Carlos Raymundo Casas Villanueva
Expediente 316/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 15 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 316/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 08/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Carlos Raymundo Casas Villanueva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Incidental
Nuevo Laredo, Tamaulipas, ocho de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guarda el presente incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 316/2016-1, se considera que el duplicado de este incidente deberá destruirse por parte de este juzgado, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria, en virtud de que existe el original, no tiene documentos originales exhibidos por las partes, y no es de relevancia documental, en términos de lo expuesto en el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo general conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Por cuanto al original del cuaderno incidental, toda vez que se concedió la suspensión provisional, y se negó y concedió la medida cautelar definitiva respecto de los actos reclamados, conforme a la fracción III del artículo vigésimo primero del referido acuerdo, es depurable (con excepción de las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación). Conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el original de este incidente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente, y procédase conforme el acuerdo señalado en este propio auto. Notifíquese.
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, ocho de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de revisión contra la resolución de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, emitida por este juzgado de distrito, asimismo, que ya transcurrió el término de diez días que señala el numeral 86 de la Ley de Amparo, para hacerlo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se acuerda: Primero. Se declara que ha causado ejecutoria la resolución de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, que sobreseyó en el presente juicio de amparo 316/2016-1, promovido por Carlos Raymundo Casas Villanueva, contra los actos que reclamó del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades. Segundo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Tercero. Toda vez que se sobreseyó en el presente juicio y no es de relevancia documental, se considera destruible en términos de lo expuesto en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Conforme al citado acuerdo, en su oportunidad remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes. Cuarto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Notifíquese.
- Incidental
Nuevo Laredo, Tamaulipas, seis de diciembre de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta, se advierte que el quejoso no compareció a exhibir la garantía de $5,000.00 (cinco mil 00/100 moneda nacional) que se fijó en interlocutoria dictada en el presente cuaderno suspensivo (fojas 39 a la 43), a fin de que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva decretada en esa misma resolución; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley de Amparo, en virtud de que transcurrió el término de cinco días que indica el aludido precepto, comuníquese a las autoridades responsables, que ha dejado de surtir efectos la medida cautelar definitiva. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que no se ordenó la notificación a los tercero interesados Sergio Alberto Pérez Saavedra y Ruth Mendoza Ramírez, del proveído de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 4 a 7), mediante el cual se concedió la suspensión provisional al quejoso, como tampoco, de la resolución interlocutoria de veintidós de septiembre del mismo año (fojas 39 a 43), por el que se concedió la suspensión definitiva; en consecuencia, por conducto de la actuaria adscrita a este juzgado, se ordena notificar personalmente la interlocutoria citada en último término, así como el presente proveído, a los aludidos tercero interesados. Es aplicable al caso, la tesis jurisprudencial P./J. 143/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 23, diciembre de 2000, tomo XII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 309, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, página 223, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. CRITERIO EN VIGOR.", estableció que la facultad que se confiere al juzgador en el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, para ordenar, cuando lo estime conveniente, que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes en el juicio de amparo, no puede quedar sujeta únicamente a la discreción de aquél, sino que debe ejercerse atendiendo a la trascendencia del acto, acuerdo o resolución a notificar, a su naturaleza, a las circunstancias de tiempo y lugar, así como a los casos especiales, a efecto de que todas aquellas resoluciones de importancia para las partes lleguen a su conocimiento oportunamente. En congruencia con tal criterio, debe decirse que cuando en la demanda de garantías el quejoso solicita la suspensión provisional del acto reclamado y el Juez de Distrito la concede, debe ordenar que dicho proveído se notifique personalmente al tercero perjudicado, a efecto de que tenga oportunidad de interponer en su contra el recurso de queja, ya que de acuerdo con lo establecido en los artículos 95, fracción XI, 97, fracción IV y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo, el plazo de veinticuatro horas para que recurra se computa tomando como base la notificación de la resolución provisional; de lo que se infiere la importancia que adquiere dicha notificación, pues si ésta se hace por medio de lista y el tercero perjudicado todavía no se notifica del principal, se corre el riesgo de que transcurra el plazo que tiene para recurrir en queja. No obstante lo anterior, en el supuesto excepcional de que llegue el día señalado para la audiencia incidental sin haber podido notificar personalmente al tercero perjudicado, el Juez de Distrito debe decidir sobre la suspensión definitiva, en contra de la cual procede, en su caso, el recurso de revisión. Notifíquese y personalmente a los tercero interesados.
