Carmen Elizabeth Cortez Cantú

Expediente 239/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
239/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
13/09/2019

Partes del expediente

  • Carmen Elizabeth Cortez Cantú
  • Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Se advierte que no se interpuso recurso de revisión contra la resolución de veintisiete de agosto pasado, en la que se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, y que el término de diez días para la interposición de dicho recurso, transcurrió para la parte quejosa, que es a la que en todo caso le perjudica, sin haberlo interpuesto; en consecuencia, se declara que ha causado estado, archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Cúmplase.

  3. Principal

    Cúmplase.

  4. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, rinde informe justificado en representación de dicha junta y ofrece como prueba las documentales que anexa a su informe. Por tanto, con fundamento en el precepto 119 de la ley de la materia, téngase a la autoridad mencionada ofreciendo como prueba de su intención la documental que anexa a su informe consistente en copia certificada de las constancias relativas al expediente laboral 328/7/2017 de su índice, promovido por Carmen Elizabeth Cortez Cantú, en contra de Organismo Público Descentralizado "Servicios de Salud de Tamaulipas", como responsable de la Jurisdicción Sanitaria V, en esta ciudad. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, del escrito de demanda de amparo signado por la quejosa Carmen Elizabeth Cortez Cantú, se advierte que reclama a la autoridad responsable Organismo Público Descentralizado "Servicios de Salud de Tamaulipas", como responsable de la Jurisdicción Sanitaria V, en esta ciudad, lo siguiente (foja 3): "IV.- ACTO RECLAMADO.- La omisión de elaborar proyecto de laudo y laudo correspondiente, por parte de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado." En ese tenor, del análisis íntegro practicado al escrito de demanda e informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como a las copias certificadas que exhibe adjuntas a su informe con justificación la responsable Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, las que constituyen documento público por haber sido emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, a las que se les da valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se concluye que la parte quejosa reclama: La omisión de dictar el laudo correspondiente dentro del expediente laboral 328/7/2017 del índice de la autoridad responsable. Ello atendiendo a lo que realmente quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra la congruencia entre lo peticionado y lo resuelto. Ahora bien, este órgano jurisdiccional advierte que respecto al acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en la omisión de dictar el laudo correspondiente dentro del expediente laboral 328/7/2017 de su índice, en el presente sumario se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a la cual el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, por las razones que a continuación se exponen. El citado numeral textualmente establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Para demostrar lo anterior, se estima necesario invocar las constancias allegadas en fotocopia certificada por la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente, anexas a su informe justificado, especialmente, la copia certificada del laudo emitido por la junta responsable dentro del expediente laboral número 328/7/2017 de su índice. De las constancias mencionadas se colige que el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, la junta responsable dictó el laudo dentro del expediente laboral número 328/7/2017; circunstancia que hace evidente que la conducta reclamada, ha cesado en sus efectos. Al respecto, también debe tomarse en consideración que la demanda de derechos fundamentales fue presentada el siete de agosto de dos mil diecinueve, esto es, con antelación a que la autoridad responsable dictara el laudo correspondiente dentro del expediente laboral número 328/7/2017, lo cual aconteció, como ya se dijo, el veintiuno de agosto del año en curso, lo que lleva a concluir que la conducta que en un principio se reclamó ha dejado de existir. De ahí que, resulta incuestionable que cesaron los efectos de la omisión reclamada, restituyéndose a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental que estimó vulnerado, toda vez que constituye una situación idéntica a la que habría existido si la conducta reclamada no se hubiese planteado en el mundo fáctico. Por ende, es que se arriba a la conclusión de que han cesado los efectos de la conducta materia del reclamo, en tanto que dicha causal de improcedencia obedece a que desaparecieron los motivos que concreta y específicamente originaron el juicio de amparo; de ahí que la cesación de los efectos deba ser inmediata, total y no sujeta a condición alguna, a fin de que la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, resulte ociosa por no existir ya el acto, la materia o los efectos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, junio de 1999, tomo IX, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ante tales consideraciones y con apoyo en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, respecto al acto que reclama la quejosa Carmen Elizabeth Cortez Cantú de la autoridad responsable Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en la omisión de dictar el laudo correspondiente dentro del expediente laboral 328/7/2017 de su índice. No obsta para arribar a la anterior conclusión, el hecho de que el informe justificado rendido por la autoridad responsable, no haya estado a la vista de las partes por el plazo de ocho días que dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que en el caso, se advierte una causal de sobreseimiento de manera notoria, manifiesta e indudable, la cual con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, de ahí que a nada práctico conduciría diferir la audiencia a fin de respetar dicha vista, pues de cualquier manera el resultado sería el mismo. Apoya a lo antes dicho, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, marzo de 2003, tomo XVII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta y dos minutos del nueve de septiembre de dos mil diecinueve (foja 6). Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno relativo, para los efectos legales conducentes. Finalmente, en virtud del sobreseimiento aquí decretado, no ha lugar a hacer pronunciamiento alguno en relación al emplazamiento de la persona moral tercera interesada que se reservó en acuerdo de ocho de agosto del año en curso (fojas 6 a 9). Lo anterior encuentra sustento en lo esencial y por identidad de razón, en la tesis publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página 575 y registro 211430, cuyo texto es: "EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE CUANDO SE SOBRESEE EN EL JUICIO. La finalidad perseguida por el artículo 91, en su fracción IV, de la Ley de Amparo, de reponer el procedimiento al advertirse que en forma indebida no fue oída alguna de las partes que tuviera derecho de intervenir conforme a la ley, como lo es el tercero perjudicado, debe entenderse en el sentido de que en un juicio constitucional no queden firmes las irregularidades procesales que pudieran lesionar los intereses de alguna de las partes, lo que no sucedería en el caso de sobreseimiento decretado por el juez federal pues no perjudica a dicho tercero y, por ende, no puede producirle beneficio alguno la reposición del procedimiento." Notifíquese personalmente a la quejosa y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y mediante oficio a la autoridad responsable.Así lo proveyó y firma Luis Alberto González Villa, Secretario en Funciones de Juez del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/1888/2019 de catorce de mayo de dos mil diecinueve, ante Martha Beatriz Ortega Santos, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. -2

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