Carmen Graciela Martínez Reyes
Expediente 385/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 385/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 21/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Carmen Graciela Martínez Reyes y Otros.
- T. F. C. M.
- Carmen Graciela Martínez Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Acuerdo causa estado. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la quejosa (única afectada), haya recurrido el auto dictado por este Juzgado el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), se determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción II, (expedientes de juicios de amparo en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Téngase a la Secretaria, haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de junio de dos mil veintitrés. Se apersona tercero interesado. Visto el escrito de ***********************, en atención a su contenido, téngasele apersonándose al presente juicio de amparo, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, así como por autorizados con todas las facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***********************, ***********************, ***********************, ***********************, ***********************, *********************** y ***********************, toda vez que sus cédulas profesionales se encontraron registradas en el Sistema Computarizado del Registro Nacional de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las restantes personas que señala, por así solicitarlo. Se autoriza consulta vía electrónica. Toda vez que el promovente proporciona el usuario "Nellyroz"- que se localizó como válido conforme a la certificación de cuenta-; por consiguiente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 13 y 14 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, se le autoriza únicamente la consulta vía electrónica de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo. Manifestaciones. Asimismo, se tienen por hechas las manifestaciones que realiza en su escrito de cuenta, para que obren como corresponda, toda vez que en proveído de treinta y uno de mayo del año en curso, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.Lo proveyó y firma electrónicamente Marco Antonio Vignola Conde, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien actúa con Alejandra Castillo Joachín, Secretaria que autoriza y da fe. Juez de Distrito (Firma electrónica) Marco Antonio Vignola Conde Secretaria de Juzgado (Firma electrónica) Alejandra Castillo Joachín
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito firmado electrónicamente por Edna Georgina Franco Vargas, autorizada en términos amplios de la quejosa Carmen Graciela Martínez Reyes, mediante el cual solicita se haga efectivo el apercibimiento de multa realizado en proveído de tres de mayo del actual, a la autoridad responsable Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, por no haber rendido su informe justificado. Al respecto, no ha lugar a acordar de conformidad lo que solicita, toda vez que en auto de treinta y uno de mayo del año en curso, se tuvo a dicha autoridad rindiendo su informe justificado y en el mismo se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese el oficio y anexo del Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, mediante el cual rinde informe justificado. Prueba documental. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba documental de la responsable, la que anexa consistente en copia del auto de veintitrés de mayo del año en curso, dictado en el expediente 130/2018 de su índice, la que se tiene por desahogada en este acto en razón de su propia y especial naturaleza. Cesación de efectos. Del análisis de las constancias recibidas en esta fecha se desprende la materialización del sobreseimiento en el presente juicio de amparo por las razones que a continuación se precisarán. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que conforme a lo dispuesto por la Ley de Amparo, el legislador previó la posibilidad de que durante la tramitación del juicio de amparo sobreviniera alguna causal de improcedencia de las previstas en la legislación invocada, de manera que cuando una de estas causales sea notoria y manifiesta y que no pueda ser desvirtuada mediante ningún medio probatorio, es posible decretar el sobreseimiento fuera de la fecha señalada para la audiencia constitucional, pues de no hacerlo, retardaría la impartición de la justicia. Lo anterior se desprende de la jurisprudencia por contradicción 2a. /J. 10/2003, registro 184572 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En la especie, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, que refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La cesación de efectos se actualiza cuando el acto de autoridad deja de producir sus consecuencias sin condición alguna y, por ende, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, sea porque la autoridad lo deroga o revoca, restituyendo a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado, como si se hubiera otorgado el amparo. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38, con registro 193758, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Para estimar actualizada la causa de improcedencia invocada, es indispensable que concurran los siguientes extremos: a) Un acto u omisión de autoridad que se considere lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; y, b) Que respecto del mismo, se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: 1. Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, que deje insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; 2. Una situación que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados; 3. Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. El primer requisito se encuentra acreditado, pues del estudio integral de la demanda ser advierte que la parte quejosa estima como acto lesivo a sus derechos fundamentales: La omisión de acordar su escrito de demanda incidental, presentado ante la responsable el diez de maro de dos mil veintitrés, en el juicio familiar 130/2018. Por lo que hace al segundo de los extremos necesarios para la configuración de la improcedencia que se analiza, se acredita el señalado en la hipótesis número 2, relativa a una situación que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados, materia del juicio de amparo. Lo que es así, toda vez que en proveído de veintitrés de mayo de dos mi veintitrés, dictado en el juicio familiar *****************, la autoridad responsable acordó el escrito de la quejosa *****************, en el que promueve demanda en vía incidental la modificación del régimen de convivencia entre su hija menor de edad y el aquí tercero interesado; sin embargo, la autoridad refiere que al observar discordantes las pretensiones con los hechos que indica la quejosa, en virtud de que solicita la modificación del régimen de convivencias para que se desarrollen por vídeo llamada, pero posteriormente solicita que las convivencias supervisadas sean videograbadas; asimismo, promueve modificación de guarda y custodia de su menor hija, así como la pensión alimenticia decretada por el Juez responsable, pero la pensión definitiva fue pactada entre las partes y aprobada por el Juez responsable. Ante ello, supliendo la deficiencia de la queja y tutelando el interés superior de la menor involucrada, con fundamento en el artículo 127 del Código de Procedimientos Civiles, requirió a la quejosa, para que en tres días precisara concretamente sus pretensiones y hechos, o en su caso formulara nuevo escrito incidental, apercibiéndola que de no hacerlo, será desechada de plano su solicitud y acordaría lo más favorable al interés superior de la menor. Asimismo, se precisa que en el caso, no es procedente dar vista con dicha contestación, en virtud de que la determinación de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, no es un acto de imposible reparación, dado que si bien, la autoridad no acordó de conformidad todo lo solicitado por la parte quejosa, en dicho acuerdo le dio un término para que subsane las irregularidades advertidas, haciendo la precisión de que en caso de no hacerlo así, en el momento procesal oportuno, de oficio emitirá la resolución que mayor beneficio le genere a la hija de la aquí quejosa, por tanto es evidente que dicho acto, no es de aquello considerados de imposible reparación. Sirve de apoyo a lo anterior por sus consideraciones, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2011580, Décima Época, localizable en la página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. En las relatadas condiciones, al operar la causal de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V y 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio. Sin que el hecho de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo cause agravio a la quejosa o la prive de defensa, ya que, ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causa de improcedencia, con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Ante ello, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del diecinueve de junio de dos mil veintitrés; háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que no se haya podido emplazar al tercero interesado *****************, toda vez que la presente determinación no le depara perjuicio alguno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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