Carmen Idania Arreortúa Canseco

Expediente 903/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
903/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Carmen Idania Arreortúa Canseco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 903/2023, promovido por ***, en representación del menor de edad ***, contar actos de la Jueza de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla. I. ANTECEDENTES 1. De las documentales aportadas al sumario se tiene acreditado que ante el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local de Zimatlán de Álvarez, se inició la carpeta de investigación ***, en contra de Fernando David Matías Hernández, por su probable participación en la comisión de delitos que atentan contra a obligación alimentaria, cometidos en agravio del menor de edad de iniciales *** 2. Paralelo a ello, *** presentó un escrito el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés ante la Jueza de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, en el cual solicitó señalara fecha para que tuviera verificativo una audiencia de imposición de providencias precautorias para la restitución de derechos de las víctimas prevista en el numeral 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales . 3. En atención a ese escrito, la juez de control responsable emitió el acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés en el cuaderno de antecedentes 316/2023. Negó dicha solicitud al estimar que la carpeta de investigación no ha sido judicializada y por ende, debe promover ante la instancia competente de garantizar el cumplimiento de obligaciones alimentarias. 4. Inconforme con esa determinación, interpuso recurso de revocación. 5. Medio de impugnación que se resolvió el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, en el cual la Jueza de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, confirmó el auto recurrido (Determinación que constituye el acto reclamado). II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 6. Mediante escrito depositado el once de septiembre de dos mil veintitrés ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, ***, en representación del menor de edad ***, promovió juicio de amparo indirecto. 7. Demanda que se turnó el mismo día de su presentación a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca y por acuerdo de veinte de septiembre siguiente se admitió a trámite; se registró con el progresivo 903/2023; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se otorgó intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia Constitucional, la que previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. III. COMPETENCIA 8. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama un acto que tiene ejecución en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO 9. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 10. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto . 11. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme reclama de la Jueza de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, lo siguiente: ? La resolución de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés dictada en el cuaderno de antecedentes 316/2023, en la cual niega a la quejosa señalar fecha para solicitar la imposición de providencias precautorias para la restitución de derechos de las víctimas prevista en el numeral 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales. V. CERTEZA DE LA DETERMINACIÓN RECLAMADA 12. Es cierto el acto reclamado a la Jueza de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, porque así lo reconoció en su informe justificado, lo cual es suficiente e idóneo para tener por demostrada la existencia de la determinación controvertida. 13. En el caso es aplicable la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que expone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." 14. Lo que se corroboró con el disco versátil digital certificado que contiene diversas documentales que obran en el cuaderno de antecedentes 316/2023, remitido en apoyo a su informe de ley, medio de prueba que adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. 15. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL... VI. LEGITIMACIÓN 16. ***, se encuentra legitimada para promover en representación del menor de edad ***, el presente juicio de amparo en términos de lo establecido por el numeral 6 de la Ley de Amparo, ya que en el presente asunto está probado que es la promovente de la controversia de origen; y, la determinación en estudio impacta en la esfera normativa del menor de edad, al negarle la oportunidad que en audiencia se debata sobre la imposición de providencias precautorias para la restitución de derechos de las víctimas prevista en el numeral 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que esa situación la legitima para ejercer la acción de amparo. VII. ESTUDIO DEL ASUNTO 17. En principio es dable precisar que en todos los casos donde estén involucrados derechos o intereses de menores de edad, tal como acontece en el supuesto que ahora se examina, los órganos jurisdiccionales que conocen del juicio constitucional están obligados a velar por su interés superior. 18. Sin que para ello se atienda a la naturaleza de los derechos cuestionados ni el carácter del promovente, ya que lo trascendente es la minoría de edad, de modo que ante el riesgo de que en un juicio de amparo puedan resultar afectados directa o indirectamente los intereses o el bienestar físico y mental de un menor de edad o incapaz, procede aplicar la institución de la suplencia de la queja a efecto de salvaguardar su interés. 19. Lo anterior, con independencia de la materia sobre la que verse el asunto, ya que no existen limitantes para la intervención oficiosa de los Tribunales que conocen del amparo. 20. Lo anterior tiene su sustento en la Jurisprudencia 1a./J.191/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 167, correspondiente al mes de mayo de 2006, Tomo XXIII, Materia Civil, registro 175053, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE... 21. Ahora, resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, al no existir dispositivo legal alguno que imponga esa obligación, máxime que a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad los mismos habrán de ser analizados al momento de estudiar la constitucionalidad de los actos reclamados . 22. Como se precisó, la parte quejosa se duele de la determinación de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés adoptada por la Jueza de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, en el cuaderno de antecedentes 316/2023, en la cual confirma la determinación recurrida en recurso de revocación y niega nuevamente el señalar fecha para solicitar la imposición de providencias precautorias para la restitución de derechos de las víctimas prevista en el numeral 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 23. Los argumentos torales de la jueza responsable son los siguientes: La carpeta de investigación de origen no ha sido judicializada y por ende, aun no se determina si los hechos materia de la misma constituyen o no la comisión de un delito. Debe promover ante la instancia competente para garantizar el cumplimiento de obligaciones alimentarias. 24. Los motivos de disenso expuesto por la quejosa refieren lo siguiente: ? Es incorrecto que sea un requisito la judicialización de la carpeta de investigación para poder emitir medidas precautorias previstas en el numeral 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ? La autoridad responsable al resolver de plano, se priva el derecho de audiencia para exponer argumentos sobre la pertinencia de las providencias precautorias solicitadas y la oportunidad de allegar medios de prueba que las justifiquen. 25. Se consideran fundados los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, en términos que dispone el artículo 79, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. 26. Se explica. 27. Las providencias precautorias están previstas en los artículos 16 y 20, apartado C, fracción VI , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tienen una función de prevenir y garantizar que los daños a las víctimas u ofendidos del delito sean reparados debidamente por parte del imputado. 28. A su vez, los dispositivos constitucionales establecen que las autoridades mexicanas están obligadas, en su respectivo ámbito de competencia, adoptar las medidas necesarias para garantizarlo. Ello supone que las autoridades ministeriales tienen la obligación de garantizar y actuar con la debida diligencia para impedir cualquier clase de violación a derechos, pues la inacción estatal en este tipo de contextos, equivaldría a una negligencia sancionable. 29. Ahora, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su Título VI, capítulo I, prevé "medidas de protección durante la investigación, formas de conducción del imputado al proceso y medidas cautelares", entre ellas las que aquí interesan providencias precautorias. 30. Las providencias precautorias se encuentran previstas en los numerales 138 y 139, los cuales son del tenor siguiente: "TÍTULO VI MEDIDAS DE PROTECCIÓN DURANTE LA INVESTIGACIÓN, FORMAS DE CONDUCCIÓN DEL IMPUTADO AL PROCESO Y MEDIDAS CAUTELARES CAPÍTULO I MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS [.] Artículo 138. Providencias precautorias para la restitución de derechos de la víctima. Para garantizar la reparación del daño, la víctima, el ofendido o el Ministerio Público, podrán solicitar al juez las siguientes providencias precautorias: I. El embargo de bienes, y II. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. El juez decretará las providencias precautorias, siempre y cuando, de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público y la víctima u ofendido, se desprenda la posible reparación del daño y la probabilidad de que el imputado será responsable de repararlo. Decretada la providencia precautoria, podrá revisarse, modificarse, sustituirse o cancelarse a petición del imputado o de terceros interesados, debiéndose escuchar a la víctima u ofendido y al Ministerio Público. Las providencias precautorias serán canceladas si el imputado garantiza o paga la reparación del daño; si fueron decretadas antes de la audiencia inicial y el Ministerio Público no las promueve, o no solicita orden de aprehensión en el término que señala este Código; si se declara fundada la solicitud de cancelación de embargo planteada por la persona en contra de la cual se decretó o de un tercero, o si se dicta sentencia absolutoria, se decreta el sobreseimiento o se absuelve de la reparación del daño. La providencia precautoria se hará efectiva a favor de la víctima u ofendido cuando la sentencia que condene a reparar el daño cause ejecutoria. El embargo se regirá en lo conducente por las reglas generales del embargo previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Artículo 139. Duración de las medidas de protección y providencias precautorias La imposición de las medidas de protección y de las providencias precautorias tendrá una duración máxima de sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días. Cuando hubiere desaparecido la causa que dio origen a la medida decretada, el imputado, su Defensor o en su caso el Ministerio Público, podrán solicitar al Juez de control que la deje sin efectos." Énfasis propio. 