Carmen Noriega Méndez
Expediente 912/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 912/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 17/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Carmen Noriega Méndez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito señalado en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, en atención a su contenido se advierte que ****** autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la quejosa, solicita nuevamente se permita el acceso al expediente electrónico correspondiente al presente sumario, proporcionando para tal efecto el nombre de usuario *****; por tanto, en atención a lo anterior, se provee: Hágase del conocimiento del promovente que mediante auto de veinte de agosto del año en curso, se proveyó favorablemente dicha solicitud, por lo que deberá estarse a lo acordado en dicho auto. No obstante lo anterior, instrúyase nuevamente a la Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), adscrita a este Juzgado de Distrito, para que realice las gestiones administrativas correspondientes, a efecto de dar de alta el usuario ******, a fin de que la parte quejosa este en aptitud de consultar el expediente electrónico. NOTIFÍQUESE."
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de diciembre de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el Juez Quinto de Distrito en el estado de Oaxaca, determina lo siguiente: Se declara consentido el acuerdo de nueve de noviembre del año en curso, donde se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este asunto, al no haberse interpuesto el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b, de la fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se estima que es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda y sentencia emitida en este juicio de amparo. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE."
- Incidental
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de diciembre de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que en el expediente principal del que emana este incidente de suspensión, con esta fecha se dictó un auto en el que se ordenó el archivo del juicio de amparo, asimismo, que se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, por lo que debe conservarse el auto por el que se concedió la suspensión provisional y definitiva. Notifíquese."
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 912/2021, promovido por ************************, en contra del acto y autoridades que más adelante se precisarán. El problema jurídico que corresponde abordar en el presente asunto consiste en evaluar la posibilidad de otorgar la protección federal por lo que respecta al segundo y ulteriores actos de aplicación de los artículos declarados inconstitucionales que menciona el quejoso de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca. R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, ************************, presentó un escrito ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y actos que más adelante se precisarán. La quejosa señaló como derechos fundamentales violados, los contenidos en los numerales 1, 123 párrafos primero y segundo, apartado B, fracción XI inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 punto 3 y 67 inciso b) del Convenio número 102 de la Organización Internacional del Trabajo; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda se turnó el diecinueve de agosto a este juzgado, donde quedó registrada con el número 912/2021 y fue admitida el veinte siguiente; en ese propio auto, se solicitó de las autoridades responsables sus informes justificados y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos los trámites del juicio, se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque el acto reclamado tuvo ejecución en la ciudad de Oaxaca, esto es, dentro de la demarcación donde este órgano jurisdiccional tiene jurisdicción SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese sentido, con independencia de la forma en que la parte quejosa fijó los actos, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que señala como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Del Director General y del Consejo Directivo ambos de la Oficina de Pensiones del Estado. El segundo u ulterior acto de aplicación de los artículos 6, fracción III, 18 párrafo segundo y Octavo Transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, declarados inconstitucionales por jurisprudencia de este circuito, que refiere se actualizó en el pago de la pensión por jubilación del mes de agosto de dos mil veintiuno. Los subsecuentes e inminentes descuentos que se me pretendan aplicar cada mes por el mismo concepto a partir de septiembre de dos mil veintiuno en adelante, mientras conserve el derecho a recibir la pensión de jubilación, pues están apoyados en los citados preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales por jurisprudencia. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir sus respectivos informes justificados, las autoridades responsables procedieron como sigue: AUTORIDAD SENTIDO Apoderado legal del Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones. Convino en la existencia del acto Director General de la Oficina de Pensiones. Convino en la existencia del acto Aunado a lo anterior, debe establecerse que el acto ulterior de aplicación que reclama la quejosa, queda demostrado con la copia certificada del recibo de pago de pensión por jubilación a nombre de la parte quejosa correspondiente al mes de agosto de dos mil veintiuno, expedido por la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca, al cual se le confiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2º, donde se advierte que en el mes de agosto del año en curso, se descontó, de la pensión por jubilación de la quejosa, el nueve por ciento de sus percepciones, bajo el concepto "202 FDO. D PENSIONES", esto es, se aplicaron en forma ulterior, los artículos 6° fracción III, 18 párrafo segundo, y Octavo Transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, en perjuicio de la justiciable. El precitado documento adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyo epígrafe y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo que respecta a los ulteriores descuentos que se realicen a la peticionaria de la protección constitucional en aplicación de las porciones normativas impugnadas, debe señalarse que si bien, se tratan de actos que aún no se han verificado, lo cierto es que tienen que ser catalogados como futuros inminentes, cuya existencia es indudable. En efecto, la certeza de realización de esos actos inminentes estriba en que son una consecuencia necesaria de un acto concreto ya existente que afecta el universo jurídico del disidente. Para clarificar lo anterior es necesario precisar que los pagos de las pensiones en materia de seguridad social se caracterizan, por ser actos de tracto sucesivo, es decir, que se configuran momento a momento, dado que su liquidación deriva de la cuantificación efectuada por la autoridad administrativa, donde se determina el monto que le corresponderá al beneficiario de manera periódica. Cabe destacar que los actos de tracto sucesivo son aquellos que se prolongan a lo largo del tiempo, es decir, existe la realización de acciones periódicas dirigidas a un solo fin; se caracterizan por tener unidad y no se agotan con el cese de uno de ellos, dado que se reiteran de manera que siguen produciendo sus efectos a futuro. De lo anterior se sigue que la afectación recaída a los descuentos mensuales efectuados a una pensión fundados en una o varias normas jurídicas, integran actos de tracto sucesivo, porque la conducta de la autoridad implica la materialización de no entregar el monto debido de la pensión de forma periódica y su descuento obedece directamente a un mandato legal, que hasta en tanto no se determine su inaplicación de la esfera jurídica del quejoso, sigue siendo de obligatorio acatamiento para la autoridad administrativa. En ese contexto, la certeza jurídica y, por lo tanto, la inminencia de los ulteriores descuentos reclamados, estriba en que su realización se verificará con base en la legislación aplicable, que mientras no sea declarada inválida debe continuar siendo el fundamento para realizar las liquidaciones periódicas correspondientes. Aún más, al subsistir la resolución del Consejo Directivo de Pensiones del Estado de Oaxaca donde ordenó a la Oficina de Pensiones de esa entidad federativa que descontara a la solicitante de amparo el 9% de lo que recibe como pensión jubilatoria, hay certeza de que la autoridad administrativa está obligada a realizar los descuentos subsecuentes; de ahí que es factible concluir que los ulteriores descuentos que se realicen al disidente en aplicación de las porciones normativas impugnadas sean ciertos. CUARTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Las partes procesales no hicieron valer alguna causa de improcedencia del juicio, ni este juzgado advierte de oficio la actualización de alguna; por ende, procede abordar el estudio de fondo del asunto. QUINTO.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte quejosa formuló conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, materia común, registro 164618, página 830, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SÉXTO.