Carmen Guiliana Carlos Gómez
Expediente 928/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 928/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Carmen Guiliana Carlos Gómez
Actuaciones
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término que refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído de diez de junio de dos mil veintidós, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; sin que haya interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. Consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en relación con el artículo 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; el estado que guardan los presentes autos, se desprende que mediante proveído de veintiocho de abril del año actual, se tuvo al Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, remitiendo copia certificada del proveído de veintiuno de abril del año en curso, con relación a la comparecencia para la firma de recibos a favor de la parte actora Beatriz Méndez Santana -aquí quejosa-, celebrada en la controversia laboral 431/2004 y del que se obtuvo que tuvo por materializada la reinstalación de la promovente, quedando pendiente el pago de las quincenas correspondientes del uno de enero de dos mil diecinueve a la primera quincena de septiembre de dos mil veintiuno. Por tanto, se ordenó remitir el oficio 15451/2022 dirigido a la autoridad vinculada Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, a través del cual, se le otorgó el término de tres días para efecto de que remitiera copia certificada de la respuesta obtenida por el Director de Planeación de esa entidad pública, respecto del oficio SS/UAF/DRH/SSC/DGPN/0845/04/2022, o en su caso, las gestiones posteriores relacionadas con el pago de las quincenas correspondientes del uno de enero de dos mil diecinueve a la primera quincena de septiembre de dos mil veintiuno; sin que lo hubiera hecho, no obstante de encontrase debidamente notificada, por así advertirse de la constancia de notificación relativa, toda vez que la referida misiva fue recepcionada el cuatro de mayo último, por tanto, el término otorgado para tal efecto, transcurrió del cinco al nueve de mayo citado. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de la Materia, requiérase de nueva cuenta y POR ÚLTIMA OCASIÓN a las autoridades responsable y vinculada, para que SIN DILACIÓN dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente en que sean notificados del presente proveído realicen lo siguiente: A la doctora Silvia G. Roldan Fernández, Secretaria de Salud del Estado de Tabasco: Remita copia certificada de la respuesta obtenida por el Director de Planeación de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, respecto del oficio SS/UAF/DRH/SSC/DGPN/0845/04/2022, o en su caso, las gestiones posteriores relacionadas con el pago de las quincenas correspondientes del uno de enero de dos mil diecinueve a la primera quincena de septiembre de dos mil veintiuno. Al maestro Narciso Contreras Hernández, Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco: Remita copia certificada de las actuaciones subsecuentes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dictado en los autos del expediente laboral 431/2004 de su índice. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá a cada una multa por la cantidad de $9,620.00 (nueve mil seiscientos veinte pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a doscientos valores diarios de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el artículo 26, apartado B, último párrafo de la Constitución Federal, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Por lo cual deberá atenderse a las siguientes disposiciones de la Ley de Amparo: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.". "Artículo 193 . Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo .." "Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal." "Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este Capítulo." "Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta Ley será de cien a mil días." Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Tomo I, febrero de 2016, página 832, cuyo rubro y texto son: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." De igual forma se apercibe a la doctora Silvia G. Roldan Fernández, Secretaria de Salud del Estado de Tabasco y al maestro Narciso Contreras Hernández, Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco que en caso de persistir con el desacato a la determinación judicial dictada en el presente expediente en el plazo de tres días decretado con anterioridad, serán denunciados ante el Ministerio Público de la Federación por el delito establecido en el artículo 267, fracción I de la ley de la materia, el cual se transcribe a continuación: Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir; Lo anterior con independencia de que se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Décimo Circuito, en Turno, para los efectos previstos en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pudiendo concluir con su inmediata separación del cargo. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de veinte de abril de dos mil veintidós, respecto del cumplimiento que el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, rindió en relación a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el presente expediente. En ese tenor, a fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, resulta conveniente previamente precisar lo siguiente: Por resolución de catorce de mayo de dos mil diecinueve, se determinó en su primer punto resolutivo conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos 1. Gerardo de Jesús Carbajal Moyado, 2. Javier Ramírez Meneses y 3. Jorge Velázquez Cruz. En el caso, destaca que el fallo protector se otorgó para que el tribunal responsable, realizara lo siguiente: "Realizar con la mayor celeridad posible, atendiendo en lo dispuesto en el segundo párrafo del precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los trámites conducentes y hacer uso de todos los instrumentos jurídicos a su alcance para procurar la pronta, expedita y completa ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 67/2004 y acumulado de su índice, adoptando para ello las medidas necesarias y eficaces en la forma y términos que a su juicio sean procedentes para conseguir su cumplimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco". El siete de junio de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia de mérito; en consecuencia, se requirió a la autoridad señalada como responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para que diera cumplimiento al fallo protector en el plazo de tres días. En proveído de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, se tuvo al Tribunal responsable haciendo del conocimiento de este juzgado, que requirió al Ayuntamiento demandado, a fin de que informara las gestiones que se encontraba realizando a efecto de hacer efectivo el pago por la cantidad de $1,379,428.47 (UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 47/100 M.N.), a favor del quejoso Gerardo de Jesús Carbajal Moyado, $1,406,865.73 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N.), a favor del quejoso Javier Ramírez Meneses y $3,031,273.46 (TRES MILLONES TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N.), a favor del quejoso Jorge Velázquez Cruz. Después, en proveído de quince de julio de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el convenio de PAGO TOTAL por cumplimentación de laudo de once de julio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral de origen 67/2004 y sus acumulados, del índice del Tribunal responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, del que se desprende que el aludido Ayuntamiento demandado, entregó un cheque por la cantidad de un millón cuatrocientos mil ochenta y dos pesos 31/100 M.N ($1,400,082.31) a favor del quejoso Gerardo de Jesús Carbajal Moyado, dándose éste por pagado de todas y cada una de las prestaciones y por concluida la relación de trabajo que lo unía con el citado Ayuntamiento, agregando el citado impetrante que había recibido a cambio de su reinstalación una indemnización de manera extrajudicial. Por lo que, el tribunal responsable ordenó el archivo definitivo como asunto concluido, por lo respecta al citado quejoso. Posteriormente, por lo que respecta a la reinstalación de los quejosos Javier Ramírez Meneses y Jorge Velázquez Cruz a sus lugares de trabajo, mediante oficio TCYA/AMP/9814/2019, presentado en este juzgado de Distrito el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable remitió la determinación de once de noviembre de dos mil diecinueve, mediante el cual el Tribunal responsable tuvo al Ayuntamiento demandado dando cumplimiento a la reinstalación de los citados quejosos, en los términos y condiciones establecidos en el laudo, lo que se corrobora con los oficios DAJ/063/2016 y DAJ/064/2016, así como los diversos 238/2016 y 239/2016 a los que se anexan los recibos de nómina que amparan la reinstalación de los aludidos quejosos con efectos a partir del once de febrero de dos mil dieciséis. Aunado a lo anterior, dicha reinstalación queda de manifiesto con la diligencia de once de febrero de dos mil dieciséis, en la que se tiene el fedatario adscrito al tribunal responsable, manifestando que los quejosos Javier Ramírez Meneses y Jorge Velázquez Cruz, quedaron debida y legalmente reinstalados en los términos y condiciones en que se desempeñaban. Luego, mediante oficio TCYA/AMP/9816/2019, recibido en este juzgado el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, el Magistrado Presidente del Tribunal responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, remitió copia certificada de la comparecencia del PAGO PARCIAL por cumplimentación de laudo de siete de noviembre de dos mil diecinueve, remitida en el expediente laboral 67/2004 y sus acumulados, de la que se desprende que la parte demandada Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, entregó diversos cheques a Javier Ramírez Meneses y Jorge Velázquez Cruz, al primero de los citados por la cantidad de $500,000.02 (quinientos mil pesos 02/100 M.N.), y al segundo por $500,000.60 (quinientos mil pesos 60/100 M.N.). Posteriormente, en proveído de veinticinco de febrero de dos mi veinte, se tuvo por recibido el oficio TCYA/AMP/1637/2020, remitido por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con el cual anexó copia certificada del proveído de diez de febrero de dos mil veinte, emitido en el expediente laboral 67/2004 y acumulados, de su índice, del que se desprende que dicho Tribunal aprobó convenio de PAGO PARCIAL, en el que el Ayuntamiento demandado exhibió título de crédito a favor de Javier Ramírez Meneses, por la cantidad de $437,333.06 (cuatrocientos treinta y siete mil trecientos treinta y tres pesos 06/100 moneda nacional) menos la cantidad de $24,326.23 (veinticuatro mil trecientos veintiséis 23/100 moneda nacional) dando como total la cantidad liquida de $413,006.83 (cuatrocientos trece mil seis pesos 83/100 moneda nacional), y título de crédito a favor de Jorge Velázquez Cruz, por la cantidad de $1,238,573.93 (un millón doscientos treinta y ocho quinientos setenta y tres pesos 93/100 moneda nacional) menos la cantidad de $140,856.62 (ciento cuarenta mil ochocientos cincuenta y seis pesos 62/100 moneda nacional), dando la cantidad liquida de $1,097,717.31 (un millón noventa y siete mil setecientos diecisiete pesos 31/100 moneda nacional). Así, en proveído