Carmen Sandoval Hernández

Expediente 1088/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1088/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
22/11/2018

Partes del expediente

  • Carmen Sandoval Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en Puebla, mediante el cual informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este juzgado para conocer de la demanda de amparo presentada por Carmen Sandoval Hernández y Bárbara Hilario Sandoval contra actos de la Policía Municipal de San Juan Xiutetelco, Puebla, y otra autoridad; en consecuencia, archívese este expediente como concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse declinado la competencia en el juicio, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo con posterioridad al VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Carmen Sandoval Hernández y Bárbara Hilario Sandoval contra actos de la Policía Municipal de San Juan Xiutetelco, Puebla, y otra autoridad. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 1088/2018. DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En virtud de a lo anterior, y en términos de lo dispuesto por el artículo 37, de la Ley de Amparo, éste Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata, estimando que debe remitirse al Juez de Distrito de Amparo Penal en la Ciudad de San Andrés Cholula, Puebla, pues el acto que reclama las promoventes tienen ejecución material en la Congregación de Tomaquilapan, perteneciente a Xiutetelco, Puebla, lugar en donde no ejerce jurisdicción este tribunal federal, como se expondrá a continuación: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De lo anterior, se desprende que el precepto legal transcrito, establece tres hipótesis para que se surta la competencia en favor de los Juzgados de Distrito, la primera, se refiere a la competencia que tiene el Juez de Distrito, en cuya jurisdicción deba ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; la segundo, establece que si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, la tercera, contempla que es competente el Juez de Distrito, en donde se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. En tales condiciones, como se expuso anteriormente, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que las quejosas, en esta vía constitucional, señalaron como acto reclamado la privación ilegal de su libertad personal misma que se pretende llevar a cabo por las autoridades que denominan como Policía Municipal de San Juan Xiutetelco, Puebla, y Policía Municipal de Teziutlán, Puebla. En consecuencia, resulta que este órgano jurisdiccional no es competente por razón de territorio, para conocer de la demanda en cuestión, en virtud de que el acto reclamado tendrá ejecución en el domicilio de las quejosas, el cual, bajo protesta de decir verdad señalaron se ubica en la Congregación de Tomaquilapan, perteneciente a Xiutetelco, Puebla, lugar en el que este órgano de control constitucional no ejerce jurisdicción, sino que resultan competentes para conocer los Juzgados de Distrito de Amparo Penal en la Ciudad de San Andrés Cholula, Puebla; ello en atención a que el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en su punto Cuarto, fracción VI, establece que los citados Juzgados de Distrito tienen jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa. Resulta aplicable por su contenido, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro y texto: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. CRITERIOS PARA DETERMINARLA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. Para establecer la competencia de un Juez de Distrito por razón de territorio, una vez que se sustanció un juicio de garantías promovido contra una orden de aprehensión, en términos del artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, debe atenderse, en principio, como dato determinante, a la aceptación que realice la autoridad ejecutora acerca de que tratará de cumplir la orden en una localidad concreta y si la competencia territorial corresponde a un solo Distrito Judicial del Poder Judicial de la Federación, con absoluta independencia del sitio donde la ejecutora tenga su residencia oficial, caso en el cual, corresponderá conocer del amparo a un Juez de Distrito de esa localidad. Sin embargo, cuando no se cuente con ese dato deberá obtenerse de los indicios que se deduzcan de la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo, incluidas, desde luego, las correspondientes a la averiguación previa o al proceso penal instruido contra el quejoso, y que sean indicativos del lugar donde, objetiva y lógicamente, puede ejecutarse la orden de aprehensión, pues si ésta consiste en la privación de la libertad deambulatoria del probable responsable, resulta inconcuso que deben considerarse los datos que permitan establecer su ubicación personal, por ejemplo, su domicilio actual o más reciente, el lugar de trabajo, el principal asiento de sus negocios, entre otros. Sin que este criterio riña con la jurisprudencia 1a./J. 12/95 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 97, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de septiembre de 1995, de rubro: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA.", toda vez que en ésta se establece que para fijar la competencia de un Juez de Distrito por razón de territorio, no debe atenderse al domicilio que hubiese señalado el quejoso en su demanda de garantías, pues ello equivaldría a dejar a su arbitrio la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar el domicilio donde quisiera promover; lo anterior es así, toda vez que dicho criterio no impide que para conocer el lugar donde tratará de ejecutarse la orden de aprehensión, pueda tomarse en consideración el domicilio que realmente aparezca probado en autos, una vez sustanciado el juicio de garantías y obtenido mediante la valoración de los indicios que deriven de la totalidad de las constancias existentes en él, incluidas claro está, aquellas que hubiese allegado la autoridad o autoridades que hayan aceptado la existencia de ese acto en concreto." En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declina la competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, en favor del Juez de Distrito en el Estado, en turno, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, por consiguiente, se ordena remitirle los autos que integran el expediente de amparo número 1088/2018, así como las seis copias de la demanda, a fin de que de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, decida si acepta o no la competencia declinada en su favor y se sirva comunicarlo al suscrito juzgador debiéndose formar el cuaderno de antecedentes correspondiente, solicitando el acuse de recibo respectivo; sin que se provea respecto de la suspensión peticionada, en razón de que el acto combatido no se encuentra previsto por el artículo 126 de la ley de la materia y por al arábigo 22 constitucional. No se inobserva la jurisprudencia 1ª./J.52/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificable con el rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE"; sin embargo, de la lectura de la demanda de amparo, resulta claro advertir que las autoridades señaladas como responsables ejecutoras tienen su residencia en San Juan Xiutetelco, Puebla y en Teziutlan, y que las quejosas radican en la Congregación de Tomaquilapan, perteneciente a Xiutetelco, Puebla, así como que en dicho lugar es donde se pretende ejecutar el acto reclamado. SE TIENE COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase como domicilio de los promoventes el señalado en la demanda de amparo; y como autorizados con la restricción que impone la última parte, del párrafo segundo, del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gilberto Bandala Martínez, Luz María León Farfán, Roberto Carlos Bandala León y Maleni Esmeralda Bandala León , toda vez que dentro de la base de datos del referido sistema, no aparecen los registros correspondiente, amén de que tampoco acreditaron contar con documento legal para ejercer la profesión de licenciado en derecho. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de Justicia Federal. TRANSPARENCIA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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