Carmen Silvia Lopez Amezcua

Expediente 1172/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1172/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
30/11/2022

Partes del expediente

  • Carmen Silvia Lopez Amezcua
  • Administradora Desconcentrada de Recaudacion Michoacan1 del Servicio de Administracion Tributaria, Ciudad

Actuaciones

  1. Principal

    CERTIFICACION DE ARCHIVO

  2. Principal

    Con esta fecha se notifica mediante lista a la quejosa el proveído emitido el cuatro de noviembre de dos mil veintidós que señala: "... Vista la demanda de amparo promovida por - - contra actos de la Administradora Desconcentrada de Recaudación Michoacán 1 del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número I-1172/2022-1. Del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "La inminente inscripción en el Registro Público de Propiedad y Comercio del estado de Michoacán, de los actos de ejecución y / o embargo sobre bienes de mi propiedad, específicamente sobre la - - registrado bajo el numero - - del libro de propiedad del municipio y distrito de Morelia Michoacán, al parecer derivado de una declaratoria de embargo por buzón tributario de fecha 19 de agosto de 2022, ordenado por la Administradora Desconcentrada de Recaudación Michoacán 1 del Servicio de Administración Tributaria, por la cantidad de $ 3 ' 521, 484.00 en contra de - - siendo que ninguna obligación tengo de responder de las obligaciones fiscales a cargo de esta persona y no obstante se pretende inscribir en el Registro Público de la Propiedad dicho embargo por adeudos que no me corresponden, privándome de mis derechos como propietaria, sin ser llamada ni vencida dentro del procedimiento seguido por la administradora Desconcentrada de Recaudación de Michoacán 1 con sede -- en Michoacán, Servicio de Administración Tributaria del que emana el acto reclamado Este órgano jurisdiccional estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe lo siguiente ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano El numeral transcrito, autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que textualmente dice: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos o sea que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto significa claro evidente y el indudable a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse de ahí una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad Lo anterior, virtud a que al interpretar el artículo 61 fracción XXIII, 5 fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que disponen Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley Artículo 5 Son partes en el juicio de amparo I El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico... Art. 107 Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes I El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico De la interpretación formal de los artículos transcritos, se pone de manifiesto que el juicio de amparo se seguirá siempre a petición de parte agraviada, es decir, que como requisito para que el juicio de amparo sea procedente debe demostrarse el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, que ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. Ahora, en el presente juicio se hace manifiesto que el supuesto básico en que se apoya la reclamación de la hoy quejosa, es la afectación en sus intereses por probables actos de autoridad; por lo tanto debe probar de manera indiciaría que se afecta su esfera jurídica de derechos ya que el mero temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su esfera jurídica, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que a partir de entonces tenga la promovente de amparo obligación de intervenir en el juicio en defensa de sus intereses pues esa obligación sólo nace desde la fecha del conocimiento del acto reclamado el cual hace consistir en la posible inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Michoacán, de los actos de ejecución y / o embargo por buzón tributario sobre el bien inmueble de su propiedad ya que como de los antecedentes de la demanda se desprende adquirió a través de un contrato de compraventa celebrado el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, con - - el inmueble ubicado en la - - lo cual acredita con la copia cotejada del citado contrato, pasado ante la fe del Notario Púbico número-, con sede y ejercicio en la ciudad de - - no obstante lo anterior, con fecha diez de octubre del año en curso, el vendedor le informó de la existencia de declaratoria de embargo por buzón tributario, ordenado por la Administradora Desconcentrada de Recaudación Michoacán 1 del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, respecto del referido inmueble; sin embargo, a la fecha que la quejosa adquirió la propiedad, no se encontraba registrado tal embargo; empero, tiene el temor fundado de que se vaya a llevar a cabo la inscripción de tal embargo. De lo anterior, de ninguna manera se puede concluir que sea suficiente para presumir que en realidad se trate de algún acto de autoridad que pueda irrogarle algún perjuicio personal y directo, de donde resulta evidente que en el caso concreto, lo que la quejosa pretende es prevenir actos futuros de realización incierta, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo. Precisado lo anterior, es válido concluir que la quejosa no ha sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1 y 61 de la Ley de Amparo, y por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente no se acredita en la especie ni en forma indiciaria. En tales condiciones, es inconcuso que la demanda de amparo deviene improcedente, toda vez que es importante determinar la naturaleza de los actos existentes frente a los actos futuros, pues justamente será ese el punto de partida para determinar la procedencia del juicio de amparo, ya que éste exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, la promovente del juicio amparo, puede sufrir un agravio actual, directo y presente mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo 5, fracción I de la Ley de Amparo y los actos que aquí se pretende combatir, aun no se han materializado. La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al solicitante de amparo en el goce del derecho fundamental violentado, y no para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación como pudiera suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio. Apoya lo anterior, la tesis número XX . 308 K del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-I Febrero de 1995 página 138 que quien esto juzga comparte y que dice ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5, fracción I y 61 fracción XXIII del mismo ordenamiento legal así como 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la presente demanda de amparo promovida por Carmen Silvia López Amezcua, por propio derecho. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley se autoriza la práctica de notificaciones personales en general aun en días y horas inhábiles. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22 28 y 29 del Acuerdo 21 / 2020 ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para lo cual las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente ( FIREL e . firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal ) de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12 / 2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo Asimismo se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y de ser necesario su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21 / 2020 en ese sentido, se tienen únicamente como medios de contacto el correo electrónico y el número telefónico proporcionados por el impetrante. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA Finalmente, se tiene a la promovente señalado domicilio para recibir notificaciones personales, y autorizando para ese efecto, así como para presentar y recoger documentos a las personas que indica, por así manifestarlo expresamente. Notifíquese personalmente ...." Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I inciso C de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos y acúsese de recibo el oficio número 9680, que suscribe el Secretario en cuestión, mediante el cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada por dicha superioridad el trece de octubre del año que transcurre, en la que en materia de la inconformidad declaró fundado dicho recurso de acuerdo a los siguientes puntos resolutivos: "ÚNICO. Es fundada la inconformidad a que este toca se refiere." Acúsese recibo; ahora, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de alzada, requiérase a las autoridades responsables, a fin de que dentro del término de tres días contado a partir de la debida notificación del presente proveído, cumplan cabalmente con el fallo que concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, esto es en los términos establecidos por dicho tribunal, para lo cual se ordena anexar copia del testimonio correspondiente; con el apercibimiento que de no hacerlo, o de no informar el impedimento que para ello tengan, se les hará efectiva la multa decretada en autos, y en su oportunidad se remitirán los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos previstos en el artículo 198 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

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