Carmen Orejel Aldaco

Expediente 220/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
220/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
20/05/2022

Partes del expediente

  • Carmen Orejel Aldaco

Actuaciones

  1. Principal

    En veinte de mayo de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al Juez, con un oficio y anexo recibido electrónicamente vía SISE INTERCONEXIÓN, registrado bajo el folio 6758. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinte de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, se provee lo siguiente: 1. SE RECIBE TESTIMONIO. Téngase por recibido el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, al cual acompaña la ejecutoria correspondiente al recurso de queja 93/2022 en que dicho tribunal declaró infundado el medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto dictado por este Juzgado, que desechó la demanda de amparo. Acúsese recibo a la Superioridad. 2. ORDEN DE ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    En veintisiete de abril de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al Juez, con un oficio recibido electrónicamente vía SISE INTERCONEXIÓN, registrado bajo el folio 5463. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, se provee lo siguiente: Se admite recurso de queja. Incorpórese al sumario el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, mediante el cual, acusa recibo de las constancias remitidas para la sustanciación del recurso, e informa que se admitió a trámite la queja interpuesta por el asesor victimal de la parte quejosa contra la resolución de doce de abril del año en curso, que tuvo por desechada la demanda de amparo, misma que se registró bajo el número 93/2022, de lo que este Juzgado toma conocimiento. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    En doce de abril de dos mil veintidós, la Secretaria certifica: Que Ramón Fernández Hurtado y J. Melchor Tapia Monge, cuentan con cédula profesional registrada ante los Juzgados de Distrito que los autoriza para ejercer la profesión de licenciados en derecho, no así José de Jesús Pedro Alonso y Carlos Alexis Sereno Hurtado; con lo anterior y con una demanda, recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, turnada a este órgano jurisdiccional, registrada bajo el folio 4627, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Registro. Por recibida la demanda de amparo promovida por CARMEN OREGEL ALDACO, por su propio derecho y JUAN CARLOS SERENO GONZÁLEZ, en su carácter de asesor victimal, contra actos del Juez Primer Relator del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Uruapan, en el Estado de Michoacán de Ocampo, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 220/2022. 1.2. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. De la demanda de amparo, se obtiene que deviene improcedente, lo que se impone de conformidad con lo previsto por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, éste último aplicado en sentido contrario. De una interpretación integral de las disposiciones invocadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora, en relación con los actos de imposible reparación, en la tesis de jurisprudencia P./J.37/2014 (10a) el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el artículo 107 fracción V, precisa el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden: "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Con base en la nueva disposición, el Alto Tribunal sustentó el criterio de que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Añadió, que la anterior interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: a) La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo b) La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Dicha jurisprudencia, se publica en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. En el caso concreto, la determinación que se reclama en el presente juicio de amparo, no es de imposible reparación, lo anterior, por las siguientes consideraciones: El quejoso reclama, lo siguiente: "1.- Del C. Gerardo Guzmán Durán, Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, se reclama la ilegal determinación de fecha 31 treinta y uno de marzo de 2022 dos mil veintidós, en la que dentro de la causa penal número 11/2017, seguida en contra de Víctor Manuel Flores González, por el delito de Homicidio Calificado, en agravio de Alejandro Oregel Aldaco, acuerda lo siguiente: Se señala fecha para audiencia de juicio, Uruapan, Michoacán, 31 de marzo de 2022. Analizando la causa penal 110/2017, instruida a Víctor Manuel Flores González, por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, en agravio de Alejandro Oregel Aldaco, así como la razón de Fabiola Peralta Cendejas, jefa de la sala del sistema de justicia penal acusatorio y oral, región Uruapan, se ordena continuar con la tramitación del presente juicio, señalándose para ello las siguientes jornadas: Día 05 de mayo de 2022, con una jornada de las 17:00 a las 19:00 horas. Día 06 de mayo de 2022, con una jornada de las 11:00 a las 13:00 horas. Jornadas de juicio que se verificarán de manera presencial en la sala de oralidad número 1, ubicada en la ampliación de los juzgados del Supremo Tribunal de Justicia anexos al Centro de Reinserción Social "Lic. Eduardo Ruiz", exhortándolos para que acudan con cubre bocas y careta, así como que en todo momento respeten la sana distancia entre las personas. Se avoca a las partes para que acudan a la audiencia en mención, requiriendo al ministerio público informe el nombre de los órganos de prueba que presentará en la primera jornada, con una anticipación mínima de cinco días hábiles. Además requiero a las partes, para que comparezcan preparados en la fecha anunciada para el inicio de la audiencia con la precisión de que NO AUTORIZARÉ DIFERIMIENTO fundado en causas que les sean atribuibles, ni tampoco se autoriza diferimiento que no cumpla con al menos 5 días de anticipación; en caso contrario, si su conducta genera dilación del proceso y produce que no inicie el debate, les aplicaré una multa por el equivalente a 50 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente en términos del artículo 104, fracción ll, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales. Con fundamento en los artículos 82 y 105 del código nacional de procedimiento penales, notifíquese a las partes y remítase la respectiva solicitud de traslado al centro donde guarda reclusión el acusado. Lo acordó y firma Gerardo Guzmán Durán, juez del tribunal unitario de enjuiciamiento, del sistema de justicia penal acusatorio y oral, región Uruapan. 