Carmen Jimenez Duran

Expediente 1784/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1784/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Carmen Jimenez Duran

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Acuerdo de promoción Téngase por recibido el oficio de cuenta presentado por el secretario del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera región, por medio del cual remite el testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja 844/2023 de su índice, en el que resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es FUNDADO el recurso queja." En consecuencia, se toma conocimiento de dicha circunstancia para los efectos legales conducentes, háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico que para registro se lleva en este Juzgado Federal. Acúsese recibo, vía interconexión al tribunal en comento. Previo al análisis de lo resuelto por el Tribunal Colegiado oficiante y visto del estado procesal que guardan los autos, se determina que el presente asunto difiere de la comisión otorgada a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito, ambos del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. Incompetencia. Por lo que, este Juzgado Federal carece de competencia legal para tramitar y resolver en este juicio. Para justificar esa determinación, debe precisarse que la competencia constituye una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal y, por ende, es una cuestión de orden público, cuyo estudio es preferente a cualquier otra relacionada con la materia del juicio constitucional, dado que representa la suma de facultades otorgadas por ley a un juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios. De ese modo, la competencia es un presupuesto de validez del proceso cuya infracción por los órganos jurisdiccionales al resolver un asunto -sin tener competencia para ello- se traduce en una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo en perjuicio de las partes, al afectárseles directamente sus derechos sustantivos vinculados con la debida impartición de justicia, al ser inválido lo resuelto por el juez incompetente. De manera particular, debe señalarse que este Juzgado de Distrito, por su naturaleza jurídica, cuenta con una competencia mixta, la cual es especial, dado que esta le es asignada por los órganos competentes del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente para resolver asuntos de determinada materia y así lograr el objetivo de su creación, consistente en beneficiar al justiciable mediante la impartición de justicia pronta y expedita, conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de concentrar el conocimiento de asuntos de relevancia en el entorno jurídico mexicano. Precisiones sobre la competencia. La tramitación de los amparos indirectos en los que se reclamen los puntos precisados en los Acuerdos Generales 2/2017, 4/2017 (que abrogó el 5/2015), 4/2019, 9/2019, 2/2020, 13/2021, 19/2021, 9/2023 y 18/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Circular SECNO/29/2021 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal y la Circular SECNO/4/2023 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en que se dotó a estos juzgados regionales auxiliares de competencia cualitativa para conocer del trámite, resolución y cumplimiento de las sentencias de los juicios de amparo en los que se señalen como actos reclamados, entre otros ordenamientos, los siguientes: La Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete; la Ley de Hidrocarburos; el Acuerdo que establece el precio máximo de la gasolina, y el Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel, previsto en el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos en mención. La inconstitucionalidad de diversas disposiciones fiscales, relativas a la denominada contabilidad electrónica. La discusión, aprobación, expedición y publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; El Decreto de reformas a esas disposiciones contenido en el Diario Oficial de la Federación del doce de abril de dos mil diecinueve; El Presupuesto de Egresos de la Federación en la parte respectiva a remuneraciones de los servidores públicos; y, Los manuales, circulares y diversas disposiciones normativas que regulen las remuneraciones y prestaciones en general de los Servidores Públicos de la Federación; El Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, así como disposiciones normativas, actos u omisiones relacionados con el referido programa o asignación de recursos a estancias infantiles o sus beneficiarios; Diversas disposiciones relacionadas con la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, o bien que en esa materia se encuentren contenidas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en la Ley de Seguridad Nacional, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Fiscal de la Federación y en el Código Penal Federal; así como aquellas disposiciones relacionadas con el esquema de Austeridad Republicana, incluyendo la Ley Federal de Austeridad Republicana, y las reformas y adiciones en esa materia a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno; y Acuerdos de Carácter General por los que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial en los ejercicios fiscales 2020 (dos mil veinte) y 2021 (dos mil veintiuno) en la Ciudad de México, así como lo relativo al cálculo regulado en el artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México; o cualquier otra disposición relacionado con estos. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, respecto de los artículos relacionados con la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública de nueve de septiembre de dos mil veintidós, Disposiciones generales relativas al pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2023 en la Ciudad de México, o cualquier norma general relacionada con el pago del impuesto mencionado, por parte de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. Una vez establecida la competencia con la que cuenta este órgano jurisdiccional se procede a analizar el acto que en esta vía combate la parte quejosa y, por el cual se declina competencia. Lo relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que se reclame de autoridades del Fondo de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, la omisión de dar contestación a peticiones relacionadas con la práctica de una auditoría selectiva al citado fondo y requerimientos diversos derivados de ello, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de septiembre de dos mil veintitrés. Una vez establecida la competencia con la que cuenta este órgano jurisdiccional, se procede a analizar el acto que en esta vía combate la parte quejosa y, por el cual se declina competencia. Así, la parte quejosa en su escrito inicial de demanda señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Ahora, cabe precisar que de las documentales que acompañó el promovente a su demanda, se advierte entre otras las siguientes: Oficio 100-278 de fecha 23 de Diciembre de 2019, emitido por el Secretario de Hacienda y Crédito Público; Recibos de nómina expedidos al peticionario de amparo, correspondientes a los ejercicios fiscales 2017 y 2018, donde se advierte el pago del estímulo a personal de mandos superiores y medio; Recibos de nómina expedidos a su favor, correspondientes a los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, donde se advierte el pago de