Carmen Araceli Monroy Salguero
Expediente 1427/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1427/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/02/2022
Partes del expediente
- Carmen Araceli Monroy Salguero
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Declaración de estado Visto el estado procesal de autos y la primer certificación de cuenta, se advierte que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído de catorce de enero de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Fundamento: artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo vigente; y, 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Archivo del asunto, valoración del expediente y anotación en el Libro Electrónico. Toda vez, que no existe nada pendiente por acordar ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO CONCLUIDO. Por otra parte, se valora que el que el expediente en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por tanto, colóquese el sello de fecha de archivo y destino final en la carátula, asimismo, háganse las anotaciones en el libro electrónico que para registro lleva este juzgado de distrito. Fundamento: Artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario; Artículo Vigésimo Primero, inciso b), del Acuerdo General de diecisiete de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 956/2019, promovido por *******************, por propio derecho, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Presentación. Por escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve (foja 4), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, Jorge Edgar Salazar Benítez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos que se precisarán en esta sentencia. SEGUNDO. Turno y radicación en este juzgado de Distrito. Por razón de turno, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitió los autos a este órgano jurisdiccional, en donde por auto de cuatro de junio de dos mil diecinueve, radicó la demanda con el número de expediente 956/2019; y se determinó desechar de plano por notoriamente improcedente. Inconforme con la determinación de este juzgado federal, la parte quejosa interpuso recurso de queja contra dicho auto, el cual se dio trámite en proveído de diecinueve de junio de dos mil diecinueve (foja 61). TERCERO. Turno y radicación del recurso de queja por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región. De las constancias se advierte que, en proveído de veintisiete de junio del dos mil diecinueve (foja 72), fue radicado dicho medio de impugnación por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, registrado con el número de recurso de queja 824/2019, de su índice. CUARTO. Recepción de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región. De igual manera, en auto de veintisiete de septiembre de ese mismo año (foja 86), se tuvo por recibido el testimonio de la resolución dictada por dicho tribunal relativa al citado medio de impugnación, el cual fue declarado fundado y se requirió a la parte quejosa para el efecto de que manifestara si es su deseo señalar como autoridad responsable a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, conforme a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo. En ese sentido, mediante proveído de quince de octubre de dos mil diecinueve (foja 93), se tuvo por desahogado dicho requerimiento por la parte quejosa, se tuvo por señalada como autoridad responsable a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, se ordenó admitir a trámite la demanda de amparo, se ordenó la apertura del incidente de suspensión, asimismo se requirió el informe justificado a las autoridades responsables, de igual manera se dio la intervención ministerial de la adscripción a este juzgado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el numeral Primero del Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que se reclaman, entre otros actos, la discusión, aprobación, expedición y publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Decreto de reformas a esas disposiciones contenido en el Diario Oficial de la Federación del 12 de abril de 2019, el Presupuesto de Egresos de la Federación en la parte respectiva a remuneraciones de los servidores públicos, así como manuales, circulares y diversas disposiciones normativas que regulen las remuneraciones y prestaciones en general de los Servidores Públicos de la Federación, por parte de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. SEGUNDO. Criterios aplicables. Los criterios que se invocarán en esta sentencia son aplicables aún y cuando se refieran a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. La discusión, aprobación y promulgación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho. Los artículos 12 y 16 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por el que se aprueba el presupuesto anual interno con base al presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2019. La implementación de políticas, normas y procedimientos internos que se obtengan con base al presupuesto de egresos de la federación que disminuyan las remuneraciones y prestaciones laborales. La inminente aplicación de los actos reclamados. Cabe señalar que, las normas generales se reclamaron, según se apreció en la demanda, como parte de un sistema normativo complejo que regula las remuneraciones de los servidores públicos federales. Es aplicable a la precisión de actos antes realizada, la jurisprudencia 2a./J. 55/98, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." CUARTO. Actos inexistentes. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, Junta de Gobierno, Presidente, Director General de Programación, Presupuesto y Recurso Materiales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que se hicieron consistir en la inminente aplicación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019; lo anterior, dado que así lo refirieron las mencionadas autoridades al momento de emitir su respectivo informe con justificación; además, la parte quejosa no exhibió prueba alguna para acreditar la existencia de tales actos y correspondía a ella la carga de la prueba al tratarse de actos positivos, en términos de lo dispuesto por el artículo 81 del código supletorio que prescribe que quien afirma debe probar su dicho. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 1/93, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS DE CARACTER POSITIVO. LOS VICIOS DE CARACTER NEGATIVO QUE SE ATRIBUYAN NO RELEVAN AL QUEJOSO DE LA OBLIGACION DE DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE TALES ACTOS." Por tanto, ante la falta de evidencia probatoria atribuible a la parte quejosa, procede sobreseer al respecto en términos del artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia. QUINTO. Actos ciertos. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables Junta de Gobierno, Presidente, Director General de Programación, Presupuesto y Recursos Materiales, así como el Director General de Organización y Recursos Humanos, todos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, consistentes en implementar las políticas, normas y procedimientos de administración de sueldos, toda vez que así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Por otro lado, son ciertos los actos legislativos reclamados a las autoridades responsables Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión y Presidente de la República [4], que se hicieron consistir, en el respectivo ámbito de sus atribuciones, en: La discusión, aprobación y promulgación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho. Es importante mencionar que, el tener o no como ciertas las conductas atribuidas a las autoridades legislativas o administrativas no depende únicamente de lo manifestado en los informes justificados rendidos por las autoridades responsables o en las omisiones en que éstas hayan incurrido, ya que corresponde al juzgador pronunciarse al respecto y cerciorarse de su existencia, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba y el artículo 88 del código supletorio. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.65/2000 de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." SEXTO. Improcedencia del juicio de amparo. El artículo 62 de la Ley de Amparo, impone la obligación de analizar oficiosamente las causas de improcedencia en el juicio por ser una cuestión de orden público y preferente al análisis del fondo del asunto. En razón de ello, se procede al estudio de las causas de improcedencia que, de oficio, se advierten actualizadas en este juicio de amparo. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 158, de rubro: "IMPROCEDENCIA." Así como la jurisprudencia 228, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS." I. Artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo (no se acredita el interés legítimo e interés jurídico) El juicio de amparo es improcedente en relación con los actos reclamados, dado que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el contenido del artículo 107, fracción I, contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con los diversos 5, fracción I, 6 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que señalan: Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. (.). Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.). Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.). Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) De la interpretación sistemática de las porciones normativas transcritas, se advierte en lo que aquí interesa, que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De modo que el peticionario del amparo está obligado a demostrar la existencia de un acto concreto y que le cause un perjuicio o agravio a sus derechos o intereses, a efecto de evidenciar que se encuentra legitimado para promover el juicio de amparo, en la inteligencia de que tal perjuicio o agravio debe ser personal, directo y actual. Al respecto, el artículo 107 constitucional que establece los principios rectores del juicio de amparo, pondera la existencia del agravio personal y directo, definido como: "todo menoscabo, toda ofensa a la persona, física o moral, que puede o no ser patrimonial, siempre que sea material, apreciable objetivamente. En otras palabras: la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. El concepto de interés jurídico está estrechamente ligado al de agravio, pues si un acto de autoridad no lo causa, no es posible que exista aquél para ejercer válidamente la acción constitucional en su contra. De los preceptos antes transcritos, se tiene que la acción de amparo puede promoverse cuando se aduzca ser titular de un derecho, o bien cuando se afirme tener un interés legítimo individual o colectivo; empero, es importante resaltar que, en todo caso, al acudir al juicio de amparo el solicitante del amparo debe situarse en alguna de las hipótesis jurídicas, esto es, como afectado de manera directa en un derecho jurídicamente tutelado (interés jurídico), o aduciendo contar con un interés legítimo individual o colectivo en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En el caso, tratándose de actos que provienen de la expedición de normas que tilda de inconstitucional, la regla es que el quejoso debe acreditar el interés jurídico, es decir, demostrar que es titular de un derecho jurídicamente protegido. Es aplicable al caso, la tesis II.2o.C.92 K, de rubro es: "INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE." Además, como lo prevé el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el interés "simple" en ningún caso podrá invocarse como interés jurídico, de modo que es necesario que tal interés descanse en un derecho derivado de la ley, que faculte a exigir del gobernante determinada conducta, positiva o negativa, y como consecuencia lógica, el correlativo deber de cumplirla. En ese sentido, hay "interés jurídico", cuando se cuenta con un derecho derivado de alguna disposición legal, que legitime a exigir de la autoridad determinada conducta. Asimismo, el interés jurídico en el juicio de amparo debe acreditarse fehacientemente. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS." Resulta ilustrativa en la parte que aquí interesa la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." De lo anterior, se advierte que el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo implica la existencia de dos presupuestos: a) La titularidad de un derecho subjetivo, y b) Que ese derecho subjetivo sea desconocido o conculcado por un acto de autoridad. Luego, el interés jurídico existe cuando una norma jurídica específica ya sea constitucional, legal o contractual, confiere un derecho determinado a un individuo, quien además, por esa normativa, tiene la protección, frente a cualquier persona o autoridad del derecho conferido. Cabe precisar que el interés jurídico para la promoción del juicio de amparo debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.16/94, cuyo rubro es: "INTERÉS JURÍDICO. AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." Respecto al tema, el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el amparo se sigue a instancia de parte agraviada, y se entiende como tal quien "aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", mientras que la Ley de Amparo, abunda sobre esta definición. Su artículo 5, fracción I, en la parte que interesa, define como quejoso a quien "aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo", cuando alegue que el acto reclamado viola derechos humanos y ello produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, es válido afirmar que la noción de perjuicio, para efectos del juicio de amparo, supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, cuya transgresión por una autoridad o por alguna ley es factor determinante para que su titular ocurra ante el órgano de control de la constitucionalidad a demandar el cese de esa violación. Esa prerrogativa protegida por el ordenamiento legal objetivo, es el interés jurídico que la ley de la materia exige para la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia XXVII.1o. (VII Región) J/4 (10a), de rubro: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011." De ahí que el interés jurídico de quien promueve la acción de amparo, sólo se surte en la medida en que se demuestre que el acto reclamado afecta su esfera jurídica, entendiéndose por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones legalmente salvaguardados. Por tanto, la demostración del perjuicio que el quejoso dice le causa el Decreto reclamado constituye un requisito de procedibilidad para el estudio de su constitucionalidad, pues para la procedencia de la acción constitucional, se requiere que el acto combatido incida en la esfera jurídica del solicitante de la protección de la Justicia de la Unión. En el caso concreto, el solicitante de la protección constitucional refiere que con motivo de la discusión, aprobación y promulgación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, así como de los artículos 12 y 16 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por el que se aprueba el presupuesto anual interno con base al presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2019, la implementación de políticas, normas y procedimientos internos que se obtengan con base al presupuesto de egresos de la federación que disminuyan las remuneraciones y prestaciones laborales y su inminente aplicación, se le causa una afectación a su esfera de derechos. . En efecto, para que una afectación sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, es necesario acredite encontrarse en el supuesto de la norma combatida, por lo que se debe exhibir documentales que produzcan la convicción en primer lugar que es trabajador de la autoridad responsable (Comisión Nacional Bancaria y de Valores), esto es, que de manera temporal, o permanente desempeñe una función, empleo, cargo o comisión en tal dependencia y por consiguiente que es sujeto del presupuesto anual interno con base al presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2019, así como de la implementación de políticas, normas y procedimientos internos que se obtengan con base al presupuesto de egresos de la federación que disminuyan las remuneraciones y prestaciones laborales; lo cual no aconteció, en virtud que no ofreció prueba alguna para acreditar que se ubica en los supuestos de la norma que combate, es decir, acreditar que es sujeto de la norma. Por todo lo anterior, debe decirse que no basta que el solicitante de amparo manifieste encontrarse en la hipótesis de la norma reclamada, sino se requiere la demostración fehaciente de la existencia de derecho preexistente que pueda defender en la presente vía, es decir, demostrar tener un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante para impugnar las normas señaladas como actos reclamados. Así para considerar que el ordenamiento legal impugnado impacta en la esfera de derechos de la parte quejosa, ésta debió probar, como mínimo, ser trabajador del (Comisión Nacional Bancaria y de Valores), y del sello de recepción de la demanda no se advierte que se haya presentado con anexos. En suma, no demostró la afectación a su interés jurídico. Con base en lo anterior, es claro que la parte quejosa no tiene interés, siquiera legítimo, para reclamar las normas combatidas, por lo que el presente juicio de amparo resulta improcedente, ya que la parte quejosa no demostró tener interés para combatirla, al no ser parte del grupo de individuos a quienes puedan afectar las normas impugnadas. En este orden de ideas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que no se acreditó la afectación a un interés jurídico ni legítimo, por lo que procede sobreseer en el juicio, conforme al artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Es aplicable la jurisprudencia VI.1o. J/23, con número de registro 226555, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." En razón de ello, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73 a 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio promovido por Jorge Edgar Salazar Benítez. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México · 11,192 expedientes
- Carlos Ugalde Contreras405/2022
- Carlos Vasquez Orea1687/2022
- Carlos Vázquez López784/2019
- Carmen Abrams Contreras1716/2022
- Carmen Adriana Macedo Aviña1883/2023
- Carmen Alicia Sánchez Zamudio y Otros.132/2021
- Carmen Beatriz Flores Cortez280/2019
- Carmen Guadalupe Valdes Martinez5207/2022
- Carmen Janet Garcia Gonzalez1969/2023
- Carmen Janeth Espinoza Carrillo1360/2014
- Carmen Jimenez Duran1784/2023
- Carmen Maria de los Dolores Torillo Medrano3965/2022