2.- De la C. Fabiola Peralta Cendejas, Jefa de la Sala del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en el Estado, se reclama la determinación de fecha 31 treinta y uno de marzo de 2022 dos mil veintidós, en la que ilegalmente determina que: Dentro de la presente causa penal 110/2017, el ocho de diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, se dejaron sin efectos las fechas señaladas para el inicio del juicio oral, sin embargo, derivado de la recalendarización que se ha venido realizando en la agenda administrativa, por instrucciones de la Dirección de gestión del sistema de justicia penal, acusatorio y oral en el Estado, fue necesario radicar los juicios paulatinamente, de manera que se verificara la disponibilidad del juez que conocería de la etapa de juicio, por lo que es hasta este momento que se da a conocer al juez que conocerá del juicio siendo el juez Gerardo Guzmán Durán y a las partes la fecha, hora, y lugar de audiencia de debate, para los efectos legales a que haya lugar. Uruapan, Michoacán, a 31 de marzo de 2022" (sic). Actos de los que se evidencia la falta de presupuestos necesarios para actualizar la hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo, al no ocurrir el perjuicio de "imposible reparación". Es así, pues no se advierte que dichas determinaciones produzcan en la parte quejosa consecuencias que afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, como pudiera ser la vida, propiedades y posesiones entre otros, ni tampoco se produce afectación material de los mismos. En efecto, dichos efectos jurídicos son meramente intraprocesales, pues el hecho de que se haya designado un nuevo tribunal constituido por Juez unitario -lo anterior, en razón del fallecimiento del Juez Pedro Manuel Fernández Ríos, mismo que fue señalado en una primera ocasión- y resuelva lo que conforme a derecho proceda en las audiencias señaladas para los días cinco y seis de mayo de la presente anualidad; no vulnera derechos sustantivos de la parte quejosa, ya que al resolverse el controvertido debate en la audiencia de juicio, puede obtener resolución favorable a los intereses de la víctima, pero en caso contrario, tiene al alcance el recurso ordinario previsto por la ley de la materia y que de serle adverso, puede hacer valer en amparo directo las violaciones procesales que ahora estima se cometieron al no haber sido juzgado el asunto por un tribunal que no se integró en los términos previstos por la ley, o bien, porque que se le juzgó por otro tribunal. En mérito de lo anterior, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA, con fundamento en los artículos 113 y 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario. 1.3. Domicilio y autorizados. Téngasele proporcionando domicilio y para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda; asimismo se le tiene autorizando para recibirlas a Ramón Fernández Hurtado y J. Melchor Tapia Monge asimismo se le tiene autorizando a José de Jesús Pedro Alonso y Carlos Alexis Sereno Hurtado únicamente para oír y recibir notificaciones hasta en tanto acrediten contar con cédula profesional que los avale como licenciados en derecho. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la actuación en el presente asunto estará sujeta a las reglas siguientes: 2.1. Trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado prestará servicio público de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 2.2. Procedimiento jurisdiccional electrónico. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 2.3. Datos de contacto de las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 2.4. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: MEDIO DE CONTACTO HORARIO CÓMO OBTENER INFORMACIÓN Teléfono celular 4525234435 y 4525235483 ext. 1071 Correo electrónico 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx 8:30 A 14:30 horas, de lunes a viernes 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. 2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados de Distrito en Uruapan, la promoción u oficio. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales que interesen a las partes deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todas ellas. 2.8. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2.9. Lineamientos en materia de notificaciones. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 2.9.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede; lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 2.9.2. Se instruye a los actuarios para que la preparación y desahogo de una notificación personal, se ajusten a lo siguiente: 2.9.3. Establezcan contacto telefónico, por mensajería instantánea o por correo electrónico con los interesados. Para ello, deberán examinar acuciosamente los autos buscando los datos respectivos e, incluso, podrán acudir, como hecho notorio, a los que se encuentren en diversos expedientes y sean atribuibles a las partes, lo que deberá ser debidamente corroborado al establecer el contacto. 2.9.4. Cerciorados de la identidad de la persona buscada, siguiendo en lo conducente las formalidades de ley aplicables, procederán a llevar a cabo por videoconferencia la notificación, levantando el acta correspondiente y dando cuenta con ella para acordar lo correspondiente. 2.9.5. De no poderse verificar la videollamada, previo acuerdo con el interesado el personal de actuaría deberá enviarle por mensajería instantánea o correo electrónico un ejemplar digitalizado de la resolución de que se trate y sus anexos. Por su lado, el interesado deberá contestar lo anterior dándose por notificado y recibido de las constancias conducentes, mediante escrito con firma autógrafa que deberá enviar digitalizado al siguiente medio de contacto: Correo electrónico del juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El actuario deberá levantar acta en la que describa pormenorizadamente lo anterior, pues únicamente así la notificación surtirá plenos efectos. 2.9.6. Si a pesar de lo instrumentado no se logra la notificación personal, el personal de actuaría deberá dar cuenta por escrito para emitir el acuerdo que corresponda, sin que pueda proceder motu proprio a la práctica in situ de la notificación personal, sino únicamente cuando se le conceda autorización expresa. 2.9.7. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 2.9.8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio tecnológico). 2.10. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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