utilidades al quejoso; Recibos de pago expedidos a su favor, correspondientes a los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019 y 2020, donde se advierte el pago de la prima vacacional; Recibos de nómina expedidos del promovente, correspondientes a los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019 y 2020, donde se advierte el pago de aguinaldo; y, Copia del Manual de Políticas y Procedimientos para a la aplicación de sueldos y prestaciones M-PA-ASP-02/21, relativo exclusivamente a la administración, cálculo y entrega de utilidades a los trabadores del Banco Nacional de Ejército, Fuerza Aérea y Armada, SNC. Al respecto, no ha lugar conocer de la demanda de amparo, por las razones que a continuación se expondrán. Análisis cualitativo del asunto para su conocimiento. La suscrita estima que el presente asunto difiere de la competencia otorgada a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, misma que se circunscribe a los amparos indirectos en los que se reclamen las normas indicadas en los Acuerdos Generales y Circulares citadas en párrafos que anteceden. En virtud de lo anterior, se considera que este órgano jurisdiccional no está facultado cualitativamente para dirimir lo relativo al: Oficio 100-278 de fecha 23 de diciembre de 2019, emitido por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, del cual se tuvo conocimiento bajo protesta de decir verdad el día siete de agosto del presente año dos mil veintitrés; y, A las prestaciones afectadas correspondientes a la negativa de pago de utilidades, al estímulo al personal de mandos superior y medios, prima vacacional y aguinaldo relativos a los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021, así como su debida actualización. Ya que la presente demanda está formulada para controvertir la negativa del pago de utilidades a la parte quejosa ordenada mediante el oficio antes citado, así como las demás reducciones económicas, mismas que no fueron afectadas con motivo de alguna de las normas respecto de las cuales este Juzgado de Distrito tenga competencia, es decir, por la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; por el Presupuesto de Egresos de la Federación en la parte respectiva a remuneraciones de los servidores públicos; por algún manual, circular, o diversa disposición normativa que regule las remuneraciones y prestaciones en general de los Servidores Públicos de la Federación. Se concluye lo anterior dado que, el Consejo de la Judicatura Federal estableció que, sin duda alguna, sólo nos corresponde conocer de los juicios de amparo en que se reclamen las disposiciones normativas relacionadas con las temáticas acotadas en los acuerdos y circulares precisadas en líneas anteriores. Apoya a lo anterior, lo expuesto por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal en cesión celebrada el cinco de septiembre de dos mil veintitrés y dada a conocer mediante el oficio SECNO/STCCNO/930/2023, donde determinó el alcance del Acuerdo General 4/2019 Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, precisando que si el acto reclamado no deriva de los ordenamientos legales siguientes: Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; Presupuesto de Egresos de la Federación en la parte respectiva a remuneraciones de los servidores públicos; y, Manuales, circulares y diversas disposiciones normativas que regulen las remuneraciones y prestaciones en general de los Servidores Públicos de la Federación. Los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, no pueden conocer de dichos actos; oficio que se tiene a la vista como hecho notorio, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), con número de registro 2017123, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." Expuesto lo anterior, es conveniente imponerse del contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto transcrito, se puede advertir que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. El concepto de competencia en sentido jurídico general se alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero de la Constitución Federal, que dispone que nadie pueda ser molestado sino en virtud de mandamiento escrito emitido por autoridad competente. Tomando en cuenta lo anterior podemos distinguir los siguientes criterios de competencia: Por materia. Por territorio. Por cuantía. Por grado. Inicial. Derivada. De los anteriores criterios, en el presente caso interesa únicamente puntualizar que lo relativo a la competencia por materia, se puede definir como la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho, esta competencia tiene la ventaja de que los Jueces de Distrito adscritos a un juzgado especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola cuestión y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encauza hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate. Al respecto, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en sus artículos 50 a 61, regula la competencia por materia de los Jueces de Distrito, estableciendo: Jueces Federales Penales; Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal; Jueces de Distrito en Materia Administrativa; Jueces de Distrito Civiles Federales; Jueces de Distrito de Amparo en Materia Civil; Jueces de Distrito Mercantiles Federales y, Jueces de Distrito en Materia de Trabajo. En ese contexto, se concluye que la competencia por materia se refiere a la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio, por la cual, debido a la creciente necesidad de conocimientos especializados, se realiza la distribución de competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. De ahí que, ante la competencia especial y restringida que tiene este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 17, 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 48 de la Ley de Amparo y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este órgano jurisdiccional SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE, para conocer y resolver el presente juicio de amparo; por tanto, SE DECLINA LA COMPETENCIA en favor de un JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO. En esas condiciones, remítase el juicio de amparo al rubro indicado y sus anexos al JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común que les presta servicio. Se solicita el acuse de recibo. Háganse las anotaciones en el libro electrónico de gobierno que se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En el entendido de que en este Juzgado Federal deberá conservarse cuaderno de antecedentes que, aunado a este proveído, contendrá la papeleta de turno original. No se agregarán la totalidad de las constancias necesarias para la formación del cuaderno, en razón de que se encuentran en el expediente electrónico que se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, habida cuenta de las políticas de disciplina, utilización y racionalización de recursos humanos y materiales que han adoptado los poderes de la Unión. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte promovente el presente proveído, en atención a la jurisprudencia P/J.12/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Marzo de mil novecientos noventa y seis, Primera Parte, Sección Primera, página 55, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE". Notifíquese y Cúmplase.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México · 11,192 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano