Carmen Aviles Segura

Expediente 711/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
711/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
29/06/2023

Partes del expediente

  • Carmen Aviles Segura

Actuaciones

  1. Principal

    téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado por la ******, del que se advierte que transcribió el acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, por el que admitió a trámite el asunto que este juzgado le remitió por conocimiento previo, mismo que registró con el número de expediente 780/2023, de su índice. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que por auto de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, se ordenó el archivo definitivo del expediente en que se actúa.

  2. Principal

    téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, del que se advierte que transcribió el acuerdo de veinte de junio de dos mil veintitrés, por el que aceptó el conocimiento previo del asunto, y ordenó la remisión de la demanda de amparo promovida por Carmen Avilés Segura, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, para que le sea turnada y se lleve a cabo la compensación respectiva.De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, y tomando en consideración que no existe actuación pendiente que realizar, conforme a lo señalado en el numeral 214 de la legislación de la materia, se ordena su archivo definitivo. Por tanto, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto que se remitió por conocimiento previo, y diverso órgano federal se avocó a su conocimiento.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ******* por su propio derecho; contra actos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México (ISSEMYM), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformados con excepción del precepto citado en primer término, mediante diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre del año en cita, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 711/2023-VII. Anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico. CONOCIMIENTO PREVIO. Por otra parte, de la consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró la existencia del juicio de amparo 76/2023, de la estadística del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, promovido por la propia quejosa ****** por su propio derecho; contra actos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México (ISSEMyM), circunstancia que se trae a la vista y se tiene como hecho notorio para efectos de la presente determinación. Esto es, de la consulta realizada en el expediente electrónico del aludido juicio de amparo, En ese sentido, de lo antes expuesto se advierte que el acto reclamado en el presente juicio tiene estrecha relación con el juicio de amparo 76/2023, de la estadística del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, en razón de que en ese asunto como en el presente sumario se reclama la negativa por parte del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México (ISSEMYM), para otorgarle el pago de la pensión por muerte de pensionado, así como su pago retroactivo, como beneficiaria al ser esposa del señor José de Jesús Zeferino Barrera Guzmán, quien tenía clave ISSEMyM 01008083, la cual refiere le ha sido negada desde el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho y hasta la fecha. En tales condiciones, se estima actualizado el supuesto a que aluden los artículos 45, fracción II, y 46, fracciones XIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el tres de marzo de dos mil veintidós, que en la parte que interesa aducen:En consecuencia, si la parte aquí quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de un acto que ya fue materia de diverso juicio de amparo que analizó el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad; por tanto, a fin de que se aproveche el conocimiento previo más cercano que tiene sobre esos hechos y a fin de evitar sentencias contradictorias, envíese el presente asunto a dicho Juzgado Federal. Lo anterior además en atención a lo establecido en la Consulta SECNO/896/2018, de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, emitida por el Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que para que se actualice el supuesto en comento, basta con que se reclamen los mismos actos en relación a la misma parte quejosa, sin que deben tener necesariamente origen en un mismo expediente, situación que en el caso acontece, pues como se indicó, la parte quejosa reclama el mismo acto respecto del que ya conoció el señalado juzgado federal. No pasa inadvertido, que si bien la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en su momento, no turnó el presente asunto al órgano con el que tenía relación, ello no es impedimento, para que a la postre, se emita el acuerdo correspondiente, en virtud de que el artículo 46, del acuerdo citado, establece el procedimiento a seguir por parte del órgano jurisdiccional que estime que es a otro al que corresponde conocer el asunto por razón de turno; a saber: ? Se deberá remitir el juicio y sus anexos al juzgado o tribunal que se considere debe tramitarlo; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. ? Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. ? En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno; si no insiste, se limitará a comunicar la resolución al requerido. ? Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano. Consecuentemente, envíense los autos originales del presente juicio de amparo, al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, para que tenga a bien informar si acepta o no el conocimiento del mismo y, en su caso, acuse el recibo correspondiente. En el entendido de que esta determinación no constituye una declaración de incompetencia legal para conocer del asunto, por razón de territorio, materia o grado, sino que únicamente se considera que el turno de la demanda debe verificarse al juzgado mencionado por conocimiento previo, pues el juicio de amparo en que se actúa tiene relación con diversos procedimientos de amparo que se ventilaron en ese asunto.Sin que sea obstáculo para lo anterior que el juicio de amparo con el que guarda relación el presente asunto se haya tenido por no presentada la demanda de amparo, según lo que se advierte de la aludida revisión realizada en el sistema electrónico; sin embargo, mediante consulta número SECNO/1702/2017, de nueve de octubre de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, ya determinó que para que se dé el conocimiento previo basta con que los juicios de amparo encuentren relación, siendo que deberá