Carmen Lopez Mejia

Expediente 728/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
728/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
30/08/2019

Partes del expediente

  • Carmen Lopez Mejia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el proveído de ocho de agosto de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el amparo solicitado por la parte quejosa; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, así como, en términos de la fracción III, párrafo cuarto de la sección relativa a los "Expedientes que Corresponde Clasificar como Depurables o Destruibles por los Juzgados de Distrito de Conformidad con el Punto Vigésimo Primero" del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo, y se decretó de plano la suspensión de los actos que reclamó la parte quejosa, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, por lo que se deberán conservar las actuaciones relativas a la concesión de dicha medida cautelar, ya que ésta tiene efectos definitivos; sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los presentes expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 08 DE agosto DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, ocho de agosto de dos mil diecinueve. Intégrese a los autos el oficio signado por la Jueza Calificadora adscrita a la Sindicatura del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, por medio del cual, en cumplimiento al auto de cinco de agosto pasado, remite copia certificada del acta de audiencia 205536/CSU/3, así como de las constancias del libro de gobierno en el cual se registra la entrada y salida de remitidos que son puestos a disposición del Juzgado Calificador. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la citada autoridad responsable ofreciendo como pruebas de su parte, las documentales que anexa al oficio de mérito, mismas que se desahogan dada su propia y especial naturaleza. En tales condiciones, con base en las constancias de mérito y visto el estado que guarda el expediente en que se actúa, esta autoridad Federal decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, al advertir de oficio que en la especie se actualiza una causal de improcedencia notoria y manifiesta. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que la quejosa Carmen López Mejía, reclamó de las autoridades señaladas como responsables, la privación ilegal de su libertad y sus efectos. Ahora bien, de las documentales que anexó la jueza calificadora responsable a su oficio de cuenta, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que a las veintiuna horas con veinticinco minutos del treinta y uno de julio del año en curso, dicha autoridad decretó la inmediata libertad de la peticionaria de amparo, lo que aconteció materialmente en la fecha y hora indicadas. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En tales condiciones, como ya se adelantó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo. 61- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Atento a lo anterior, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la privación ilegal de la libertad de la aquí quejosa; ya que la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla a las quince horas con treinta y siete minutos del treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, y la demandante constitucional obtuvo su libertad personal a las veintiuna horas con veinticinco minutos de ese mismo día, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda; de ahí que han quedado destruidos todos los efectos del acto combatido en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de su existencia, como si se hubiera otorgado el amparo. Ello es así, en virtud que si la pretensión de la quejosa, era obtener su libertad personal, entonces, en el presente caso, se le ha restituido en el goce del derecho que estimó transgredido, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, por lo que se concluye que han cesado los efectos del mismo, razón por la que se actualiza la causal de improcedencia invocada. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Igualmente, ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J.9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo, se cita la jurisprudencia III.2o. CJ/22, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio, de conformidad con el diverso normativo 63, fracción V, del mismo ordenamiento. Cabe indicar que la causal de improcedencia invocada de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo, aun celebrando la audiencia constitucional, tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se reproduce: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; así como, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, comuníquese la presente determinación a las partes..."

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de agosto de dos mil diecinueve. Intégrese a los autos el oficio signado por la Jueza Calificadora adscrita a la Sindicatura del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, por medio del cual, en cumplimiento al auto de cinco de agosto pasado, remite copia certificada del acta de audiencia 205536/CSU/3, así como de las constancias del libro de gobierno en el cual se registra la entrada y salida de remitidos que son puestos a disposición del Juzgado Calificador. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la citada autoridad responsable ofreciendo como pruebas de su parte, las documentales que anexa al oficio de mérito, mismas que se desahogan dada su propia y especial naturaleza. En tales condiciones, con base en las constancias de mérito y visto el estado que guarda el expediente en que se actúa, esta autoridad Federal decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, al advertir de oficio que en la especie se actualiza una causal de improcedencia notoria y manifiesta. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que la quejosa Carmen López Mejía, reclamó de las autoridades señaladas como responsables, la privación ilegal de su libertad y sus efectos. Ahora bien, de las documentales que anexó la jueza calificadora responsable a su oficio de cuenta, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que a las veintiuna horas con veinticinco minutos del treinta y uno de julio del año en curso, dicha autoridad decretó la inmediata libertad de la peticionaria de amparo, lo que aconteció materialmente en la fecha y hora indicadas. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En tales condiciones, como ya se adelantó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo. 61- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Atento a lo anterior, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la privación ilegal de la libertad de la aquí quejosa; ya que la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla a las quince horas con treinta y siete minutos del treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, y la demandante constitucional obtuvo su libertad personal a las veintiuna horas con veinticinco minutos de ese mismo día, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda; de ahí que han quedado destruidos todos los efectos del acto combatido en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de su existencia, como si se hubiera otorgado el amparo. Ello es así, en virtud que si la pretensión de la quejosa, era obtener su libertad personal, entonces, en el presente caso, se le ha restituido en el goce del derecho que estimó transgredido, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, por lo que se concluye que han cesado los efectos del mismo, razón por la que se actualiza la causal de improcedencia invocada. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Igualmente, ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J.9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo, se cita la jurisprudencia III.2o. CJ/22, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio, de conformidad con el diverso normativo 63, fracción V, del mismo ordenamiento. Cabe indicar que la causal de improcedencia invocada de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo, aun celebrando la audiencia constitucional, tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se reproduce: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; así como, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, comuníquese la presente determinación a las partes.

