Carmen Guilbot Serros
Expediente 925/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 30 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 925/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 20/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Carmen Guilbot Serros
- CARMEN GUILBOT SERROS y Otros.
- Maria del Carmen Guilbot Serros
- Primera Sala En Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, que sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los presentes expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitieron el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, sustituido por el Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, anexos I al III y la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla anexo IV en apoyo a sus informes justificados, devuélvanseles, sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que las autoridades responsables en mención se encuentran dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de los documentos descritos. Finalmente, en términos de lo dispuesto por el referido Acuerdo, hágase saber a la parte quejosa que deberá comparecer en el término de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, a recoger las documentales que anexó a su escrito de demanda (foja 38), con el apercibimiento que de no hacerlo, serán destruidas junto con el expediente en que se actúa, sin responsabilidad alguna para el juzgado sobre su cuidado.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, que sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los presentes expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitieron el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, sustituido por el Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, anexos I al III y la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla anexo IV en apoyo a sus informes justificados, devuélvanseles, sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que las autoridades responsables en mención se encuentran dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de los documentos descritos. Finalmente, en términos de lo dispuesto por el referido Acuerdo, hágase saber a la parte quejosa que deberá comparecer en el término de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, a recoger las documentales que anexó a su escrito de demanda (foja 38), con el apercibimiento que de no hacerlo, serán destruidas junto con el expediente en que se actúa, sin responsabilidad alguna para el juzgado sobre su cuidado.
- Principal
PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por María del Carmen Guilbot Serros o Carmen Guilbot Serros o Carmen Guilbot Serros de González, por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas Armando Rosas Ángel, contra los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo y por las razones expuestas en el diverso quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el escrito signado por Armando Rosas Ángel, apoderado legal para pleitos y cobranzas de la quejosa María del Carmen Guilbot Serros, por medio del cual solicita nuevamente se emplace a los terceros interesados por edictos sin costo para la quejoso, reiterando que es una persona de ochenta y cuatro años de edad y sin recursos económicos. Atento a lo anterior, dígasele que no ha lugar a acordar favorable su petición, toda vez que la quejosa tiene la carga de pagar los edictos correspondientes y, solamente, cuando a criterio del juzgador, - el quejoso en el juicio de amparo- sea de escasos recursos, podrá ser relevado de esa carga procesal, sin soslayar que es libre arbitrio del Juez ponderar las circunstancias de la víctima en cada caso, para eximirla del pago de los edictos, como pudiera ser el que pertenezca a algún grupo vulnerable; sin embargo, en el caso no se cumple con esa circunstancia y tampoco se acreditó con pruebas fehacientes la imposibilidad económica para poder costear la publicación de los edictos. Asimismo, la sola manifestación que bajo protesta de decir verdad expresa la quejosa en su escrito de cuenta, no es suficiente para ubicarla en una situación de pobreza con base en los indicadores y lineamientos del artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social. Resulta aplicable a la anterior consideración, el siguiente criterio jurisprudencia por contradicción de tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son del tenor literal siguiente: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO Y AL PARTICULAR SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. ELEMENTOS DE PONDERACIÓN PARA DETERMINAR SI EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE ORDENARLOS SIN COSTO PARA EL QUEJOSO. El artículo 27, fracción III, incisos b) y c), de la Ley de Amparo dispone que la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles, cuando no conste en autos el domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, se hayan dictado las medidas pertinentes con el propósito de investigar el domicilio y requerido a la autoridad responsable para que lo proporcione; asimismo, que cuando se trata de personas de escasos recursos a "juicio" del órgano jurisdiccional, se ordenará la publicación correspondiente sin costo para el quejoso. Con base en lo anterior, el órgano jurisdiccional debe emitir una resolución fundada y motivada respecto de las razones que lo llevaron a determinar la situación de pobreza en que se encuentra el quejoso que lo identifica como "de escasos recursos". Para ello, resulta útil el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, el cual establece que para la definición, identificación y medición de la pobreza, deben considerarse los nueve indicadores siguientes: 1. Ingreso corriente per cápita; 2. Rezago educativo promedio en el hogar; 3. Acceso a los servicios de salud; 4. Acceso a la seguridad social; 5. Calidad y espacios de la vivienda; 6. Acceso a los servicios básicos en la vivienda; 7. Acceso a la alimentación; 8. Grado de cohesión social; y, 9. Grado de accesibilidad a carretera pavimentada; y, bajo ese marco legal, el dieciséis de junio de dos mil diez en el Diario Oficial de la Federación se dictaron los lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza, en los que de forma explícita se establece la forma de identificación de este sector de la población. Así, será necesario identificar a las personas o grupos de personas en situación de pobreza, bajo uno de los criterios enunciados o en una combinación de ambos, pues para concluir quiénes son personas de escasos recursos debemos partir de la premisa de que deben gozar de una serie de derechos humanos indispensables para la dignidad humana que tienen que estar incorporados en el marco normativo de la sociedad, que constituyen derechos sociales irrenunciables e insubstituibles por lo que la pobreza es la negación no sólo de un derecho en particular o de una categoría de derechos, sino de los derechos humanos en su totalidad. Esto es así, en la medida que la pobreza está vinculada directamente con la limitación de opciones de vida de los individuos e identifica las múltiples privaciones o condiciones de ésta que limitan a su vez las libertades individuales y colectivas. En consecuencia, con base en a) las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad exprese el quejoso en su demanda de amparo; b) las constancias que tenga a su alcance; y, c) las pruebas que en su caso aporte el quejoso para evidenciar su situación de pobreza, el órgano jurisdiccional tendrá que decidir si cuenta con indicios suficientes que le permitan ubicarlo en una situación de pobreza con base en los indicadores y lineamientos aludidos. En tal sentido, dígasele a la quejosa que se esté a lo acordado en autos de veintiocho de febrero (fojas 325 a 329) y trece de marzo (foja 341), ambos de dos mil diecinueve, por los que se ordenó la publicación de edictos y se determinó que no era posible ordenar los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, pues el suscrito Juez no puede revocar sus propias determinaciones, y de su propio escrito se advierte que no obstante de ser una persona de la tercera edad, ha tenido litigios, tanto en el país como en los Estados Unidos de Norteamérica por un lapso de catorce años, por lo que se entiende que si tiene recursos económicos, y por el contrario no se aportó prueba fehaciente alguna que desvirtúe esa presunción.
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