Carmen Rinetzi Ruiz Garduño
Expediente 179/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 179/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carmen Rinetzi Ruiz Garduño
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a doce de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, mediante el cual informa que se avocó al conocimiento de la demanda de garantías interpuesta por -, de la competencia planteada por este juzgado el veinte de febrero pasado. Por tanto, agréguese copia del escrito de cuenta signado por la apoderada legal de la moral quejosa, y remítase el original al Juez antes mencionado a fin de que este en aptitud de acordar lo que enderecho proceda. Ahora, como del estado procesal de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el presente juicio de amparo en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.Así lo acordó y firma el licenciado Zirahuén Duarte Briz, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa en legal y debida forma con el licenciado Julio Zúñiga Morales, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ..., apoderada jurídica de "..., carácter que se le reconoce por el poder general para pleitos y cobranzas que anexa a su libelo constitucional, y ..., por propio derecho, contra actos del Juez Noveno en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Guadalagara, y otras autoridades, en la que señala como acto reclamado el siguiente: ".IV.- ACTO RECLAMADO: El auto de fecha 2 de Octubre del 2018, dictado por el juez noveno de lo mercantil, del distrito judicial de Guadalajara, Jalisco en el cual se autoriza Y DECRETA PROVIDENCIA PRECAUTORIA en contra de mi representada y de la suscrita -, así como también constituye acto reclamado la Diligenciación del Exhorto número 404/2018, por parte del JUEZ PRIMERO MERCANTIL DE LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO llevada a cabo en bienes tanto de mi representada como de la ..., en la cual se ordena se gire oficio a la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES para que informe si existían cuentas a nombre de los ahora quejosos y se realizara el embargo de las mismas, así como de igual forma se girara oficio al Registro Público de la Propiedad y de Comercio, para el embargo de un bien inmueble propiedad de la C- ubicado en la calle -, la cual constituye el acto de violación de garantías que en esta vía se reclama." Ahora, en atención a que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el suscrito procede a analizar si en la especie es o no competente para conocer de la demanda de garantías de cuenta. Para dilucidar lo anterior, cabe citar el artículo 37 de la Ley de Amparo que establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del precepto antes transcrito, se obtienen las siguientes reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento del juicio de garantías, a saber: a) La primera regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; b) La segunda hipótesis establece que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) El último párrafo del precepto en comento establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En esa virtud, si el acto reclamado se hace consistir en la orden de desposesión del bien inmueble, que bajo protesta de decir verdad la quejosa - manifiesta ser propietaria, ubicado encalle -, comercial y se servicios denominado - Evidentemente tiene una ejecución material del acto, dado que como se dijo de los antecedentes de su demanda, bajo protesta de decir verdad la parte quejosa refirió que tal inmueble se ubica en aquella localidad. Por consiguiente, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a las jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito, y de los Juzgados de Distrito, compete el conocimiento de la demanda de amparo promovida por ..., apoderada jurídica de "..., carácter que se le reconoce por el poder general para pleitos y cobranzas que anexa a su libelo constitucional, y ..., por propio derecho, a un Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, en turno, en virtud a que dentro del territorio en que ejercen jurisdicción dichos órganos, se llevara a cabo la ejecución del acto que en esta vía se reclama. Resulta aplicable por identidad jurídica, la jurisprudencia número J/6, que por reiteración aprobó el Primer Tribunal Colegiado con Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 764, Libro 61 tomo II, del mes de Diciembre de 2018, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del texto y rubro siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEVOLVER UN INMUEBLE LIBERADO DE ASEGURAMIENTO MINISTERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN EL QUE SE UBIQUE DICHO BIEN, POR SER EL SITIO DONDE SE ESTÁ EJECUTANDO LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL QUEJOSO. Cuando el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de devolver un bien inmueble que fue objeto de aseguramiento ministerial y a la postre liberado de dicha medida cautelar, tiene la naturaleza jurídica de un acto negativo con efectos positivos, ya que si bien esa omisión, en apariencia, es un acto puramente de carácter negativo, lo cierto es que tal "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad continúe con la abstención que se le impugna, provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos del quejoso, como lo es la restricción en su derecho de propiedad, pues éste no tiene el disfrute de sus pertenencias -ya que la autoridad ministerial liberó al inmueble del aseguramiento que le constreñía-, en tanto la autoridad no haga lo que las leyes le ordenan; motivo por el cual el acto reclamado conlleva un principio de ejecución, ya que de esa manera se materializan los "efectos positivos" que tiene la omisión apuntada. En consecuencia, de conformidad con las reglas de competencia por territorio establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda respectiva, es aquel en donde se está ejecutando la afectación a los derechos fundamentales del quejoso con motivo de la omisión impugnada, lo cual acontece en el lugar en donde respectivamente se ubica el inmueble afectado y, en su caso, sin prejuzgar el fondo del asunto, en el lugar donde se efectuaría la eventual devolución del bien, mas no en diverso sitio." Y, la diversa tesis que aprobó el Primer Tribunal Colegiado con Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la foja 2350, Libro 36 tomo IV, del mes de Noviembre de 2016, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del texto y rubro siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEVOLVER UN INMUEBLE LIBERADO DE ASEGURAMIENTO MINISTERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN EL QUE SE UBIQUE DICHO BIEN, POR SER EL SITIO DONDE SE ESTÁ EJECUTANDO LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL QUEJOSO. Cuando el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de devolver un bien inmueble que fue objeto de aseguramiento ministerial y a la postre liberado de dicha medida cautelar, tiene la naturaleza jurídica de un acto negativo con efectos positivos, ya que si bien esa omisión, en apariencia, es un acto puramente de carácter negativo, lo cierto es que tal "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad continúe con la abstención que se le impugna, provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos del quejoso, como lo es la restricción en su derecho de propiedad, pues éste no tiene el disfrute de sus pertenencias -ya que la autoridad ministerial liberó al inmueble del aseguramiento que le constreñía-, en tanto la autoridad no haga lo que las leyes le ordenan; motivo por el cual el acto reclamado conlleva un principio de ejecución, ya que de esa manera se materializan los "efectos positivos" que tiene la omisión apuntada. En consecuencia, de conformidad con las reglas de competencia por territorio establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda respectiva, es aquel en donde se está ejecutando la afectación a los derechos fundamentales del quejoso con motivo de la omisión impugnada, lo cual acontece en el lugar en donde respectivamente se ubica el inmueble afectado y, en su caso, sin prejuzgar el fondo del asunto, en el lugar donde se efectuaría la eventual devolución del bien, mas no en diverso sitio." No pasa inadvertido para este juzgador, que también se reclama el auto donde la autoridad señalada como responsable Juez Noveno en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Guadalajara, Jalisco, ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que informe si existen cuantas a nombres de los aquí quejosos, y de ser así realizar el embargo de las mismas, virtud a que los actosdeclarativos. En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este juzgado federal declara que no es competente para conocer y resolver de la presente demanda de garantías y la declina a favor del Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, en turno, ordenándose remitirla con sus copias para que en el término legal manifieste, se pronuncie si acepta o no la competencia planteada, solicitándole en su oportunidad acusar el recibo de estilo correspondiente. Notifíquese.Así lo acordó y firma el licenciado Zirahuén Duarte Briz, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa en legal y debida forma con el licenciado Julio Zúñiga Morales, Secretario que autoriza y da fe.
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