- ESTUDIO DE FONDO. En primer término, se estima que es necesario suplir la deficiencia de la queja pues de los antecedentes narrados en la presente sentencia, se aprecia que la controversia gira en torno a si se encuentra o no justificado el cobro realizado a la aquí quejosa en el mes de agosto de dos mil veintiuno, por concepto de cuota de aportación al Fondo de Pensiones La disidente asegura que no, porque los artículos que sirvieron de fundamento para efectuar ese cobro fueron declarados inconstitucionales. En ese orden de ideas, como en el fondo del asunto subyace una afectación a la esfera jurídica de un trabajador pensionado, en el caso cobra aplicación lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, el cual ordena suplir la deficiencia de la queja en favor de los trabajadores. Suplencia que en el caso se estima necesaria, porque el análisis del acto reclamado, permite advertir que asiste razón a la promovente cuando denuncia la indebida aplicación de los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca. En consecuencia, el presente asunto deberá ser estudiado y resuelto atendiendo en lo conducente, al criterio que establece: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS. Conforme al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca del juicio deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el administrativo; de lo cual se deduce que si bien esta norma se refiere a determinados sujetos y a dos tipos de relaciones jurídicas específicas, como son, por un lado, las personas que cumplen con su deber social y su derecho al trabajo y, por otra, quienes las emplean, ya sea dentro de un vínculo laboral o de orden administrativo, lo cierto es que las razones que en estos supuestos inspiran la obligación del órgano de amparo para suplir la deficiencia de la queja a favor del trabajador no se agotan con motivo de la jubilación o retiro de quien había estado subordinado a un empleador, pues las causas que originaron el auxilio que la ley les brindaba durante su época laboralmente activa no sólo se mantienen, sino que incluso se agudizan, porque lo habitual es que como pensionistas sus ingresos se reduzcan y, con ello, la posibilidad de contar con asesoría legal adecuada. Así, esta Segunda Sala determina que tratándose de juicios de amparo deducidos de asuntos laborales o contencioso-administrativos, en los que se controviertan el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquiera otra prestación derivada de éstas, ya sea por los interesados o por sus beneficiarios, el órgano de amparo queda obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los demandantes de tales pretensiones, en la inteligencia de que este deber sólo tiene razón de ser cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho, pues si el juzgador no advierte que dicha suplencia lo conduzca a esta finalidad provechosa para el particular, bastará con que así lo declare sin necesidad de que haga un estudio oficioso del asunto, el cual, por carecer de un sentido práctico, sólo entorpecería la pronta solución del litigio en perjuicio de los propios justiciables". Además, el conjunto de razones que fundamentan la conclusión de este juzgador sobre la necesidad de suplir la queja deficiente se basan en las consideraciones emitidas por el entonces Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, al resolver, por unanimidad de votos, los amparos en revisión 92/2014, 101/2014, 110/2014, 116/2014 y 146/2014. En esos cinco precedentes el mencionado Tribunal Colegiado de Circuito afirmó la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, que le fueron aplicados al quejoso en el acto reclamado. La existencia de la tesis de jurisprudencia XIII.T.A. J/2 (10a.), demuestra lo antes dicho: "PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. LOS ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN III, 18, PÁRRAFO SEGUNDO Y OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY RELATIVA, QUE DISPONEN QUE QUIENES ADQUIERAN EL CARÁCTER DE JUBILADOS DEBEN APORTAR EL 9% DE SU PENSIÓN PARA INCREMENTAR EL FONDO RESPECTIVO, SON INCONVENCIONALES E INCONSTITUCIONALES, AL DESATENDER LOS ARTÍCULOS 26, NUMERAL 3 Y 67, INCISO B), DEL CONVENIO NÚMERO 102 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y VIOLAR EL DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD. Los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada mediante Decreto Número 885 en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el 28 de enero de 2012, conforme a los cuales, quienes adquieran el carácter de jubilados deben aportar el 9% de su pensión para incrementar el fondo de pensiones, desatienden los artículos 26, punto 3 y 67, inciso b), del Convenio Número 102 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social, los cuales autorizan dos casos de afectación: a) en el supuesto de prestaciones de vejez, se suspende cuando se ejerzan actividades remuneradas o se reduce cuando las ganancias del beneficiario excedan de un valor prescrito; y, b) respecto de pagos periódicos, se reduce en la medida en que los demás recursos de la familia del beneficiario excedan de sumas apreciables fijadas por las autoridades competentes, de conformidad con reglas prescritas. Lo anterior, porque si bien es cierto que la norma internacional, en su dimensión caracterizada como derecho humano a la seguridad social, autoriza la fijación de dichos topes, también lo es que la cuota regulada por el legislador local no encuadra en las hipótesis permitidas señaladas, ya que se traduce en un descuento indebido del monto de la pensión jubilatoria, encaminado a constituir el fondo monetario con el que se cubrirá ésta, por lo cual los preceptos indicados son inconvencionales. Asimismo, violan