de veintidós de septiembre de dos mi veinte, se tuvo por recibido el oficio TCYA/AMP/2976/2020, remitido por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con el cual anexó copia certificada del proveído de nueve de marzo de dos mil veinte, emitido en el expediente laboral 67/2004 y acumulados, de su índice, del que se desprende que dicho Tribunal aprobó convenio de PAGO TOTAL, en el que el Ayuntamiento demandado exhibió título de crédito a favor de Javier Ramírez Meneses, por la cantidad de $437,333.06 (cuatrocientos treinta y siete mil trecientos treinta y tres pesos 06/100 moneda nacional) menos la cantidad de $24,326.23 (veinticuatro mil trecientos veintiséis 23/100 moneda nacional) dando como total la cantidad liquida de $413,006.83 (cuatrocientos trece mil seis pesos 83/100 moneda nacional), y título de crédito a favor de Jorge Velázquez Cruz, por la cantidad de $1,238,573.93 (un millón doscientos treinta y ocho quinientos setenta y tres pesos 93/100 moneda nacional) menos la cantidad de $140,856.62 (ciento cuarenta mil ochocientos cincuenta y seis pesos 62/100 moneda nacional), dando la cantidad liquida de $1,097,717.31 (un millón noventa y siete mil setecientos diecisiete pesos 31/100 moneda nacional), por lo que se ordenó el archivo definitivo del expediente de origen, por lo que respecta a los citados quejosos. En razón de lo anterior, se dio vista y corrió traslado a las partes con las citadas constancias remitidas por la responsable y el veintiuno de octubre de dos mil veinte, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Inconformes con dicha determinación, mediante auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, los quejosos Jorge Velázquez y Javier Ramírez Meneses, interpusieron recurso de inconformidad en contra del citado proveído de veintiuno de octubre de dos mil veinte, al cual le correspondió conocer por razón de turno al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, radicándolo bajo el expediente 02/2021. Después, el siete de junio de dos mil veintiuno, el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, remitió el testimonio de ejecutoria emitido en la inconformidad 2/2021, de su índice, en la que determinó declarar procedente y fundado el citado recurso de inconformidad, para que el tribunal responsable y el ayuntamiento vinculado al cumplimiento, realizaran lo siguiente: "Haya cubierto las aportaciones de los quejosos JAVIER RAMIREZ MENESES y JORGE VELAZQUEZ CRUZ, ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Con motivo de la reinstalación de los citados quejosos, éstos hayan sido afiliados al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Todo lo anterior, en relación a la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 67/2004 y su acumulado, del índice de la responsable." En ese contexto, en ese mismo proveído en cumplimiento a la ejecutoria de colegiado, se requirió al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad y al Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco, para que dentro del término de tres días hábiles, dieran cumplimiento al fallo protector, bajo los lineamientos de lo resuelto por el Tribunal de Alzada. Luego, en proveído de veintidós de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio y anexos de cuenta signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remitió copia certificada del convenio de pago total por cumplimentación de laudo de catorce de febrero de dos mil veintidós, celebrado por los quejosos Jorge Velázquez Cruz y Javier Ramírez Meneces, con el Ayuntamiento de Comalcalco, Tabasco, dentro del expediente laboral 67/2004 y acumulados. Asimismo, de dicha documental se advirtió que el Ayuntamiento demandado cubrió las aportaciones adeudadas a los quejosos ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por el tribunal de alzada. Posteriormente, el veinticinco de abril del presente año, se tuvo a la Apoderada legal del Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco, manifestando haber dado cabal cumplimiento al fallo protector, ya que había realizado lo relativo a la afiliación de los quejosos Javier Ramírez Meneses y Jorge Velázquez Cruz, al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, esto en razón de su reinstalación. De igual forma, en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio signado por Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, en el cual la citada autoridad informó que los citados quejosos Javier Ramírez Meneses y Jorge Velázquez Cruz, ya habían sido afiliados al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, por lo que, ordenó el archivo definitivo del citado expediente laboral de origen; asimismo, remitió diversas constancias inherentes al acto reclamado, deducidas del expediente laboral 67/2004 y acumulados, con las que acreditaba dicha circunstancia. Constancias a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, se dio vista y corrió traslado a las partes con las citadas constancias, así como con las recibidas en auto de veinticinco de abril del año en curso, con las cuales el tribunal responsable y el ayuntamiento vinculado, estimaron haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniere, sin que las partes se hayan pronunciado al respecto, no obstante haber sido legalmente notificadas para ello. En las relatadas condiciones, la suscrita juzgadora federal estima que la autoridad responsable HA DADO CUMPLIMIENTO a la sentencia dictada en el presente asunto, toda vez que en catorce de febrero del año en curso, se realizó el pago total del convenio por cumplimentación de laudo, celebrado por los quejosos Jorge Velázquez Cruz y Javier Ramírez Meneces, con el Ayuntamiento de Comalcalco, Tabasco, dentro del expediente laboral 67/2004 y acumulados; asimismo, de dicha documental se advirtió que el Ayuntamiento demandado cubrió las aportaciones adeudadas a los quejosos ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, por lo que ordenó el archivo definitivo del citado expediente laboral. De la misma manera, mediante oficio 0617/2022 de diecinueve de abril del año en curso, el Ayuntamiento demandado afilió a los quejosos Jorge Velázquez Cruz y Javier Ramírez Meneces al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con motivo de su reinstalación, lo cual fue corroborado por el tribunal responsable con las constancias que remitió en auto de treinta y uno de mayo del presente año, dando total cumplimiento ambas autoridades a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, en base a los lineamientos señalados por el Tribunal de Alzada. Los cuales constituyeron los puntos primordiales del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, ha quedado cumplida sin exceso ni defecto. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el precepto 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, signado por el Titular del Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco (IFORTAB), mediante el cual, en atención al requerimiento efectuado por auto de dos de los actuales, informa lo siguiente: Que el ocho de abril de dos mil veintidós, realizó al quejoso un pago por la cantidad de $427,595.33 (cuatrocientos veintisiete mil quinientos noventa y cinco pesos 33/100 moneda nacional), correspondiente a los pagos parciales de los meses de enero, febrero, marzo y abril; suma que fue cobrada por el amparista el veintitrés de mayo de la presente anualidad. Que el dos de junio de dos mil veintidós, ordenó remitir el oficio IFORTAB/DG/DA/0162/2022, dirigido al Director de Política Presupuestal de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, a través del cual, le solicitó los recursos correspondientes a la tercer mensualidad del laudo 527/2018, por un importe de $121,873.00 (ciento veintiún mil ochocientos setenta y tres pesos 00/100 moneda nacional), para efecto de dar cumplimiento al pago parcial relativo a la tercera mensualidad de junio de dos mil veintidós; lo que se corrobora con el acuse en original que anexa a su escrito de cuenta. Al respecto, como lo solicita, devuélvase el documento original que anexa, previo cotejo que del mismo se haga, dejando constancia de entrega en autos. En la inteligencia que previo a ello, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que, el promovente o cualquiera de las personas autorizadas para ello, deberán comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que haya generado su cita, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se hará la entrega del citado documento. Ahora, hágase del conocimiento que de conformidad con el artículo primero del Acuerdo General 9/2022, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA EL SIMILAR 21/2020, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, EN RELACIÓN CON EL PERIODO DE VIGENCIA y anexo 1, el horario presencial de este juzgado durante la contingencia sanitaria es de ocho horas con treinta minutos a dieciséis horas con treinta minutos. Sin embargo, la atención al público de manera presencial según "Agenda OJ", es hasta las quince horas. Ahora, de autos se advierte que en proveído de tres de los actuales se reservó proveer en relación a lo peticionado por el quejoso. Al respecto, como lo solicita el impetrante, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco para que, dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de las constancias que acrediten la contestación o trámite que le haya dado al oficio CGAJ/216/2022, de dieciséis de mayo de dos mil veintidós. De igual forma, requiérase al Gobernador del Estado de Tabasco para que, dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de las constancias que acrediten las acciones que ha realizado para impulsar y verificar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, a través de la precitada dependencia, particularmente respecto de la ministración de los recursos económicos relacionados en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, en lo concerniente al rubro de "Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones", del Instituto de Formación para el Trabajo (IFORTAB), para que éste se encuentre en condiciones de realizar: El pago de la cantidad de $2'700,182.46 (dos millones setecientos mil ciento ochenta y dos pesos 46/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, determinado en la sentencia definitiva de treinta de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el juicio ordinario civil de reparación de daños y perjuicios 527/2018, del índice del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco; El pago de la suma de $725,045.61 (setecientos veinticinco mil cuarenta y cinco pesos 61/100 moneda nacional), por concepto de gastos y costas, cuantificado en la sentencia interlocutoria de veintiuno de septiembre de dos mil veinte; y, El pago del importe de $913,850.00 (novecientos trece mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de actualización de perjuicios, fijado en la sentencia interlocutoria de ocho de marzo de dos mil veintiuno. Apercibidos que, de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se les aplicará, a cada uno, multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00. (nueve mil seiscientos veintidós pesos), la que se deduce de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año, al tenor de la parte conducente de los artículos 192, 193, 195, 197 y 258 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 19, Décima Época, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Notifíquese.
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