- Incidental
Se notifica por este medio a los terceros interesados el acuerdo de seis de diciembre , diverso de fecha diecinueve de septiembre e interlocutoria de veintidós de septiembre, todos del dos mil dieciséis,de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), y 29, de la Ley de Amparo: Nuevo Laredo, Tamaulipas, seis de diciembre de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta, se advierte que el quejoso no compareció a exhibir la garantía de 5,000.00 (cinco mil 00/100 moneda nacional) que se fijó en interlocutoria dictada en el presente cuaderno suspensivo (fojas 39 a la 43), a fin de que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva decretada en esa misma resolución; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley de Amparo, en virtud de que transcurrió el término de cinco días que indica el aludido precepto, comuníquese a las autoridades responsables, que ha dejado de surtir efectos la medida cautelar definitiva. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que no se ordenó la notificación a los tercero interesados Sergio Alberto Pérez Saavedra y Ruth Mendoza Ramírez, del proveído de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 4 a 7), mediante el cual se concedió la suspensión provisional al quejoso, como tampoco, de la resolución interlocutoria de veintidós de septiembre del mismo año (fojas 39 a 43), por el que se concedió la suspensión definitiva; en consecuencia, por conducto de la actuaria adscrita a este juzgado, se ordena notificar personalmente la interlocutoria citada en último término, así como el presente proveído, a los aludidos tercero interesados. Es aplicable al caso, la tesis jurisprudencial P./J. 143/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 23, diciembre de 2000, tomo XII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 309, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, página 223, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. CRITERIO EN VIGOR.", estableció que la facultad que se confiere al juzgador en el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, para ordenar, cuando lo estime conveniente, que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes en el juicio de amparo, no puede quedar sujeta únicamente a la discreción de aquél, sino que debe ejercerse atendiendo a la trascendencia del acto, acuerdo o resolución a notificar, a su naturaleza, a las circunstancias de tiempo y lugar, así como a los casos especiales, a efecto de que todas aquellas resoluciones de importancia para las partes lleguen a su conocimiento oportunamente. En congruencia con tal criterio, debe decirse que cuando en la demanda de garantías el quejoso solicita la suspensión provisional del acto reclamado y el Juez de Distrito la concede, debe ordenar que dicho proveído se notifique personalmente al tercero perjudicado, a efecto de que tenga oportunidad de interponer en su contra el recurso de queja, ya que de acuerdo con lo establecido en los artículos 95, fracción XI, 97, fracción IV y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo, el plazo de veinticuatro horas para que recurra se computa tomando como base la notificación de la resolución provisional; de lo que se infiere la importancia que adquiere dicha notificación, pues si ésta se hace por medio de lista y el tercero perjudicado todavía no se notifica del principal, se corre el riesgo de que transcurra el plazo que tiene para recurrir en queja. No obstante lo anterior, en el supuesto excepcional de que llegue el día señalado para la audiencia incidental sin haber podido notificar personalmente al tercero perjudicado, el Juez de Distrito debe decidir sobre la suspensión definitiva, en contra de la cual procede, en su caso, el recurso de revisión. Notifíquese y personalmente a los tercero interesados; Nuevo Laredo, Tamaulipas, diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis. En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta fecha en el cuaderno principal del juicio de amparo 316/2016-1, promovido por Carlos Raymundo Casas Villanueva, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades; consecuentemente, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 124, 130, 131, 132, 136, 138 y 142 de la Ley de Amparo abrogada, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión respectivo. Aplicación de la Ley de Amparo abrogada Es un hecho notorio para este tribunal, que a la fecha, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio ha entrado en vigor en todas las entidades de la república mexicana, asimismo que existen diversas reformas a la Ley de Amparo, entre las que destaca la abrogación de su artículo décimo transitorio. Razones anteriores, por las que en teoría debería ser aplicable para efectos del trámite y sustanciación de la suspensión del acto reclamado en materia penal, únicamente la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Sin embargo, resulta palmario que, por lo que respecta a las autoridades de quienes se reclamen actos vinculados con el sistema tradicional o inquisitivo, en aras de garantizar el principio de seguridad jurídica para las partes, deben aplicarse las disposiciones previstas en la Ley de Amparo abrogada, pues de lo contrario pudiera incurrirse en el absurdo de atribuir de facto actos de reclamo a autoridades que ni siquiera estuvieron en posibilidad de emitirlos. De ahí que, se reitera, bajo el supuesto que se analiza, debe ser aplicada en su totalidad la Ley de Amparo abrogada, para efectos de tramitar y resolver todas las peticiones de suspensión en materia penal, cuando se atribuyan actos de autoridades que no guarden relación alguna con el sistema de enjuiciamiento oral. Audiencia incidental Cítese a las partes a la audiencia incidental que tendrá lugar a las once horas con treinta minutos del veintidós de septiembre de dos mil dieciséis. Informes previos Conforme lo dispone el artículo 131 de la abrogada ley de la materia, pídase a las autoridades responsables, mediante oficio que se les gire con transcripción de este proveído al que se acompañe copia simple del escrito de demanda, rindan su informe previo por duplicado, mismo que deberán