Carmen Araceli Estrada Barajas
Expediente 59/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 59/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 25/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carmen Araceli Estrada Barajas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. 1. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de donde se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia que decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma causó ejecutoria. 1.1. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a la autoridad responsable, pues como se advierte de los párrafos que precede, se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa; por tanto, no le depara perjuicio alguno a esta. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 3. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 59/2023, promovido por Carmen Araceli Estrada Barajas, por alegada violación del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Secretaría de Educación del Estado, con sede en esta ciudad, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama de la Secretaría de Educación en el Estado, con sede en esta ciudad: La falta de respuesta de manera escrita, a la solicitud realizada con fecha veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, recibida por dicha autoridad el veintidós de noviembre de dos mil veintidós. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman una omisión de autoridad residente dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. La autoridad responsable Secretaría de Educación del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su apoderado jurídico, aceptó parcialmente la existencia del acto reclamado, al precisar que la petición presentada por la quejosa, no fue registrada ni recibida en la oficina de la autoridad que representa, sino que esta fue sellada y recibida con fecha veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en la oficina de correspondiente al Departamento de Control Escolar. Sin embargo, con dichas manifestaciones y con las documentales que remitió como complemento de su informe, se tiene por cierto el acto reclamado, al formar parte el Departamento de Control Escolar de dicha secretaría. Cabe destacar que las constancias remitidas por la responsable se encuentran certificadas; además, que contienen sellos y leyendas propias de la institución responsable; por lo que se les asigna valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia número doscientos veintiséis, del rubro y tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Análisis de las causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se impone analizar las causales de improcedencia y/o sobreseimiento, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Previo al análisis de la causal que se actualiza, se hace alusión a los antecedentes del caso. La parte quejosa, señala como acto reclamado violación a su derecho de petición, y al respecto, a la de demanda de amparo únicamente adjuntó el acuse de recibo proporcionado por Correos de México, con sello de recepción en dicha dependencia de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, no así el ocurso por el cual elevó la petición. Empero, se toma en consideración que el acto reclamado quedó acreditado con las manifestaciones de la responsable. La autoridad responsable, al rendir su informe justificado, adujo que el quince de febrero de dos mil veintitrés, dio contestación a la petición de la quejosa; y al respecto adjuntó el oficio correspondiente, del que se advierte, que en atención a la petición formulada, el Jefe del Departamento de Control informó que en base al acuerdo número 11/06/2022, por el que se regulan las acciones específicas y extraordinarias para la conclusión del ciclo escolar, la escuela "Alberto Orozco Romero", es la responsable de la asignación de calificación del alumno Omar Armando Méndez Estrada. Dicha información fue notificada a la parte quejosa el veintiuno de febrero del año en curso, como se advierte de la notificación practicada por este órgano jurisdiccional. Precisado lo anterior, se tiene que en el particular se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, con relación a la conducta omisiva que se atribuye a la responsable. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; .". El Máximo Tribunal del País ha sostenido que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a la existente antes de su nacimiento. También, cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho violado. En esa óptica, la cesación del acto reclamado significa que la autoridad deja de afectar al quejoso, lo cual debe entenderse como su detención definitiva, la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia de aquél; por tanto, la razón justificante de la improcedencia de mérito de ninguna manera es su simple paralización, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que no surtió sus consecuencias, ni las surtirá y en modo alguno dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esa forma, tal motivo de improcedencia está orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio, a saber, lograr la reparación constitucional referida en el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, para restablecer las cosas al estado existente antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, de ser negativo, obligar a la responsable a respetar la prerrogativa correspondiente. Así, dicho motivo de inviabilidad se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo que las cosas han vuelto al estado guardado antes de la violación impugnada, como si se hubiera otorgado el amparo y el acto no invadiera la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación ninguna huella dejara. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, lo hasta aquí expuesto, permite establecer que la actualización de la causa de improcedencia en mención requiere la coincidencia de dos presupuestos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Ahora, en el caso concreto, la parte quejosa señaló como acto reclamado, la omisión de dar respuesta al escrito presentado en fecha veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Sin embargo, -como es puso de manifiesto- la autoridad responsable, mediante oficio de quince de febrero de dos mil veintitrés, contestó el escrito formulado por la parte quejosa. Con la respuesta que dio la responsable al escrito presentado, este órgano jurisdiccional mediante proveído de veinte de febrero del año en curso, ordenó notificar a la parte quejosa y el veintiuno de febrero siguiente se practicó dicha notificación. De tal forma, es evidente que el acto reclamado -omisivo- quedó insubsistente con motivo de la respuesta de la autoridad responsable y, además, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto". Sólo resta señalar que con el informe justificado y respuesta emitida por la responsable se dio vista a la parte quejosa para efecto de que manifestara si era su interés ampliar la demanda de amparo; sin embargo fue omisa en atender la vista en el plazo que le fue concedido; por lo que, en auto de diecisiete de marzo del año en curso, se determinó que no ha lugar a tenerla por ampliando la demanda de amparo. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto al acto reclamado consistente en la omisión de contestar el escrito presentado ante la autoridad responsable, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley citada. Se destaca que con motivo del sobreseimiento decretado, no procede el estudio de los conceptos de violación, sirve de apoyo la Jurisprudencia de la Séptima Época de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sin que sea el caso hacer manifestación alguna en cuanto a lo que concierne al pedimento presentado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, dado que no forma parte de la litis. Apoya la consideración anterior, la tesis que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que se comparte, de rubro y texto siguientes: "MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA AL JUZGADOR CONSTITUCIONAL.- Al dictar sentencia, el juez de Distrito no está obligado a resolver en el sentido del pedimento del Agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, cuenta habida de que ese documento tan sólo contiene la opinión de una de las partes del juicio y, por lo tanto, no obliga al juzgador constitucional a fallar necesariamente en tal sentido". Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Carmen Araceli Estrada Barajas, contra los actos reclamados y autoridad responsable precisada en el considerando primero; y, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se desprende que la parte quejosa, no cumplió con el requerimiento formulado en proveído de veinte de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual se le requirió a fin de que manifestara si deseaba ampliar su demanda de amparo en los términos ahí precisados. Dicho plazo le transcurrió del veintitrés de febrero al quince de marzo de dos mil veintitrés, pues fue notificada de dicho proveído el veintiuno de febrero actual, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto dentro del plazo otorgado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le previno en proveído de veinte de febrero del año en curso, por lo que el juicio únicamente se resolverá por los actos que reclamó a la autoridad señalada como responsable en su escrito inicial de demanda. 2. No ha lugar a tener por ampliando demanda de amparo. Glósese a los autos el ocurso signado electrónicamente por la quejosa Carmen Araceli Estrada Barajas, a través del cual, pretende ampliar su demanda de amparo; dicha promoción fue recibida de manera electrónica a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, el dieciséis de marzo del año en curso, con firma electrónica de la quejosa de esa misma fecha. Atento a ello, no ha lugar a tenerla por ampliando su demanda; toda vez, que como se corrobora con la certificación de cuenta, el quince de marzo actual feneció el plazo otorgado para ello, y su escrito fue presentado a través del el dieciséis siguiente, esto es, de manera extemporánea. Lo anterior es acorde a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo que establece que el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contado de la forma que estatuye el artículo 18 del propio ordenamiento legal, esto es, desde el día siguiente al en que hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que lo rija, desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar, o desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En el caso, como se dijo la quejosa fue notificada del auto de veinte de febrero de dos mil veintitrés, con el que se le dio vista con efectos de ampliación de demanda, por diverso acto y autoridad, por lo que dicho plazo transcurrió del veintitrés de febrero al quince de marzo, siendo que el escrito por el que atendió la vista lo presentó hasta el dieciséis de este mes, de ahí su extemporaneidad. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de marzo de dos mil veintitrés. Se recibe ocurso. Glósese a los autos sin mayor acuerdo el ocurso signado electrónicamente por la quejosa Carmen Araceli Estrada Barajas; toda vez, que el mismo se encuentra en blanco, es decir únicamente obra la evidencia criptográfica de la firma electrónica de la quejosa, sin que contenga alguna solicitud o manifestación; lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
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