CARMELA GONZÁLEZ REYES y Otros.

Expediente 490/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
490/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
06/12/2019

Partes del expediente

  • Juez de Primera Instancia En Materia Civil de Jiquilpan, Michoacán
  • CARMELA GONZÁLEZ REYES y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, seis de diciembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, incorpórese al sumario el oficio suscrito por el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán; atento a ello, téngasele ACUSANDO RECIBO del diverso oficio por el cual se le notificó la sentencia pronunciada en el presente juicio constitucional. Cúmplase. Así lo acuerda y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe la secretaria Nubia Miranda Ramírez. Pcp Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con la licenciada Nubia Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. Pcp

  2. Incidental

    Uruapan, Michoacán, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, téngase al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, acusando recibo del diverso oficio por el cual le fue notificado el auto de ocho de octubre de dos mil diecinueve. Cúmplase. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe la Secretaria Nubia Miranda Ramírez. Pcp Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con la licenciada Nubia Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    R-RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Carmela González Reyes y Gabriela Contreras González, por su propio derecho solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, que estimaron violatorios de los artículos 1º, 14, 16, 17 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se precisará en el apartado correspondiente de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió con el número 490/2019; por lo que, seguido el juicio por su cauce legal, fue celebrada la audiencia constitucional, de conformidad con el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Precisión de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en la sentencia interlocutoria de catorce de agosto de dos mil diecinueve, que resuelve el incidente de prescripción de la ejecución de la sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil 384/2010, promovido por la persona moral denominada "Marcos Castellanos", Asociación Civil, frente a las quejosas. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 53, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos primero, fracción XI y cuarto, fracción XI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución en el municipio de Jiquilpan, Michoacán, correspondiente a la circunscripción territorial de este juzgado. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó demostrada. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo aceptó al rendir su informe justificado en el que admitió haber emitido la sentencia interlocutoria de catorce de agosto de dos mil diecinueve en el expediente 384/2010, lo que se corrobora con las constancias del juicio. Documentales con valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. CUARTO. Estudio de improcedencia. Las partes no invocaron causales de improcedencia, ni este juzgado advierte la existencia de alguna que amerite su estudio, por lo que se procede a examinar la resolución reclamada. QUINTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación, pues no constituye un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo. SEXTO. Estudio de fondo. El concepto de violación que enseguida se precisa es fundado y suficiente para conceder el amparo. Al respecto la quejosa aduce que la resolución reclamada vulnera en su perjuicio, los derechos humanos contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución General de la Republica por incongruente, dado que la responsable fue omisa en analizar los argumentos expuestos en el incidente de prescripción negativa de ejecución de sentencia en el sentido de que la prescripción en derecho mercantil es irrenunciable al no operar la restitución y mucho menos la renuncia expresa o tácita por ser fatales los términos de conformidad con el artículo 1039 del Código de Comercio y jurisprudencia que establece que la inaplicación supletoria de las disposiciones de los Códigos Civiles. Ahora bien, de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que por escrito presentado el once de junio de dos mil diecinueve (fojas 1 a 4 del tomo II de pruebas) Carmela González Reyes y Gabriela Contreras González por su propio derecho, promovieron incidente de prescripción del derecho de ejecutar la sentencia definitiva, fundamentando su petición en el artículo 1079 del Código de Comercio, así como