rendir dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de que queden legalmente notificadas de este proveído, debiendo las responsables precisar los preceptos legales que tipifiquen el delito o delitos que se atribuyan en la orden que se les reclaman. Asimismo, en términos del último párrafo del artículo 132 de la Ley de Amparo abrogada, prevéngase a las autoridades responsables, que de no rendir sus respectivos informes, se tendrán por presuntamente ciertos los actos que se les reclaman, para el solo efecto de la suspensión; además, a la autoridad omisa se le impondrá una corrección disciplinaria, equivalente a una multa que no excederá de sesenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos del artículo 55, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Procedencia de la medida suspensional Con fundamento en los preceptos 124 y 136 de la Ley de Amparo abrogada, se concede la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran y no se prive de la libertad personal a Carlos Raymundo Casas Villanueva, hasta que las responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva, sin perjuicio de la práctica de diligencias en averiguación de delitos, lo que es de orden público y por tanto insuspendible. Si la orden de aprehensión reclamada se refiere a delitos considerados como graves por el artículo 109 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición de este juzgado de distrito en cuanto a su libertad personal en el Centro de Ejecución de Sanciones o área correspondiente en que sea recluido, bajo la estricta responsabilidad de la autoridad ejecutora, y a disposición del juez o autoridad de la causa por lo que hace a la secuela del procedimiento penal. Las autoridades responsables no tendrán obligación de acatar la presente medida cautelar si se sorprende al solicitante del amparo en flagrante delito, o si se trata de alguno de los casos de urgencia que señala la ley, en cuyo caso podrá detenérsele porque así lo autoriza el artículo 16 constitucional. Ahora bien, una vez que se tenga la certeza respecto a la existencia de los actos reclamados, y para que siga surtiendo efectos la suspensión concedida, el quejoso dentro de los cinco días siguientes, de conformidad con los artículos 130, párrafo primero, última parte, y segundo, y 139 de la Ley de Amparo abrogada, deberá otorgar garantía por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas legales autorizadas a la orden de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo; misma que a su vez se considera suficiente a fin de garantizar su aseguramiento, para que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no se le conceda el amparo. En el supuesto de que la garantía que se fijó sea exhibida mediante certificado de depósito o en efectivo (al canjearse) y se encuentre dentro de aquellas series que carecen de la autorización a que se refiere el artículo 883 del Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo de la Judicatura Federal; se entenderá que la persona que constituye el depósito ante este órgano jurisdiccional, otorga autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria, la información que le permita el control de dicho depósito. Si se opta por póliza de fianza, la vigencia de la caución deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del juicio de amparo del que deriva el presente incidente. Si la vigencia de la póliza vence antes de la conclusión definitiva del juicio de amparo, la suspensión provisional dejará de surtir efectos. Presentación ante el juez de la causa De igual manera, dentro del término de tres días, una vez que se tenga la certeza de los actos reclamados, el quejoso deberá presentarse ante cualquiera de las autoridades judiciales que cita en su demanda de amparo, tantas veces sea requerido, y en caso de incumplir con lo anterior, se mandará hacer efectiva la garantía que en su caso hubiese otorgado en favor de la Tesorería de la Federación y dejará de surtir sus efectos la medida cautelar. La suspensión decretada no surtirá efecto alguno si el mandamiento de captura proviene de autoridades judiciales diversas a las que cita en su demanda de amparo. Domicilio y autorizados Téngase como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, y como domicilio para oír y recibir notificaciones, a los mencionados en el escrito de demanda. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Apercibimiento de inexistencia de autoridades ante su indebida denominación En otro contexto, de conformidad con el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones del quejoso la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo en vigor); en consecuencia, se le apercibe que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, tomando en consideración que le corresponde estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y el principio de celeridad procesal. Solicitud de copias Por último, como lo solicita, expídase copia certificada de este proveído, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos para constancia. Expediente electrónico Por último, en atención al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, y artículo 3 de la Ley de Amparo vigente, que prevé que los órganos están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincida íntegramente para la consulta de las partes; por consiguiente, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese; Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 124, 130, 131, 132 y demás relativos a la Ley de Amparo abrogada, se resuelve: Primero. Se niega a Carlos Raymundo Casas Villanueva, la suspensión definitiva respecto de los actos que se precisan en el considerando segundo, y de las autoridades apuntadas en el diverso considerando tercero de esta resolución, por las razones que se exponen en ese mismo considerando. Segundo. Se concede a Carlos Raymundo Casas Villanueva, la suspensión definitiva respecto de los actos que se precisan en el considerando segundo, y de las autoridades apuntadas en el diverso considerando cuarto de esta resolución, por los motivos expresados en ese mismo apartado. Notifíquese.
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