conocer el órgano jurisdiccional que cuente con el antecedentes más reciente, sin importar si entró o no al fondo del asunto. Finalmente, por todo lo antes expuesto, háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo PETICIÓN DE SUSPENSIÓN DE PLANO. En otro orden, de la demanda de amparo se advierte que, la parte quejosa solicita que se conceda la suspensión de plano; sin embargo, se estima que en el caso no es procedente conceder la suspensión de plano en el presente asunto, de acuerdo a lo siguiente: En primer término, debe precisarse que la suspensión del acto reclamado puede decretarse de oficio o a petición de la parte quejosa. Conforme al artículo 126 de la Ley de Amparo, la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, que, en ese caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento; y que la suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. También se enfatiza que la parte relevante del artículo 22 constitucional, a la que alude esa disposición de la Ley de Amparo, es el párrafo primero, que prohíbe las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Fuera de esos supuestos, la suspensión se decretará a instancia de parte, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo, que establece como requisitos la solicitud del quejoso y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado que la existencia de esta regulación diferenciada obedece, por lo que hace a la suspensión de oficio y de plano, a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia, como la vida, la libertad o la integridad personal, de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del amparo (la privación de la vida, de la libertad, etcétera). En tanto que, en los demás casos, ante la ausencia de ese riesgo de consumación irreparable de la violación a derechos fundamentales de especial relevancia, la suspensión procede a petición de parte. Como se puede apreciar, la diversidad de supuestos indicados guardan relación con actos de autoridad, cuyos efectos no sólo son de imposible o difícil reparación, sino que además se encuentran expresamente prohibidos por el orden jurídico nacional y, por tanto, su reclamo amerita la inmediata intervención del juzgador de amparo para que ordene su suspensión, a fin de evitar que se ejecuten o se sigan ejecutando para que se otorgue la indicada medida cautelar, o bien, que se condicione su disfrute. De donde se obtiene, por exclusión, que cuando los actos reclamados no revistan las características señaladas, no podrá concederse la suspensión de plano, sino que, de ser procedente, deberá otorgarse la medida provisional y, en su momento, la definitiva a través del incidente de suspensión correspondiente, de conformidad con los artículos 127, 128, 138 y 146, de la Ley de Amparo. como un supuesto de procedencia de la suspensión de plano, la omisión de pago de pensión por viudez, sino que tal cuestión debe ser analizada a la luz de los actos reclamados en concordancia con la integridad de la demanda de amparo, es decir, con los elementos que se tengan al alcance para sopesar las manifestaciones vertidas por la parte quejosa con los actos que impugna. En el caso concreto, la parte quejosa solicita la suspensión en contra del acto que reclama consistente en la omisión de pago de pensión, la cual no reviste las características a que aluden los artículos 22 constitucional y 126 de la Ley de Amparo. Así, el acto reclamado no configura ninguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni compromete gravemente la dignidad e integridad personal de la quejosa, al grado de equipararse tal situación a un tormento, así como tampoco puede estimarse que se pone en riesgo su vida; ello, sin perjuicio de que los efectos de las mismas pueden ser materia del incidente de suspensión a petición de parte, y que eventualmente pudiera ser declarada inconstitucional por los motivos y fundamentos legales en que esté sustentado, en todo caso, la sentencia de amparo que así lo estime tendrá como efecto la restitución del derecho constitucional vulnerado. Es importante enfatizar que esta conclusión no implica restringir el acceso a la justicia de la quejosa, porque el acto reclamado debe ser analizado, para efectos de la medida cautelar, con las normas que regulan la suspensión a petición de parte, además tampoco prejuzga acerca de la constitucionalidad o no de ese acto, lo que, de ser procedente, constituirá la materia del fondo del incidente de suspensión y del juicio principal. La suspensión de plano no es el instrumento idóneo para dar funcionalidad al reclamo de la parte quejosa, en tanto que las afectaciones que pueden producir el acto reclamado, también admite la posibilidad de ser corregidas a través de la apariencia buen derecho, la no afectación al interés social y la no contravención a disposiciones de orden público, para evitar se consumen de manera irreparable violaciones a derechos humanos. En ese pensamiento, al no reunir el acto reclamado las características inherentes a uno por el cual se concedería la suspensión de plano, no resulta hacer pronunciamiento. En otro orden de ideas, de conformidad con el numeral 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la legislación de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se pública en el Portal de Internet del Poder Judicial Federal y copia que de la misma se deja en los estrados de este órgano jurisdiccional por así haberlo indiciado. De igual forma, ya que la promovente proporcionó el nombre de usuario "caoa8303230", en términos de lo dispuesto por los artículos 3° de la Ley de Amparo, se autoriza a la parte quejosa la consulta vía internet del asunto, por así haberlo solicitado en el escrito inicial; por tanto, instrúyase al Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que realice las gestiones necesarias. Además, se tiene por autorizado en términos amplios del numeral 12, de la Ley de Amparo, a ******* ya que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, mientas que la diversa persona que señala, de momento sólo podrá oír y recibir notificaciones hasta en tanto acredite estar facultada para ejercer la profesión de licenciado en derecho y su patente se encuentre dada de alta en el aludido sistema. Adicional a lo anterior, se tiene a la parte quejosa proporcionando la cuenta de correo electrónico campos_nrg@hotmail.com, para establecer contacto respectivo en los casos necesarios y dar expedites al asunto, sin que ello implique que se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, ya que la Ley de Amparo no lo contempla.

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