Carmen Granillo Badiillo
Expediente 621/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 621/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 13/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Director General de Patrimonio del Estado de Veracruz
- Carmen Granillo Badiillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo de veinticinco de julio de dos mil dieciocho, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, interpusiera el recurso de revisión en su contra, sin que lo hubiera hecho; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la DESTRUCCIÓN del mismo; en el entendido de que se procederá para tal efecto con posterioridad al TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que la quejosa Carmen Granillo Badillo reclama de la autoridad responsable Director General del Patrimonio del Estado, con sede en esta ciudad, lo siguiente: 1. La negativa de otorgarle copia certificada del expediente de contratación relativo al inmueble ubicado en lote 7, manzana 44-A, circuito Quetzalcóatl, colonia Moctezuma, de esta ciudad, solicitadas por escrito presentado el siete de septiembre de dos mil diecisiete. Por su parte, la autoridad responsable Director General del Patrimonio del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado adujo: ". Ahora bien, al efecto el quejoso remite como prueba una petición de 7 de septiembre de 2017, inclusive señala que se viola su derecho de petición, por lo que propiamente el acto reclamado es violación al Derecho de Petición. En ese sentido mediante oficio DGPE/DARE/3217/2018 de 02 de julio se le otorga respuesta a sendo documento, cuestión que fue notificada mediante citatorio de espera de fecha seis de julio e instructivo de notificación de fecha 9 de julio, ambos del presente año." Para corroborar lo anterior, la responsable remitió copia certificada del oficio DGPE/DARE/3217/2018 de dos de julio del año en curso, así como de las constancias relativas a la notificación del aludido oficio, documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de amparo, por remisión expresa del numera 2° de la propia ley, se les otorga pleno valor probatorio. En esta tesitura, si la demanda de amparo fue depositada en el Buzón Judicial de los Jugados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, y el dos de julio siguiente, la responsable dio contestación al escrito que presentó la quejosa el siete de septiembre de dos mil diecisiete, indicándole que no existía impedimento para otorgarle las copias que solicitó, previo pago de derechos; por tanto, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia hecha valer por la responsable, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De lo transcrito, se desprende como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella. Por tanto, no existe motivo para la emisión de la resolución del juicio de amparo, puesto que no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" En otras palabras, si de lo que se dolía la quejosa era la negativa de otorgarle copia certificada del expediente de contratación relativo al inmueble ubicado en lote 7, manzana 44-A, circuito Quetzalcóatl, colonia Moctezuma, de esta ciudad, solicitadas por escrito presentado el siete de septiembre de dos mil diecisiete y, acudió a esta instancia constitucional con la pretensión de que se obligara al Director General del Patrimonio del Estado a efecto de que le otorgara la copia que le había solicitado; luego, al existir constancia de que por oficio DGPE/DARE/3217/2018 de dos de julio del año en curso, la citada responsable le indicó que no existía impedimento para otorgarle las copias que solicitó, previo pago de derechos, tal y como ha quedado asentado en párrafos precedentes, lo que es suficiente para concluir que cesaron los efectos del acto reclamado. De ahí, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo. Es ilustrativa, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Además, el término de ocho días que dispone el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, que debe mediar por lo menos de entre la fecha de la notificación del informe justificado y la celebración de la audiencia constitucional, transcurrió del trece al veinticuatro de julio del año en curso, ya que se le notificó por lista de acuerdos el once del mismo mes y año. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías."
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el término de ocho días que se les dio a las partes mediante proveído de diez de julio del año en curso, para que estén en oportunidad de conocer e imponerse del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Director General del Patrimonio del Estado, con sede en esta ciudad, transcurrirá del trece al veinticuatro de los actuales; en consecuencia, se procede a diferir de oficio la audiencia constitucional fijada para esta fecha y se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten." Asimismo, la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes."
- Principal
Agréguese para que obre como corresponda la razón actuarial de cuenta, en la que el actuario judicial adscrito a este Juzgado asentó la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a Carmen Granillo Badillo el auto de once de julio del presente año, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, por el motivo ahí expuesto; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágasele dicha notificación a por medio de lista de acuerdos que se fijan en los estrados de este Juzgado, así como las subsecuentes aún las de carácter personal. Por otra parte, téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Oficial del Registro Público de la Propiedad Décima Primera Zona Registral, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le efectuó en auto de trece de julio del año en curso, remite copia certificada de la inscripción 6367 de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, respecto del lote número siete, manzana cuarenta y cuatro A, Reserva Territorial, de esta ciudad, propiedad de Carmen Badillo Granillo, así como de la escritura pública 19945 de la Notaria número Dieciséis, con sede en esta ciudad, la cual corresponde a dicha inscripción registral; al respecto, agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes. Ahora, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, así como de las diversas que obran en autos, se advierte que Carmen Badillo Granillo es la propietaria del bien inmueble ubicado en del lote de terreno número 7, manzana 44, letra A, Circuito Quetzalcóatl, colonia Moctezuma, de esta ciudad y no Carmen Granillo Badillo quien tiene el carácter de quejosa en el presente asunto, y quien supuestamente reclamó la negativa de otorgarle copias del expediente en relación al inmueble citado con anterioridad. En ese tenor, en atención a lo solicitado por la compareciente Carmen Badillo Granillo, en escrito de diez de julio de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 261 de la Ley de Amparo, mediante oficio al que se adjunte copia certificada de las actuaciones que integran el presente juicio, se dispone dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, para que en su calidad de representante de la Procuraduría General de la República gestione lo conducente y, en su caso, turne las actuaciones al organismo que corresponda dentro de dicha dependencia, para que bajo la investidura de representante de la sociedad actúe conforme a sus atribuciones constitucionales y obligaciones convencionales; lo anterior, para los efectos legales a los que haya lugar. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato." (Lo subrayado es propio).
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