31. Como se aprecia, las providencias precautorias tienen su fundamento en la Constitución Federal y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, asimismo, tienen como finalidad exclusiva garantizar el derecho a la reparación del daño, ya sea mediante el embargo de bienes o la inmovilización de cuentas y valores financieros, pues con la medida se busca que la víctima quede protegida durante el procedimiento, aunque su derecho sólo será exigible en el futuro, es decir, hasta que éste culmine; en efecto, ella no tiene acceso a los bienes o valores garantizados hasta en tanto no exista una sentencia que condene por reparación de daño. 32. Ahora, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 13/2019, en la ejecutoria determinó lo siguiente: ? Al imponer una providencia precautoria la norma impone al juez el deber de motivar su justificación y lo faculta para revisar o cancelar esa providencia, siempre que la víctima haya tenido posibilidad de ser escuchada. ? Además, ella no tiene acceso a los bienes o valores garantizados hasta en tanto no exista una sentencia que condene por reparación de daño. ? La víctima queda protegida durante el juicio, aunque su derecho sólo será exigible en el futuro, es decir, hasta que éste culmine. ? La existencia de esta figura deja claro que el legislador nacional no ha sido inconsistente. Es en el artículo 138, con la figura de providencia precautoria, que busca proteger la conservación de recursos materiales para el supuesto de que se logre una sentencia condenatoria y, por tanto, se actualice un deber de reparar el daño causado. ? Es con el mecanismo ahí previsto que el legislador logra colmar el derecho que el mismo ha otorgado a la víctima en la fracción XXIV de su artículo 109 . Tal como revela el artículo 138 de este mismo ordenamiento, la providencia precautoria no está relacionada en ningún sentido con las medidas cautelares del capítulo IV del ordenamiento. Se trata de figuras que, como su nombre y topografía demuestran, incluso guardan independencia lógica. Esta es una decisión del legislador que encuentra explicación en el principio de subsidiariedad de las medidas cautelares al que ya aludíamos. Por las características que las distinguen, resulta coherente que el legislador haya decidido escindir la "providencia precautoria" del régimen de medidas cautelares. Las medidas cautelares previstas por el catálogo del artículo 155 del Código que merecen preferencia son aquellas que logran preservar la continuidad del proceso (en atención a los tres fines previstos por el artículo 153) y que afecten en menor medida los derechos humanos de quienes, por mandato constitucional, aún deben ser tratados como inocentes. En cambio, la subsistencia de la providencia precautoria -que puede consistir en embargo de bienes o inmovilización de valores financieros- nunca depende del devenir de estas circunstancias. Es decir, la integridad del monto fijado bajo la lógica de la providencia precautoria no depende de vicisitudes tales como que la persona inculpada se sustraiga y ausente del proceso, o de que su libertad suponga un riesgo para víctima, ofendidos, testigos. Esto es así, porque la providencia precautoria no busca asegurar la continuidad del proceso; tan solo pretende mantener condiciones que eventualmente permitan a la víctima hacer exigible su derecho humano a la reparación del daño. Es decir, su fin es preservar un recurso material específico, con el objetivo de que, en caso de estar justificado por una sentencia de condena, éste pueda ser incorporado con éxito al patrimonio de la víctima. 33. Con lo cual se originó la tesis 1a. XXVI/2020 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 281, registro digital 2022171, de rubro siguiente: "PROVIDENCIA PRECAUTORIA. POR SU INDEPENDENCIA LÓGICA COMO FIGURA, LA CARENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA GARANTIZAR LA REPARACIÓN DEL DAÑO NO JUSTIFICA LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES RESTRICTIVAS DE LA LIBERTAD". 34. En síntesis, el artículo 138 del citado ordenamiento regula la figura de la providencia precautoria y, específicamente, le encomienda el rol de velar por la viabilidad de la reparación del daño en favor de la víctima durante el transcurso del proceso. 35. Las providencias precautorias tienen como finalidad exclusiva garantizar el derecho a la reparación del daño, ya sea mediante el embargo de bienes o la inmovilización de cuentas y valores financieros. 36. Dicho precepto, establece como requisitos para la emisión de una providencia precautoria los siguientes: i) Que la víctima, el ofendido o el Ministerio Público las soliciten al juez de control; y, ii) Que de los datos de prueba se desprendan que se cometió un hecho que la ley señala como delito. 37. Así, contario a lo expuesto por la jueza de control responsable en el sentido que para poder emitir providencias precautorias se debe judicializar la carpeta de origen, el código citado no restringe el momento procesal en el que se puede solicitar dicha providencia precautoria, pues los artículos 138 y 109, fracción XXIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales indican que se decretará siempre y cuando, de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público y la víctima u ofendido, se desprenda la posible reparación del daño y la probabilidad de que el imputado será responsable de repararlo; asimismo, colma el derecho otorgado a la víctima que puede solicitarlo durante el procedimiento. 