Carmen Feliza Reyes Amaya

Expediente 1097/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1097/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
19/12/2022

Partes del expediente

  • Carmen Feliza Reyes Amaya

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, por la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado federal determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, por lo que es susceptible de depuración. b) Por lo que, transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. c) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno que corresponda. Téngase por hecha la certificación secretarial, relativa a que en el presente asunto no se aportaron documentos originales. Finalmente, devuélvase a la Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la ciudad de Oaxaca, las copias certificadas deducidas del juicio de nulidad 539/19-15-01-5 de su índice, que en su oportunidad remitió en apoyo a su informe justificado, solicitando el acuse de recibo respectivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    S E N T E N C I A V I S T O S, los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1097/2022, promovido por ********************, contra el acto de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, turnado en esa fecha a este órgano jurisdiccional, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Carmen Feliza Reyes Mata promovió demanda de amparo contra el acto y autoridad siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES (sic): La Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa [.] ACTO RECLAMADO: La resolución dictada en el recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de fecha once de julio de dos mil veintidós (notificado por boletín jurisdiccional con fecha veinticinco de agosto de dos mil veintidós), específicamente el considerando ter********************, apartado A, en que declaró inoperante el agravio primero en el recurso de queja que se interpuso en contra de la resolución contenida en el oficio número ********************de ******************** de noviembre de 2021. [.]" Asimismo, formuló conceptos de violación y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 14, párrafos segundo y cuarto y 123, Apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, se ordenó formar el expediente, quedando registrado con el número 1097/2022, se admitió la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable y se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien no formuló pedimento; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Cabe precisar que en auto de trece de octubre de dos mil veintidós, se tuvo a la quejosa ********************; aclarando que ese es su nombre correcto y no el de Carmen Feliza Reyes Mata como lo asentó en su escrito de demanda, anexando al efecto copia de la impresión de su clave única de registro de población (CURP); por lo que se ordenó realizar las anotaciones correspondientes en los libros de control que se llevan en este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y se le indicó a la autoridad responsable Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que debía rendir su informe justificado respecto del nombre correcto de la quejosa ********************. El veintitrés de noviembre del año en curso, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 35, párrafo primero, 37, 1********************, fracción V, de la Ley de Amparo; los diversos numerales 49 y 57, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 46/2016 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento del Juzgado Ter******************** de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de noviembre de dos mil once; y en el diverso Acuerdo General 3/2013 emitido por dicho Pleno, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los distrito y circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; aunado a que el domicilio de la autoridad responsable tiene lugar dentro de la jurisdicción de este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado y la autoridad responsable, en atención al contenido integral de la demanda de amparo, los cuales son los siguientes: A la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la resolución de once de julio de dos mil veintidós, dictada en el recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de doce de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de nulidad ********************de su índice, interpuesto por ********************, contra de la resolución contenida en el oficio número ********************de ********************, emitida por el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones, de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con la documental en copia certificada que exhibió con su informe justificado, relativa al juicio contencioso administrativo ********************de su índice, la cual merece pleno valor probatorio en términos de los artículo 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, por haber sido expedida por la referida autoridad responsable en ejercicio de sus facultades. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Análisis de las causas de improcedencia. Establecida la existencia del acto precisado en el considerando segundo, este juzgado federal no advierte de oficio, ni por manifestación expresa de las partes, la actualización de alguna causa de improcedencia del numeral 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 1******************** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo cual procede el análisis de fondo de este expediente. QUINTO. Estudio de fondo. En este punto, es pertinente señalar que es innecesario transcribir los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a lo establecido en la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, registro 164618, intitulada: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son infundados, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, así como lo considerado por la tesis 2a. XCV/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 20********************417, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo I, página 924, de contenido siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS. Conforme al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca del juicio deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el administrativo; de lo cual se deduce que si bien esta norma se refiere a determinados sujetos y a dos tipos de relaciones jurídicas específicas, como son, por un lado, las personas que cumplen con su deber social y su derecho al trabajo y, por otra, quienes las emplean, ya sea dentro de un vínculo laboral o de orden administrativo, lo cierto es que las razones que en estos supuestos inspiran la obligación del órgano de amparo para suplir la deficiencia de la queja a favor del trabajador no se agotan con motivo de la jubilación o retiro de quien había estado subordinado a un empleador, pues las causas que originaron el auxilio que la ley les brindaba durante su época laboralmente activa no sólo se mantienen, sino que incluso se agudizan, porque lo habitual es que como pensionistas sus ingresos se reduzcan y, con ello, la posibilidad de contar con asesoría legal adecuada. Así, esta Segunda Sala determina que tratándose de juicios de amparo deducidos de asuntos laborales o contencioso-administrativos, en los que se controviertan el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquiera otra prestación derivada de éstas, ya sea por los interesados o por sus beneficiarios, el órgano de amparo queda obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los demandantes de tales pretensiones, en la inteligencia de que este deber sólo tiene razón de ser cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho, pues si el juzgador no advierte que dicha suplencia lo conduzca a esta finalidad provechosa para el particular, bastará con que así lo declare sin necesidad de que haga un estudio oficioso del asunto, el cual, por carecer de un sentido práctico, sólo entorpecería la pronta solución del litigio en perjuicio de los propios justiciables." En los conceptos de violación la parte quejosa señala que: a) La responsable transgrede su derecho al debido proceso y la exacta aplicación de la ley, previsto en los párrafos segundo y cuarto del artículo 14, así como el inciso a), fracción XI, Apartado B del diverso numeral 123, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que otorga validez a la resolución emitida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado contenida en el oficio ********************de ********************. b) Le causa agravio la resolución de once de julio de dos mil veintidós, específicamente el considerando ter********************, apartado A, en el cual se declaró inoperante el agravio primero del recurso de queja que interpuso contra la resolución exhibida por el citado instituto de seguridad social, pues se transgrede lo previsto en el artículo 17, párrafo ter********************, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que establece que el sueldo básico, hasta el límite superior equivalente a diez veces el salario mínimo del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, para determinar el monto de los beneficios en los seguros de riesgos del trabajo e invalidez. Por lo que el instituto demandado, en términos de lo ordenado en la sentencia definitiva de doce de septiembre de dos mil diecinueve, estaba obligado a emitir una nueva concesión de pensión, en la que debía emitir una nueva concesión de pensión con base en el salario mínimo vigente en la fecha en que se jubiló (dieciocho de enero de dos mil dieciocho), correspondiente a ********************pesos con ********************centavos, moneda nacional. Por lo que, a su consideración, procedía aplicar una cuota diaria de ******************** pesos con ********************centavos, moneda nacional, al ser el equivalente de diez veces el salario mínimo vigente en dos mil dieciocho. Ello, toda vez que la base de la cuota diaria pensionaria, fue definida en la referida sentencia definitiva de doce de diciembre de dos mil diecinueve, en la que se asentó, después de valorar la hoja única de servicios con número de folio ********************y los comprobantes de pago exhibidos, que el salario era de ********************pesos, con ********************centavos, moneda nacional. c) En la sentencia definitiva del juicio de nulidad, específicamente en el apartado B.1, a su decir, se determinó la forma en que se debe calcular la cuota diaria de la pensión, para lo cual plasma la parte relativa a los efectos de dicha sentencia definitiva. Con lo que concluye que no se dejó plenitud de jurisdicción a la responsable para determinar la cuota diaria pensionaria. d) Agrega que, conforme al artículo Décimo transitorio, fracción I, inciso a), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los trabajadores que hubieren cotizado treinta años o más tienen derecho a su pensión por jubilación al cien por ciento del promedio del sueldo básico de su último año de servicio y su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador hubiese disfrutado el último sueldo antes de causar baja, por lo que si su salario mensual promedio del último año de servicios era de ********************pesos, con ********************centavos, moneda nacional, divididos entre treinta días, resulta una cuota diaria de pensión de ******************** pesos con ********************centavos, moneda nacional, como equivalente al salario mínimo vigente en dos mil dieciocho por diez, en términos del precepto 17, párrafo ter********************, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; sin embargo, la sala responsable calificó de inoperantes los agravios expuestos en el recurso de queja, sin considerar lo determinado en la sentencia definitiva y simplemente consideró lo determinado por la demandada en el sentido de que correspondía la cuota diaria de ********************pesos, con ********************centavos, moneda nacional. Son infundadas las expresiones de la parte quejosa precisadas en los incisos a) a d), en virtud de que contrario a lo alegado, no se estableció como tal sueldo alguno, ni cuota diaria pensionaria en la sentencia definitiva, esto es, parte de una premisa falsa que no ocurrió en el juicio natural, sino que se dejó libertad a la autoridad demandada para que efectuara las cuantificaciones correspondientes. Lo anterior se pone de manifiesto con la transcripción de lo resuelto en la sentencia definitiva de doce de septiembre de dos mil diecinueve, en el juicio de nulidad ********************del índice de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en específico en la parte en que señaló los efectos que debía acatar la autoridad demandada, que es del tenor siguiente: "(.) En el orden de las consideraciones esgrimidas en los apartados B y B.1. del considerando ter********************, que antecede; con fundamento en el artículo 52 fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se declara la nulidad de la resolución de concesión de pensión de 24 de julio (sic) 2018, para el efecto de que el Delegado Estatal (sic) Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dentro del plazo de los cuatro meses a que se refiere el segundo párrafo, de ese numeral, contado a partir de que la presente sentencia quede firme, emita otra resolución en la que tomando en consideración que la C. ********************, laboró para el servicio público ******************** años, ******************** meses y ******************** días, a partir del 16 de enero del 2018, le otorgue la cuota diaria de pensión por jubilación que en derecho le corresponde, para lo cual deberá tomar los datos que contiene la hoja única de servicios con número de folio ********************de ********************, donde deberá precisar o detallar el procedimiento que aplique para obtener dicha cuota, esto es, deberá indicar qué sueldo sobre sueldo, compensación y alguna otra prestación tomó en consideración para determinar la cuota de referencia, así como el procedimiento aritmético que aplique para tal efecto; debiendo también señalar los fundamentos legales que resulten aplicables; y proceda a liquidar, en una sola exhibición, las diferencias procedentes, las que sumadas a la cuota diaria original, por cada año no podrán exceder los diez salarios mínimos; diferencias en las que también deberá tomar en cuenta las de cada año de aguinaldo, sobre los cuarenta días, según la cuota diaria de pensión, a que se refiere el precepto 42-Bis de la ley federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; diferencias todas que deberán encontrarse debidamente actualizadas; así como incorporar a nómina de la pensionada los aumentos ya referidos. La nulidad de la resolución impugnada, que ya se declaró, no afecta en manera alguna el derecho que a partir del 16 de enero del 2018, la hoy actora tiene de recibir y seguir recibiendo la cuota diaria de pensión por jubilación de $753.87, pues se está en presencia de un derecho adquirido, derivado de la jubilación de que fue objeto, al haberse laborado ******************** años, ******************** meses y ******************** días, en el servicio público federal. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 8, 9, 49, 50, 51 fracción II y 52 fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es de resolverse y se resuelve." (.)" (foja 15 y vuelta del Tomo I de pruebas). De lo anterior se tiene que, contrario a lo expresado por la parte quejosa, la sala responsable dejó libertad de jurisdicción a la autoridad demandada para que determinara con base en los elementos obrantes en autos del juicio contencioso administrativo, como era la hoja única de servicios con número de folio ********************de ********************, que precisara o detallara el procedimiento que aplicaría para obtener la cuota diaria de pensión, por lo que debía indicar qué sueldo, sobre sueldo, compensación y alguna otra prestación consideraba para determinarla, así como el procedimiento aritmético que empleara para tal efecto. Lo anterior se refuerza y encuentra concordancia, con la fundamentación de la citada determinación en la que la referida sala responsable invocó la fracción II del artículo 51 y la diversa fracción IV del numeral 52, ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el contenido de dichos preceptos es del tenor siguiente: "Artículo 51.- Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: (.) II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso. (.)" "ARTÍCULO 52.- La sentencia definitiva podrá: (.) IV. Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, del artículo 51 de esta Ley, el Tribunal declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución; en los demás casos, cuando corresponda a la pretensión deducida, también podrá indicar los términos conforme a los cuales deberá dictar su resolución la autoridad administrativa. En los casos en que la sentencia implique una modificación a la cuantía de la resolución administrativa impugnada, la Sala Regional competente deberá precisar, el monto, el alcance y los términos de la misma para su cumplimiento. Tratándose de sanciones, cuando dicho Tribunal aprecie que la sanción es excesiva porque no se motivó adecuadamente o no se dieron los hechos agravantes de la sanción, deberá reducir el importe de la sanción apreciando libremente las circunstancias que dieron lugar a la misma. (.)" De los preceptos transcritos se observa que, acorde a las consideraciones precisadas en la nulidad decretada, son los relativos a cuando el acto administrativo adolece o carece de cuestiones de forma y no de fondo, como lo es una omisión por parte de la autoridad demandada, lo que conlleva que dicha nulidad se haya decretado únicamente "para efectos" de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución, como es el caso, en que debe realizarse la cuantificación de la cuota diaria pensionaria; no así como lo pretende la parte quejosa, de fondo, en cuanto que se fijó una cuota diaria pensionaria en la sentencia definitiva y nada más tenía que acatar lo considerado por la sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ello, aun cuando es cierto que la sala responsable señaló, en el punto B de la sentencia reclamada, que de la hoja única de percepciones exhibida por el actor se advertía que por los puestos y categorías ******************** y ******************** obtenía un total de ********************pesos con ********************centavos, moneda nacional; sin embargo, también señaló que en la resolución de concesión de pensión de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, se apreciaba que la autoridad demandada para determinar la cuota diaria pensionaria de ********************pesos con ********************centavos, moneda nacional, que le fue otorgada a la accionante, tomó en consideración el sueldo mensual de ******************** pesos ******************** centavos, moneda nacional, con un sueldo diario de ******************** pesos con ******************** centavos, que manifestó la parte actora en el juicio contencioso en el capítulo de hechos de su escrito de demanda eran los consignados en la hoja única de servicios ********************. Luego, no se trató de pronunciamiento determinante de la sala responsable, sino únicamente de los datos que advirtió de autos y que llevaron a considerar un error por parte de la autoridad demandada y que, finalmente, conllevaron la nulidad de la resolución impugnada. De manera que, indudablemente la sala responsable especificó que la nulidad decretada era para efectos y que, por tanto, aun cuando la labor de la autoridad enjuiciada era obtener la cuota diaria pensionaria, lo cierto es que tenía libertad para determinar la cantidad con la cual se efectuaría la cuantificación correspondiente a la pensión. De ahí que resulten infundados los argumentos relativos a que en la sentencia definitiva se había determinado como cierta y aplicable la cuota diaria pensionaria. En esa medida, son infundadas las demás expresiones, referentes combatir la cuota diaria pensionaria que decretó la autoridad demandada en el juicio de origen, y que fue avalado por la sala responsable Ello debido a que, como quedó expuesto, se dejó libertad de jurisdicción a la autoridad demandada en el juicio de nulidad para que considerara los conceptos aplicables, a fin de tener los elementos necesarios y efectuara las operaciones aritméticas pertinentes para lograr la cuota diaria pensionaria que correspondía a la enjuiciante. Así, para avalar la cuota diaria pensionaria considerada por la autoridad demandada, la sala responsable -partiendo de la anterior premisa- calificó de inoperante el argumento de la accionante, para lo cual dio dos razones a saber: Porque la cuota diaria que se le determinó a partir del dieciséis de enero de dos mil dieciocho, fue la cantidad de ********************pesos, con ********************centavos, moneda nacional, por lo que era incorrecto lo afirmado por la actora en el juicio natural en el recurso de queja, relativo a que se le había determinado una cuota diaria de ********************pesos con ********************centavos, moneda nacional. Porque la quejosa manifestó -en el escrito de incumplimiento que dio origen a la resolución reclamada del recurso de queja- que la autoridad responsable desacató la sentencia definitiva de doce de septiembre de dos mil diecinueve, en la que se determinó que para el cálculo de la cuota diaria de pensión, se debía considerar el salario mínimo, el cual a la fecha de jubilación de la actora era de ********************pesos con ********************centavos, moneda nacional, los que multiplicados por diez salarios mínimos daba un total de ******************** pesos con ********************centavos, moneda nacional y, por tanto, se le debía pagar un millón cuatrocientos ********************mil quinientos setenta y cuatro pesos con ********************y ocho centavos, moneda nacional; sin embargo, en la resolución contenida en el oficio ********************de ********************, del Encargado de la Subdelegación de Prestaciones, de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado -materia del recurso de queja-, se apreciaba que conforme al artículo Décimo transitorio, fracción I, inciso a), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los trabajadores que hubieren cotizado veintiocho años o más tienen derecho a su pensión por jubilación al cien por ciento del promedio del sueldo básico de su último año de servicio y su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador hubiese disfrutado el último sueldo antes de causar baja. Por lo cual analizó las tablas uno a tres, relativas a la "Hoja Única de Servicios" y al "Análisis Laboral", a fin de determinar las diferencias entre lo pagado y lo que se debió pagar, lo que llevó a lo plasmado en la tabla cuatro, denominada "Pensión que se Debió Pagar"; sin que la parte quejosa controvirtiera esos motivos y fundamentos expuestos por la autoridad enjuiciada para determinar que la cuota diaria asignada a partir del dieciséis de enero de dos mil dieciocho era de ********************pesos con ********************centavos, moneda nacional y no únicamente limitarse a señalar que su salario mínimo era de ********************pesos con ********************centavos, moneda nacional, que multiplicado por diez salario mínimos daba la cantidad de ******************** pesos con ********************centavos, moneda nacional. Lo cual se debía considerar para la cuantificación respectiva. Por lo que al no haberse controvertido el procedimiento efectuado por la autoridad demandada debía subsistir lo considerado por ésta. Al respecto, cabe destacar que en el juicio contencioso administrativo aplica el principio de estricto derecho, dado que se trata de una contienda en la que el gobernado tiene la facultad de combatir las determinaciones -actos administrativos- de las autoridades que las emiten; por lo que se encuentran en un estado de igualdad procesal, ante el cual se debe desvirtuar o controvertir lo aseverado por la contraria y si no acontece así, por regla general, debe subsistir la validez del acto. De manera que al omitir controvertir en el juicio de nulidad la parte actora la forma de obtener la cuota diaria de pensión, así como las operaciones aritméticas que llevaron a la autoridad enjuiciada a emitir la determinación demandada, fue correcto que la sala responsable la calificara de inoperante. Por ello lo infundado de los argumentos expresados por la parte quejosa. Cabe puntualizar que las jurisprudencias y tesis aisladas invocadas, a pesar de haber sido integrados antes de la Onceava Época del Semanario Judicial de la Federación, siguen siendo aplicables en términos, respectivamente, de los artículos Décimo y Décimo Primero transitorios del Decreto por el cual, entre otras disposiciones, se reforma la Ley de Amparo, publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación. En las relatadas condiciones, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo se; R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO ampara ni protege a ********************, en el juicio de amparo número 1097/2022, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos expuestos en el último considerando, ambos del presente fallo. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa y por oficio a la parte ter******************** interesada.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Adjúntese a los autos el oficio de la Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y el Secretario de Acuerdos de dicha Sala, con residencia en la Ciudad de Oaxaca, mediante el cual rinden informe justificado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con apoyo en el artículo 119 de la citada Ley, se admite como prueba documental la que anexa, misma que se tiene por desahogada en este acto, en razón de su propia naturaleza. Fórmese por separado tomo de pruebas con las copias certificadas que remite, deducidas del juicio de nulidad 539/19-15-01-5 de su índice, respetando el entresello, folio y rúbrica del mismo, el cual quedará bajo el resguardo de la mesa y a disposición de las partes para su consulta, identificándose como tomo I de pruebas; asimismo, téngase a la vista al momento de celebrar la audiencia respectiva. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el escrito de la quejosa CARMEN FELIZA REYES AMAYA; visto su contenido, téngasele aclarando que éste es su nombre correcto y no el de Carmen Feliza Reyes Mata como lo asentó en su escrito de demanda, anexando al efecto copia de la impresión de su clave única de registro de población (CURP); por tanto, lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales consiguientes. Derivado de lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en los libros de control que se llevan en este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, indíquese a la autoridad responsable Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que deberá rendir su informe justificado respecto de la quejosa CARMEN FELIZA REYES AMAYA, dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, y acompañe copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia de este juicio de amparo; tal como se le indicó en proveído de veintisiete de septiembre del año en curso; remitiéndole copia del escrito de cuenta. Apercibida que de no rendir el informe, o de no acompañar las constancias relativas, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100, moneda nacional ($9,622.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($96.22) por cien (100), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

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