Carmen Teresa Alfaro Rosas y Otros.

Expediente 922/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
922/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
27/10/2021

Partes del expediente

  • Carmen Teresa Alfaro Rosas y Otros.
  • Carmen Teresa Alfaro Rosas

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación precedente de la cual se desprende, que la parte quejosa ****, no interpusieron recurso de queja contra el auto de seis de octubre de dos mil veintiuno, por el cual desechó la demanda de amparo, dentro del plazo señalado en el artículo 98, de la Ley de Amparo, por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que éste HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En mérito de lo anterior, de conformidad con lo previsto en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo.

  2. Principal

    CITATORIO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO QUE INTERESA DICE: Naucalpan de Juárez, Estado de México, a seis de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, signado por Carmen Teresa Alfaro Rosas, representante común de los quejosos, por medio del cual realiza diversas manifestaciones relativas a la prevención formulada el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. En tales circunstancias, se tiene por desahogado el requerimiento formulado a la parte quejosa, para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por Carmen Teresa Alfaro Rosas, Isidro Alfaro Rosas y Martín Roberto Alfaro Rosas, por su propio derecho, contra actos del Juez Décimo Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Ahora, de la lectura integra que se realiza a la demanda de amparo, así como al escrito de desahogo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en: El auto de veinte de agosto de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 581/2021, por el Juez Décimo Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el que tuvo por no desahogado el requerimiento relativo a acreditar la identidad del autor de la sucesión. Indicado lo anterior, se considera que respecto al acuerdo reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, al no haberse observado el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.) Del dispositivo transcrito se advierte que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en comento, son los siguientes: a) Que el acto reclamado constituya una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que, por virtud de dicho medio de defensa o recurso, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Pues bien, en contra de la determinación aquí combatida la parte quejosa debió interponer recurso de revocación, el cual se encuentra contemplado en el artículo 1.362 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que establece: "Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó." De la transcripción anterior se tiene que, las partes podrán recurrir la determinación ante la propia autoridad que las emitió, ello siempre y cuando en contra de esas actuaciones la ley no establezca la procedencia del recurso de apelación; luego entonces, a través de ese medio de defensa legal, la parte promovente puede lograr la modificación, revocación o anulación de la determinación que reclama en este momento. Por tanto, para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que la parte quejosa, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; pues en caso de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario. Por tanto, si el acto reclamado en esta vía constitucional es el auto de veinte de agosto de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 581/2021, por el Juez Décimo Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el que tuvo por no desahogado el requerimiento relativo a acreditar la identidad del autor de la sucesión, la parte quejosa debió interponer el recurso de revocación, dado que, a través de ese medio de defensa legal puede lograr la modificación, revocación o nulificación de la determinación que combate. Expuesto lo anterior, debe señalarse que el acto reclamado fue dictado por el Juez Décimo Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, dentro del expediente 581/2021, con lo que se cumple con el primero de los requisitos precisados, al provenir de un tribunal judicial. El segundo y tercero de los requisitos antes señalados también se colman en el caso a estudio, debido a que, si se tiene en consideración el contenido del artículo 1.362 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, se advierte la procedencia de un medio de impugnación dentro del propio procedimiento, que debió interponer la parte quejosa, previo a la promoción del juicio de amparo. Aunado a lo anterior, el recurso de revocación resulta un medio idóneo, a través del cual se pudo haber modificado revocado o nulificado las determinaciones reclamadas, con lo cual se colma el cuarto de los requisitos precisados en párrafos precedentes. En ese sentido, era exigible que los quejosos, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, agotaran el recurso ordinario previsto por la Ley que rige la contienda de origen, el cual se encuentra a su alcance, dado que se trata de una de las partes formales dentro de la controversia de origen. Sin que en el caso se actualice alguna excepción al principio de definitividad, pues no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consisten en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso pena. No se trata de una persona extraña al procedimiento, ni de un auto de vinculación a proceso. En mérito de lo expuesto, con apoyo en lo establecido en los artículos 61, fracción XVIII, y 113, ambos de la Ley de Amparo, resulta procedente DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Carmen Teresa Alfaro Rosas, Isidro Alfaro Rosas y Martín Roberto Alfaro Rosas, por propio derecho. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, asistido de Luis Daniel Hernández Ortiz, Secretario que da fe.