38. Así, solo serán canceladas si el imputado garantiza o paga la reparación del daño; si fueron decretadas antes de la audiencia inicial y el Ministerio Público no las promueve, o no solicita orden de aprehensión en el término que señala el referido Código, si se declara fundada la solicitud de cancelación de embargo planteada por la persona contra la cual se decretó o de un tercero, o si se dicta sentencia absolutoria, se decreta el sobreseimiento o se absuelve de la reparación del daño. 39. Por ende, para decretar una providencia precautoria a un sujeto determinado el umbral probatorio que debe ser acreditado es bajo; porque el punto a seguir en la solicitud de embargo de bienes, inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero, es que de los datos de prueba expuestos en audiencia por la fiscalía, la víctima o el ofendido, tienen que establecer la existencia de un hecho que la ley penal señala como delito y la posibilidad de determinar la reparación del daño, así como la probabilidad de que el imputado será responsable de repararlo, en atención a que lo cometió o participó en su comisión. 40. Así, sin prejuzgar sobre la procedencia de las medidas precautorias solicitadas por la aquí parte quejosa, la jueza responsable estaba obligada a señalar fecha para la audiencia respectiva; escuchar en forma la solicitud a plantear; y, en su caso, valorar los datos de prueba que allegue la parte solicitante para demostrar su pretensión. 41. En otras palabras, para solicitar las providencias, la fiscalía, la víctima u ofendido no tienen la imperante necesidad de probar la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable; por tanto, con las pruebas que se expongan al solicitarla no deben ser exactamente las que servirán para imputarlo y tampoco deben ser las exactamente recabadas en la etapa de investigación; máxime que dicha medida puede solicitarse en cualquier momento. 42. Finalmente, cabe precisar que la jueza responsable parte de una premisa equivocada. En efecto, ***, en representación del menor de edad ***, en su escrito inicial de petición narró brevemente antecedentes del origen de la carpeta de investigación *** tramitada ante el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local de Zimatlán de Álvarez, iniciada en contra de Fernando David Matías Hernández, por su probable participación en la comisión de delitos que atentan contra la obligación alimentaria, cometidos en agravio del referido menor de edad. 43. Seguidamente, solicitó audiencia para demostrar la pertinencia de medidas precautorias previstas en el numeral 138 del código aludido, el cual tiene como objetivo de velar por la viabilidad de la reparación del daño en favor de la víctima (menor de edad) durante el transcurso del proceso; lo cual, evidentemente es una situación totalmente diferente al pago de alimentos que indicó como impedimento para negarle la audiencia de escucha respectiva. 44. En efecto, en la audiencia de referencia no se debatirá sobre el pago de alimentos derivados del juicio familiar de origen, lo cual debe hacerse valer ante el juez familiar competente; sin embargo, es viable que se escuche a la parte promovente para otorgar la oportunidad de demostrar si es viable la imposición de medidas precautorias como embargo de bienes o la inmovilización de cuentas y valores financieros, con el único objetivo de garantizar la reparación del daño de la víctima, en atención a la probable comisión de un delito en la carpeta de investigación 22012/FFVCE/ZIMATLÁN/2023 tramitada ante el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local de Zimatlán de Álvarez. VIII. DECISIÓN 45. En conclusión, se estima que la resolución en estudio que niega el señalar fecha para escuchar a la aquí parte quejosa, con el objetivo exponer argumentos y ofrecer datos de prueba para demostrar la pertinencia de providencias precautorias previstas en el numeral 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales, vulnera derechos fundamentales; por ende, se estima conceder la protección constitucional. IX. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO 46. Así, al resultar ilegal la resolución combatida, procede conceder el amparo y protección constitucional a ***, en representación del menor de edad ***, para que una vez que cause ejecutoria la sentencia y se requiera su cumplimiento a la juez responsable, realice lo siguiente: 1. Dicte un acuerdo en el que expresamente deje insubsistente la resolución pronunciada el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés en el cuaderno de antecedente 316/2023. 2. Deberá citar a las partes para celebrar audiencia en la que escuchará la solicitud de la parte quejosa y con libertad de jurisdicción resuelva sobre la petición de providencia precautoria previstas en el numeral 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 47. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a ***, en representación del menor de edad D.J.M.A., contra el acto que reclamó de la Jueza de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, en términos de lo expuesto en el considerando VII de esta sentencia. Los efectos de la concesión son los precisados en el diverso apartado IX. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. ... NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese la misiva señalada en la cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, en atención al requerimiento realizando en auto inicial, se tiene al agente del ministerio público adscrito a la Fiscalía Local de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, remitiendo copia certificada del acta de nacimiento del menor de edad de iniciales ********************. que obra en la carpeta de investigación ******************** de su índice. En consecuencia, se toma nota de lo anterior y se tiene a la autoridad de mérito cumpliendo con solicitado. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado de cuenta y téngase a la juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca, ofreciendo como medio de convicción, un disco versátil digital [DVD] que anexa; con lo anterior, dese vista a las partes. Notifíquese.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano