Carmen Guiliana Carlos Gómez

Expediente 1113/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1113/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
07/09/2022

Partes del expediente

  • Carmen Guiliana Carlos Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación secretarial, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que Carmen Giuliana Carlos Gómez, hubiera recurrido la sentencia dictada el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el artículo 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración toda vez que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia, de igual forma, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTO para resolver los autos del juicio de amparo 1113/2022-9, promovido por **************, a través de **************, contra actos del Directora o Encargada de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, del Instituto Nacional de Migración y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 14 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el trece de junio de dos mil veintidós, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el cual contiene evidencia criptográfica, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común y turnado el mismo día al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco, Carmen Giuliana Carlos Gómez, a través de Gabriela González Pinacho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y las autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 La privación de la libertad, aseguramiento, alojamiento o detención. 2 La orden de deportación 3 El traslado de la quejosa de una entidad a otra. 4 La privación del derecho de solicitar refugio en México. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Directora o Encargada de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, del Instituto Nacional de Migración. 2 Instituto Nacional de Migración, con residencia en Villahermosa, Tabasco 3 Director y/o Subdirector de Control y Verificación Migratoria, de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco. 4 INM Delegación Regional y Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco SEGUNDO. RADICACIÓN, SUSPENSIÓN DE PLANO Y PREVENCIÓN DE RATIFICACIÓN DEDEMANDA. En acuerdo de trece de junio de dos mil veintidós, el juzgado de mérito radicó la demanda de amparo con el expediente 968/2022-VI-11 y concedió la suspensión de plano a la quejosa, previniéndosele para que ratificara la misma, lo cual hizo ante el actuario judicial de dicho órgano jurisdiccional en la diligencia de esa misma fecha y en la diversa de quince siguiente. Por auto de quince de junio de dos mil veintidós, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco, entre otras cosas, tuvo a Gabriela González Pinacho, en favor de Carmen Giuliana Carlos Gómez, interponiendo recurso de queja en contra del auto de trece de junio del presente año, en el que concedió la suspensión de plano de los actos reclamados. Mediante sesión extraordinaria virtual de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, en el recurso de queja 182/2022, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, declaró parcialmente fundado el recurso de queja y modificó el auto recurrido, por lo que el juzgado mencionado, dio cumplimiento en proveído de veinticuatro e junio de dos mil veintidós. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de catorce de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la aludida demanda; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. DECLINACIÓN DE COMPETENCIA. En proveído de siete de julio de dos mil veintidós, el juez de referencia declinó la competencia del aludido juicio de amparo, el cual fue turnado a este órgano jurisdiccional el ocho siguiente. QUINTO. ACEPTACIÓN DE LA COMPETENCIA Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de once de julio de dos mil veintidós, esta juzgadora aceptó la competencia declinada y admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 1113/2022-9; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que precede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque los actos reclamados tienen ejecución dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 y sus reformas. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La privación de la libertad, aseguramiento, alojamiento o detención. La orden de deportación. El traslado del quejoso de una entidad a otra. La privación del derecho de solicitar refugio en México. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados, por así desprenderse de las copias certificadas del expediente administrativo migratorio de la quejosa Carmen Giuliana Carlos Gómez, que adjuntó al informe justificado la Representante Local, encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tabasco. Documentos que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 130, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que jurídicamente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese tenor, la suscrita advierte que en el presente caso han cesado los efectos de los actos precisados en el considerando que antecede; por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En efecto, el aludido ordinal dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes de su nacimiento; o también, cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior es así, porque de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se obtiene que, en proveído de veintisiete de junio de dos mil veintidós, decretó la salida de Carmen Giuliana Carlos Gómez, aquí quejosa, de la Estación Migratoria en cuestión. Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa -trece de junio de dos mil veintidós-, indudablemente existían los actos reclamados de mérito. Sin embargo, a la data del presente fallo, sus efectos ya habían cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de once de julio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo; se RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ********z, en contra de los actos y autoridades precisados en el resultando primero, por las razones expuestas en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco, al cual adjunta el diverso oficio recibido vía correo institucional, enviado por la Representante Local, encargada de la Jefatura del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, autoridad señalada como responsable, mediante el cual rinde su informe justificado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante la copia certificada de las constancias que anexó, de la que se hará relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Ahora, en relación a los números telefónicos y correos electrónicos que proporciona, este juzgado toma conocimiento, como forma para establecer comunicaciones no procesales, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco, a través del cual remite el original del juicio de amparo 968/2022-VI-11, de su índice, promovido por Gabriela González Pinacho, en favor de Carmen Giuliana Carlos Gómez, quien solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la Directora o Encargada de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco y otras autoridades, que estima violatorios de los artículos 14 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1113/2022-9. Lo anterior, toda vez que el citado órgano jurisdiccional remitió los autos del juicio de amparo a este juzgado, con la finalidad de aprovechar el conocimiento previo de conformidad con lo establecido en el artículo 46, fracción XIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones en Relación con las Atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el Sistema de Recepción, Registro y Turno de Asuntos; y las Consultas de Turno, dado que este Juzgado tiene el último juicio registrado en el sistema, en virtud de que guarda relación con el amparo 928/2022-4, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por Gabriela González Pinacho, en favor de Carmen Giuliana Carlos Gómez. En consecuencia, con apoyo en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, específicamente en su numeral 46 Quater, en sus fracciones I y II, este Juzgado acepta el returno y se avoca al conocimiento del presente asunto. Acúsese recibo al estilo correspondiente y con apoyo en la fracción I del artículo 26 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la promovente la presente determinación. SOLICITUD DE COMPENSACIÓN En mérito de lo anterior, hágase del conocimiento a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, a efecto de que proceda realizar la compensación relativa en el SISE-OCC (Sistema Integral de Seguimiento de Expediente de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito). TRAMITACIÓN Por otra parte, toda vez que en el juicio de amparo 968/2022-VI-11, fue admitida la demanda que nos ocupa, y en virtud que este órgano jurisdiccional aceptó el conocimiento previo planteado; se convalidan todas y cada una de las actuaciones del juez declinante consecuentemente y prosígase con la tramitación del presente asunto. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTO En virtud de que aún no se cuenta con el informe justificado de las autoridades señaladas como responsables, pídase informe justificado a las autoridades responsables al que deberán anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias de las que derivan los actos reclamados, las que deberán estar debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se solicita, apercibidas que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, en términos de la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); lo que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós. Hágase del conocimiento a las autoridades señaladas como responsables, que si bien se les otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a las autoridades que en cuanto tengan la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, de inmediato lo hagan saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán rendir el informe que se les solicita con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. Se le hace saber a las autoridades responsables que el plazo de quince días para que rindan o actúen en el juicio de amparo, no debe descontarse los días que conforme a su normativa hayan sido declarados inhábiles, aun cuando sean periodos vacacionales, cuando no estén previstos en la legislación de amparo aplicable. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2024510, publicada en la página 12, Tomo I, de Abril de 2022, Libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "PLAZOS PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES JURISDICCIONALES ACTÚEN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. EN SU CÓMPUTO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS QUE CONFORME A SU NORMATIVA HAYAN SIDO DECLARADOS INHÁBILES, CUANDO NO ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN DE AMPARO APLICABLE". PROMOCIONES VÍA CORREO INSTITUCIONAL Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, y atendiendo a lo estipulado en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo oficial de este juzgado 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, para que por la vía antes citada, rindan informes, presenten promociones o acusen recibo de los oficios entregados, lo anterior en lo que concluye la contingencia. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a las autoridades responsables que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se les impondrá una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos); lo que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. En el entendido que de negarse a recibir los oficios de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que se deduce en los mismos términos de lo decretado con anterioridad. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Por otra parte, con fundamento en los numerales 9, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. INTERVENCIÓN DE LAS DEMÁS PARTES Con copia de la demanda, dése la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. PRUEBAS. Respecto a las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, no se realiza mayor pronunciamiento, al haberse convalidado las actuaciones realizadas por el homólogo federal. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2 del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de las autoridades responsables, a quienes se les comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jonathan Solís Vázquez, y conforme al segundo párrafo del citado numeral al resto de las personas que menciona, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado Para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Ahora, en relación al correo electrónico y número telefónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento de los mismos, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, toda vez que carecen de eficacia jurídica para los efectos de citas y notificaciones. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Ahora bien, en lo que respecta a la solicitud de consulta del presente expediente en el portal http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx al: usuario "ggg.pinacho" Se autoriza el acceso electrónico de este expediente a la cuenta mencionada ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como su notificación, esto, de conformidad con lo establecido en los artículos 26,fracción IV, 30, fracción II, 31 fracciones II y III, de la Ley de Amparo, y los ordinales 36 y 57 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo. Instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este Juzgado para que proceda a realizar los trámites necesarios a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS A LA PARTE QUEJOSA Por otra parte, el promovente solicita expresamente que las notificaciones sean de manera electrónica, al respecto, se acuerda favorable su petición por lo que se comisiona al Actuario de la adscripción para que todas las notificaciones a la parte quejosa se hagan de manera electrónica, al usuario citado con antelación, el cual, previa verificación, se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Ahora, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se apertura el incidente de suspensión, toda vez que respecto de los actos reclamados el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco, efectuó el pronunciamiento respectivo en la suspensión de oficio y de plano decretada en el proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintidós. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS En ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. Notifíquese, electrónicamente a la parte quejosa y personalmente al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado.

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