento de Nómina de la Secretaría del Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit (fojas 69 a 70) y anexo que acompañó (fojas 71 a 73); g) Constancias de emplazamiento a los terceros interesados Patricia Maldonado Bernal, en su carácter de representante legal de su menor hija con las iniciales J.C.T.M., y Carlos Torres Reyes (fojas 80 a 82 y 83 a 85); h) Diligencia de veintiséis de febrero del año en curso, a través del cual compareció el licenciado Eduardo Ballesteros Becerril, en su carácter de Asesor Jurídico adscrito a la Delegación Regional del Instituto Federal de la Defensoría Pública en Nayarit, en la cual aceptó y protestó el cargo de representante legal de la menor con las iniciales J.C.T.M (foja 90). i) Ocursos presentado por Eduardo Ballesteros Becerril, en su carácter de representante especial de la menor con las iniciales J.C.T.M, a través del primero compareció a juicio y con el diverso formuló alegatos (fojas 92 y 98 a 112); j) Pruebas documentales que remitió el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, las cuales obran en legajo por separado; k) Oficio remitido por la Magistrada Presidente de la Sala de Jurisdicción Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que el aquí tercero interesado Carlos Torres Reyes, interpuso el juicio de protección de derechos fundamentales en contra de la resolución emitida el trece de diciembre de dos mil dieciocho, la cual constituye el acto aquí reclamado (foja 119); l) Medios de convicción enviados por el Actuario de la Sala de Jurisdicción Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad (foja 139), los cuales se ordenó dejar en legajo por separado; m) Oficio 01553/2019 remitido por el Actuario de la Sala de Jurisdicción Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informó que el juicio de protección de derechos fundamentales número SC-JPDF-06/2019 interpuesto por el tercero interesado Carlos Torres Reyes, se encuentra en revisión el proyecto de resolución (foja 145). Sin más constancias que deban relacionarse, se abre el período probatorio y con apoyo en los ordinales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia naturaleza las pruebas descritas; se cierra tal período y se abre el de alegatos, sin que ninguna de las partes los haya formulado. Se cierra dicha etapa y se da por terminada esta diligencia, por lo que, al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se levanta la presente acta, firmando los que en ella intervinieron y declaran vistos los autos para dictar sentencia. Doy Fe. LA JUEZ. LIC. ISAURA ROMERO MENA. EL SECRETARIO. LIC. ECSAR EDGARDO ALARCÓN DIMAS.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Por recibido el oficio de cuenta, por el cual, la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, remite testimonio certificado de la ejecutoria emitida el doce de septiembre de dos mil diecinueve, por el Pleno del Quinto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en La Paz, Baja California Sur, dentro del amparo en revisión 163/2019, así como los autos originales del juicio de amparo indirecto número 1154/2018, en un tomo, un legajo de constancias por separado y un disco compacto. Ahora bien, de lo resuelto por dicho Tribunal Colegiado, se aprecia que confirma la resolución impugnada, misma que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en el presente juicio de garantías, promovido por Engelberto Haro Arellano, por su propio derecho y como albacea de la sucesión intestamentaria a bienes del extinto Rodolfo Haro Marín, contra actos reclamados a la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracciones II y IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de se negó la protección constitucional a la parte quejosa y carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción IV, del punto vigésimo primero del capítulo quinto antes citado y hecho lo anterior, procédase a la destrucción de las constancias restantes del presente expediente previa acta que se elabore para constancia y realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Por otra parte, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar provisional y definitiva, se concedió respecto de los actos reclamados, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de amparo y las resoluciones incidentales, las cuales deberán conservarse, por ende, déjese por separado para su conservación; en tanto que, el duplicado respectivo, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a la destrucción del éste previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda. Finalmente, por resultar innecesarios, devuélvanse al Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Puente de Camotlán, municipio de La Yesca, Nayarit, el legajo de constancias que obra por separado remitido en apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Tepic, Nayarit, siendo las nueve horas con treinta y seis minutos del once de septiembre de dos mil diecinueve, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 1766/2019 promovido por Nazario y Carmen, ambos de apellidos Villegas Villagrana; la Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, Isaura Romero Mena, quien actúa asistida del secretario Josué Jesús Gaona Ortiz que autoriza y da fe, encontrándose en audiencia pública la declaró abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia. El secretario da lectura de las constancias que integran el presente expediente, entre las que destacan: Oficio 4070-IX signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, por el cual dicho órgano jurisdiccional remitió copia certificada de las constancias que integran el juicio 1619/2019 de su índice, en razón de que ordenó la separación de autos en relación al acto reclamado (foja 2). Demanda de amparo y anexos (fojas 4-56). Proveído de veintiséis de julio de la presente anualidad, por el que este juzgado, entre otras cuestiones, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo en cuestión (fojas 58-60). Informes justificados rendidos por las autoridades responsables Juez y Jueza Terceros de Primera Instancia del Ramo Civil y del Ramo Familiar, respectivamente (fojas 75-76 y 79-80) y anexos (cuatro legajos por separado). Constancia de notificación por lista de la parte tercero interesada José Luis Hernández Gallegos (foja 73). Emplazamiento realizado a la tercera con interés Evelia Villegas Villagrana (foja 70). A lo que la juez determina. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas. El secretario da cuenta a la juez con las documentales que ofrecieron las partes. A lo que la juez provee. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas documentales referidas, las cuales serán tomadas en consideración el momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos. Sin que ninguna de las partes los hubiera formulado. A lo que la juez determina, se da por concluida la presente etapa, y al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se levanta la presente acta en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, firmando los que en ella intervinieron y se declaran vistos los autos para dictar sentencia. Doy fe. LA JUEZ

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