el derecho humano a la igualdad, al dejar de tomar en cuenta que el jubilado ya aportó cuotas durante su vida laboral para gozar del beneficio respectivo y, por ende, se le da el trato de trabajador en activo.". Las consideraciones más relevantes de las cinco ejecutorias, son del tenor literal siguiente: "[.] resulta evidente la inconvencionalidad de la reforma relativa, en cuanto a los preceptos 6, fracción III, 18, párrafo segundo, y TRANSITORIO OCTAVO, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, aplicados al quejoso, conforme a los cuales se prevé el descuento del nueve por ciento sobre el monto de su pensión; lo anterior, a la luz del Convenio Internacional de la Organización Internacional del Trabajo 102, "Convenio Sobre la Seguridad Social" (norma mínima), del que México forma parte, dado que el mismo solamente autoriza la reducción del monto de la pensión, cuando las ganancias del beneficiario excedan del valor prescrito o fijado por la autoridad competente, de conformidad con la reglas relativas, dado que en la legislación del País, ningún límite se establece para ello; motivo por el cual al privilegiar el principio de la dignidad humana, se impone la declaratoria respectiva. [.] A más de lo anterior, en suplencia de la deficiencia de la queja anotada, los dispositivos señalados como reclamados igualmente resultan inconstitucionales al violar el principio de igualdad, en tanto ubican a trabajadores, jubilados y pensionados, en hipótesis diferentes, por consignarlos el precepto 6 transcrito, en fracciones diversas de ese dispositivo, pero a todos ellos por igual les impone el pago de la cuotas del nueve por ciento de su sueldo base para los trabajadores, y de su pensión para los restantes; no obstantes las diferencias esenciales existentes entre trabajadores activos, jubilados y pensionados. En efecto, las normas en cuestión, resultan violatorias de los derechos humanos de igualdad jurídica y social, contenidos en los artículos 1 y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al equiparar en las mismas condiciones a trabajadores activos, de jubilados y pensionados, sin atender a que los del primero rubro, por encontrarse en plena actividad laboral, pueden ascender en su trabajo o allegarse de mayores o diferentes ingresos, dado que al encontrarse en funciones cuentan con juventud; mientras que los del segundo rubro, al tratarse de trabajadores que ya han agotado una vida laboral, tienen como ingreso único, el de su pensión relativa, quienes por cierto, efectuaron ya aportaciones a lo largo de su vida de trabajo, lo cual como ya se dijo, servirá precisamente para financiar esa pensión; supuesto en el cual al tratarse de situaciones diversas, no era el caso de que el legislador local los ubicara en la misma posición y les diera el mismo tratamiento y cargas, por cuanto resulta excesivo que una vez que se obtiene el beneficio de la jubilación, derivado de haber cumplido los años y tiempo de servicio, se siga imponiendo al jubilado y pensionado, la carga de contribuir al fondo de pensiones, cuando se supone que agotó ya esa aportación, durante su vida de trabajo. Ciertamente, no existe razón jurídica ni práctica, para que las personas jubiladas y pensionadas continúen aportando determinada cantidad de dinero de su pensión para el fondo de pensiones, puesto que ya se encuentran en el supuesto legal para el que fue impuesta tal aportación; es decir, ya tienen la calidad de jubilados o pensionados y están legalmente facultados para la obtención de la prestación consignada en el artículo 123, Apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en tanto, la referida constitución, prevé la jubilación como derecho mínimo de la seguridad social. Luego, dado que los jubilados y pensionados se ubican en una situación legal diferente frente a los trabajadores en activo, porque las cuotas que durante su vida laboralmente activa aporta el trabajador, tienen como objetivo que, una vez satisfechos los requisitos legales, pueda disfrutar de una pensión o renta para su subsistencia, una vez terminada en forma definitiva la relación laboral, por lo que al ubicarse en alguna de las hipótesis legales para obtener una pensión, no puede equiparar esa situación jurídica, frente a quienes aún se encuentran en el período en el que legalmente están aportando las cuotas que les corresponden para en un futuro, acceder a ese derecho, y no hay razón para que los jubilados y pensionados continúen aportando determinada cantidad de dinero de su pensión al fondo relativo, puesto que ya se encuentran en el supuesto legal para el que fue impuesta tal aportación; es decir, ya tienen la calidad de jubilados o pensionados y están legalmente facultados para la obtención de esa prestación. Así, el derecho a la igualdad general y a la no discriminación, previsto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica que las autoridades no traten diferente a individuos en una misma situación jurídica, y proscriben cualquier distinción motivada por