en el hecho de que el trámite del procedimiento de ejecución no impide decretar la prescripción al no operar la renuncia expresa o tácita, pues sostuvieron que los términos fijados para el ejercicio de las acciones procedentes de actos mercantiles son fatales de conformidad con el artículo 1039 del Código de Comercio y por excluir la legislación mercantil la posibilidad de regeneración del derecho de ejecutar una acción mercantil extinguida por la actualización de la prescripción consumada por el transcurso total del término previsto legalmente para su instauración. Argumento que apoyaron en la jurisprudencia 1a. /J.12/97, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "PRESCRIPCIÓN CONSUMADA EN MATERIA MERCANTIL. RESULTA IMPROCEDENTE SU RENUNCIA. INAPLICACIÓN SUPLETORIA DE LAS DISPOSICIONES DE LOS CÓDIGOS CIVILES". Al resolver el incidente planteado, la responsable declaró improcedente el incidente bajo las razones siguientes: El artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio establece el término de tres años para la ejecución de sentencias en juicios ejecutivos, sin embargo, el siete de junio de dos mil diecinueve, el endosatario de la actora realizó actos tendentes a ejecutar la sentencia, solicitando se sacara a remate el bien embargado, previo avalúo practicado por los peritos que designen las partes; respecto de lo cual la accionada nombró perito de su parte, por lo que reconoció por escrito el derecho de la parte actora de ejecutar la sentencia, en contra quien prescribe. Que si bien en la fecha indicada en el párrafo precedente ya había transcurrido el término a que se refiere la fracción IV del artículo 1079, del Código de Comercio, no estaba en condiciones de analizar de manera oficiosa ese aspecto, al exigirse petición de parte, acorde con lo dispuesto por los artículos 1135, 1136, 1151 y 1142 del supletorio Código Federal. Lo anterior, además, porque del simple transcurso el tiempo se adquieren o pierden derechos y obligaciones, lo que actualiza en el primer caso la prescripción positiva y en el segundo la prescripción negativa, que libera al deudor de cumplir obligaciones al no ejercitarse el cumplimiento con la oportunidad debida y que por ser una institución jurídica establecida en beneficio de éste genera en su favor una acción o una excepción perentoria, la cual no opera de pleno derecho, y por ende, no queda liberado mientras no juzgue conveniente servirse de ese medio de defensa, lo que no hizo oportunamente el deudor, sino con posterioridad a que su contraria solicitó ejecutar la sentencia, acto que consintió al haber nombrado perito de su parte a fin de valuar el inmueble embargado en autos. Dicho argumento lo sustentó en la jurisprudencia de la Primera Sala 1a./J. 48/2016 (10a.), de rubro siguiente: "PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DICTADA EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL JUEZ NO DEBE ANALIZARLA DE OFICIO. De la determinación transcrita se aprecia que el juez responsable no atendió los argumentos de la parte incidentista, pues como se ve, fue enfático en señalar que al haber nombrado perito de su parte la accionada, reconoció por escrito el derecho de la parte actora de ejecutar la sentencia, en contra de quien prescribe; empero, nada resolvió sobre el derecho irrenunciable a la prescripción invocado por la incidentista, si es correcta o no su apreciación de considerar que en derecho mercantil no se puede dar la restitución y menos la renuncia expresa o tácita, de conformidad con el artículo 1039 del Código de Comercio, y que por tanto no impide decretar la prescripción el trámite del procedimiento de ejecución. Asimismo, nada dijo sobre la jurisprudencia en que apoyó el argumento la quejosa, si es aplicable o no al caso concreto sometido a su consideración, si se acoge al criterio referido o qué razones legales existen para separarse de él. Luego, con su proceder la responsable inobservó el principio de congruencia externa que debe regir no sólo en las sentencias sino en todo acuerdo o resolución que pronuncien los juzgadores; por lo que, en tales circunstancias, el acto reclamado resulta violatorio de las garantías de seguridad jurídica y de legalidad tuteladas por los numerales 14 y 16 constitucionales, sin que este órgano jurisdiccional técnicamente pueda abordar dicho tema, porque se estaría sustituyendo en funciones propias de la autoridad responsable quien debe agotar su jurisdicción. En ese tenor, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Carmela González Reyes y Gabriela Contreras González. Efectos de la concesión del amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, deberá: Declarar insubsistente la resolución interlocutoria de catorce de agosto de dos mil diecinueve reclamada, y con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva determinación, en la que analice los argumentos que invocó la incidentista y en su caso determine la aplicabilidad o no del artículo 1038 del Código de Comercio, así como las jurisprudencias 1a./J. 12/97 y 1a./J. 48/2016 (10a), de la Primera Sala, fundando y motivando lo que en derecho corresponda. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Carmela González Reyes y Gabriela Contreras González, contra el acto y autoridad responsable, precisados en el considerando primero, y para los efectos expresados en el diverso sexto de este fallo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    R-RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Carmela González Reyes y Gabriela Contreras González, por su propio derecho solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, que estimaron violatorios de los artículos 1º, 14, 16, 17 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se precisará en el apartado correspondiente de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió con el número 490/2019; por lo que, seguido el juicio por su cauce legal, fue celebrada la audiencia constitucional, de conformidad con el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Precisión de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en la sentencia interlocutoria de catorce de agosto de dos mil diecinueve, que resuelve el incidente de prescripción de la ejecución de la sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil 384/2010, promovido por la persona moral denominada "Marcos Castellanos", Asociación Civil, frente a las quejosas. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 53, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos primero, fracción XI y cuarto, fracción XI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución en el municipio de Jiquilpan, Michoacán, correspondiente a la circunscripción territorial de este juzgado. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó demostrada. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo aceptó al rendir su informe justificado en el que admitió haber emitido la sentencia interlocutoria de catorce de agosto de dos mil diecinueve en el expediente 384/2010, lo que se corrobora con las constancias del juicio. Documentales con valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. CUARTO. Estudio de improcedencia. Las partes no invocaron causales de improcedencia, ni este juzgado advierte la existencia de alguna que amerite su estudio, por lo que se procede a examinar la resolución reclamada. QUINTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación, pues no constituye un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo. SEXTO. Estudio de fondo. El concepto de violación que enseguida se precisa es fundado y suficiente para conceder el amparo. Al respecto la quejosa aduce que la resolución reclamada vulnera en su perjuicio, los derechos humanos contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución General de la Republica por incongruente, dado que la responsable fue omisa en analizar los argumentos expuestos en el incidente de prescripción negativa de ejecución de sentencia en el sentido de que la prescripción en derecho mercantil es irrenunciable al no operar la restitución y mucho menos la renuncia expresa o tácita por ser fatales los términos de conformidad con el artículo 1039 del Código de Comercio y jurisprudencia que establece que la inaplicación supletoria de las disposiciones de los Códigos Civiles. Ahora bien, de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que por escrito presentado el once de junio de dos mil diecinueve (fojas 1 a 4 del tomo II de pruebas) Carmela González Reyes y Gabriela Contreras González por su propio derecho, promovieron incidente de prescripción del derecho de ejecutar la sentencia definitiva, fundamentando su petición en el artículo 1079 del Código de Comercio, así como en el hecho de que el trámite del procedimiento de ejecución no impide decretar la prescripción al no operar la renuncia expresa o tácita, pues sostuvieron que los términos fijados para el ejercicio de las acciones procedentes de actos mercantiles son fatales de conformidad con el artículo 1039 del Código de Comercio y por excluir la legislación mercantil la posibilidad de regeneración del derecho de ejecutar una acción mercantil extinguida por la actualización de la prescripción consumada por el transcurso total del término previsto legalmente para su instauración. Argumento que apoyaron en la jurisprudencia 1a. /J.12/97, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "PRESCRIPCIÓN CONSUMADA EN MATERIA MERCANTIL. RESULTA