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a seis de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, signado por Carmen Teresa Alfaro Rosas, representante común de los quejosos, por medio del cual realiza diversas manifestaciones relativas a la prevención formulada el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. En tales circunstancias, se tiene por desahogado el requerimiento formulado a la parte quejosa, para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por Carmen Teresa Alfaro Rosas, Isidro Alfaro Rosas y Martín Roberto Alfaro Rosas, por su propio derecho, contra actos del Juez Décimo Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Ahora, de la lectura integra que se realiza a la demanda de amparo, así como al escrito de desahogo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en: El auto de veinte de agosto de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 581/2021, por el Juez Décimo Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el que tuvo por no desahogado el requerimiento relativo a acreditar la identidad del autor de la sucesión. Indicado lo anterior, se considera que respecto al acuerdo reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, al no haberse observado el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.) Del dispositivo transcrito se advierte que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en comento, son los siguientes: a) Que el acto reclamado constituya una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que, por virtud de dicho medio de defensa o recurso, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Pues bien, en contra de la determinación aquí combatida la parte quejosa debió interponer recurso de revocación, el cual se encuentra contemplado en el artículo 1.362 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que establece: "Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó." De la transcripción anterior se tiene que, las partes podrán recurrir la determinación ante la propia autoridad que las emitió, ello siempre y cuando en contra de esas actuaciones la ley no establezca la procedencia del recurso de apelación; luego entonces, a través de ese medio de defensa legal, la parte promovente puede lograr la modificación, revocación o anulación de la determinación que reclama en este momento. Por tanto, para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que la parte quejosa, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; pues en caso de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario. Por tanto, si el acto reclamado en esta vía constitucional es el auto de veinte de agosto de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 581/2021, por el Juez Décimo Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el que tuvo por no desahogado el requerimiento relativo a acreditar la identidad del autor de la sucesión, la parte quejosa debió interponer el recurso de revocación, dado que, a través de ese medio de defensa legal puede lograr la modificación, revocación o nulificación de la determinación que combate. Expuesto lo anterior, debe señalarse que el acto reclamado fue dictado por el Juez Décimo Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, dentro del expediente 581/2021, con lo que se cumple con el primero de los requisitos precisados, al provenir de un tribunal judicial. El segundo y tercero de los requisitos antes señalados también se colman en el caso a estudio, debido a que, si se tiene en consideración el contenido del artículo 1.362 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, se advierte la procedencia de un medio de impugnación dentro del propio procedimiento, que debió interponer la parte quejosa, previo a la promoción del juicio de amparo. Aunado a lo anterior, el recurso de revocación resulta un medio idóneo, a través del cual se pudo haber modificado revocado o nulificado las determinaciones reclamadas, con lo cual se colma el cuarto de los requisitos precisados en párrafos precedentes. En ese sentido, era exigible que los quejosos, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, agotaran el recurso ordinario previsto por la Ley que rige la contienda de origen, el cual se encuentra a su alcance, dado que se trata de una de las partes formales dentro de la controversia de origen. Sin que en el caso se actualice alguna excepción al principio de definitividad, pues no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consisten en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso pena. No se trata de una persona extraña al procedimiento, ni de un auto de vinculación a proceso. En mérito de lo expuesto, con apoyo en lo establecido en los artículos 61, fracción XVIII, y 113, ambos de la Ley de Amparo, resulta procedente DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Carmen Teresa Alfaro Rosas, Isidro Alfaro Rosas y Martín Roberto Alfaro Rosas, por propio derecho. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, asistido de Luis Daniel Hernández Ortiz, Secretario que da fe.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México,Vista la demanda de amparo promovida por ****, por su propio derecho, contra actos del Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 87, 88 y 89 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 922/2021-IV. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, el numeral 114 de la Ley de Amparo establece: "El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo se dará lugar a la postergación de su apertura"." De lo transcrito se desprende que dicho artículo no limita las facultades del Juzgador Federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al tramitarse en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte que promueve, razón por la cual se considera prevenir a la parte quejosa cuando se estime que: 1.- El escrito inicial de demanda contiene irregularidades. 2.- Si se hubiere omitido en él alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo, consistentes en: "ARTICULO 108.- La demanda de amparo de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que expresara: I. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlos así bajo protesta de decir verdad. III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la Ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o su publicación, el quejoso deberá señalaras con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1º de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VI. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalara el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; Los conceptos de violación." 3.- Si no se hubiese expresado con precisión el acto reclamado. 4.- Si no se hubieren exhibido las copias que señala el artículo 110 de la Ley de Amparo. 5.- Si el escrito contiene tales requisitos pero éstos fueren deficientes. Después de estudiar en forma integral la demanda de amparo, con apoyo en lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se considera necesario requerir a Carmen Teresa Alfaro Rosas, Isidro Alfaro Rosas y Martín Roberto Alfaro Rosas, para que dentro del plazo de CINCO DIAS, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, realicen lo siguiente: Señale con exactitud qué autoridad emitió el acto reclamado, pues en diversas partes de su demanda precisa que fue el Juez Décimo Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, quien dictó el auto de veinte de agosto de dos mil veintiuno; sin embargo, en el apartado correspondiente a la autoridad responsable, designó al Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Deberán narrar de manera cronológica y concisa los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, pues son la base para analizar la acción constitucional en cuestión, entendiéndose por estos la relación sucinta de las actuaciones previas al acto reclamado, así como las condiciones de hecho que generaron la actividad judicial. Lo anterior, pues en el capítulo correspondiente, se limitó a señalar que en el auto de veinte de agosto de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 581/2021, la responsable tuvo por no desahogada la prevención formulada, por lo que no acordó de conformidad lo solicitado por los aquí quejosos, a pesar de que ya existe información relativa al testamento; por lo que inconformes con esa determinación interpusieron recurso de apelación, el que fue negado por la responsable en auto de treinta de agosto de dos mil veintiuno. Manifestaciones que se estiman insuficientes para tener conocimiento de los hechos que dieron lugar al acto reclamado, pues no se desprende ningún antecedente del expediente a que hacen referencia, esto es, no se advierte quién denunció la sucesión, quiénes son las partes, en qué consistió la prevención que pretendieron desahogar y si ya comparecieron a ese juicio; solo por mencionar algunos. Aunado a lo anterior, tampoco se tiene conocimiento de las razones por las que el juez responsable negó el recurso de apelación interpuesto contra el acto que por esta vía reclaman. En ese sentido, la parte quejosa deberá ampliar los antecedentes del acto reclamado a efecto de estar en posibilidad de verificar la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, determinar correctamente la controversia. Se hace del conocimiento a los promoventes que la información que se desprenda de las manifestaciones que viertan será confrontada con la que se advierta de las constancias que en su momento obren en autos, por lo que de realizar manifestaciones que se traduzcan en hechos falsos, este Juzgado de Distrito, en su caso, procederá a dar vista al agente del ministerio público federal adscrito, para que investigue sobre la posible comisión de delitos. Apoya a lo anterior, la tesis II.2o.P. 51 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible a página 781, Tomo VII, Marzo de 19989, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro: "DELITO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 211, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO." 3. Asimismo, deberá exhibir seis copias del escrito por el que desahogue la prevención formulada, a efecto de correr traslado a cada una de las partes en el presente asunto de la siguiente forma: una para la autoridad responsable, una para el agente del ministerio público adscrito a este juzgado y cuatro para la parte tercera interesada. Se apercibe a los quejosos, que de no dar cumplimiento a los requerimientos insertos en el presente proveído, dentro del plazo concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, ello de conformidad con artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, con fundamento en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el inmueble ubicado en ***, por así haberlo indicado. En términos del último párrafo, del numeral 21 de la Ley de la materia, se faculta al fedatario adscrito para que de ser necesario, realice las diligencias de este sumario, en días y horas inhábiles. También, se hace del conocimiento al actuario judicial de la adscripción, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Por otro lado, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a César Eguiluz Lomas y Víctor Flavio Eguiluz Lomas, toda vez que tienen registrada su cédula profesional, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a los restantes que menciona, hasta en tanto, acrediten tener registrada su patente de licenciados en Derecho en el sistema aludido. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a Carmen Teresa Alfaro Rosas, pues no se advierte que los promovente hicieran designación al respecto, circunstancia que podrá ser modificada previa petición que al efecto se realice. En diverso aspecto, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere a la parte quejosa, que de ser posible transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial del Secretario encargado del asunto Luis Daniel Hernández Ortiz, siendo el número 55 53870500, extensión 1385, para la atención del presente asunto. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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