razones de género, edad, condición social, religión u otra análoga que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. [.]" Por ende, basta que exista jurisprudencia que declara la inconvencionalidad e inconstitucionalidad de los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, para justificar el sentido de esta sentencia, pues el entonces Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa de este Circuito, dijo que dichos preceptos desatienden los postulados que derivan de los artículos 26, punto 3 y 67, inciso b), del Convenio Número 102 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social y que violan el derecho humano a la igualdad jurídica y social, contenidos en los artículos 1 y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (al equiparar en las mismas condiciones a trabajadores activos, de jubilados y pensionados); y esa conclusión debe prevalecer en este fallo, por su carácter obligatorio, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. En consecuencia, en aplicación de la jurisprudencia referida, se impone conceder a ************************ el amparo y la protección de la Justicia Federal que impetra, únicamente contra el descuento realizado a su pensión por jubilación en agosto de dos mil veintiuno y subsecuentes, con motivo de la aplicación de los artículos declarados inconstitucionales, pues en la demanda de amparo el inconforme también señaló como actos reclamados los descuentos subsecuentes al realizado con anterioridad a su presentación; por lo que, en ese sentido, es jurídicamente posible que los efectos del fallo protector comprendan a dichos descuentos futuros al monto periódico de la misma pensión por ser inminentes SÉPTIMO.- EFECTOS. La concesión otorgada es para los efectos siguientes: AUTORIDAD EFECTOS 1.- El Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca. 2.- Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones. *Reintegre a la aquí quejosa la cantidad que le fue indebidamente descontada en el mes de agosto de dos mil veintiuno, así como los descuentos subsecuentes hasta que se cumplimente este fallo. *No realice los posteriores descuentos al monto periódico de la misma pensión respecto de la cual se solicitó el amparo. La anterior no significa que la circunstancia de otorgar la protección constitucional contra descuentos subsecuentes implique la inaplicación futura de normas generales en la esfera jurídica del inconforme, pues la concesión del amparo comprende exclusivamente a los actos subsecuentes respecto del mismo monto pensionario que motivó la concesión del amparo; ello se traduce en que las normas que fundaron los actos reclamados pueden ser válidamente aplicadas en la esfera jurídica del titular de la acción de amparo en otras actuaciones que no hayan formado parte de la litis constitucional. La decisión adoptada tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 139/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "PENSIONES. PROCEDE OTORGAR EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS DESCUENTOS FUTUROS E INMINENTES EN APLICACIÓN DE UNA NORMA GENERAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA, SIEMPRE QUE SE HAYAN SEÑALADO COMO ACTOS RECLAMADOS. Cuando en un juicio de amparo indirecto se reclame un ulterior acto de aplicación consistente en un descuento efectuado al monto de una pensión de seguridad social fundado en un artículo declarado inconstitucional por jurisprudencia, los efectos de la protección constitucional únicamente deben consistir en que dicha ley no se aplique al caso concreto, sin poder extenderlos respecto de actos futuros, pues ello es propio del juicio de amparo contra normas generales. Sin embargo, cuando en la demanda de amparo se señalen como actos reclamados los descuentos subsecuentes a los realizados con anterioridad a su presentación o a su ampliación, es jurídicamente posible que los efectos del fallo protector comprendan a dichos descuentos futuros al monto periódico de la misma pensión por ser inminentes; por tanto, en ese caso debe concederse el amparo para el efecto de que se reintegren a la quejosa los descuentos señalados como actos reclamados, en los que se incluyen los subsecuentes hasta que se cumplimente la ejecutoria, así como para que ya no se realicen los posteriores descuentos al monto periódico de la misma pensión respecto de la cual se solicite el amparo." Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ************************, en contra del acto reclamado al Director General y Consejo directivo ambos de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, consistente en el ulterior acto de aplicación de los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, que se traduce en el descuento realizado en el mes de agosto de dos mil veintiuno y los descuentos posteriores que se realicen al inconforme en aplicación de tales preceptos. El amparo se concede para los efectos precisados en el último apartado de esta sentencia. Notifíquese.
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