  4. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LOS PROVEÍDOS DE 01 Y 05, AMBOS DE agosto DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALAN: "San Andrés Cholula, Puebla, primero de agosto de dos mil diecinueve. Intégrese a los autos, la razón asentada por el Actuario Judicial de la adscripción, de la que se desprende la imposibilidad para notificar los oficios 624-3 y 624-4, dirigidos a las autoridades que la quejosa señaló como 3. Director de la Policía Municipal de la Comisaría Sur de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de la ciudad de Puebla y 4. Comandante de la Policía Municipal de la Comisaría Sur de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de la ciudad de Puebla, toda vez que al constituirse en las instalaciones de la Comisaría Sur, fue informado por Vianey Vargas Méndez, quien dijo ser la encargada de recibir la correspondencia que la autoridad identificada con el número 3, no existe y que la denominación de la diversa autoridad identificada con el número 4, es imprecisa pues no indica a cuál de todos los comandantes que integran esa comisaría va dirigido. En consecuencia, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, para que manifieste lo que a su interés y derecho convenga, apercibida que de no hacerlo, se tendrán por inexistentes dichas autoridades; mientras tanto, suspéndase desde este momento toda comunicación oficial con las mismas. Por otro lado, agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza Calificador adscrita al Primer Turno de la Comisaría Sur, por medio del cual informa que acata la suspensión de plano concedida a la aquí quejosa, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, refiere que a las veintiuna horas con veinticinco minutos del treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, procedió a dejar en libertad a la aquí quejosa Carmen López Mejía; sin embargo, no remite las constancias necesarias con lo que acredite su dicho. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Jueza Calificador adscrita al Primer Turno de la Comisaría Sur, para que en improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de que tenga conocimiento del presente proveído, remita a esta autoridad la constancias necesarias, de las que se advierta que la quejosa Carmen López Mejía, fue puesta en libertad. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo..." y "San Andrés Cholula, Puebla, cinco de agosto de dos mil diecinueve. Intégrese a los autos, el oficio signado por la Jueza Calificadora adscrita al Primer Turno de la Comisaría Sur del Ayuntamiento de Puebla, por medio del cual pretende dar cumplimiento al auto de uno de agosto pasado; sin embargo, no ha lugar a tener por satisfecho el requerimiento formulado, pues remite copia simple del acta de audiencia 205536/CSU/3, así como de las constancias del libro de gobierno en el cual se registra la entrada y salida de remitidos que son puestos a disposición del Juzgado Calificador, documentales que de conformidad con el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, carecen de pleno valor probatorio. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la Jueza Calificadora adscrita al Primer Turno de la Comisaría Sur del Ayuntamiento de Puebla, para que en improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de que tenga conocimiento del presente proveído, remita copias certificadas de las constancias indicadas en el párrafo precedente. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Por otro lado, agréguese a los autos la razón asentada por el Actuario Judicial de la adscripción, de la que se advierte la imposibilidad de notificar a la quejosa Carmen López Mejía, el auto uno de agosto del año en curso, toda vez que al constituirse en las instalaciones del Juzgado Calificador de la Comisaría Sur del Ayuntamiento de Puebla, fue informado por Carlos Manuel García Montiel, quien dijo ser secretario adscrito a dicho juzgado, que no tiene a persona alguna detenida o bajo su reguardo en esas oficinas. Atento a lo anterior, se ordena notificar a la parte quejosa el presente proveído, así como el diverso de uno de agosto del año en curso, en el domicilio que señaló en su escrito inicial de demanda...", respectivamente.

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