Carmen Vera Hernández Fuentes
Expediente 1134/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1134/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/03/2019
Partes del expediente
- Carmen Vera Hernández Fuentes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en Mexicali, Baja California, a través del cual transcribe el acuerdo de seis de febrero del año en curso, dictado por el Juez, mediante el cual, se acusa recibo de la comunicación oficial a la que se adjuntaron los autos del juicio de amparo 1134/2018 y se comunica que se aceptó la competencia planteada, avocándose al conocimiento del expediente en comento bajo el número 379/2018; por consiguiente, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales a que haya lugar. Luego, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con fundamento en el arábigo 214 de la Ley de Amparo en Vigor, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; y que en el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con mas de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; ahora bien, se establece que el presente expediente se ubica en la fracción I, señalada en el citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, toda vez que este Órgano de Control Constitucional se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo indirecto número 1134/2018; máxime que el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en Mexicali, Baja California, aceptó la competencia para conocer del juicio de garantías del cual se deriva el presente cuaderno de antecedentes y no existen documentos originales exhibidos por las partes; aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el artículo 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación de la presente determinación, es destruible. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, a través del cual, transcribe el acuerdo emitido dentro del juicio de amparo 379/2018 de su índice, promovido por Carmen Vera Hernández Fuentes; por consiguiente, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales, sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento al respecto, pues del contenido de la actuación de cuenta, no se aprecia cuál es el objeto de la remisión de dicha determinación, o bien, en qué consiste la pretensión de la autoridad oficiante. No obstante lo anterior, de una revisión de los autos integrantes del cuaderno de antecedentes 1134/2018, formado con motivo de que el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, este Juzgado Federal se declaró legalmente incompetente por razón del territorio para conocer de la demanda de amparo promovida por Carmen Vera Hernández Fuentes, se aprecia que se declinó la misma a favor del Juez de Distrito en el Estado de Baja California en Turno, con sede en Mexicali; de ahí que, se solicita a la autoridad oficiante informe si aceptó la competencia declinada a que se hace alusión, a fin de estar en la condición legal de ordenar el archivo del expediente en que se actúa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación dentro del plazo que prevé el arábigo 86 de la Ley de la Materia, en contra de la sentencia terminada de engrosar el treinta de abril del año en curso (fojas 27 a 34). En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación citada en primer término, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la autoridad responsable denominada Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de diez días, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido. Apercibida que de no hacerlo con causa justificada, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización, acorde con los preceptos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor. Se le hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la citada Ley.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que no se interpuso medio de impugnación en contra de la resolución de treinta de abril del año en curso (fojas 79 a la 94); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido, en los términos siguientes: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $18,176.13 (dieciocho mil ciento setenta y seis mil pesos con trece centavos, moneda nacional, por concepto de "INSCR. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO", "INSCRIP. PRÉSTAMO HIPOTECARIO, así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", todos derivados del instrumento notarial catorce mil doscientos sesenta y nueve, pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó a la solicitante del amparo. (.) En la inteligencia de que la cuota de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), es aplicable, porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada ley de ingresos, es esta cuota la que debe aplicarse y no otra. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Asimismo, con sustento en el ordinal 192, párrafo tercero de la actual Ley de Amparo, requiérase al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene a la autoridad responsable en cita, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo; en la inteligencia de que, deberá emplear los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, pues no basta que en su calidad de superior jerárquico emita un oficio en el que requiriera a la responsable para que dé cumplimiento al fallo. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.) emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el libro 4, Tomo II, página mil trescientos ochenta, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto expresa: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito." Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los preceptos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se les impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Además, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este juzgado hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el dispositivo 193 de la Ley citada.
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