IMPROCEDENTE SU RENUNCIA. INAPLICACIÓN SUPLETORIA DE LAS DISPOSICIONES DE LOS CÓDIGOS CIVILES". Al resolver el incidente planteado, la responsable declaró improcedente el incidente bajo las razones siguientes: El artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio establece el término de tres años para la ejecución de sentencias en juicios ejecutivos, sin embargo, el siete de junio de dos mil diecinueve, el endosatario de la actora realizó actos tendentes a ejecutar la sentencia, solicitando se sacara a remate el bien embargado, previo avalúo practicado por los peritos que designen las partes; respecto de lo cual la accionada nombró perito de su parte, por lo que reconoció por escrito el derecho de la parte actora de ejecutar la sentencia, en contra quien prescribe. Que si bien en la fecha indicada en el párrafo precedente ya había transcurrido el término a que se refiere la fracción IV del artículo 1079, del Código de Comercio, no estaba en condiciones de analizar de manera oficiosa ese aspecto, al exigirse petición de parte, acorde con lo dispuesto por los artículos 1135, 1136, 1151 y 1142 del supletorio Código Federal. Lo anterior, además, porque del simple transcurso el tiempo se adquieren o pierden derechos y obligaciones, lo que actualiza en el primer caso la prescripción positiva y en el segundo la prescripción negativa, que libera al deudor de cumplir obligaciones al no ejercitarse el cumplimiento con la oportunidad debida y que por ser una institución jurídica establecida en beneficio de éste genera en su favor una acción o una excepción perentoria, la cual no opera de pleno derecho, y por ende, no queda liberado mientras no juzgue conveniente servirse de ese medio de defensa, lo que no hizo oportunamente el deudor, sino con posterioridad a que su contraria solicitó ejecutar la sentencia, acto que consintió al haber nombrado perito de su parte a fin de valuar el inmueble embargado en autos. Dicho argumento lo sustentó en la jurisprudencia de la Primera Sala 1a./J. 48/2016 (10a.), de rubro siguiente: "PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DICTADA EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL JUEZ NO DEBE ANALIZARLA DE OFICIO. De la determinación transcrita se aprecia que el juez responsable no atendió los argumentos de la parte incidentista, pues como se ve, fue enfático en señalar que al haber nombrado perito de su parte la accionada, reconoció por escrito el derecho de la parte actora de ejecutar la sentencia, en contra de quien prescribe; empero, nada resolvió sobre el derecho irrenunciable a la prescripción invocado por la incidentista, si es correcta o no su apreciación de considerar que en derecho mercantil no se puede dar la restitución y menos la renuncia expresa o tácita, de conformidad con el artículo 1039 del Código de Comercio, y que por tanto no impide decretar la prescripción el trámite del procedimiento de ejecución. Asimismo, nada dijo sobre la jurisprudencia en que apoyó el argumento la quejosa, si es aplicable o no al caso concreto sometido a su consideración, si se acoge al criterio referido o qué razones legales existen para separarse de él. Luego, con su proceder la responsable inobservó el principio de congruencia externa que debe regir no sólo en las sentencias sino en todo acuerdo o resolución que pronuncien los juzgadores; por lo que, en tales circunstancias, el acto reclamado resulta violatorio de las garantías de seguridad jurídica y de legalidad tuteladas por los numerales 14 y 16 constitucionales, sin que este órgano jurisdiccional técnicamente pueda abordar dicho tema, porque se estaría sustituyendo en funciones propias de la autoridad responsable quien debe agotar su jurisdicción. En ese tenor, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Carmela González Reyes y Gabriela Contreras González. Efectos de la concesión del amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, deberá: Declarar insubsistente la resolución interlocutoria de catorce de agosto de dos mil diecinueve reclamada, y con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva determinación, en la que analice los argumentos que invocó la incidentista y en su caso determine la aplicabilidad o no del artículo 1038 del Código de Comercio, así como las jurisprudencias 1a./J. 12/97 y 1a./J. 48/2016 (10a), de la Primera Sala, fundando y motivando lo que en derecho corresponda. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Carmela González Reyes y Gabriela Contreras González, contra el acto y autoridad responsable, precisados en el considerando primero, y para los efectos expresados en el diverso sexto de este fallo. Notifíquese personalmente.

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